Claudia Korol: «las de los seis campesinos presos fueron causas armadas donde nunca se pudo justificar de qué se los acusa»

Escrito por el 16/07/2016

Continuando con el análisis de las condenas del juicio por la Masacre de Curuguaty y la realidad paraguaya junto a Inés Francescheli del Congreso Democrático del Pueblo, establecimos comunicación desde la mesa del Enredando las Mañanas, con Claudia Korol, del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía quien estuvo apenas hace unas semanas en el país vecino participando de un encuentro de semillas y se acercó a la cárcel de Tacumbú para visitar a los seis campesinos presos.

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Buscando contextualizar estas condenas por la masacre de Curuguary a campesinos y campesinas, preguntamos a Claudia acerca de la criminalización de los movimientos sociales y del movimiento campesino particularmente en Paraguay, a partir de su visita al penal y de la noticia del motín que se desarrollaba. En relación a Tacumbú, compartió que aun estaba «con la vivencia de esa cárcel terrible, que hace poco sufrió un incendio donde murieron cinco internos, está la gente muy devastada y muy golpeada (…) Las condiciones además de la cárcel son para que estalle en cualquier momento, porque es una cárcel que está sobrepoblada y con condiciones edilicias terribles y represivas también, así que realmente la situación es peligrosa y hay que estar súper atentas. Además de que es un lugar donde se acumulan injusticias de todo tipo, porque es una cárcel que, como casi todas las cárceles del continente, están llenas de pobres».

 

Curuguaty y los seis campesinos presos: criminalizar y desarticular el movimiento campesino

Indagando en torno a la continuidad entre la situación de los seis campesinos presos previamente y las hoy nuevas condenas por la masacre de Curuguaty, Claudia afirmaba que «en todos los casos hay, por un lado, un armado de causas. Yo no tengo ninguna duda que las de los seis campesinos presos fueron causas armadas donde nunca se pudo justificar de qué se los acusa, de qué han sido los responsables. Todo lo contrario, creo que tenía que ver con una maniobra para criminalizar al movimiento campesino y desarticularlo. En este caso, son seis compañeros con niveles de formación importantes que los tienen hace ya diez años detenidos. Y en el caso de la masacre de Curuguaty es evidente que tiene que ver con la maniobra golpista con la que se inició el movimiento que llevó a la destitución de Lugo. También en este caso lo que menos importa es la Justicia porque, para empezar no se investigó la situación de los once campesinos masacrados, pero también en el caso de los seis policías asesinados, tampoco podemos decir que se haya investigado, porque se condena como culpables a gente que no tuvo responsabilidad en esos hechos.
Así que, de nuevo, creo que el objetivo es legitimar el pacto golpista, ya que otro resultado significaría abrir la investigación sobre qué fue esa masacre como detonadora del golpe de estado. También cuidar las propiedades de los narcosojeros que están en el poder en Paraguay, como el caso del señor Riquelme y decir para toda la sociedad y sobre todo para los  movimientos campesinos que no se animen a ocupar tierras, que no se animen a ejercer sus derechos, a trabajar las tierras y a defenderlas, porque van a ser castigados duramente. Eso son estas condenas absurdas que pidió la fiscalía y que los jueces – que por otro lado, sabemos que el titular del tribunal está acusado por coimas en distintas oportunidades y que está al servicio de los señores del poder –  han dado. El juicio fue una burla desde el punto de vista de la justicia en sí, pero no es una burla si pensamos en los términos políticos de resolver con dureza acciones desde el poder para disciplinar, ordenar y reprimir a quienes se rebelan frente a tamañas injusticias».

