Aborto no punible: “garantizar derechos no configura un delito”

En el año 2015, una médica residente del hospital de El Maitén garantizó el derecho a acceder a un aborto no punible a una joven de 17 años. Por razones que aún no están esclarecidas, pero que en las audiencias se pudo demostrar que no tienen relación con la interrupción legal de su embarazo, falleció una semana después. Desde el 31 de julio se está llevando adelante en Esquel un juicio contra la residente y al respecto dialogamos con Andrea, activista de Socorro Rosa de la Comarca Andina, en el Enredando las Mañanas de este jueves.

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Andrea nos contó que “hay un número muy grande de organizaciones y de compañeras y compañeros acompañando a la médica”. Recordó que el primer día del juicio se extendió por la recusación al juez Oscar Colabelli, que finalmente no tuvo lugar, y que después fue la presentación de los amicus curiae. “Por la defensa se presentaron como amicus curiae las organizaciones Amnistía Internacional, el CELS, ELA, CLADES, Feim y la Red de Profesionales por el derecho a decidir, mientras que por el lado de la querella hubo también dos amicus de las Asociaciones Nutrir de Tucumán y Más Vida, ambas pro-vida”, relató.

“Los días posteriores fueron los testimonios de testigas y testigos llamados a declarar, primero por la defensa y después por la querella, pasaron profesionales de la Salud de los hospitales de Maitén y de Esquel y, por último, los últimos días fueron los testimonios de los peritos y las peritas de la causa”, detalló la socorrista. “Tanto en los testimonios de testigos de la querella y de la defensa y los peritos y peritas, a lo largo de lo que fuimos escuchando, hay muy claras muestras de que no hay posibilidad ni de prueba médica ni de prueba legal para acusar a la médica”, y aseguró: “no hay nexo causal entre aborto y práctica médica”.

Andrea también remarcó que “una cosa muy contundente son los resultados de la autopsia, que dan que el útero, las trompas de Falopio y los ovarios están en buen estado” y que “la anatomía patológica que se hace después del legrado, que es la práctica que se hace después de un aborto incompleto, lo que se retira de ese legrado da flora normal” y aseguró que “lo que se trató de demostrar en todo momento en el juicio es que ese certificado de defunción que dice shock séptico refractario no tiene fundamento”.

“Todos los estudios que se presentaron y los testimonios presentados y las entrevistas realizadas a profesionales, demuestran que no hay posibilidad de establecer ese nexo causal médicamente hablando”, señaló la socorrista. “Desde el punto de vista legal-continuó-, también pudo probarse día tras día cómo tanto la médica como la institución general siguieron los pasos correspondientes de las normas vigentes, el protocolo para la interrupción legal del embarazo en personas gestantes”.

La mujer explicó que “la acusación sale de la familia y nosotras compartimos que esa familia necesita justicia respecto de lo que pasó”, pero “también entendemos que, por cómo está siendo planteado el juicio, esa justicia no va a llegar de ese modo porque la fiscalía y el Ministerio Fiscal Público debieran haber requerido en su momento una profundización de la investigación médica que diera cuenta de los verdaderos causales. Hoy eso ya no se va a poder comprobar”.

“Creemos que, si bien este pedido de justicia es legítimo por parte de la familia, las organizaciones y asociaciones pro-vida que tienen que ver con la derecha organizada en este país están por supuesto atrás de esto y aprovechando esta situación” dijo y detalló que “durante todo el juicio estuvieron presentes ahí, asesorando al abogado querellante y están haciendo una operación de comunicación sobre todo en Esquel muy virulenta, sobre todo a nivel imagen”. Aseguró que “están muy interesados en este juicio porque sería como la posibilidad de probar que los abortos legales también causan muertes; hay una clara intención de volver hacia atrás un derecho tan caro para las mujeres en este país que es la interrupción legal del embarazo” y remarcó: “nosotras por supuesto vamos por todo, no solo en algunas causales, que recordemos que están desde el año 1921 en el Código Penal de nuestro país, recordemos que fueron refrendadas para su interpretación en el fallo FAL en el 2012, así que están muy claras y fueron las que encuadraron esta interrupción del embarazo y eso quedó bien claro en los testimonios del juicio”. Sobre esto, la socorrista subrayó también que “estuvo presente como testiga de la defensa una especialista, Mariana Romero del CEDES; ella elaboró los protocolos del 2007 y del 2010 y revisó el del 2015 y asesoró en la guía de interrupción del embarazo para la Organización Mundial de la Salud”.

“Nosotras creemos que este juicio es muy importante porque es un juicio aleccionador y restrictivo”, señaló. “Como socorristas desde el 2012 que estamos activando, hemos hecho un trabajo muy estrecho con médicos y médicas comprometidos con la salud de las mujeres, que conformaron hace un par de años la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, un espacio muy importante que hay que cuidar y con el cual estamos codo a codo” y enfatizó en que “garantizar derechos no configura un delito, sino todo lo contrario, no cumplir con las leyes vigentes en este país sí lo es”.

Andrea finalizó asegurando que están “esperanzadas” y resaltó la importancia de “esclarecer sobre esto porque realmente los medios hegemónicos están imposibilitando que la información llegue como tiene que llegar a todos los lugares del país”.