Soja, alimentos, dólares y elecciones: ¿Por qué seguimos sin debatir el extractivismo?

20 de septiembre. Cambios en el gabinete, tras una semana incendiaría en el Frente de Todxs. Sale Basterra, entra Julian Dominguez, entre otros cambios. 21 de septiembre. Julian Dominguez habla en la apertura de un seminario organizado por Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina) prometiendo como objetivo de su cartera alcanzar las 70 millones de toneladas de soja.

Para dimensionar un poco la promesa del flamante ministro, en los últimos años se cultivaron alrededor de 40 millones de toneladas del poroto. En otras palabras, el ministro ni siquiera propone una crítica del modelo de agricultura actual promovido por el agronegocio, sino que, al contrario, propone profundizarlo. En plena crisis climática, con debates a nivel mundial, la propuesta para el “campo” sigue siendo: más deforestación, más agrotóxicos, mayor tecnificación y menos trabajo, más expulsión de campesinxs y comunidades enteras, más contaminación de suelos, agua y aire. Puro extractivismo: con tal de producir más y más soja, se exporta naturaleza a cambio de dólares.

Pero mejor meter un freno, estamos yendo muy rápido. ¿A dónde queremos ir? Pensar el “campo” implica, en nuestro país, pensar la estructura económica y una dirección. El campo puede pensarse como un productor de alimentos -alimentos que podrían solucionar el hambre- pero también puede verse como un productor de commodities, es decir, con otros objetivos, mirando hacia afuera, empezando por la exportación para luego pensar en lo que pasa puertas adentro.

El ejemplo de lo que pasó con la carne y sus precios este año, no es más que el reflejo de esta discusión. Y la discusión no termina ahí, ya que ni estamos hablando de los elevados niveles de concentración y extranjerización de la tierra, del despojo a los pueblos originarios, de los miles de chacareros y familias rurales que dejaron sus campos por implementar un modelo inviable…pero vamos de a poco.

¿Qué es la Ley de Fomento a la Agroindustria?

Luego de las PASO, en medio de audios y cartas, el gobierno nacional decidió hacer varios cambios en su gabinete y uno fue en el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca. Reapareció en la escena política Julián Domínguez y una de las primeras medidas fue avanzar en el tratamiento de la Ley de Fomento a la Agroindustria, como parte de la estrategia económica-productiva del gobierno nacional. Esta ley fue redactada a partir de las demandas del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que reúne a más de 60 cámaras empresarias representando el modelo del agronegocio, que desde hace tiempo sostenía reuniones con el gobierno para su sanción. Pero ¿qué es la Ley de Fomento a la Agroindustria?

Algunos de los puntos importantes de la Ley de Fomento a la Agroindustria son: otorgamiento de un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, entre otras medidas. Además se establece que los productores ganaderos dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos. El gobierno anunció que la Ley tiene como objetivo generar divisas y nuevos puestos de trabajo.

Frente a este anuncio muchas organizaciones sociales se hicieron oír, denunciando que este tipo de medidas no hacen más que consolidar el agronegocio, modelo que concentra y centraliza a la economía y destruye a la naturaleza, profundizando un modelo extractivista. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) expresó, a través de twitter, que “esta ley plantea exenciones impositivas (en IVA y Ganancias), subsidios (en infraestructura e insumos) y regulaciones (como las legislaciones de semilla) favorables al sector que más concentra la riqueza en nuestro país, en un contexto de grave crisis por el crecimiento de la pobreza, el hambre y desigualdad”.

Desde la UTT las críticas apuntaron a que esta medida beneficia a las grandes corporaciones quedando por fuera las cooperativas y a lxs pequeñxs y medianxs productorxs. Además, surge nuevamente la pregunta en base a qué tipo de modelo se desarrolla. Las organizaciones sociales presionan para que el Estado desarrolle políticas públicas que garanticen un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina, basado principalmente en el cuidado del ambiente, alimentos sanos, seguros y soberanos, a partir del afianzamiento y escalonamiento de la agroecología. La UTT, por ejemplo, viene construyendo colonias agroecológicas donde cientos de productorxs ocupan tierras y producen alimentos de forma sana y a precios populares, siendo una fuente de trabajo para muchas familias y contribuyendo a la soberanía alimentaria a escala local.

