El capitalismo debería decir: ¡Gracias, señores delincuentes!

Tras la sorpresiva muerte -este viernes- del juez penal de Nechochea, Mario Juliano (64), pionero incansable de la abolición de las cárceles y titular de la Asociación de Pensamiento Penal publicamos una entrevista que le hiciera la APL, donde condensa parte de sus lúcidas propuestas para acabar con el punitivismo, la devastación humana, la difusión del terror, el disciplinamiento social y el negocio ensangrentado que comportan los muros, las rejas y el mismo sistema penal. Fue realizada en 2015 y mantiene, intacta, toda su vigengia. Propuso la liberación de gran parte de la población carcelaria cuando aún no existía el Covid-19. ¡Gracias por tanto y hasta siempre, querido maestro!

(Por Oscar Castelnovo y Rosario Fernández) De acuerdo a los estándares internacionales cada persona privada de libertad debe habitar, como mínimo, en un espacio de 7 metros cuadrados. Atendiendo a esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires solo habría capacidad para 20.000 presos. Sin embargo, hoy se hallan tras las rejas bonaerenses casi 34.000 hombres y mujeres hacinados en 54 penales, inmersos en un contexto de muertes, tormentos, violaciones y con asistencia perfecta a una escuela de resentimiento y superación en el delito. Así lo entendió el juez penalista de Necochea, Mario Juliano, quien presentó un proyecto de Conmutación de Penas para categorías específicas de detenidos al ex gobernador Daniel Scioli, único funcionario que puede tomar esta resolución según lo dispone la Constitución Provincial. La medida ya fue implementada por diversos países que evaluaron su estado de emergencia carcelaria y los efectos adversos para la seguridad y la economía de la sociedad.

El proyecto fue discutido e impulsado, en distintos ámbitos entre ellos la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por abogados, sociólogos, estudiantes y dirigentes sociales que se alarmaron con los informes del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, donde ,entre otros, actúa el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Así, éste juez penal considera que “cualquier sociedad necesita gestionar sus conflictos, pero lo que es evidente es que ni el sistema judicial ni la respuesta estatal del encierro han demostrado ser eficientes”. En el siguiente diálogo explica cómo y por qué pueden implementarse alternativas destinadas a salir “del sendero a un precipicio muy cercano”.

—¿Cómo describe la situación carcelaria que lo impulsó a esta presentación?

—En la provincia hemos agotado los calificativos para referir a las condiciones tras las rejas. Todos los días nos encontramos con hechos que nos sorprenden, como por ejemplo que falte alimentación para personas que tienen escasas posibilidades de atender una necesidad tan básica como comer. Las denuncias publicadas por el Comité contra la Tortura, las muertes y suicidios reales o fraguados, crecen de modo constante como los decesos por enfermedades evitables.

No podemos hablar de episodios aislados sino de hechos violentos que se repiten. La violencia no es solamente poner mano sobre un individuo y la tortura no es solo aquello que uno se representa simbólicamente con una persona atada y picaneada. Hoy avanzamos a un concepto más compatible con toda pena cruel, inhumana y degradante que es el común denominador en las cárceles.

Yo vivo muy cerca y por lo tanto tengo bastante contacto con la Unidad N° 15 de Batán, donde se registraron casos de internos que fueron mordidos por las ratas. De manera que reclamamos que se proporcione un trato digno a las personas, recordando que el estar preso solamente implica la restricción de la libertad ambulatoria y no el resto de los derechos.

—En el proyecto usted enumera situaciones específicas para descongestionar los penales en la provincia. ¿Cuáles fueron los fundamentos?

—Primero, debo decir que no es un mecanismo exótico que se nos ocurrió a nosotros. Es un modo de dar una respuesta rápida e inmediata al problema de la superpoblación carcelaria, conmutando las penas a categorías de condenados que no representarían un problema para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, intentamos descomprimir. En la propuesta nos referimos a individuos, algunos de los cuales ya están en alguna medida integrados en la sociedad, que se encuentran en fase de confianza egresando todos los días de los penales para estudiar, trabajar u otros motivos, que regresan a las cárceles solamente a pernoctar, ocupando de modo bastante irrazonable una plaza. Hemos pensado también en otros grupos como personas de más de 60 años, las madres alojadas con sus niños en los establecimientos, que es un ejemplo de la enorme trascendencia de la pena a personas inocentes de toda inocencia, como son los chicos que crecen tras las rejas.

