Diana Lenton: “Sigue existiendo un proceso genocida”

Diana Lenton es antropóloga y especialista en genocidio y políticas indígenas. Desde Enredando las Mañanas conversamos con ella acerca del histórico conflicto en torno al territorio de las comunidades mapuce que tomó relevancia en los últimos meses ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

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El conflicto por el territorio originario de las comunidades mapuce en relación con el Estado argentino (y podríamos agregar chileno) es un conflicto que no empezó hace dos meses con la represión ordenada por Noceti y ejecutada por Gendarmería Nacional que devino en la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la fuerza pública. Todo lo contrario, la historia nos demuestra que la configuración del Estado Nación desde el Siglo XIX ha ido cercenando territorios ancestrales a todas las comunidades comprendidas en los límites establecidos que conforman nuestro país, desplegando una marcada política genocida.

Es un conflicto que tiene larga data, y que recién ahora “es la noticia del día para muchos medios” reflexiona Diana Lenton, antropóloga especialista en genocidio y políticas indígenas, y continúa “tantas cosas que se dicen, parece que cualquier cosa es válida, los comentarios, las noticias, cualquier cosa se puede retorcer argumentativamente para que los mapuches sean los responsables. Un poco es la operación de revictimizar a las víctimas, olvidándose de que los mapuches vienen de un conflicto en el que son las víctimas.” Es que, argumenta Diana, estamos en un proceso donde se está ejecutando “toda una operación mediática y política del gobierno en esa dirección también”.

De acuerdo con este argumento, Diana continua su análisis: “venimos sosteniendo que las campañas del desierto significaron un genocidio para los pueblos originarios, también sostenemos que es un genocidio que todavía continúa, en el sentido de que no hubo un corte, no hubo ninguna gestión de gobierno que haya tenido la voluntad política de cortar con ese genocidio, sino que sigue existiendo un proceso genocida.”

De esta manera, sostiene que los pueblos originarios están en “la mira de una política extractiva” de sus territorios, de su fuerza de trabajo. Siendo que ellos “defienden el territorio y la forma de vivir en el territorio, no solamente por el hecho de ser propietario, sino por la posibilidad de que en ese territorio se puede vivir de acuerdo con sus formas de vida, que implica toda la vida y todas las fuerzas naturales, como también religioso”. Para implementarse, este modelo extractivo necesitó construir un paradigma del otro diferente, que imponga como cierta una manera de mirarlo, pensarlo, juzgarlo, siendo esto parte constitutiva “del individualismo, de este ataque a la solidaridad, a los lazos sociales, a cualquier búsqueda de justicia”, sostiene Diana.

Es así que, a través del proceso histórico, se fue construyendo discursivamente una manera de ser indígena como alguien inferior a ser explotado: “como mano de obra, como productor de bienes y de servicios, ni hablar con todo lo que tiene que ver con el género, con la violencia de género, las violaciones” desde la época de la conquista, hasta en el siglo XIX que se convierte en racismo, el cual expresa Diana “no es solo el desprecio por el otro sino que se articula con toda una ideología que tiene que justificar eso científicamente, que justifica por qué el otro puede ser maltratado, exterminado, perseguido, exiliado, etc.”

En Argentina todas estas teorías seudo-científicas se articularon, en el caso Mapuce, con la idea de “extranjeridad”, una teoría que viene de la víspera de la campaña al desierto y que se utilizó como justificación de la misma. En esta línea, Diana argumenta que: “la idea de que la campaña al desierto se legitima como si fuera una guerra más de la independencia o de defensa de las fronteras, porque en realidad los mapuches serían chilenos. Y luego, ahora no solamente se trata de personas inferiores, haraganes, refractarios a la civilización como se decía en el siglo XIX, además son extranjeros y encima son setentistas”.

Diana atribuye estos sentidos actuales al accionar de los medios masivos de comunicación, que en su mayoría en sintonía con el gobierno nacional, direccionan y construyen una mirada dicotómica, una “vuelta a la teoría de los dos demonios”, entre quienes reclaman por Santiago Maldonado que son tildados de “K” y “previenen al ‘ciudadano honesto’ de que detrás del reclamo por el territorio puede estar la violencia de los setenta, cuando en realidad la violencia de los 70 está bajando por parte del Estado” ya que sostiene que “estamos asistiendo a la creación de discursos que justifican la violencia por parte de cualquier fuerza militarizada contra las personas que protestan en plaza de mayo, contra cualquier persona que quiera reclamar algo”.

Continua su argumento: “Sin embargo, parece que en algún lugar de lo discursivo termina siendo eficaz un argumento que es tan ridículo. Existe ese deseo de que el otro desaparezca. Y esa generación del deseo de que el otro desaparezca porque es distinto y nos esta haciendo daño, es lo que justifica el genocidio, es la primera acción para poder posibilitar ese genocidio. Por eso se habla de la instancia de realización simbólica de genocidio en el sentido que perduran las condiciones, que son estas condiciones discursivas, cuando el otro está convertido en el chivo emisario, y también las condiciones materiales, que tienen que ver con la reducción del otro en estado de pobreza, que lo hace mas vulnerable”.

Este es un proceso que viene de antaño, no sólo en la Patagonia con las campañas al desierto del siglo XIX, sino mucho más cercanas, en el norte argentino con la masacre de los Pilagá en 1947, el caso de Agustín Santillán que sigue preso por la causa Wichí, Facundo Jones Huala también preso, Félix Díaz, referente Qom, entre otros representantes indígenas que nos recuerda Diana en sus reflexiones, sosteniendo que “toda la política indígena está judicializada (…)Todos han pasado por la cárcel en algún momento o han tenido procesos judiciales con amenazas concretas de ir a la cárcel, y además están todos judicializados, en el sentido de que la mayoría de ellos tienen que presentarse en la comisaría cada quince días para firmar, para demostrar que no se fue del país”.

Desde este tipo de acoso judicial que es utilizado por el Estado para controlar y dificultar la vida de las comunidades indígenas, hasta la otra cara de la moneda, que es “la falta de acceso a la justicia, cuando ellos son víctimas de hechos que quieren denunciar.” De esta manera, Diana reflexiona que resulta “muy evidente la desigualdad, la justicia no es ciega ni es pareja, y esto es parte de que esta cuestión de la construcción del otro como algo que tiene que ser destruido, tiene un efecto concreto.”

Dicho esto en un contexto en el cual se prorrogó el tratamiento de la Ley N° 26.160 que contempla la emergencia de la propiedad de las tierras ancestrales indígenas, prorrogada por considerar que el tema está muy “politizado”. Por consiguiente, pareciera aún más evidente que las comunidades indígenas se encuentran relegadas bajo un paradigma discursivo oficial que las representa como “un grupo que no puede ser tolerado porque ese grupo altera la paz social, nos impide desarrollarnos, nos impide tener dominio del territorio, nos impide tener un país moderno, impiden el cambio y por lo tanto deben ser borrados del mapa”, reflexiona Diana.