La transición agroecológica sigue sin discutirse, y se toma a la agroindustria como el único camino para generar divisas pero ¿acaso no importa lo que comemos? ¿todxs lxs argentinxs tienen acceso a alimentos? ¿todxs lxs argentinxs eligen qué comer? A contramarcha de estas preguntas, en el 2020, Argentina se convirtió es el primer país en el mundo en aprobar el trigo transgénico, que contiene una alteración genética que resiste a las sequías pero también al agrotóxico glufosinato de amonio. Con la reciente aprobación en Brasil (noviembre 2021), el principal importador del trigo argentino, ya hay luz verde para su producción y comercialización. El científico Andrés Carrasco, uno de los más importantes luchadores contra el glifosato, denunció en su momento que el glufosinato de amonio es aún peor que este, pero parece que hay una ciencia que sí importa y otra que no.

¿Cuál es la ciencia que sí importa? Creemos que el propio Julian Dominguez nos acerca a esta respuesta. A fines de octubre de 2021, en su visita a la planta semillera Advata en la Provincia de Santa Fe, aprovechó la oportunidad para decirles a las autoridades de la asociación de semilleros argentinos que le pidan a Bayer “que vuelvan a la Argentina”. Esta empresa multinacional, conocida por sus medicamentos, se fusionó en el año 2015 con Monsanto, por lo que entró al mercado de la producción de semillas y agrotóxicos. Son de público conocimiento los miles de juicios que tiene dicha Bayer alrededor del mundo por los efectos cancerígenos del glifosato, su agrotóxico estrella. Pero tampoco parece importar.

Desconectar a la expansión y profundización del agronegocio de la crisis climática y de la destrucción de la naturaleza que conlleva la propia lógica de este modelo, es, como mínimo, una descalificación de las miles de luchas que se desarrollan contra este modelo, contra esta forma de pensar al “desarrollo”. Miles de pueblos son fumigados, las personas intoxicadas, suelos, animales, vegetación llenas de agrotóxicos. Estos efectos no se limitan a los ámbitos rurales, en primer lugar porque comemos lo que viene del “campo”, pero además, por ejemplo, Damian Marino, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, contó que encontraron muestras de glifosato en el agua de lluvia en el centro de la ciudad. Claramente, y por varias vías, las ciudades no están ajenas a estos modelos de desarrollo. Es urgente pensar otros modelos para la sostenibilidad de la vida.

¿Cómo producir y para quién?

Parecen dos preguntas sencillas, pero son un punto de partida. Si pensamos que el modelo sojero, el modelo del agronegocio, es un problema estructural, la idea consiste en atacar su inercia, que apunta a más y más concentración de la tierra en los grandes jugadores, cada vez más aplicaciones de agrotóxicos, que eliminan toda la vida y también cada vez más aplicaciones de fertilizantes, justamente, por una degradación constante del suelo.

Por eso es tan importante preguntarnos cómo producir y para quién. La producción actual está fuertemente orientada a la exportación y se concentra principalmente en 3 cultivos: soja, maíz y trigo. Estos cultivos y sus derivados, implicaron para el 1º semestre del 2021, según el INDEC, el 49,3% del total de las exportaciones del país (33,6% complejo sojero; 10,6% complejo maicero y 5,1% complejo triguero). De allí su relevancia en la estructura económica y en la posibilidad de conseguir dólares, pero a la vez es la demostración de que no producimos para alimentar a un pueblo con 40% de pobreza, sino principalmente para alimentar a cerdos en China.

Este modelo es totalmente insostenible en el tiempo. No es sustentable ambiental, económica, ni socialmente. En la dimensión ambiental se ve que el envenenamiento y la destrucción de la biodiversidad tiene un límite, que una vez sobrepasado dejaría solo tierra muerta. Por el lado económico, cada vez menos productorxs pueden mantenerse dentro del tren del agronegocio, debiendo abandonar la producción, alquilar y/o vender sus campos a los grandes pooles de siembra. Desde lo social, las fumigaciones sobre escuelas o comunidades enteras y la producción de alimentos llenos de agrotóxicos, reducen al mínimo cualquier defensa de este modelo.