—¿Quiénes más?

—Bueno, los condenados por los delitos tentados –aquellos que no han llegado a afectar concreta y efectivamente a terceras personas–, que no es extremadamente numerosa y no representan un peligro. También incluimos a los condenados a penas menores a tres años, porque se supone que deberían cumplir esas penas de corta duración fuera de la prisión, pero debido a la perversidad de algunos jueces hay quienes las cumplen encerrados sin necesidad. Otro segmento que nos parece importante es el de los penados por los delitos culposos, aquellos donde no ha existido voluntad de realizar un daño sino que éste fue producto de la negligencia. En fin, una serie de categorías… pero hago una acotación: esta propuesta que le hicimos a Scioli no era una cuestión automática, genérica e indiscriminada. Insistimos en que debe analizarse caso por caso.

—¿Tuvo alguna respuesta del ex gobernador o de su entorno?

—La respuesta vino de la mano del ministro de Justicia, Ricardo Casal, quien definió a nuestra propuesta como “absurda”, lo cual, por carácter transitivo, implicaría pensar que la puesta en práctica de una cláusula constitucional es absurda para el entonces Ministro de Justicia. Lamentamos la posición de Casal, porque lo que nosotros proporcionamos al gobierno provincial es una herramienta, una propuesta de trabajo que la podemos discutir, podemos estar equivocados en algún punto, en alguna medida, pero creemos que desechar lisa y llanamente un ofrecimiento que podría dar rápidamente una solución a este problema no nos parece lo más perspicaz.

—¿Qué países recurrieron a medidas como esta?

—Son numerosos. Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que no puede calificarse justamente dentro de los progresistas. En el año 2011 la Corte Federal en un conocido caso que se llama “Plata versus California” ordenó a ese estado que liberara 45.000 mil presos para descongestionar los establecimientos. En ese momento California tenía 180.000 detenidos. Este es un ejemplo absolutamente paradigmático que debe formar parte de una política pública que se precie de racional. Otros países: Chile en el año 2012 liberó a 6.000 detenidos por el mismo problema de sobrepoblación carcelaria. Y en 2013 lo hicieron Bolivia y Perú.

—Incluyó en su proyecto una cita del Papa Juan Pablo II. Él dijo que los problemas que crea la cárcel son superiores a los que pretende resolver…

—Sí, quisimos mostrar que esta no es una idea solamente de los sectores radicalizados o abolicionistas de la cárcel sino que, una persona tan insospechada de tales pensamientos como Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, interpeló a los gobernantes para que atendieran la situación y que liberaran personas en honor al jubileo. Y esa idea de que el encierro genera más dificultades de las que resuelve fue tomada por una diversidad de sectores. Entonces, no estamos tan fuera de foco.

—Usted es juez penal y al mismo tiempo se define como abolicionista de la cárcel y el sistema penal. ¿Cómo fue el tránsito desde la función judicial a estas convicciones?

—El tránsito se dio por el choque con la realidad. Creo que cualquier persona que tenga un mínimo de formación humanista, y aún sin ésta, comprende que estamos frente a un sistema fracasado: la cárcel no mejora a las personas, devasta su humanidad. Además, no tomo el trabajo de juez penal como una función ontológica. Yo trabajo de juez, que es una cuestión distinta. Y trato de honrarlo desde la posición más respetuosa de los derechos de las personas. Y sí, es un trabajo terrible juzgar a los demás, implica intrínsecamente un acto de omnipotencia. Bueno, estoy trabajando por lograr microabolicionismos. Esta es mi idea y hay algunos logros para exhibir y muchas metas aún por alcanzar en lo más inmediato.

—¿Por ejemplo?

