Río Negro represivo: “hay una habilitación a la policía a que actúe en justificación de la pandemia”

Este miércoles, la policía rionegrina quiso desalojar a una familia que habita desde hace cuatro meses una vivienda deshabitada hace siete años, perteneciente al poder judicial. En ese contexto, violentó a lxs habitantxs, incluso golpeó, arrastró y apuntó con una escopeta a un niño de 8 años; detuvo a una persona que se acercó a solidarizarse y luego a la abogada que concurrió a la comisaría a intentar representarlo. Un episodio represivo gravísimo en la localidad de Fiske Menuko, sobre el que dialogamos con Victoria Naffa, abogada y una de las detenidas por “desacato”, con quien además conversamos sobre la libertad que la justicia concedió al policía asesino Jorge Villegas, autor del fusilamiento de Pablo Vera, y sobre la causa penal en su contra y contra Virginia Naffa por la toma universitaria de 2018.

La familia Cofré, compuesta por cuatro personas, de las cuales una es un niño de 8 años y otra un bebé, habita una casa sobre la calle Epifanio al 50 de Fikse Menuko desde hace cuatro meses. Esa vivienda, perteneciente al poder judicial de Río Negro, estaba deshabitada y en estado de abandono desde hacía siete años. Sin embargo, y en plena cuarentena por la pandemia del covid, se decidió su violento desalojo, que aún no pudo ser concretado gracias a la solidaridad de vecinxs y organizaciones.

“Cerca del mediodía empezó a haber movimiento de policías en las zonas cercanas a las 500 viviendas y se tomó conocimiento de sería por una orden de desalojo a una familia que está hace 4 meses habitando una casa que estaba en estado de abandono, una familia compuesta por dos adultos y dos niños uno de 8 años y el otro más chiquito, bebé”, comenzó a relatar la abogada en diálogo con El Zumbido: “la familia empezó a pedir el acercamiento de vecinos y organizaciones y medios, lo cual acá está como bastante limitado como en varias partes del país por el tema de la cuarentena y el control de circulación, y es en ese marco en que las personas se acercaban y la policía usaba la cuarentena y la supuesta prohibición de circular para evitar el acompañamiento a la familia”, explicó, “es en ese marco que se hace la primera detención, a metros de la casa, y de hecho fue filmada y vista por la familia, de Martín, que se había acercado hasta ahí a raíz de esto”.

El joven fue llevado a la comisaría 31 de esa localidad, a donde se presentó Victoria Naffa como su abogada. “En un primer momento lo incomunicaron sin justificación, ni que sepa por qué estaba detenido ni quién estaba a cargo de esa detención, y cuando me permiten verlo, una hora y media después de que él ingresó, quisieron que la entrevista entre él y yo como abogada se hiciera en presencia de varios efectivos policiales”, detalló: “entonces yo planteé que eso no podía ser así, que el derecho defensa de una persona detenida es tener un espacio privado de entrevista con la persona que lo va a representar y los policías justificaron también, otra vez, que por la cuarentena esas entrevistas de defensor/defensora y detenido no se hacían más así”. Continuó: “yo lo que planteé es que se deje registro en el libro de actas de la policía, porque era una violación al derecho de este detenido y de cualquier otro detenido a su defensa, y, en ese marco, el oficial a cargo, que nunca se identificó, dispuso mi detención y me trasladaron a mí a otro destacamento policial, lo cual generó que Martín se quede sin posibilidad de defensa y siga incomunicado y que además se genere otra detención que fue la mía”.

Naffa alcanzó a avisar de su detención, por lo que varias personas se acercaron a ambas comisarías, y a las 19 horas un juez de paz dispuso la libertad de ambxs.

“En el medio de todo esto hubo varios intentos de comunicación con la fiscalía de turno, con los juzgados y con el juzgado de paz para que alguien disponga efectivamente la libertad, se intentó presentar un habeas corpus que no fue recibido por ningún efectivo judicial, todos estaban en cuarentena, todos estaban sin poder abocarse a eso por la cuarentena, se intentó presentar una denuncia penal por las detenciones, tampoco fue recibida por ningún funcionario judicial y cuando preguntamos cuál fue el motivo de nuestra detención, lo único que nos notificaron hasta el momento es una contravención de desacato, lo cual es preocupante porque ese tipo de detenciones es justamente una manera de la policía de evadir cualquier posibilidad de control judicial de las decisiones que ellos toman, o sea, por desacato ellos justifican poder detener gente y no dar conocimiento a ningún representante del poder judicial de esa detención, lo cual en este caso tuvimos la suerte de que ambas detenciones se hicieron en presencia de testigos que pudieran informar enseguida que estábamos detenidas, porque si no sucede lo que sucede en muchos lugares, no saber qué está pasando con esas personas y no poder reaccionar ante esas detenciones”, señaló la abogada y aseguró que “la sensación que se generó ayer y que queda es que hay una habilitación a la policía a que actúe en justificación de la pandemia y lo más grave es que ellos en pandemia y con la cuarentena están dictando una orden de desalojo que dejaría a una familia en la calle y al mismo tiempo limitan cualquier posibilidad de movilización y de muestra de solidaridad hacia la familia”.

