Curuguaty: «han condenado a once personas absolutamente inocentes»

El pasado lunes 11 de julio se conocieron las condenas de lxs once campesinos y campesinas procesadxs por la llamada masacre de Curuguaty, con penas que van de 35 a 4 años de prisión. Distintos sectores y movimientos sociales ya han comenzado a exigir la nulidad de esta condena, cuyos fundamentos se darán a conocer el próximo lunes 18 de julio, a las 11.00 hs. hora paraguaya.

Desde el Enredando las Mañanas venimos siguiendo con atención el juicio, en gran medida porque lo sentimos, lo padecemos, como un ataque a las luchas en cada rincón del Abya Yala y porque además se preveía este injusto desenlace judicial.

Desde hace varios días estamos compartiendo distintas voces que nos ayuden a comprender no solamente la realidad local de Paraguay, sino una lectura de lo que está pasando allá y sus consecuencias para el futuro y realidad de nuestro continente.

El miércoles 13 de julio nos acompañó en el piso Inés Francescheli, integrante del Congreso Democrático del Pueblo de Paraguay y de la Campaña Ñamoseke Monsanto, e integrante del SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) durante la presidencia de Fernando Lugo. Asimismo, uniendo luchas y palabras, establecimos comunicación telefónica con Claudia Korol, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, quien estuvo en estas semanas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, visitando a los seis referentes campesinos presos extraditados por el estado argentino en 2008, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simón Bordón, Arístides Vera, Basiliano Cardozo y Gustavo Lezcano.
Mientras desarrollábamos el programa, nos dimos con la noticia de que en ese momento se desarrollaba un motín en la cárcel de Tacumbú, donde están los seis campesinos presos y donde fueron trasladados ya los presos varones de la masacre de Curuguaty.

Un juicio irracional e injusto

Ines Francescheli inicia su relato describiendo su sensación y la descripción de las irregularidades del juicio: «venimos desde el lunes sintiendo de nuevo el golpe, lo que comentábamos con los compañeros, y este desenlace luego de cuatro años de un proceso absolutamente irracional e injusto, donde no hay ninguna prueba: no hay un arma, no hay una bala, no hay una prueba de parafina, se pidieron necropsias porque había contradicciones entre los forenses en el relato de las autopsias y cuando se reclamaban las placas radiográficas para ver qué había pasado con esos cuerpos de algunos de los muertos, las placas radiográficas desaparecieron, se pidió una necropsia y no se autorizó. Las pruebas que se exhibieron durante el juicio son monedas, machetillos, foisas -que es un tipo de machete que se usa para la siembra-, una escopeta rota sin disparar, papel higiénico… hay una de las figuras de la condena que es asociación criminal, para delinquir, cuya única prueba era un cuaderno donde supuestamente estaban los nombres de los que estaban en el campamento en el momento de la masacre. Pero en la fiscalía argumentan que ese cuaderno se les cayó al río y se borró, entonces lo tiraron porque era ilegible. Esas son las pruebas con las que han condenado a once personas absolutamente inocentes en algunos casos a 30, 35 años le dieron a uno de los compañeros, Rubén Villalba, a otro 20, a dos 18 y después penas de entre 6 y 4 años».

La gran culpa de ser campesinxs en lucha por la tierra

Inés avanza en su caracterización de lxs campesinxs condenadxs y también del rol que jugó la masacre de Curuguaty, ocurrida en una recuperación de tierras en junio de 2012, «Nosotros decimos que los compañeros son inocentes, sabemos que son inocentes, pero en realidad tienen una culpabilidad: la gran culpa que tienen es ser campesinos y campesinas, luchar por un pedazo de tierra que es del Estado. Paraguay contempla el derecho de cualquier ciudadano que quiera trabajar la tierra a acceder a tierras fiscales. Ellos estaban en el proceso de reclamar esta tierra formalmente ante la institución responsable que es el INDER [Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra] y aun así este episodio se utilizó, sabemos, como disparador de un quiebre democrático, de un golpe de estado parlamentario que destituyó a [Fernando Lugo] un presidente electo democráticamente y junto con este quiebre democrático, lo que sabíamos en ese momento pero hoy sabemos con mucha más claridad, lo que venía era una avanzada del control del territorio por parte de las corporaciones, de la lógica de la producción transgénica».

