Un fallo escandaloso, arbitrario e ilegal

Escrito por el 29 octubre, 2020

Así calificó el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género a la pena a 20 años de prisión que recibió este miércoles María Ovando de parte del Tribunal Oral Penal 1 de Eldorado. Ovando fue condenada “por no haber impedido el abuso sexual de su hija y su nieta”: Sin embargo los dos jóvenes acusados como autores materiales del hecho recibieron penas más bajas, 18 y 12 años.

“Sostenemos que con este fallo el Tribunal convalida el deficiente y arbitrario trabajo acusatorio realizado por la Fiscalía, así como la serie de abusos, atropellos y hostigamiento judicial al que la Justicia de Familia sometió a María Ovando en el breve tiempo en que recuperó la guarda de sus hijas y su nieta (…). El Tribunal dictó sentencia condenatoria también a pesar de que en el debate oral se probó lo que desde el inicio de la causa había planteado la defensa: la posibilidad de que las niñas no hubieran sido abusadas en el ámbito familiar de María Ovando”, expresaron desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género tras conocer el fallo condenatorio del Tribunal Oral Penal 1 de Eldorado.

No es la primera vez que María Ovando se enfrenta a un tribunal y es víctima de la justicia patriarcal. Esta mujer; que vivió en la extrema pobreza y en un ámbito violento, fue madre a los 14 años y a los 37 ya había parido doce hijos; fue llevada a juicio en 2012 acusada de negligencia en la causa por la muerte por desnutrición de su pequeña hija Carolina, quien murió en sus brazos cuando intentaba llegar a un hospital para que la atendieran.

Antes del inicio de ese proceso, María estuvo un año y medio presa. Su causa se pudo visibilizar porque el Encuentro Nacional de Mujeres de 2012 se realizó en Posadas, y en este marco se conformó una comisión en reclamo de su liberación y absolución. Finalmente, el Tribunal Penal 1 de Eldorado la absolvió. Una vez en libertad, María demandó al Estado por daños y perjuicios por el tiempo que estuvo detenida siendo inocente.

Para quienes defienden y acompañan a María, la causa actual por la que fue condenada es una revancha porque ella se atrevió a demandar al juez y al fiscal que la detuvieron injustificadamente en 2012.

Lo concreto es que en 2015, imputaron a María por no impedir el abuso sexual de una de sus hijas y una de sus nietas, a partir de una denuncia que hizo la abuela de las niñas.

Como autores del hecho fueron señalados Marcos Laurindo y Lucas Ferreyra, a quienes se les dictó prisión preventiva. Al vencerse el plazo de esta medida, la jueza Mirta Andino consideró que no había pruebas para mantenerlos detenidos y los liberó, pero la fiscal de instrucción Viviana Alderice apeló al considerar que había peligro de fuga.

Durante los 10 meses que demoró la Cámara en resolver la apelación, Ferreyra y Laurindo estuvieron libres y no se fugaron; sin embargo, ante un nuevo pedido de detención, y haciendo lugar a la apelación de la fiscal, los dos se presentaron espontáneamente en la Justicia y volvieron a quedar detenidos.

La causa se elevó a juicio en 2019 y la fiscal de instrucción estableció un plazo aproximado de dos años en los que habrían ocurrido los hechos denunciados: entre 2013 y 2015. En 2013 Laurindo y Ferreyra eran menores de edad, por lo que deberían haber sido juzgados bajo el Régimen Penal Juvenil.

El 21 de septiembre de este año comenzó el juicio contra Ovando, Laurindo y Ferreyra, a cargo del mismo tribunal de 2012. Tan solo un día después fue suspendido tras la inhibición del presidente del Tribunal, Atilio León, quien consideró que “la vaguedad de la acusación no le permite determinar qué debe juzgar”.

El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y referentes del feminismo pidieron la recusación del fiscal Federico Rodríguez, el mismo que actuó en 2012, por “hostigamiento y estigmatización” hacia Ovando. Pero a comienzos de octubre se reanudó el juicio, con el nuevo tribunal conformado.

