Córdoba: detenciones a defensores ambientales y ataque a Radio Panamericana

El pasado 23 de agosto, tres defensores ambientales fueron detenidos cuando se retiraban pacíficamente de una manifestación que busca frenar el avance de la obra de la Autovía de Punilla que implicará la destrucción del monte nativo y de sitios arqueológicos ancestrales. Uno de los detenidos fue el comunicador,  Juan Yacobs quien se encontraba registrando  para la radio  Panamericana, de Huerta Grande. Días después la emisora recibió ataques a su instalación. Tres días antes del 23, 4 activistas habían sido detenidos también en defensa del Río Yuspe.  La represión, detenciones y judicialización al derecho a la protesta en defensa del ambiente no cesa en el valle , más allá de que la jueza de Control y Faltas, Celeste Ferreyra, dió lugar a un habeas corpus en favor de los activistas de Punilla, Parachavasca y Sierras Chicas,  ante el accionar violento de las fuerzas policiales. Este 31 de agosto, nuevamente 6 personas fueron detenidas en Santa María de Punilla cuando se encontraban manifestándose en defensa de un sitio arqueólogico. En el Enredando las Mañanas dialogamos con el periodista  Juan Yacobs. Por Red Nacional de Medios Alternativos. 

La radio terminó con vidrios rotos por unos piedrazos anónimos. Supimos que fuiste a hacer la denuncia y que la policía te dijo que no había efectivos porque estaban todos en el río Yuspe y atrás de la Autovía de Punilla. También sufriste una detención ilegal e imputación por defender el ambiente. Queremos saber el panorama y la lectura que están haciendo de los hechos.

Lo que viene pasando y estamos viendo es que la fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, en el marco de la construcción de la Autovía están corridas de su función institucional, que es custodiar la calle, cuidar al vecino. En esta locura de la autovía que viene con millones de dólares a ser una obra innecesaria, están forzando a las instituciones del Estado, a la Justicia, a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad a llevar adelante acciones que no corresponden a su labor. Esto es lo que pasó el martes pasado con las detenciones. El marco de irregularidad con el que se mueve la fuerza policial, que pudimos ver. Y esto tuvo su correlato en el ataque a radio Panamericana. El martes pasado nosotros estábamos en el Yuspe, que es una reserva natural, en Cosquín, es un santuario para innumerable cantidad de especies únicas de fauna y flora, un santuario patrimonial además en términos culturales para la gente que habita el lugar, para los pueblos originarios. Frente a la ilegalidad del avance de una obra absolutamente irregular, la manifestación pública fue ir a exigir documentación al trabajo de las maquinarias, antes de que destruyan el patrimonio. Ahí hay sitios patrimoniales arqueológicos de comunidades indígenas de la edad de piedra que datan de más de 10 mil años. Y hay denuncias hechas ante escribanos públicos para que esto se contemple ante el avance de las máquinas.

Fuimos con las denuncias, nos presentamos ante los ingenieros, operarios, les pedíamos información, que iban a destruir los sitios arqueológicos, qué quién se iba a hacer cargo, quién iba a responder por eso. Y en ese ida y vuelta, que es lo que viene pasando los últimos días,  automáticamente llaman a fiscalía. Pedimos que la misma se presente, que muestre una orden ,que si nos iban a desalojar lo hicieran con una orden judicial. En ese juego estábamos el martes pasado cuando se acabó el diálogo y los papeles. Bajaron 50 policías, más de 12 móviles policiales, totalmente sacados, sin identificación. Nos empezaron a violentar, le preguntábamos por  la orden,  nos decían no hay orden, no hay nada. La Constitución, el derecho a la protesta, nada. Nos empezaron a manotear sin respetar diferencia de género, gente mayor, menor. Una brutalidad total. Ahí caemos detenidos. Yo en mi lugar, estaba haciendo cobertura para la radio. Obviamente tengo una posición tomada sobre este tema pero uno está trabajando. Pero no se respetaba nada, ni el derecho al trabajo, a la  protesta, a la información, ni al debido proceso, ni garantías. Así están actuando porque evidentemente esta gente está muy nerviosa porque las comunidades se están organizando cada vez más. Están dilapidando su capital político, porque lo que están haciendo es inviable, inaceptable y a pesar del cerco mediático, a pesar del cerco político por al abroquelamiento de los partidos, en la sociedad empieza a hacer mella la indignación, por algo que es innecesario, que cuesta una fortuna en millones de dólares, mientras hay comunidades que no tienen hospitales, que las escuelas se caen a pedazos.

Tomó mucha visibilidad las detenciones que nos perpetraron el martes. Nos llamaron y se solidarizaron desde todo el país. Al final están causando lo contrario a los que ellos quisieran, que es  invisibilizarnos, ningunearnos. Tratarnos de minoría extrema, como dice el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. 

Las detenciones nos pusieron de relieve a nivel nacional. A tal punto,  que hubo una marcha en Buenos Aires pidiendo por la libertad de los defensores ambientales. 

Me parece que la respuesta a eso es la impotencia, el nerviosismo y de esa manera atacaron la radio. El jueves llegamos y había un ventanal roto, no quisimos darle mayor trascendencia porque no sabíamos que podía ser, pero después al mediodía rompen otro ventanal y ya queda confirmado que es intencional y dentro de este marco. Más o menos, podemos sospechar de donde viene el ataque. Viene de ahí, del nerviosismo, impotencia de un sector del poder que a pesar de tener el dinero, las fuerzas, las armas, los medios de comunicación, no está logrando llevar adelante su cometido. 