Por la noche, varias personas volvieron a acercarse al domicilio que se pretende desalojar y, contó Victoria Naffa, “se dio otro hecho represivo gravísimo, que tuvo que ver con que golpearon y arrastraron a una de los niños, menores, el de 8 años, sacaron una escopeta y lo amenazaron, al niño, y gasearon a uno de los integrantes adultos de la familia” y remarcó que eso sucedió “en  presencia del comisario y de cerca de 15 efectivos policiales por lo menos que estaban ahí después de las 7 de la tarde, cuando además había mucha tensión porque es el horario en el que se prohíbe la circulación”. Sobre esa situación “hoy se hizo la denuncia, pero la realidad es que ningún funcionario da respuesta ni a las detenciones, ni al hecho represivo, ni al desalojo; hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar, actualmente hay acompañamiento afuera de la vivienda” y subrayó que queda una sensación “de mayor impunidad a la que conocemos”.

Derechos violados y la cuarentena que todo lo justifica

“Ayer durante las detenciones se pudo ver las condiciones de detención que en cuarentena se están dando”, contó también la abogada: “en la comisaría 31 había dos chicos que hace más de un mes están viviendo en una celda de 1 metro por 3, no los dejan ir al baño, no los sacan, no les permiten tener visitas y no hay ninguna autoridad judicial que se haga cargo de esa situación de detención absolutamente violatoria de sus derechos”, ejemplificó: “parece que cuarentena justifica todo, incluso cosas en las que se había podido avanzar un poco”. Agregó que “siendo abogada, ayer me detuvieron por ir a ver a una persona que estaba detenida, o sea, cuáles son las posibilidades que yo tengo como abogada de ejercer una defensa, cuáles son las posibilidades que tiene una persona de tener un abogado y que no se los lleve presos a los propios abogados por ejercer esa defensa, yo nunca había visto algo así, es muy preocupante”.

Libertad para (otro) asesino policial

En el año 2016, el policía Jorge Villegas fue condenado a prisión perpetua por asesinar al joven Pablo Vera, en Fiske Menuko, en 2014. Dado el cumplimiento de más de tres años en prisión sin sentencia firme, la justicia le otorgó la misma libertad que le niega a más del 50% de la población carcelaria del país. Victoria Naffa es la abogada querellante de la causa y relató que “hace unos días se liberó a Villegas con la misma justificación por la cual no se encarcela a los policías condenados en el caso (de la desaparición de Daniel) Solano, que es esto de que no pueden pasar más de 3 años en prisión preventiva, pero por qué se dan estas prisiones preventivas extensas en el caso de policías, que habilitan mayor impunidad, incluso en el caso de condena: Villegas está condenado a perpetua, los policías del caso Solano están condenados a perpetua, y al mismo tiempo no es el mismo criterio que se aplica con otro tipo de delitos y con pibes que exceden en muchos casos los tres años de prisión preventiva y ni siquiera se hace un planteo o ni siquiera se expide la justicia respecto a esa situación”.

Pueden ir a la cárcel por la toma universitaria: “un conflicto disciplinador”

Las docentes Victoria y Virginia Naffa fueron procesadas por la justicia federal en un episodio casi inédito por haber participado de la toma de la Universidad de Río Negro en 2018, finalizada tras una brutal represión de la mano de gendarmería nacional. “Esta semana nos llegó la citación al juicio, lo cual implica que ya se constituyó el tribunal oral que va a llevar a cabo el juicio y que en los próximos meses probablemente se haga”, explicó Victoria: “nos preocupa el escenario en el que se está avanzando, la feria en el juzgado federal de acá se levantó el 27 de julio y desde ese día todo se encaminó a la preparación del juicio; la pregunta es cómo se va a realizar, qué posibilidad vamos a tener de presenciar el juicio y de movilizarnos, de manifestarnos, es pura incertidumbre”.

“Nos preparamos para esa instancia, porque sabíamos que podía llegar, porque si desplegaron la cantidad de gendarmes en el 2018 para realizar el desalojo y se avanzó con la cantidad de causas con las que se nos imputó, sabíamos que el juicio era una posibilidad”, aseguró la abogada y dijo que “estamos apelando a la solidaridad, además de las organizaciones de las que siempre tuvimos apoyo, de las comunidades universitarias, porque no deja de ser un hecho que se dio en el marco de una protesta universitaria” y “yo no tengo registro de que haya habido tomas posteriores al desalojo, por lo menos de la magnitud o del tiempo que solían haber tomas todos los años por diferentes conflictos que se daban en la universidad, por lo cual me parece que fue un conflicto bastante discplinador y que va a ser importante el juicio, nosotras apelamos a una absolución y ellos van a buscar una condena, se nos está imputando usurpación y coacción, la coacción tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 10 años, por lo cual es un delito no excarcelable e implica que si nos llegan a condenar por ese delito iríamos presas”.

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