25 Años: Democracia o mercado

“El objetivo del golpe fue recuperar la autoridad del capital”. Entrevista realizada por Contrapuntos al historiador santafesiono Leonidas Ceruti.

Primera parte

 

            “El 24 de marzo de 1976, representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio”, subraya el historiador Leonidas Ceruti.

         Leonidas nació en Providencia (Santa Fe) y es un profuso narrador de las luchas obreras. “El 1º de mayo es el día de los explotados, de los trabajadores”, afirma en su libro “El 1º de mayo en Rosario 1890-2000”.

         Con Leonidas repasamos qué fue (y sigue siendo) el Proceso de Reorganización Nacional. Es indispensable mirar hacia atrás para desbrozar el camino rumbo a una verdadera democracia. Es indispensable comprender que el capitalismo siempre precisará gobiernos “autoritarios”. Aunque votemos cada dos años: los gerentes que elegimos representan “la autoridad del capital”.

         Leonidas Ceruti aporta a la reflexión con sus largas respuestas.

         ¿Democracia con niños sin pan ni escuelas? El discurso oficial pretende engañarnos y confundirnos.

Habrá que desbrozar nuestro lenguaje para que el amo opresor aparezca desnudo y tal como es. Habrá que matarlo –si es necesario- y parir la democracia.

 

· Contrapuntos: ¿Cómo definir e interpretar la última dictadura cívico militar desde una perspectiva de lucha de clases? ¿Fue una reacción burguesa?

·  Leonidas Ceruti: El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción, y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.

Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumo la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.

Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fuera destruir y paralizar toda esa organización que se venia gestando.

La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.

Los militares genocidas, vinieron a poner disciplina, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que se habían roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales, e implementaron mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos, explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.

El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue  desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera,  desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.

El golpe militar constituyó el momento culminante de un largo proceso histórico, en que militarismo y golpismo se conjugaron periódicamente, para negar todo tipo de democracia. Nunca como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.

Es ejemplificadora la proclama del 24 de marzo de 1976 por la cual  Fuerzas Armadas anunciaron que habían derrocado el gobierno de María Estela Martínez de Perón y asumido el poder, afirmando: “…Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder,(…) a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, (…) las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido el poder y desarrollaran, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente determinadas, por medio del orden, del trabajo, la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la organización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegara a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional.

“A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, a la par que se continuará combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, y se desterrará toda demagogia, no se tolerara la corrupción ni la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier trasgresión a la ley u oposición al proceso de reparación que se inicia.

“Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud, para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios la plena recuperación nacional".

Firmaban: Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Massera, Brigadier General Orlando Ramón Agosti. 

El segundo objetivo del golpe militar fue imponer el proyecto económico encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, que fue elaborado como un programa de modernización del aparato productivo y de “racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.

Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976, representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas, periodistas independientes, contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período.

Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos – entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, la suspensión de la actividad gremial -asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la ley  de Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica -en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación – a pesar que el 95% de los trabajadores ratificaron  a sus anteriores sindicatos -, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar. A esto, se sumo la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la Ley de Contratos de Trabajo, que anulaba normas en materia de derechos.

Toda esa legislación se combino con la represión, ocupando militarmente las fábricas en conflicto, reprimiendo especialmente a distintos gremios industriales y de servicio, a sus delegados y miembros de comisiones internas. Los sindicalistas, delegados, militantes fabriles y abogados laborales fueron víctimas de la violencia aplicada desde el poder militar. Sin embargo, existía la necesidad de brindar una imagen de “paz interior”. Por tal motivo, ese proceso de disciplinamiento represivo se realizo en forma abierta o encubierta, ocultando la identidad de las víctimas, hechos que se materializaron en la figura del “desaparecido”. Las características de los procedimientos y padecimientos a los que eran sometidos los detenidos en los “centros clandestinos”, fueron conocidos por las declaraciones de sobrevivientes y posteriormente por el relato de los mismos autores “arrepentidos”.

Este cuadro sobre los Desaparecidos por profesión con datos de la CONADEP, nos ejemplifica sobre los sostenemos:

DESAPARECIDOS POR PROFESION   

OBREROS 30,2 %

EMPLEADOS 17,9 %

DOCENTES 5,7,%

ESTUDIANTES 21 %

PROFESIONALES 10,7 %

AUTONOMOS 5 %

AMAS DE CASA 3,8 %

CONSCRIPTOS 2,5 %

PERIODISTAS 1,6 %

ACTORES, ARTISTAS 1,3 %

RELIGIOSOS 0,3 %

En síntesis, sumando los porcentajes de los desaparecidos de obreros, empleados y docentes alcanza el 53, 8 %, lo que significa que la fuerza de la represión cayó sobre los trabajadores.          

