Nueva fórmula previsional: Un subsidio a la vejez que violenta sus derechos

Escrito por el 19 noviembre, 2020

El gobierno acaba de anunciar el ajuste de 30 pesos diarios para los haberes mínimos de diciembre. Ese aumento del 5% llevará el haber mínimo a poco más de 19.000 pesos, comparado con una canasta para el adulto mayor estimada en 49.000. El proyecto para establecer la nueva fórmula de actualización no augura nada mejor, porque parte de este haber de miseria y porque no considera que la inflación sea una de las variables para el ajuste.

La nueva fórmula propuesta por el Gobierno para actualizar los haberes previsionales – aprobada en la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional y lista para ser tratada por el Congreso – se basa en una fórmula que combina la variación de los salarios de trabajadores registrados y la recaudación de la ANSES, dejando de lado la variable inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El ajuste, que actualmente es trimestral, pasaría a ser semestral. “La movilidad en los meses de marzo de cada año se calculará con base en el 50% de la evolución salarial Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) del semestre anterior y el 50% de la recaudación tributaria (RT) con destino al financiamiento de la seguridad social correspondiente al mismo periodo. En los meses de septiembre la movilidad se determinará de la misma manera, pero con un tope: no podrá superar en tres por ciento la RT”, explicó Aníbal Paz, abogado especialista en temas previsionales, en diálogo con Factor.

Al menos dos son los temas más cuestionados desde diferentes sectores respecto al proyecto. Uno relacionado a la ausencia de la inflación en la fórmula, en un país como Argentina que se mueve en ese contexto como pez en el agua. El otro es la degradación que han tenido los haberes durante años y que serán la base para actualizar (cosa que no es una novedad porque se viene repitiendo cada vez que se cambia la fórmula de actualización). O sea, partimos de haberes de pobreza para hacer las actualizaciones.

“Cualquier jubilado conoce que en nuestro país el verdadero flagelo de la economía es la inflación. No en vano la fórmula de movilidad de Ley 26417, llamémosla movilidad Cristina Fernández de Kirchner, incluía la variable IPC en su determinación, lo mismo que la fórmula Mauricio Macri de la Ley 27426. Es así que eliminar la variable IPC de la nueva fórmula, implica desde el punto mismo de largada una promesa de pérdida en la carrera de largo aliento contra la inflación. Las fórmulas atadas a la RT (recaudación tributaria) o a salarios pueden ser muy buenas en teoría, pero en la práctica tienen resultados desfavorables cada vez que el ciclo económico dispara la inflación, lo que a su vez hace correr desde atrás a los salarios, o cuando se reduce la recaudación”, manifestó Paz durante la entrevista publicada por el portal comercioyjusticia.info.

Para Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y director del Banco Nación, “resulta insólito que en una economía inflacionaria como la argentina, no se incluya en una fórmula de movilidad la cuestión central: el aumento de los precios”.

“Hay que incorporar una cláusula que establezca un piso para los aumentos equivalente al aumento de los precios. Es decir, el resultado de la fórmula nunca podrá ser inferior al aumento de la inflación. A la vez, mientras los niveles inflacionarios sean los vigentes habría que mantener el sistema de actualización trimestral. Máxime cuando la propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación, esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios, tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio”, agregó Lozano.

Punto de partida
Los adultos mayores han perdido el 40% del poder adquisitivo desde 2017 a la fecha. Del universo de 6 millones de jubilados, 4 cobran el haber mínimo que no llega hoy a 19.000 pesos. De los 2 millones restantes, la mitad percibe un haber promedio de 26.000 pesos. Si contrastamos estas cifras con la canasta para un adulto mayor que se eleva a 49.000 pesos mensuales, podemos sacar las conclusiones.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, insiste en la necesidad de hacer una recomposición de los haberes – planteo que presentó ante los diputados – ya que quedaron totalmente rezagados: “Del 2017 a la fecha, éstos perdieron un 40 por ciento de capacidad de compra. En 2017, se perdieron 6 puntos; en 2019, casi 20 puntos, y este año, todos los reajustes (por decreto) fueron a la baja”, detalló.