Empezar a pensar y transitar alternativas no implica dejar de exportar, desestimando la necesidad de dólares para la industria del país (que implica sostener miles de fuentes de trabajo), y entendiendo también que no se puede cambiar un modelo instalado de un día para el otro. Pero muy distinto es accionar para seguir profundizando, tapándonos los ojos ante todas las consecuencias negativas.

Si el agronegocio se orienta principalmente hacia el sector externo, ¿de dónde salen los alimentos que consumimos? Principalmente, y esta cuestión se replica a nivel mundial, la mayoría de los alimentos provienen de la agricultura familiar campesina e indígena, que es a su vez la más amenazada por el avance del agronegocio. Un sector que ha venido creciendo cada vez más en niveles de organización y articulación de luchas, resistiendo y construyendo alternativas al agronegocio.

Por esta razón, durante el 2019, organizaciones populares de la agricultura familiar campesina e indígena de la Argentina, se reunieron en el Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular. Dentro de sus 10 lineamientos señalaron a la agroecología como la alternativa productiva a construir y seguir profundizando en todo el país; con semillas protegidas de las corporaciones y apoyo estatal.

La agroecología implica una forma de producir alimentos de forma sustentable, respetando los tiempos de la naturaleza, reduciendo la dependencia de insumos externos y costosas tecnologías. A través de ella, se recuperan saberes locales y ancestrales, apostando a la biodiversidad y al trabajo como fuentes de energía y no como cuestiones a destruir/homogeneizar (todo lo contrario a hacer monocultivos) y eliminar (el agronegocio postula como meta una agricultura sin agricultores). Miles de experiencias agroecológicas, a gran, mediana y pequeña escala, se están construyendo día a día en nuestro país mostrando que otras formas de pensar al “campo”, son posibles.

Muchas de las organizaciones que impulsan y sostienen estas experiencias, son las mismas que vienen exigiendo mediante jornadas y movilizaciones al gobierno nacional la urgente necesidad de sancionar la Ley de Acceso a la Tierra. Una ley que permita que pequeñxs productorxs accedan a la tierra y una vivienda digna mediante un ProCreAr Rural, con la garantía de que esas tierras se destinaran a la producción de alimentos.

Según la UTT, en Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Producir alimentos sanos y saludables, a precios populares, ¿no supondría avanzar en la reducción de la pobreza, o al menos lo más urgente, el hambre? De acuerdo a estimaciones de la propia organización, con préstamos por un valor de total de 110 millones de dólares, que equivaldrían a un tercio de lo que le prestó el Banco Nación a Vicentin, 2000 familias accederían a una hectárea de tierra cada una, con el potencial de producir alimentos para un millón de personas.

Esta ley no es la única demanda de las organizaciones. En 2014, se sancionó la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (27.118), que sigue sin reglamentarse tras 7 años. También se encuentra la Ley de humedales, cajoneada por los intereses del agronegocio y del sector inmobiliario sobre estos ecosistemas. La ley de etiquetado frontal de alimentos sí es un avance concreto sobre la información que tenemos como consumidorxs al momento de comprar, pero lejos queda de promover otro tipo de forma de producción.

Durante estos últimos meses de elecciones para cargos legislativos se discutieron miles de temas, pero el extractivismo, la crisis ecológica y climática, y la necesidad de avanzar hacia otra forma de producir, sigue siendo tapado por el resto de las discusiones. La deuda externa, el acuerdo (o no) con el FMI, los dólares necesarios, la desigualdad, la pobreza son todos temas con directa relación con la estructura económica que divide a ganadores y perdedores. Más extractivismo es destrucción de la naturaleza y mayor desigualdad social, y sabemos que los dólares que se obtienen así tienen como destino saldar la deuda externa…¿no será momento de priorizar primero los alimentos y luego todo lo demás?

Esta nota fue escrita y primeramente publicada en Otro Viento Medio