La Junta Militar, designo como Ministro de Trabajo al General Liendo, que luego de ordenar una batería de medidas contra la clase obrera, participo activamente en las reformas a la Ley de Contratos de Trabajo, por la cual se dejaba sin vigencia una serie de normas que hacían a los derechos individuales. Entre sus primeras actividades estuvo definir la política del gobierno hacia el movimiento obrero en su mensaje del 1º de mayo de 1976. En el mismo, con todo cinismo fijo las pautas de la política laboral, al afirmar que “la intervención militar no se hizo en contra de un determinado sector social, partido político o sistema económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad, facilitar en suma, el desarrollo pleno de nuestra potencialidad. (…) “referido a las disposiciones legales que encuadran la actividad y estructura gremial, su revisión no tiene en modo alguno como objetivo lesionar el principio protector incito en el derecho laboral, ni cercenar ningún derecho inalienable del trabajador. Su finalidad es la de corregir excesos, vicios, instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo”.

Posteriormente defendió las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la reglamentación del derecho de huelga, que se hallaba suspendido, la Ley de Asociaciones Profesionales y la intervención de la CGT. Finalmente dejó en claro cual era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para logra el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos”. 

Todos los primeros de mayo, las FF.AA dieron a conocer distintos mensajes con una serie de medidas, y en 1977, el Comando del II Cuerpo de Ejercito con asiento en Rosario, emitió un comunicado del arma, en el cual puntualizo que “La suspensión temporaria de algunas actividad gremiales (…) tuvo como finalidad corregir factores distorsionantes de la vida nacional, teniendo en cuenta que serán paulatinamente restablecidas en cuanto se logre se reordenamiento y reencauzamiento y se ubiquen por encima de lo coyuntural (..) El ejército defiende la necesidad de un orden mínimo imprescindible para la convivencia y el progreso de la Nación, ordenamiento, cuyos límites han sido fijados teniendo en cuenta las especiales circunstancias que vive el país. Esos limites son lo suficientemente flexibles para evitar que una excesiva rigidez los convierta en un esquema estático fácilmente superable por una realidad en permanente cambio” Para luego aclarar que se lo hacía “para evitar que su trasgresión desate la puja de intereses sectoriales y se convierta en un impedimento para la consolidación de unidad nacional. El Ejercito Argentino sabe perfectamente que el sector sindical tiene espíritu y vocación nacional y que a pesar de todos los intentos realizados desde distintos puntos del espectro ideológico para infiltrarlo no ha sido contaminado ni por el marxismo ni por ninguna otra doctrina extranjerizante opuesta al sentir nacional”.

Hacía 1979, el Ministro Reston, en el tradicional mensaje a los trabajadores, hizo referencia al paro de actividades que hacía pocos días se había realizado, afirmando que “el gobierno y el pueblo están dispuestos a consolidar los objetivos alcanzados por encima de intereses mezquinos, sectoriales o individuales, cuya acción perjudica al conjunto de la Nación”. Dejando un observación para los sindicalistas, que “debían asumir sus responsabilidades, cumpliendo con sus deberes y derechos”, finalizando con una nueva advertencia “En esta dura prueba que la Nación debió afrontar, hemos ganado la paz y la seguridad. No debemos olvidar que nuestros enemigos aunque derrotados, están presentes y se manifiestan de diversa manera. Contra ellos debemos estar prevenidos y no dejar de mirar el rumbo…ya que el Proceso de Reorganización Nacional aún no concluido su misión y la gran labor de todos ha sido que impere un orden social y para lograrlo el gobierno tiene comprometida toda su voluntad y energía”.

En síntesis, los genocidas del 76 hicieron hincapié en los objetivos económicos del proceso, la necesidad de sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, las tareas de ordenar y recuperar a la Nación, a la vez que se destacaba que se buscaba el punto de equilibrios entre el desarrollo de sus riquezas potenciales, y la armonización de su crecimiento económico y social, como también corregir los excesos, vicios, e instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos sindicales y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo, “combatir y aniquilar la actividad de la subversión en el ámbito fabril, ya esta lo que pretende es la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional”. 

Seria un error creer que el golpe de Estado fue resistido por toda la sociedad. Fue aceptado por la mayoría de las fuerzas políticas, la Iglesia, y con alivio por el sector más poderoso del empresariado.

Los empresarios estaban atemorizados por la violencia dentro de sus fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión.

Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe. Incluso el diario considerado más progresista en la época, “La Opinión”, publicó notas favorables al golpe, antes y después del 24 de marzo.