 

Escuela de Formación Política «Soledad Barrett»: estrategias de resistencia

El 25 de mayo, Claudia Korol asistió a la primera actividad de la Escuela de Formación Política «Soledad Barrett», impulsada por los seis campesinos presos: «cuando fui al seminario sobre cuidado y defensa de las semillas, la lucha por la soberanía alimentaria, me hice la escapada para visitar a los seis campesinos presos en la cárcel de Tacumbú y ahí se inauguró formalmente (…) y asistí ahora a una nueva clase. En realidad, la idea es que esos compañeros que vienen hace tantos años sosteniendo con dignidad su lucha y también su propia formación, están ayudando a formar a nuevos militantes, tanto entre quienes están ahí sufriendo las injusticias en calidad de presos, como quienes podemos ir a visitarlos y escuchar sus reflexiones y dialogar sobre cómo estamos mirando la situación política, a pensar el continente, y a generar la libertad a partir de los propios valores. Yo creo que las dos veces fue muy impactante para los grupos que estuvimos visitándolos poder escuchar su entereza, su integridad, su reflexión y poder intercambiar también sobre las perspectivas políticas que vemos. Y también, en el caso de la última visita, fue una clase sobre Curuguaty. Precisamente, estuvimos pensando y analizando lo que significaba ese juicio y pensando la necesidad de resistencia del movimiento popular junto al movimiento campesino, es decir, no dejar aisladas las luchas campesinas en este contexto».

Al respecto de lo que fue el juicio contra los seis campesinos y la legitimidad de las instituciones judiciales, Inés Francescheli agregaba que «es un caso también interesante para ver la impunidad con que estas instituciones de supuesta justicia operan. Por ejemplo, uno de los seis está condenado sin tener acusación, procesalmente, nunca se le acusó. En el caso de Curuguaty, los que reciben penas más altas están acusados -porque esa fue la acusación y así se llevó el juicio oral- por homicidio en grado de tentativa y fueron condenados por homicidio doloso consumado, es decir, por un delito por el que nunca se los acusó. Entonces, entender también cómo la sociedad toda y a veces nosotros también alimentamos eso, le damos legitimidad a instituciones que en realidad no son tales. Es decir, “un juez”, ese señor no es un juez, ese señor es un bandido fungiendo de juez».

 

La responsabilidad del Estado argentino

El proceso de extradición de los seis campesinos desde Argentina estuvo acompañado de una campaña por su libertad, que, como Claudia Korol indica, implica que «nosotros como argentinos y argentinas tenemos responsabilidad, porque los seis campesinos fueron extraditados desde Argentina, el tiempo en que estuvieron presos en Argentina no se les está reconociendo como parte de la condena y había un compromiso que comunicó el juez [Ariel] Lijo en su momento, que es el que decidió la extradición junto con el Poder Ejecutivo, de que se iban a cumplir los derechos humanos de los presos y esto es algo que nunca se ha cumplido, así que también desde el punto de vista nuestro, tenemos que exigir al gobierno argentino que haga cumplir con los derechos humanos y con lo que se comprometió en su momento».

 

«Hay que frenar tanta barbarie»

Para finalizar, Inés Francescheli reflexionaba acerca de las exigencias de este tiempo, y nos decía: «La lucha del pueblo, la conciencia de que una vida mejor es posible, de que una vida libre es posible, de que somos sujetos de derecho y que la realidad está fabricada para la generación de dinero y no para la vida en todas sus expresiones. Esa lucha es una lucha histórica, es una lucha que no somos nosotros los primeros que la estamos sosteniendo, pero si hay un momento histórico en América Latina en donde se hace necesario hacer un esfuerzo extraordinario en militancia, en organización, en defensa, es este momento, Estamos viviendo mucho retroceso, estamos viendo mucha violencia en cómo el capitalismo arremetió para reafirmarse, digamos. Y eso, instar a todos, a todas, a que es un momento en que hay que frenar tanta barbarie, tanta violencia sobre la población. Tenemos en la historia reciente mucho ejemplo como para saber hasta dónde podemos llegar y a esto hay que pararlo. Un nuevo Cóndor sobrevuela Latinoamérica y hay que pararlo».

Curuguaty: “han condenado a once personas absolutamente inocentes”

ines francescheliEl pasado lunes 11 de julio se conocieron las condenas de lxs once campesinos y campesinas procesadxs por la llamada masacre de Curuguaty, con penas que van de 35 a 4 años de prisión. Distintos sectores y movimientos sociales ya han comenzado a exigir la nulidad de esta condena, cuyos fundamentos se darán a conocer el próximo lunes 18 de julio, a las 11.00 hs. hora paraguaya.

