Productores del sector Timusí piden ayuda al gobierno para control de agroquímicos

Varias comunidades campesinas de la ciudad de La Paz (Bolivia) denunciaron el martes la falta de control por parte del Servicio Nacional de Sanidad agropecuaria e Inocuidad alimentaria (SENASAG).

Explican que existe un abandono total del Estado respecto de los controles a los vendedores de agroquímicos en la ciudad de El Alto y que esto causa el abuso por parte de los comerciantes quienes con el afán de vender están produciendo ellos mismos “químicos truchos” que en la mayoría de los casos no sirven para el fin que fueron comprados, lo cual generaría la perdida de las frutas o verduras donde sean usados y que también por este motivo están existiendo intoxicaciones de algunos usuarios.

Una productora del sector Timusí denuncio que ante la falta de control por parte del estado muchos de estos comerciantes aumentaron el costo de los agroquímicos y semillas, lo que generaría un aumento en los alimentos al momento de las próximas ventas. Piden al gobierno que no solo les exija producción, sino que también se involucre con estas cuestiones esenciales para la ciudadanía.

Otra preocupación es que existen casos de intoxicación por parte de los campesinos que al no tener una orientación de los funcionarios o de los vendedores se terminan intoxicando en sus comunidades por no tener bien especificada la dosificación de estos productos químicos sean los originales o “truchos”. Por estas razones piden apoyo técnico para que se pueda trabajar y cultivar en mejores condiciones, una dirigente campesina que no quiso dar su nombre por miedo explica que “al no manejar la dosificación además que varias personas han sufrido intoxicaciones, esto después llegara a la población, antes había un control de SENAC y ahora nada y esto que nos venden no son productos aprobados, sino productos piratas”.

La dirigente cuenta que ellos trataran de mantener los precios de los productos agrícolas, pero que “los precios han aumentado de todos los abonos o pesticidas, pero que no existe una garantía por parte de los vendedores sobre la calidad de estos productos”. Muchos de los ciudadanos y periodistas que legitimaron el golpe de estado en noviembre pasado en los tiempos de Evo Morales eran acérrimos defensores del Medio Ambiente, pero es llamativo hoy ver el silencio en sus redes sociales respecto de la política concreta que está siguiendo este gobierno con el sector campesino (las muertes en las masacres eran en parte campesinos) y respecto de los cultivos transgénicos.

A fines de noviembre de 2019 ya estando en el poder Jeanine Añez la Gobernación del departamento de Beni promulgo la Ley de Plan de Uso de Suelos de Beni, lo que habilita la siembra de cultivos transgénicos. Esta aprobación se hizo sin presencia del sector indígena, y cuenta con varios cuestionamientos, entre ellos que atenta contra las reservas naturales del departamento, priorizando las áreas agropecuarias, en ese momento el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Oscar Saavedra, quien estuvo en el acto, cuestionó que el 42% de las tierras del departamento estarán destinadas para los trabajos agropecuarios, es decir aproximadamente nueve mil millones de hectáreas estarán disponibles para el agronegocio.

En Bolivia se estigmatiza y discrimina al campesino por considerarlo “sonso, ignorante o bruto”, quizás porque estas prácticas son aceptadas o incluso satirizadas desde los medios de comunicación urbanos, pero no se tiene en cuenta que el 80% de la población de este país es de origen campesino o tienen aún familiares cercanos en el campo y que gran parte de la movilidad económica de la ciudad se produce por el trabajo de los productores campesinos que traen a cada departamento su mercadería, lo que hace que millones de pequeños comerciantes se abastezcan y revendan, porque aquí no existen en masividad los supermercados, sino millones de pequeños vendedores en mercados o en las calles.