Afirmamos anteriormente que el objetivo del golpe fue recuperar la autoridad del capital, ponerlo a éste en condiciones de hacer lo que más le conviniera en la crisis, restaurar el orden en las fábricas, respaldándose con la violencia organizada y que tenía un norte bien claro: recuperar las fuerzas políticas pérdidas, recuperando la autoridad del Estado como monopolio de la violencia, para poder utilizarlo en la aplicación de un plan económico en defensa del capital contra los intereses de los trabajadores.

Muchos años después,  el 16 de marzo de 1998 comparecieron ante el Juzgado del Juez Garzón en España en carácter de miembros de la Comisión Directiva de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA): D. Víctor Norberto de Gennaro, Doña Maria Olinda Maffei, D. Víctor Inocencio Mendivil. D. Alberto Oscar Morlachetti, D. Alberto José Piccinini y D. Juan Carlos Caamaño, para denunciar la represión que padecieron los trabajadores argentinos, en el juicio que se llevaba adelante contar un conjunto de represores.

Sus declaraciones constan en el tomo 51 de la pieza principal del Sumario a partir de los folios 13.796 y la documentación que acompañaron y que se reseña en el Acta de su declaración en los tomos 95 a 98 y 105 a 107 de la pieza separada de documentación.

Dieron cuenta de los testimonios recuperados y la documentación que demuestra la existencia de un número aproximado de 10000 trabajadores desaparecidos en los siguientes sectores de la industria y los servicios: Telefónicos, Trabajadores de la Luz y Fuerza, Trabajadores de Correos, Trabajadores del Estado, Visitadores Médicos, Trabajadores del Azúcar, Ceramistas, Empleados Públicos, Vitivinícolas, Obreros de la Carne, Metalúrgicos, Empleados de Comercio, Taxistas, Viajantes de Comercio, Empleados Municipales, Trabajadores de la Construcción, Navales, Aeronáuticos, Ferroviarios, Trabajadores de la Alimentación, Gráficos, Empleados de Seguros, Marítimos, Plásticos, Químicos, Papeleros, Trabajadores del Cuero, Fileteros, Petroleros, Periodistas y Trabajadores de Prensa, etc.

Destacaron en su declaración que “el aniquilamiento de las organizaciones populares adquiere una centralidad desconocida extendiendo su aplicación al conjunto de la comunidad. En este esquema la noción de lo subversivo involucra a toda forma de organización, resistencia o disidencia frente a los objetivos del proceso militar. Se convierte en práctica habitual la supresión de dirigentes gremiales y miembros de comisiones internas o de simples trabajadores cuya práctica sindical supone automáticamente enfrentarse con el Estado represor”.

Marcaron la complicidad de los directivos de muchas empresas con la represión ejercida contra los trabajadores. Indicaron en este sentido que muchos activistas sindicales fueron secuestrados debido a que eran señalados por aquéllos ante quienes ejercían la represión y que en muchos casos fueron utilizados locales de las empresas para la detención y tortura.

Resaltaron principalmente que las investigaciones realizadas acreditan que el 67% del total de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores.

En ese sentido, Víctor Mendibil, de la Asociación Judicial Bonaerense, integrante de la Comisión por la Memoria y Secretario Gremial de la CTA, en el II Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva, realizado en la ciudad de La Plata durante agosto de 2001, señalo claramente “Valoro el debate y los temas que se desarrollan. No comparto la visión mayoritariamente. Cuando se analiza la primera etapa, se visualiza el enfrentamiento armado y no se visualiza la lucha con las organizaciones sindicales, delegados y todos los obreros que participan de las actividades militantes, en las organizaciones armadas que sufrieron las consecuencias antes de 1976 por la Triple A y posteriores a esa etapa. Les diría que, según nuestros estudios, el 70% de los 30.000 desaparecidos son integrantes de comisiones internas u obreros que solamente tenían su comportamiento como parte de una organización sindical que planteaba una distribución de la riqueza más justa a partir de la lucha sindical”.

Luego al comentar la base jurídica y sustento para la presentación ante el Juez Garzón afirmo que “Nosotros decíamos que en la Argentina hubo un plan concertado por los grandes grupos económicos y las FFAA para implementar el terrorismo de Estado y el genocidio, con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora para obtener una más alta tasa de ganancia y la concentración económica  (…) Hay 8300 casos de delegados sindicales, militantes obreros, de la clase trabajadora, que fueron masacrados, desaparecidos para disciplinar precisamente. Ese es el grupo nacional central en que se basó la represión para que después se instalara un terror determinado que permite que hoy el modelo económico se esté desarrollando y que haya una planificación de la muerte a través de la continuidad de una misma política económica, basadas en el exterminio, basada en el terrorismo de Estado, en la desaparición de casi 9000 delegados sindicales que pretendían generar condiciones más dignas de trabajo y de distribución de la riqueza”.