Desde el Enredando las Mañanas venimos siguiendo con atención el juicio, en gran medida porque lo sentimos, lo padecemos, como un ataque a las luchas en cada rincón del Abya Yala y porque además se preveía este injusto desenlace judicial.

Desde hace varios días estamos compartiendo distintas voces que nos ayuden a comprender no solamente la realidad local de Paraguay, sino una lectura de lo que está pasando allá y sus consecuencias para el futuro y realidad de nuestro continente.

El miércoles 13 de julio nos acompañó en el piso Inés Francescheli, integrante del Congreso Democrático del Pueblo de Paraguay y de la Campaña Ñamoseke Monsanto, e integrante del SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) durante la presidencia de Fernando Lugo. Asimismo, uniendo luchas y palabras, establecimos comunicación telefónica con Claudia Korol, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, quien estuvo en estas semanas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, visitando a los seis referentes campesinos presos extraditados por el estado argentino en 2008, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simón Bordón, Arístides Vera, Basiliano Cardozo y Gustavo Lezcano.
Mientras desarrollábamos el programa, nos dimos con la noticia de que en ese momento se desarrollaba un motín en la cárcel de Tacumbú, donde están los seis campesinos presos y donde fueron trasladados ya los presos varones de la masacre de Curuguaty.

 

Un juicio irracional e injusto

Ines Francescheli inicia su relato describiendo su sensación y la descripción de las irregularidades del juicio: «venimos desde el lunes sintiendo de nuevo el golpe, lo que comentábamos con los compañeros, y este desenlace luego de cuatro años de un proceso absolutamente irracional e injusto, donde no hay ninguna prueba: no hay un arma, no hay una bala, no hay una prueba de parafina, se pidieron necropsias porque había contradicciones entre los forenses en el relato de las autopsias y cuando se reclamaban las placas radiográficas para ver qué había pasado con esos cuerpos de algunos de los muertos, las placas radiográficas desaparecieron, se pidió una necropsia y no se autorizó. Las pruebas que se exhibieron durante el juicio son monedas, machetillos, foisas -que es un tipo de machete que se usa para la siembra-, una escopeta rota sin disparar, papel higiénico… hay una de las figuras de la condena que es asociación criminal, para delinquir, cuya única prueba era un cuaderno donde supuestamente estaban los nombres de los que estaban en el campamento en el momento de la masacre. Pero en la fiscalía argumentan que ese cuaderno se les cayó al río y se borró, entonces lo tiraron porque era ilegible. Esas son las pruebas con las que han condenado a once personas absolutamente inocentes en algunos casos a 30, 35 años le dieron a uno de los compañeros, Rubén Villalba, a otro 20, a dos 18 y después penas de entre 6 y 4 años».

 

La gran culpa de ser campesinxs en lucha por la tierra

Inés avanza en su caracterización de lxs campesinxs condenadxs y también del rol que jugó la masacre de Curuguaty, ocurrida en una recuperación de tierras en junio de 2012, «Nosotros decimos que los compañeros son inocentes, sabemos que son inocentes, pero en realidad tienen una culpabilidad: la gran culpa que tienen es ser campesinos y campesinas, luchar por un pedazo de tierra que es del Estado. Paraguay contempla el derecho de cualquier ciudadano que quiera trabajar la tierra a acceder a tierras fiscales. Ellos estaban en el proceso de reclamar esta tierra formalmente ante la institución responsable que es el INDER [Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra] y aun así este episodio se utilizó, sabemos, como disparador de un quiebre democrático, de un golpe de estado parlamentario que destituyó a [Fernando Lugo] un presidente electo democráticamente y junto con este quiebre democrático, lo que sabíamos en ese momento pero hoy sabemos con mucha más claridad, lo que venía era una avanzada del control del territorio por parte de las corporaciones, de la lógica de la producción transgénica».