El sello de las corporaciones en el golpe no se hizo esperar: apenas  semanas después de ocurrido, y violando la propia legislación medioambiental paraguaya, el presidente golpista Federico Franco aprobó mediante decreto presidencial el uso de maíz transgénico, un reclamo de la multinacional Monsanto, junto a la persecución de la resistencia. Inés describe la situación, «en Paraguay, hasta ese momento, hasta junio de 2012 había un solo evento transgénico liberado, hoy hay 19 eventos más, entre maíz, algodón y soja. Ha habido una creciente criminalización de la lucha social, algo que no se veía antes de 2012 hoy lo vemos, que es la fuerza pública, policías y militares, custodiando fumigaciones y reprimiendo a los vecinos que salen a tratar de parar la fumigación cuando no están dadas las condiciones para esa fumigación. Junto con eso, varios asesinatos campesinos desde el 2012. Hay un informe muy interesante que se puede encontrar en la red, el informe Chokokue que explica que en los últimos 25 años en Paraguay se han cometido 125 asesinatos de dirigentes campesinos, todos impunes, sin ninguna investigación, sin ninguna persona condenada por esos asesinatos».

El significado de esta condena a la lucha por la tierra, «que incluía la matanza, el golpe de estado y este proceso espúreo con la condena a inocentes, nosotros entendemos que es un complot político para defender intereses de un puñado de familias en Paraguay que controlan el país, que controlan su riqueza (…) y de las corporaciones transnacionales que han avanzado sobre el territorio. Vemos también, con lo que se inició en Paraguay en 2012 y sigue ahora con Dilma en Brasil, y están sobre Venezuela, que hay una avanzada neocolonial, porque estas son formas coloniales de arrancar los recursos, la riqueza de nuestro continente. Esta avanzada viene con mucha violencia, y así como vimos que venían a Latinoamérica en lo político, nosotros alertamos que también vienen con más y más violencia sobre la lucha social. Si permitimos que se condene a una persona absolutamente inocente sin ninguna prueba a 35 años, el próximo puede ser cualquiera de nosotros, gente que está activando socialmente y porque sí y porque molestamos tal vez a algunos, podamos terminar en situaciones similares».

La reacción social y la manipulación de los medios hegemónicos de comunicación

Como en cada proceso desestabilizador impulsado por los dueños del poder, Inés describe el rol fundamental que cumplieron durante el golpe los medios empresariales, y nos explica los vínculos que los orientan: «el dueño del diario más importante del país, que es el diario ABC Color -que sería el diario Clarín de allá-, es un señor de apellido Zuccolillo, que es además accionista mayoritario de Cargill Paraguay, qué casualidad. Es además uno de los más grandes empresarios de la tierra, tiene varias inmobiliarias y se dedica de hecho a los loteamientos, controlando varios millones de hectáreas en el Paraguay. Ese diario, como te decía, tuvo un rol crucial en ese golpe, porque sabemos que el cuento que se cuenta desde la prensa hegemónica ayuda a que la gente reaccione en uno u otro sentido».

Sin embargo, la situación en torno a la masacre y al derrocamiento de Fernando Lugo fue tan burda y escandalosa, describe la integran del CDP, «que fue mucho más fácil que la gente entienda que esto es arbitrario y es una locura. En ese sentido, en cuatro años hemos tenido distintos momentos de acompañamiento a la lucha, distintos protagonistas en primera fila, pero todas las fuerzas sociales han acompañado y siguen acompañando. En los últimos tiempos, el Congreso Democrático del Pueblo, que es una agrupación de partidos y movimientos progresistas y de izquierda a la que yo pertenezco, ha tomado también un protagonismo importante y está ayudando a sostener el acampe que está frente al Palacio de la (In)Justicia (…) y eso sumado a una acción realmente muy importante y muy fuerte de algunos religiosos y religiosas de Paraguay, la Conferpar, que es la Confederación de Congregaciones (…) ayudó a que en este momento haya movilización en este sentido. Y es también escandalosa la gestión del presidente [Horacio] Cartes, que es la fuerza política que sale beneficiada tras el golpe de estado, es tan escandalosa que eso nos ayuda más. Entonces tenemos esperanzas y estamos viendo que es un momento realmente de mucha oportunidad para la lucha social».

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