 

Parte final

 

            “El 24 de marzo de 1976, representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio”, subraya el historiador Leonidas Ceruti.

            Leonidas nació en Providencia (Santa Fe) y es un profuso narrador de las luchas obreras. “El 1º de mayo es el día de los explotados, de los trabajadores”, afirma en su libro “El 1º de mayo en Rosario 1890-2000”.

            Con Leonidas repasamos qué fue (y sigue siendo) el Proceso de Reorganización Nacional. Es indispensable mirar hacia atrás para desbrozar el camino rumbo a una verdadera democracia. Es indispensable comprender que el capitalismo siempre precisará gobiernos “autoritarios”. Aunque votemos cada dos años: los gerentes que elegimos representan “la autoridad del capital”.

            Leonidas Ceruti aporta a la reflexión con sus largas respuestas.

            ¿Democracia con niños sin pan ni escuelas? El discurso oficial pretende engañarnos y confundirnos.

Habrá que desbrozar nuestro lenguaje para que el amo opresor aparezca desnudo y tal como es. Habrá que matarlo –si es necesario- y parir la democracia.

 

·        Contrapuntos: ¿Cuáles son las principales consecuencias sociales que nos dejó el Proceso de Reorganización Nacional?

·        Leonidas Ceruti: Las secuelas dejadas por la dictadura, para el país y especialmente para el movimiento obrero fueron catastróficas. Pero en el análisis deseo incluir no solo las consecuencias de la dictadura sino lo sucedido en estos 25 años de democracia, en los planos económicos, sociales y políticos.

Los mismos puede sintetizarse en:

*Cambios en la estructura económica como proceso de reconversión y ajuste ininterrumpido. Concentración del poder económico vía mecanismos de apropiación financiera, progresiva perdida de capacidad de intervención estatal en la economía, modernización selectiva en torno a las industrias exportadoras y destrucción de las fracciones débiles del capital centrado en el mercado interno por caída de la demanda y por estrangulamiento financiero.

*Menor capacidad de autonomía del Estado en relación directa con el poder  financiero internacional y la reconversión industrial que se adapto a esa realidad y se oriento casi exclusivamente hacía la industria alimentaría, automotriz, petróleo, papel, telecomunicaciones, servicios públicos. La estrategia de “los capitanes de la industria”, desde Pérez Companc hasta Techint, paso por sumarse a los cambios que se producían, y su capital excedente ocupo todos los espacios que dejo la retirada del Estado, porque la privatización ofreció una oportunidad al capital en crisis. El Estado fue un remate completo, que no tuvo parangón con otros países que vivieron el mismo proceso o sea una adaptación al ajuste del capitalismo mundial.  

*Homogeneización de las clases dominantes

*Fraccionamiento y aislamiento de los sectores populares, debilitamiento del mercado de trabajo

*La desindustrialización, trajo caída del salario y desempleo.

*A la desarticulación organizativa impuesta a los sindicatos por la dictadura, se le sumo la atomización del movimiento obrero, produciéndose el debilitamiento político del poder sindical.

*En el plano político, la democracia, se fue restringiendo cada vez mas, con una serie de beneficios a los violadores de los derechos humanos, desde el Punto Final, Obediencia Debida y culminando con el Indulto para los comandantes genocidas dictado por Menem. Por otra parte fueron constantes los avances del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial, gobernando por decretos de “necesidad y urgencia”, bajo el pretexto de las “emergencias económicas”. El parlamento se fue desprestigiando paso a paso, donde los “diputruchos”, las prebendas, las “coimas” fueron moneda corriente.

*Corrupción en todos los estamentos políticos y de la sociedad.

Por otra parte, como ya hemos comentado el porque de los objetivos del golpe genocida de 1976, las consecuencias para la clase obrera y el resto de la sociedad. Pero conviene repasar lo sucedido, en los planos de las políticas económicas y sociales aplicadas, por eso los siguientes conceptos.

La dinámica adquirida por el movimiento obrero en los años precedentes al 76′, se vio truncada por el golpe militar. La excelente investigación de Pablo Pozzi, “Oposición obrera a la dictadura”, nos plantea que la clase obrera recurrió a nuevos métodos de lucha, tácticas,  planteos y objetivos, que fueron reformulados por la nueva situación. La represión de la dictadura hizo que el movimiento obrero elaborara “una serie de medidas que posibilitaran enfrentarla sin brindar blancos para el castigo”. El trabajo a reglamento, el trabajo a tristeza, el quite de colaboración y el sabotaje fueron algunas de las medidas que se fueron adoptando. Los primeros años 76-77 fueron cruciales en el avance de los métodos de lucha, mientras que el tiempo y la lucha permitieron ir tomando fuerzas. El aumento de la cantidad de conflictos y de medidas de fuerza, que se plasmaron en el año 79 con la primera toma de fabrica desde el golpe, las huelgas por tiempo indeterminado, las movilizaciones del Swiff y en San Miguel de Tucumán, fueron emergentes de ese avance cualitativo y cuantitativo. 