El sello de las corporaciones en el golpe no se hizo esperar: apenas  semanas después de ocurrido, y violando la propia legislación medioambiental paraguaya, el presidente golpista Federico Franco aprobó mediante decreto presidencial el uso de maíz transgénico, un reclamo de la multinacional Monsanto, junto a la persecución de la resistencia. Inés describe la situación, «en Paraguay, hasta ese momento, hasta junio de 2012 había un solo evento transgénico liberado, hoy hay 19 eventos más, entre maíz, algodón y soja. Ha habido una creciente criminalización de la lucha social, algo que no se veía antes de 2012 hoy lo vemos, que es la fuerza pública, policías y militares, custodiando fumigaciones y reprimiendo a los vecinos que salen a tratar de parar la fumigación cuando no están dadas las condiciones para esa fumigación. Junto con eso, varios asesinatos campesinos desde el 2012. Hay un informe muy interesante que se puede encontrar en la red, el informe Chokokue que explica que en los últimos 25 años en Paraguay se han cometido 125 asesinatos de dirigentes campesinos, todos impunes, sin ninguna investigación, sin ninguna persona condenada por esos asesinatos».

El significado de esta condena a la lucha por la tierra, «que incluía la matanza, el golpe de estado y este proceso espúreo con la condena a inocentes, nosotros entendemos que es un complot político para defender intereses de un puñado de familias en Paraguay que controlan el país, que controlan su riqueza (…) y de las corporaciones transnacionales que han avanzado sobre el territorio. Vemos también, con lo que se inició en Paraguay en 2012 y sigue ahora con Dilma en Brasil, y están sobre Venezuela, que hay una avanzada neocolonial, porque estas son formas coloniales de arrancar los recursos, la riqueza de nuestro continente. Esta avanzada viene con mucha violencia, y así como vimos que venían a Latinoamérica en lo político, nosotros alertamos que también vienen con más y más violencia sobre la lucha social. Si permitimos que se condene a una persona absolutamente inocente sin ninguna prueba a 35 años, el próximo puede ser cualquiera de nosotros, gente que está activando socialmente y porque sí y porque molestamos tal vez a algunos, podamos terminar en situaciones similares».

La reacción social y la manipulación de los medios hegemónicos de comunicación

Como en cada proceso desestabilizador impulsado por los dueños del poder, Inés describe el rol fundamental que cumplieron durante el golpe los medios empresariales, y nos explica los vínculos que los orientan: «el dueño del diario más importante del país, que es el diario ABC Color -que sería el diario Clarín de allá-, es un señor de apellido Zuccolillo, que es además accionista mayoritario de Cargill Paraguay, qué casualidad. Es además uno de los más grandes empresarios de la tierra, tiene varias inmobiliarias y se dedica de hecho a los loteamientos, controlando varios millones de hectáreas en el Paraguay. Ese diario, como te decía, tuvo un rol crucial en ese golpe, porque sabemos que el cuento que se cuenta desde la prensa hegemónica ayuda a que la gente reaccione en uno u otro sentido».

Sin embargo, la situación en torno a la masacre y al derrocamiento de Fernando Lugo fue tan burda y escandalosa, describe la integran del CDP, «que fue mucho más fácil que la gente entienda que esto es arbitrario y es una locura. En ese sentido, en cuatro años hemos tenido distintos momentos de acompañamiento a la lucha, distintos protagonistas en primera fila, pero todas las fuerzas sociales han acompañado y siguen acompañando. En los últimos tiempos, el Congreso Democrático del Pueblo, que es una agrupación de partidos y movimientos progresistas y de izquierda a la que yo pertenezco, ha tomado también un protagonismo importante y está ayudando a sostener el acampe que está frente al Palacio de la (In)Justicia (…) y eso sumado a una acción realmente muy importante y muy fuerte de algunos religiosos y religiosas de Paraguay, la Conferpar, que es la Confederación de Congregaciones (…) ayudó a que en este momento haya movilización en este sentido. Y es también escandalosa la gestión del presidente [Horacio] Cartes, que es la fuerza política que sale beneficiada tras el golpe de estado, es tan escandalosa que eso nos ayuda más. Entonces tenemos esperanzas y estamos viendo que es un momento realmente de mucha oportunidad para la lucha social».

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