A 10 años: La represión estatal

Durante el último bloque de la transmisión estuvieron presentes Ayelén de H.I.J.O.S zona oeste y Gabriela de Capoma. Hablaron sobre la realización de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y específicamente sobre la situación en Jujuy.

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Ayelén afirmó que después de 36 años de iniciada la dictadura los juicios se realizan en cuenta gotas: “Celebramos la realización de los juicios, pero nadie nos regaló nada, no fue por un gobierno, fue gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos. A 36 años, no concebimos que estos juicios no se puedan hacer bajo la acusación de genocidio, ya que hubo un plan sistemático. De esta manera, no se juzgaría a un tipo por 3 o 4 casos, sino a toda la maquinaria del Estado. Además, si se puede comprobar la existencia de circuitos represivos, de centros clandestinos, se puede comprobar cuántos genocidas estuvieron implicados por lo que se los podría juzgar a todos juntos”.
En tanto, Gabriela de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez en defensa de los Derechos Humanos) aseguró que hace 36 años que la Argentina vive en impunidad. Particularmente, se refirió a la situación en Jujuy, en donde el 12 de julio comienza el primero por lesa humanidad en esa provincia: “En Jujuy, tenemos a un genocida como Pedro Blaquier que todavía no fue a declarar aludiendo que estaba enfermo cuando los peritajes dijeron lo contrario. En Jujuy hay apropiación de niños, Ledesma es un feudo provincial que fue cómplice civil e intelectual de la dictadura”, relató Gabriela.
“El ingenio sigue impune no solo como feudo sino también en la complicidad con la gendarmería, el poder judicial, en ese listado de espionaje que se descubrió hace poco, en el que se mencionan a compañeros de Capoma, H.I.J.O.S, Madres, Adolfo Pérez Esquivel, todo guardado en una oficina del ingenio Ledesma”, agregó.
Hasta el mes pasado quien estaba a cargo de “investigar” estos delitos era el juez Jorge Olivera Pastor. Su principal actividad fue cajonear durante años la causa. Gracias a la lucha popular fue reemplazado por el magistrado Fernando Poviña, quien en menos de un mes llamó a declarar a Blaquier, realizó el peritaje en su oficina en la que se encontró el listado con las personas que fueron espiadas y puso fecha para el inicio del juicio, para el que se unificaron varias causas.
Según explicó Gabriela durante la transmisión, el juez Poviña no es jujeño: “Tuvo que venir a Jujuy porque ningún magistrado de la provincia se hacía cargo, producto de la complicidad de la justicia”.
En relación al ejemplo de Darío y Maxi, Ayelén se refirió a los pequeños triunfos que se dieron en estos diez años, como el estar a un paso de cambiarle el nombre a la ex Estación Avellaneda por el de Estación Maxi y Darío, pero también mencionó a la cantidad de militantes sociales asesinados, a los casos de gatillo fácil, que ocurrieron durante esta década, todos crímenes de Estado: “Hay que seguir diciendo basta de impunidad y represión por parte del Estado”.