Pozzi afirma que “A partir del año 1979 se nota una aceleración en el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento obrero. El “paro sorpresivo” cuyas características son: corta duración, y niveles de organización muy altos que permiten conseguir desde la base una gran efectividad. Ante el paro sorpresivo, la fuerza represora se siente impotente, los conflictos no le dan tiempo para actuar. Cuando se enteran del hecho, ya no hay margen de acción porque‚ este ha concluido. Además, los trabajadores se mantienen en sus lugares de trabajo, lo que les permite obrar con rapidez y aprovechar al máximo el factor sorpresa.”.

Por otra parte, en los conflictos por despidos y cierres, las respuestas fueron distintas, con un enfoque opuesto al anterior. Es decir, “extender el conflicto a la calle, extenderlo a otras fabricas y lograr el apoyo de otros sectores sociales”. Fueron los ferroviarios, metalúrgicos y automotrices los que estuvieron al frente de la resistencia por la calidad de las medidas de fuerza.

La dictadura se vio forzada a reestructurar su táctica con la clase obrera. Durante 1978 y1979 si bien se mantuvo un nivel represivo sensiblemente alto, puso especial énfasis más en la construcción de un sindicalismo a fin a sus intereses. Pero hacia diciembre de 1981 con la asunción de Galtieri, era evidente que si bien la dictadura había logrado algunos “éxitos” parciales (obras sociales, debilitamiento organizativo), el régimen había logrado parcialmente a dar forma a un sindicalismo “apolítico”, colaboracionista, en todas sus líneas.

Es indudable que la dictadura modifico al movimiento obrero. Desde un punto organizativo, debemos remarcar el surgimiento de nuevas camadas de activistas y el desarrollo de conducciones paralelas a las cúpulas sindicales en el lugar de trabajo. La defensa que hicieron los trabajadores tanto del control sobre las condiciones de trabajo como de sus organizaciones gremiales fueron lo destacable del periodo. Las características que tomó la solidaridad obrera y la unidad de la clase frente a la patronal y la represión enfatizan lo expresado.

Las secuelas dejadas por la dictadura, para el país y especialmente para el movimiento obrero fueron catastróficas, posteriormente desde 1983 hasta la actualidad, se sucedieron distintas políticas económicas, sociales y políticas que nada hicieron para salir de las crisis que se sucedieron, que fueron convirtiendo a la sociedad en una verdadera barbarie por las miserias que se viven a diario.

A la desarticulación organizativa impuesta a los sindicatos por la dictadura, se le sumo la atomización del movimiento obrero, produciéndose el debilitamiento político del poder sindical.

Además, la feroz represión desatada en el país con el golpe del 24 de marzo, que no sólo se ensañó con los cuerpos de los torturados, perseguidos, exiliados y sospechosos sino que se prolongó en un sistemático plan de exterminio abarcando por lo tanto en su conjunto el campo de la cultura, con el objetivo de formar subjetividades individuales y colectivas para erradicar de las mismas los  valores de solidaridad, compromiso ciudadano y participativo desde donde emergen principios de fraternidad, igualdad, libertad y reivindicación de los diversos derechos sociales, civiles y políticos conquistados por la sociedad  inculcando en su lugar valores dominados por el individualismo, la competencia, el consumismo, el desinterés por el otro que llevan a posiciones de autoritarismo,  negación de las diferencias y ruptura de los lazos sociales..

Para transformar las culturas del trabajo, del compromiso social y político, de la solidaridad y la entrega que permanecían con plena vigencia durante las décadas de los años 60 y 70 en nuestro país se forjaron dispositivos culturales que fueron utilizados como instrumentos de dominación y domesticación para sostener un orden impuesto, utilizando no solo los medios masivos de comunicación sino recurriendo a múltiples y diversos dispositivos culturales de control creados para disciplinar a hombres, mujeres y niños y para cohesionar una sociedad  que fuera más pasiva y resignada, que acatara  la lógica  impuesta de los valores dominantes.

