Tucumán: rechazan el pedido de prisión domiciliaria que hizo el abusador de Lucía

Escrito por el 16 junio, 2020

Enredando las mañanas  conversó con el abogado del caso Lucía, la niña tucumana de once años a la cual le fue negada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Emilio Guagnini es abogado de la asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Esta semana la defensa del abusador Eliseo Amaya, había solicitado la prisión domiciliaria que finalmente se suspendió.

El abogado Emilio Guagnini recordó que “el caso Lucía tuvo repercusión nacional e internacional, en febrero del año pasado Lucía y su mamá solicitaron una ILE porque estaba embarazada producto de un abuso sexual por parte de su abuelastro. Luego de que el sistema de salud le negara y retrasaran el proceso, y que organizaciones comenzaron acompañar a la familia, terminaron haciéndole una micro cesárea”, además explicó que por un lado se iniciaron procesos legales a raíz de la negativa del Estado provincial al acceso a la salud de Lucía donde estaba en riesgo su vida. Independientemente de esto, se produjo una causa penal para investigar el abuso sexual que había sufrido la niña. El abogado comentó que “este año, en el mes de febrero, antes que comience la pandemia, se dictó una condena firme de 18 años al abusador Eliseo Amaya”.

La semana pasada, en el marco de la pandemia, la defensa  del abusador pidió presión domiciliaria fundamentando que es una persona de franja etérea de riesgo, el abogado explicó que se opusieron a esta medida, y que días antes de tener la audiencia para resolverlo se suspendió porque la defensa del abusador finalmente dio marcha  atrás con el pedido de la domiciliaria.

Emilio Guagnini agregó que en la condena de 18 años al abusador se dispusieron una serie de exhortaciones a la provincia para garantizarle derechos de Lucía, ya que además de haber sufrido un abuso sexual había una serie de derechos que le habían sido negados por el mismo Estado. Por este motivo, el poder judicial dispuso capacitaciones al personal de la salud y de educación con el objetivo de prevenir el delito de abuso sexual infantil y el abuso ocurrido por la falta de capacitación estatal. También se le brindó una beca de estudio y asistencia psicológica para Lucía.

 

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