Mientras se desarrollaban las audiencias se llevaron adelante distintas acciones para que María Ovando tuviera un juicio justo y con perspectiva de género. El Equipo Misionero encabezó una campaña por su absolución que reunió en pocos días más de 16 mil firmas. El Parlamento del Mercosur aprobó un proyecto de comunicación en el que solicitaron al Tribunal que el caso sea juzgado con perspectiva de género, además de reclamar la absolución de María. A su vez, la parlasuriana Cecilia Britto presentó un pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso.

Varias organizaciones, como MP La Dignidad, CTA Autónoma Nacional y CTA Autónoma Buenos Aires y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, se presentaron como “amicus curiae”, sugiriendo al Tribunal perspectivas y criterios que ayudarían a brindar una sentencia en el caso con perspectiva de derechos; además de la Asociación de Pensamiento Penal que solicitó participar en el juicio como organización veedora.

Durante el juicio, la defensa de Ovando insistió en que se investigara otra hipótesis sobre la autoría del abuso sexual, que señalaba como responsable del delito a Digno Monges Armoa, uno de los yernos de la abuela de las niñas. Euvarta Godoy las tuvo a su cargo en el tiempo en que María estuvo en prisión y volvieron a convivir con ella a partir de 2015 por decisión de la jueza de Familia Margarita Potschka.

En una de las audiencias Godoy reveló que en 2015, el mismo año que se inició esta causa contra María, había denunciado a Monges Armoa por intentar abusar de una de las niñas a su cargo, e incluso fue condenado por abuso sexual simple. Sin embargo, las causas no fueron vinculadas.

“La denuncia contra Monges Armoa fue hecha pocos días después de la denuncia que dio lugar a la causa contra Ovando, Laurindo y Ferreira; y el yerno de Godoy fue condenado por abuso sexual simple contra la niña. El juez que intervino en el proceso, Dr. Lunge, es el mismo que hizo la instrucción en la causa contra María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo, así como son los mismos los miembros del tribunal y de la Fiscalía que intervinieron en el juicio. Ambas causas, cuyas denuncias iniciales se hicieron con pocos días de diferencia, nunca fueron acumuladas, por lo que se trataron sin que se investigue a fondo la posibilidad de que en verdad se estuvieran juzgando los mismos hechos”, expresaron desde el Equipo Misionero.

En la mañana de este miércoles, el Tribunal Oral Penal 1 de Eldorado condenó a María Ovando a 20 años de prisión por no haber impedido el abuso sexual de su hija y su nieta. A Laurindo y Ferreyra, los condenó como autores materiales del abuso a 18 y 12 años respectivamente.

Ovando fue detenida y esposada en el Tribunal. Los organismos que la acompañaban desde afuera fueron reprimidos por la policía.

Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género adelantaron que apelarán el fallo y exigirán sus excarcelaciones hasta que la sentencia quede firme: “(El Tribunal) condenó a Ovando por corrupción de menores, a pesar de que la investigación fiscal no puso precisar el tiempo, el modo, ni el lugar en el que habrían ocurrido los hechos. Asimismo, el fiscal Federico Rodríguez solicitó el agravamiento de la carátula, el cual fue acogido por el Tribunal en su sentencia (…). Denunciamos que María Ovando fue ilegalmente detenida apenas terminado el acto de lectura de sentencia, sin que haya motivos para ello ya que siempre estuvo sujeta a derecho y la sentencia aún no se encuentra firme. Reiteramos además que Marcos Laurindo y Lucas Ferreira llegaron a este juicio detenidos también ilegalmente, con sus prisiones preventivas vencidas. Además, se les dictó sentencia como mayores, cuando eran menores al momento de los hechos por los que se los acusó. (…) Manifestamos nuestra decisión de seguir luchando por justicia y reparación para quienes hoy fueron condenados y para las hijas y la nieta de María Ovando”.

Contactos Equipo Misiones de DDHH, Justicia y Género: Dra. Roxana Rivas 3764-279-044 / Dr. José Luis Fuentes 3751-476-360 / Lic. Alicia Rivas 3764-296-400 / Victoria Weirich 3755-303-000

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