A la inhumana estrategia de desaparición de los cuerpos le siguieron estrategias intentando hacer desaparecer las construcciones culturales  utilizando o combinando acciones que buscaban implantar el terror y el disciplinamiento socio-cultural: desaparición de escritores, quema de libros, cierres de editoriales, persecuciones a docentes, silenciamiento de la ciudadanía, tratar de implantar la desconfianza y delación, manejo discrecional de los medios de prensa, censura de libros, películas, artistas, clausura de lugares de producción culturales en sus diversas formas, deformación histórica de manuales y libros de estudio y hasta prohibición de cuentos infantiles “que estimularan demasiado la imaginación”.

El 24 de marzo de 1976 es una fecha clave de la historia reciente de nuestro país, un punto de inflexión y fractura en el proceso histórico de la sociedad argentina.

A más de treinta años del golpe de Estado que inauguró una de las épocas más sombrías y trágicas de nuestra historia, los argentinos encontramos una nueva oportunidad para reflexionar acerca de lo ocurrido en aquellos años, pero también para pensar en nuestra democracia en el presente y en la que aspiramos a construir en el futuro.

Indagar en las diversas cuestiones relativas a la censura cultural durante la última dictadura militar en nuestro país implica reconocer el carácter formativo, y no de mera reproducción de la ideología dominante, que tiene la cultura dentro de un proceso social. En ese sentido, las producciones simbólicas como la literatura, el periodismo, o las intervenciones de los intelectuales (tanto de los que fueron claramente opositores como de los que colaboraron en el diseño de políticas culturales que legitimaron el orden político, social y económico impuesto por el gobierno militar) confirman aquel rasgo determinante propio de la cultura.

Desde esta perspectiva es posible preguntarse, entonces, cuáles fueron aquellas políticas diseñadas e implementadas, con relación a la producción intelectual y literaria, cuáles sus efectos en la circulación de las obras, qué cambios generaron en las formas de leer, cómo modificaron las relaciones entre integrantes del campo cultural durante aquellos años, qué respuestas promovieron y cuáles obtuvieron.

El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 implicó una ampliación y sistematización del accionar represivo de las fuerzas armadas y policiales que se había iniciado en años anteriores, así como un fortalecimiento de los mecanismos de control autoritario sobre la sociedad. La censura cultural, había comenzado a sistematizarse durante los gobiernos de Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanusse e Isabel Perón, principalmente, y se consolidó durante la última dictadura militar.

Si numerosos historiadores, sociólogos e intelectuales han analizado sus consecuencias sobre nuestra vida cotidiana, y sobre las prácticas culturales en general, son menos los que han examinado los mecanismos mediante los cuales el Estado dictatorial procuró ejercer su control sobre la cultura y en particular, sobre la literatura y el arte. En los últimos años, algunos investigadores se han ocupado de esta cuestión.

Queda mucho por explorar en torno al período más traumático de nuestra historia contemporánea y, en particular, acerca de las consecuencias concretas sobre la cultura que aún perduran. Puede mencionarse, por ejemplo, el quiebre nunca recuperado de la industria editorial argentina, debido entre otros factores, a la disminución de la lectura

Para un gobierno que concebía a cada individuo como un enemigo real o potencial en tanto no se ajustara a los valores conservadores, resultaba natural o al menos necesario que buscase no sólo reprimir los actos de carácter simbólico, sino también intervenir en la cultura imponiendo modelos autoritarios y unilaterales. Si revisamos con detenimiento las intervenciones de los funcionarios dictatoriales, o el discurso de los medios de comunicación, así como algunos acontecimientos significativos, veremos que junto con el ejercicio de la censura -mecanismo inmediato y directo de represión cultural-, las diversas juntas militares desplegaron acciones que constituyeron una verdadera política de producción cultural. Tuvieron como objetivo construir e imponer un proyecto basado en la afirmación de un modelo de país acorde con sus principios morales e ideológicos conservadores, autoritarios y antidemocráticos. Como puede comprobarse, desde las primeras horas del Golpe los funcionarios de facto consideraron que para hacer perdurar su sistema político, el poderío militar necesitaba un sustento ideológico.

Pensaban que sólo podrían conseguirlo desarrollando un sistema capaz de incidir sobre “la mente humana, el sistema interno de convicciones de cada hombre”. Así lo sostuvo el Ministro de Cultura y Educación nombrado hacia julio de 1978, Juan Llerena Amadeo: “Las ideologías se combaten con ideologías y nosotros tenemos la nuestra”.

Para alcanzar dicho objetivo, una primera etapa consistía, por un lado, en la expurgación de todo producto cultural o práctica, calificados como subversivos. Por el otro, la intervención de las instituciones culturales más a mano: la escuela, los colegios y universidades, y los medios de comunicación estatales.