 

La lectura que  hacen en la radio, entonces: ¿es que todo este ataque tiene una vinculación con el ejercicio que está haciendo radio Panamericana, transmitiendo en vivo lo que ocurre en el territorio y su posición tomada con respecto a la Autovía de Punilla? 

Totalmente, no nos cabe duda porque el ataque fue en esa semana que tomamos visibilidad nacional como medio y fue dos veces en un día, no fue una casualidad. Fue a la madrugada del jueves y se repitió en la mediodía del mismo día. Y el intendente de Huerta Grande, estuvo hablando contra nosotros en la prensa local diciendo que somos extremistas, minoría, nos mandó a trabajar. Es un correlato de ese discurso violento a nivel político, porque cuando trata de extremistas a los defensores ambientales, lo que está diciendo en definitiva es su propia posición extremista. La posición violenta del Estado frente a esto. Es entendible, razonable que el correlato sea este ataque violento. No sé si lo ordenó el indendente pero viene de ese lado.

Ustedes quedaron imputados luego de la detención, les han comunicado de una causa abierta, ¿cuál es la situación?

Nos imputaron por turbación de la posesión. Algo ilógico, porque no queríamos poseer el Río Yuspe, ni quedarnos con él. Estamos manifestándonos. Y resistencia a la autoridad, que no sé cómo la van a probar porque en ningún momento nos resistimos. Estabamos pidiendo que la autoridad se pronuncie, nos indiquen qué hacer. Y ellos actuaron de manera absolutamente violenta. Esas son las dos imputaciones y ya son más de 15 los imputados aca en Punilla.

Queríamos vincular además la resolución de la misma semana. Nos referimos al Habeas Corpus presentado por el conjunto de asambleas socioabientales de Córdoba hace como un mes y que  la justicia lo acepta ahora, luego de una sucesión de detenciones, amedrantamientos, imputaciones y un desalojo ilegal como fue el del acampe Molinari a las  4 de la mañana, con prácticas casi de terrorismo de Estado. ¿cómo ven este Habeas Corpus?

Primero hay que recordar que ese Habeas Corpus sale del producto de lo que fue la acción en  el Palacio de Justicia. Esto fue el 28 de julio.  Estuvieron los defensores ambientales hasta las 12 de la noche adentro del edificio. En una actitud de acción directa, muy dispuestos, porque nos están pegando, deteniendo en el territorio, persiguiendo. Entonces, que para eso nos peguen en la casa de los jueces. Y en ese marco, fue que la jueza Celeste Ferreyra se presenta personalmente en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia. Toma conocimiento del caso. Nos pedían que desalojemos la sala y se comprometió a trabajar en el Habeas Corpus. Hay que decir esto, no fue un regalo que nos hicieron, sino que tuvimos que llevar la presión al extremo, porque no todos los días la gente se anima a rebelarse en la sala de audiencias del Tribunal Superior. La jueza comenzó así a trabajar en esto. La evidencia era indisimulable, por las detenciones, el desalojo, los imputados y ya teníamos denuncias de los procedimientos irregulares de la policía de Córdoba. Por más que ella aducía falta de competencia, los elementos eran más que suficientes. Las denuncias por violencia institucional recayó en su juzgado y lo tuvo que asumir y resolver. 

El fallo sale la semana pasada, en un momento en que esto estaba tomando cada vez mayor trascendencia porque en los titulares de los diarios de Córdoba toda la semana se estaba hablando de las detenciones a defensores ambientales. Creo que es un fallo, y según los abogados, muy interesante. Tiene unos pasajes donde configura y considera la idea de defensor ambiental como un sujeto de derecho en la provincia. Menciona la necesidad de que se garatice el derecho a la protesta, la libre circulación, la integridad física, emocional de los manifestantes. Y exorta a la policía de Córdoba, al gobierno y a la jefa de la policía ( Liliana Zarate) a generar protocolo para garantizar el ejercicio de los derechos de los defensores ambientales. Ahora, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, salió a decir que lo van a apelar en primer lugar, y en segundo, dijo  que se mantiene la orden vigente de la fiscal de Cosquín (Paula Kelm) de que se ejecute la obra como sea. El habeas corpus no está dirigido al Ministerio Público Fiscal, porque dice que no tiene competencia. Asi que en los hechos concretos, no se si tiene un efecto concreto legal,  sí político y mediático. Es claro que el gobierno no lo va a respetar y va a seguir metiendo la policía en ese obrador de Molinari que es una verdadera factoría. Parece ya una verdadera planta de extractivismo y un cuartel policial con 12 móviles instalados ahí. Y eso lo van a mantener. Zona militarizada Molinari y nuestra zona liberada, porque cuando nos rompieron los vidrios, en la comisaría nos dijeron que todos los móviles estaban alla. Y cuando fuimos hacer la denuncia veíamos a los sumariantes armando la lista de los turnos en el obrador. Que hacía falta llevar comida en el obrador, etc. Efectivos que al final están trabajando para un empresa privada que ni siquiera se pagan sus adicionales. 

Para finalizar manifestamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos la solidaridad ante estos ataques. 

Desde ya muchas gracias. No nos tienen que desanimar  ni desmoralizar. Debemos redoblar el esfuerzo y a nivel nacional, decirles a la gente, que el extractivismo ya no se puede permitir. Así como damos esta pelea en Punilla, en cada territorio, sabemos que están avanzando y debemos hacer un gran frente nacional antiextractivista. Debemos parar toda esta locura.

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https://archive.org/details/20220829-elm-juan-yacobs