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, aseguró que si no hay una recomposición salarial anterior real, que recupere el nivel de los haberes perdidos, “ninguna fórmula sirve”. La organización gremial, en el marco de la Bicameral, planteó una propuesta concreta de “un aumento sustancial a los haberes jubilatorios mínimos que guarde relación con una canasta básica alimentaria”.

En sintonía con este planteo, desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina reiteraron la necesidad de un aumento previo a la actualización, “a partir de un haber mínimo que cubra una canasta básica para jubiladas y jubilados, aportantes durante toda la vida en el proceso productivo de una parte de su salario o ingreso, para recibir al jubilarse un sustituto de ese salario o ingreso que permita vivir esa etapa de la vida en condiciones de autonomía y dignidad”.

“No se puede seguir planteando aumentos con esta base que tenemos en los haberes jubilatorios”, aseguró Marcos Wolman, secretario general de la Mesa Coordinadora, en el programa Los Locos de Buenos Aires (entrevista completa).

“Previo a la vigencia de la nueva ley de movilidad, hay que contemplar el atraso que ha tenido la movilidad por la reforma previsional de 2017 y su suspensión en diciembre de 2019. Deben recomponerse los haberes en las escalas que generaron movilidad y que no fueron respetadas y debe impactar en el haber mínimo, que hoy es un tercio de la canasta del adulto mayor. De lo contrario, será un modelo asistencial y no respetará el sistema de reparto”, dijo el abogado de la CTA-A, Horacio González.

“La sustentabilidad del sistema no pasa por la movilidad jubilatoria”
Para el abogado Paz resulta claro que el sistema está desfinanciado, pero en todo caso hay que debatir cómo se lo financia.

“La sustentabilidad del sistema no puede girar en torno a la movilidad, cuyo único fin y razón de ser es, precisamente, mantener el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones frente a la inflación. En efecto, puede leerse en la Ley 27541, en su art. 55 in fine, que la nueva fórmula de movilidad debe asentarse en los principios de solidaridad y redistribución, no así en el de sustentabilidad. Por ello, la sustentabilidad del sistema debe buscarse en otros aspectos: la relación de activos/pasivos, la edad jubilatoria, la tasa de sustitución, el control de la evasión y el trabajo no registrado, inter alia”, manifestó Aníbal Paz.

Olivia Ruiz sostiene que “hay una corriente que asegura que el sistema previsional no funciona”: “Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero no queremos ser Chile, que es el espejo que tenemos para defender nuestro sistema público y solidario de reparto”.

Para la CTA Autónoma, los fondos deberían surgir de establecer sistemas de seguridad social “financiados con el salario de los trabajadores activos (aportes y contribuciones) y respaldados por una política social y fiscal progresiva y redistributiva, de los que más tienen respecto de los que menos tienen; es el fundamento de un Estado de derecho democrático y social”.

Por su parte, la Mesa Coordinadora sostiene que los fondos deben provenir “de los impuestos especiales a las grandes ganancias de las empresas monopólicas y de las riquezas de los multimillonarios, producidas por la explotación de la clase trabajadora; poniendo fin al ilegal trabajo no registrado, desocupación, disminución y eximición de contribuciones patronales, de aportes estatales y a los pagos de la deuda externa, con una profunda investigación de sus beneficiarios empresarios y políticos cómplices para hacerse cargo de su ilegitimidad”.

De dónde venimos
Entre 2004 y 2009 la movilidad vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner fue discrecional, por decreto, y con achatamiento de la pirámide de las jubilaciones otorgando mayores aumentos a las mínimas. Después de este ajuste a la baja – reconocido por la Corte Suprema en los fallos Badaro I y II – vino la movilidad durante la presidencia de Cristina Fernández.

Así la ley 26.417, aprobada en 2008, preveía una actualización semestral y utilizaba el mejor resultado entre el índice de salarios del INDEC y el de las remuneraciones (RIPTE) publicado por el Ministerio de Trabajo. “Ésta funcionó razonablemente bien, salvo en 2014 y 2016, ya que los aumentos acompañaron en líneas generales la inflación, los salarios y la recaudación”, comentó el abogado Aníbal Paz.