Es probable que la etapa siguiente, de prevención y acaso de imposición de la ideología materialmente dominante nunca haya llegado a consolidarse. Esto puede deberse, entre otras razones, al final precipitado de esta dictadura por la Guerra de Malvinas y a las formas de resistencia desarrolladas por ciertos sectores de la sociedad civil. Ahora bien, no se trataba meramente de censurar sino de controlar desplegando una tarea de investigación sistemática y planificada sobre todo y sobre todos, utilizando las estructuras administrativas y políticas del Estado terrorista: un libro, un evento, un escritor, un artista, un intelectual eran sometidos a una investigación y a un análisis que se volcaban en registros o expedientes. Como sucedía en el caso de la represión política, el Ministerio del Interior era la central ideológico política de la que partía una amplia descentralización operativa. De un modo similar a lo que ocurría con los informes de inteligencia sobre el campo político y sindical, éstos servían luego a los funcionarios que tomaban decisiones políticas como la prohibición, la persecución o la muerte. Estudios recientes de archivos de inteligencia revelan que, aunque no todo se prohibía, todo se controlaba. Contrariamente a una creencia vigente hasta hoy, según la cual la censura o la quema de libros eran actos más bien irracionales realizados por militares sin conocimiento ni capacidad de evaluar las producciones culturales, los informes fueron realizados por personal calificado según un plan sistemático, político, de represión y producción cultural: se asignaron estas al alcance de la censura. Para la dictadura hubo escritores y editoriales, pero también palabras prohibidas.

Cada aniversario del golpe militar constituye un momento particular para la reflexión, el ejercicio de la memoria y el análisis histórico. La dictadura es recordada a través de innumerables manifestaciones: debates públicos, actos oficiales, ceremonias, movilizaciones. En el acto de ejercicio de la memoria, los distintos actores sociales privilegian miradas que contienen distintas interpretaciones. Los integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos y grupos de izquierda mantienen vivo el recuerdo de la resistencia a la dictadura y de los crímenes llevados a cabo por los represores. Insisten, por otro lado, en la necesidad de que se haga justicia y en que se castigue a los responsables por los actos del terrorismo del Estado.

 

·        Contrapuntos: En los ´90 la CGT fue cómplice del neoliberalismo y actualmente la CTA posee una posición ambigua. ¿Por qué crees que es difícil construir una alternativa política desde los intereses de los trabajadores?

·        Leonidas Ceruti: Primeramente quisiera plantear y dejar sentada mi posición de que una alternativa política y social de los trabajadores debe ser gestada por los trabajadores mismos, y no por otros en su nombre.

            Creo que debemos dejar de lado el llamado “sustitucionismo”, o sea todos aquellos que hacen, hablan y deciden en nombre de los trabajadores.

Por eso reivindicamos a la Democracia Obrera o Directa, que es uno de los métodos de lucha más creativos de los trabajadores. Los principios en que se basa ese tipo de democracia: es que los mismos DELIBERAN, DECIDEN Y EJECUTAN ellos mismos, en contraposición con la democracia de los representantes donde los electores de los representantes, no deliberan ni deciden sino es a través de sus representantes.

Desde las primeras reuniones, luego en las asambleas, pasando por las deliberaciones de los delegados de secciones, de encuentros interfabriles hasta el surgimiento de las asambleas populares, su práctica en distintas instancias de la vida obrera fue una de sus armas más poderosas.

Es una concepción de democracia que no consiste sólo en la decisión cada tantos años. Insistimos que la esencia es que deliberación y decisión se correlacionan con la ejecución, de quienes la practican. Su principio fundamental es que el poder descansa totalmente en manos de quienes la practican, y permitirá una democratización de toda la sociedad.

Y el otro gran aporte es el principio de Delegación y el poder ser Revocado su mandato y poder ser Reemplazado en cualquier momento, ante el no cumplimiento de las decisiones de quienes le dieron el mandato

 Esta forma de democracia surgió en la lucha, en el conflicto, en los lugares de trabajo, en las secciones productivas. Todo empezó con la elección de delegados para plantear sus problemas a partir de la producción, luego se fue extendiendo de una fábrica tras otra, lo que significo una reconquista del lugar de trabajo como centro de reunión, de discusión de las problemáticas de los trabajadores. Posteriormente, las asambleas pasaron de los salones de los sindicatos y se hicieron en el interior de la fábrica, donde antes tenían prohibido el ingreso los representantes sindicales, y se conquisto el derecho a cierto número de horas de reunión.

La asamblea como forma de organización y su instauración no fue debida a la iniciativa de ningún partido ni grupo político, sino que fue obra de los trabajadores durante el desarrollo de los acontecimientos que protagonizaban.

