En Córdoba existen cárceles para niñas, niños y jóvenes

Por María Fernanda Espejo (*)/ En la Provincia de Córdoba existen tres cárceles denominadas como “Centros Socio Educativos” distribuidos: dos en la ciudad de córdoba el “Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes” – (Ex C.E.C.A.M) situado en la calle Obispo Trejo 736 B° Nueva Córdoba, el “Centro Socio Educativo Semiabierto” – (Ex C.I.C) situado en la Av. Armada Argentina 172 B° Las Flores, Córdoba. Y el “Complejo Esperanza” que comprende 4 módulos ‘Centros’ (San Jorge, Pasos de Vida, Horizonte y Nuevo Sol) y el Centro de Admisión y Diagnóstico – C.A.D, que se encuentran camino 60 cuadras km 14 ½ de la localidad de Bouwer.

Estas instituciones ya tienen más de 15 años y a lo largo del tiempo fueron cambiando de nombre con el objetivo de simular el cumplimiento de los nuevos marcos legales. Sin embargo las prácticas institucionales no variaron a la par de los nombres, ni mucho menos a las legislaciones. Los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en estos espacios están privadxs de su libertad y por tal condición, se encuentran bajo la tutela de un Juez.

Hoy se llaman “Centros Socio- educativos”. Lo característico de estos espacios, y que no contribuye a lo educativo, es que la Escuela funciona en proporciones bastantes pequeñas en relación al espacio institucional. Por ejemplo en el Complejo Esperanza la institución educativa funciona en un quincho. Para lxs pibxs fue una promesa del gobernador De La Sota ya en su gestión pasada, hoy ‘el quincho’ está intacto.
También se puede mencionar el caso del “Centro Socio-educativo semi- abierto” en donde existen dos aulas para el funcionamiento de la Escuela con todas las modalidades que se proponen incluidas. El dato más importante es que la cantidad de jóvenes que están privadxs de su libertad no coincide con los que asisten a la misma. Las propuestas pedagógicas recreativas, deportivas escasean o son difíciles de sostener por las resistencias a las autoridades y por el personal de seguridad de los establecimientos. Lo pedagógico está subordinado a la seguridad.

Lxs pibxs tienen su día totalmente cronometrado, medido y controlado. Sus relaciones de “convivencia” están regidas por lógicas de privilegio/castigo, acceso/violación de derechos. Lxs niñxs y jóvenes están en cárceles, duermen enrejados, con existencia de celdas de castigo o de aislamiento. Sin olvidar el uso de esposas para cualquier traslado de un espacio a otro tanto en el ingreso y salida son requisados de manera degradante y vejatoria.

En la cotidianeidad estas instituciones generan mecanismos perversos entre lxs mismxs pibxs, entre los pibxs con los guardias, es decir se generan códigos completamente violentos que dependen de los niveles de adaptabilidad y negociación de lxs pibxs, para que puedan sobrevivir o no, y tiene sus consecuencias si no se adaptan a estas reglas. Una de las peores consecuencias es manifestada a través de las muertes de lxs niñxs y jóvenes que aparecen sistemáticamente como “suicidios”.

¿Cómo es posible que ocurra esto en una institución con tanta vigilancia y control? Muertes que en muchos casos no tienen explicación. Se informan en tiempos tardíos a los familiares, es decir hay algunas irregularidades frente a estos hechos.

No sólo hace más de 15 años que existen las mismas instituciones funcionando como tales, sino que hace más de 20 que se encuentran las mismas personas ocupando los cargos como “Jueces de Menores” y recién hace un año y medio el Complejo Esperanza está bajo una medida judicial a partir de un Habeas Corpus por las condiciones indignas en las que se encontraban lxs niñxs y jóvenes y en el mes de octubre del corriente año en el Ex – Cic “descubrieron” celdas de aislamiento.

Es evidente que esto está lejos de un descubrimiento. Los jueces y funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo saben y conocen perfectamente del funcionamiento. Ellos son los responsables de cada vulneración de Derecho, son responsable y cómplices de cada pibx que perdimos a través de sus muertes silenciadas en esos establecimientos.

(*) Lic. en Trabajo Social Espejo María Fernanda, con experiencia en territorialidad en contextos de encierro e infancias