Durante ese período, los fondos aplicados a previsión social dieron un gran salto producto de las moratorias, lo cual, en su opinión, “tornó insustentable el régimen, por más que la fórmula de movilidad fuese correcta. Un problema adicional que se hizo presente durante la vigencia de esta fórmula era que los datos necesarios para su cálculo jamás se publicaron de manera completa, lo que dificultó enormemente su análisis y afectó su previsibilidad”.

En este período se produjo un nuevo salto del gasto previsional producto de la Reparación Histórica, y con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en diciembre de 2017 se cambió la fórmula vigente. Mediante la Ley 27426 se produjo en marzo de 2018 un ajuste en el empalme entre ambas fórmulas. Se calcula que las jubilaciones perdieron 20 puntos al excluir un trimestre del cómputo y considerar la inflación con seis meses de rezago. La fórmula durante este período combinó una actualización trimestral de 70% IPC y 30% Ripte.

Finalmente, en diciembre 2019, el actual presidente Alberto Fernández suspendió ese mecanismo de ajuste, perdiendo los haberes alrededor de 17% por la interrupción de dicha movilidad. En su lugar se establecieron ajustes por decreto (tres que acumulan entre un 18% y un 28% a setiembre). Para diciembre próximo, el presidente acaba de anunciar un ajuste de 5% que lleva el haber mínimo a 19.035 en lugar de los 18.129 actuales.

“Estos valores superarían la inflación prevista este año, pero resultaron inferiores a la mejora del 35% en todos los haberes producida por la movilidad suspendida. El Gobierno también otorgó 13.000 pesos en bonos por única vez, es decir, que no impactan en el haber a lo largo del tiempo. Sin contar esas sumas extraordinarias, los jubilados dejaron de cobrar entre 995 y 18.119 pesos por mes desde marzo, lo que equivale a una pérdida de entre el 7% y el 17% hasta septiembre. El impacto dispar se debe a que los aumentos discrecionales fueron diferenciados por escala, lo que provocó el achatamiento de la pirámide, perjudicando más a los haberes medios y altos”, analiza el periodista Juan Manuel Barca en una nota publicada en iProfesional.

jubilaciones sin movilidad con decreto

Con respecto a los regímenes docentes y especiales, Aníbal Paz explicó en la entrevista con el portal Factor, que tienen un índice de movilidad propio: Los docentes, el decreto 137/05; los universitarios, la Ley 26508; y los regímenes de magistrados, diplomáticos, guardaparques y de Luz y Fuerza que no se verán afectados directamente. “De manera indirecta todos ellos podrían quedar afectados por la nueva fórmula, en la medida que a estos casos se les aplican todos los valores de referencia que están vinculados con la Movilidad General, como por ejemplo el Tope por Haber Jubilatorio Máximo. En cambio, en la nueva fórmula estarían comprendidos los Investigadores y Científicos (dec. 160/05), los Universitarios que gocen de Prestación por Simultaneidad, (ley 26508 + ley 24241), o de Haberes Conjuntos (ley 26508 + dec. 160/05), ya que en todos estos casos se rigen por el índice general de movilidad. Los docentes universitarios de universidades privadas, los docentes privados (no adscriptos a enseñanza oficial) y el personal no docente de universidades nacionales, entre otros, por regirse por el régimen general de ley 24241 también estarán afectados”, agregó Paz.

Marcelo Cassaretto, diputado del Frente de Todos que preside la comisión bicameral mixta de movilidad previsional, dijo en una entrevista del portal iProfesional que el fin de la nueva ley es elaborar un cálculo de actualización que garantice una “adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”.

Es difícil lograr entender ese argumento cuando desde setiembre el 70% de las jubilaciones y pensiones, casi 6 millones de personas, promedian entre 12.690 y 18.129 pesos. Y donde dentro de este universo, hay 1,3 millones de Pensiones No contributivas de 12.190 pesos y 167.000 Pensiones Universales al Adulto Mayor de 14.503 pesos, según datos de la ANSES.

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