No surgieron con las formas ya definidas que tomaron cuando el movimiento alcanzó su apogeo, sino que fue el resultado de la transformación de los distintos organismos de combate creados en el curso de la lucha. Se producía un proceso muy original. Las masas obreras que la creaban, parecían pasar de una forma de organización a otra, modificándola cada vez, eliminando unos elementos, introduciendo otros, ora simplificando, ora perfeccionando la organización. En algunos lugares, surgieron como un desarrollo natural de los Comités de Huelga. En otros, por el desarrollo de los mismos comités de fábricas y talleres. Dichos comités, que en un principio no perseguían otra misión que dirigir el movimiento huelguístico, se transformaban paulatinamente, bajo el impulso de los conflictos, en organismos representativos de toda la clase obrera. En un principio se trataba únicamente de un sistema de representantes de fábricas, delegados por sus compañeros para tratar con los patronos, recaudar dinero para los huelguistas, etc.

Sea como sea, el hecho es que la clase obrera creó una organización completamente original que se distinguía de todas las demás anteriores, tanto por el hecho de que fue iniciativa suya exclusivamente, como por los procedimientos empleados para su creación y los fines para que fueran constituidos. Esas asambleas fueron creadas por las clases explotadas; se constituyeron no de acuerdo con la ley, sino por la actividad directa de los trabajadores, y se transformaron en instrumentos de lucha

Lo que no ofrece la menor duda es que al crearlos, dieron a los explotados y al pueblo una nueva forma de organización. Fueron en realidad, organismos netamente transformadores, inconcebibles en una época de desarrollo pacífico.

Esa práctica de democracia directa se dio desde los orígenes del movimiento obrero en el ámbito mundial. Se la vio practicar en los primeros sindicatos, luego en los actos, en las manifestaciones, en los conflictos, las huelgas, los piquetes, las tomas de fábricas, los alzamientos populares.

En nuestro país, el ejercicio de ese tipo de democracia se dio en distintos periodos:

*.-En los comienzos del movimiento obrero en Argentina 

*.-Se desarrollo en los gremios y en los conflictos de las décadas del 20 y del 30

*.-Durante el primer y segundo gobierno de Perón, en las crecientes y poderosas Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados

*.-En la resistencia en las fábricas a las medidas antiobreras de los golpistas del 55, durante el enfrentamiento al Plan Conintes y en el Plan de Lucha de la CGT del 63

*.-En los alzamientos populares del 69, en el marco de la CGT de los Argentinos, en los sindicatos combativos y clasistas de los 60 y 70, durante las marchas y asambleas del Rodrigazo del 75

*.-En los Cortes de Ruta, en cada piquete y en cada conflicto que se han planteado desde los años 90.

            Por otra parte, en lo que hace a los partidos políticos y grupos de izquierda, creo que es otra cosa distinta a lo planteado hasta aquí. Primero, quiero dejar sentado que todos ellos tienen derecho a su existencia, como expresiones políticas de distintos sectores de militantes. Segundo, pienso que todos debemos con nuestra militancia aportar a la transformación revolucionaria de la sociedad. Tercero, debe primar una voluntad de unidad de los que luchan, los revolucionarios, y tratar de superar las diferencias en el debate político y en la acción. No debemos ver a los compañeros de otros grupos como los “enemigos a vencer”. A quienes hay que vencer son las clases dominantes y sus sistemas de explotación, injusticia y barbarie.

            En esa línea de pensamiento, el principal problema que todos debemos  superar es el “sectarismo” que existe en el campo popular.

Y sumemos la crisis del movimiento revolucionario a nivel mundial desde hace varias décadas, al ponerse en cuestión y debate temas como: el tipo de partido, las vías de la revolución, los cuestionamientos al capitalismo y su superación por una sociedad sin explotadores ni explotados, los debates entre reforma o revolución, la participación en las “democracias vigiladas” o restringidas, luchar por cambios en el capitalismo o luchar por el socialismo, tener posiciones reformistas frente a esta sociedad o adoptar posiciones antisistema, el papel o el rol de los revolucionarios

            El esfuerzo debe estar dado por lograr la unidad de los revolucionarios a pesar de las diferencias y debates

            Hoy como en los años 60 y 70 el ejemplo pasa por las Comisiones Directivas de algunos sindicatos que están integrados por compañeros/as de distinto origen, experiencias, todos unidos por un gremio con compañeros accionando por los intereses de todos los trabajadores. Desde los ejemplos de los 70 como lo sucedido en el SOEPU de los petroquímicos de PASA en San Lorenzo, el Luz y Fuerza de Tosco, hasta lo que realizan hoy los compañeros docentes de AMSAFE Rosario, docentes de Entre Ríos, Neuquén, los delegados del subte en Capital Federal, los compañeros de Zanon, etc.

Andrés Sarlengo

Contrapuntos

13 de diciembre de 2008