—Mire, treinta años atrás hablar de la posibilidad de una mediación, conciliación o salida alternativa al conflicto penal era pensar en algo de otro mundo. Hoy, hablar de suspensión de juicio a prueba o probation implica que hemos avanzado en un camino abolicionista de la respuesta más grave y más drástica del sistema penal. Estoy muy involucrado en profundizar la herramienta de la mediación. Donde yo vivo, el treinta por ciento de los conflictos judiciales se resuelven por mediación. Es decir, se prescinde del sistema judicial en general y del sistema penal en particular para resolver conflictos. Así, la persona acusada evita tener que transitar por estos laberintos que la Justicia le propone. A través de estas herramientas se pueden obtener respuestas mucho más constructivas.

—Usted ha dicho que los jueces y los abogados generaron una brecha irreconciliable con la sociedad por sus actos, su lenguaje, su vestimenta, sus hábitos, etcétera. ¿Qué ejercicio cotidiano realiza para achicar esa brecha?

—Le doy mucho valor a lo gestual. Yo me presento frente a los justiciables tal cual soy, sin ningún tipo de aditamento. Intento mantener mi legitimidad en base a lo que pienso y no a las apariencias. No soy el dueño de la verdad. Fundamentalmente tengo asumido una responsabilidad social que la canalizo a través de la Asociación de Pensamiento Penal en la que participo mostrándome propenso al debate allí donde se presente, respondiendo a todos los requerimientos que se me formulen.

Toda vez que puedo asisto a donde sea a debatir en un diálogo franco y respetuoso, donde seguramente podemos rever posiciones. No me instalo en ningún Olimpo. Al dar una resolución, fundamentalmente la sentencia, hemos abandonado la lectura farragosa que muchas veces ni nosotros mismos entendemos lo que quisimos decir. Nos limitamos a dar una explicación sencilla y corta de por qué resolvimos lo que resolvimos. Pequeñas y grandes cosas que pueden contribuir a achicar la brecha.

—Si tuviera que decir tres cosas elementales a quienes claman por más cárceles para que reflexionen sobre el encierro ¿qué les diría?

—Lo primero, que hay que tomar conciencia de que ninguna persona está exenta de caer en una prisión, y que la prisión es un lugar del cual jamás se sale. Ni aún aquellos que van por unas pocas horas. Una vez que se ha entrado, ya nunca más se pueden quitar sus marcas. Sobre esto habría que reflexionar, ya no por el prójimo sino por nosotros mismos, por nuestros hijos y nuestros familiares. Lo segundo: que los ciudadanos vean cuál es el costo social y económico para nuestros países y los resultados que estamos obteniendo. En términos de inversión: ¿es productiva? Se debe analizar esto y pensar de qué manera con esta equivocada inversión estamos restando recursos a otras áreas que podrían mejorar nuestra calidad de vida en términos generales y particularmente en el tema que nos ocupa. Y tercero: que me acompañaran un día a una cárcel.

—¿Qué responsabilidad le asigna al ordenamiento económico mundial respecto del encierro en prisiones como principal respuesta de los Estados al conflicto social?

—Sin duda la raíz del problema está en la sociedad capitalista en la que vivimos. Existen múltiples factores, pero detrás del delito hay montada una industria muy redituable que necesita ser retroalimentada para mantener su tasa de ganancia. Esto lo dijo el criminólogo noruego Nils Christie hace veinte años en su texto La industria del control del delito y hoy tiene mayor vigencia aún. Toda la economía que se mueve tras la cárcel es monumental. Se trata de un negocio donde se despliegan fabulosos intereses, hay lobbies que están fogoneando y generando muros y rejas para los sectores más vulnerables. Incluso, crecen las cárceles privadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Así, creo que en algún momento el capitalismo debería rendir un legítimo homenaje a los delincuentes que le hacen ganar muchísimo dinero y sostienen todo este negocio doloroso para nosotros. Pero el capitalismo debería decir: ¡Gracias, señores delincuentes!

&RECUADRO&

UNA HERRAMIENTA CLAVE

—¿Qué sucede en la mediación que usted propone con la persona que agredió? ¿De qué modo puede reparar el daño causado?

-Hay que dejar en claro que el mecanismo de la mediación es voluntario. No está obligado ni el acusado ni el afectado a someterse a ella. Segunda cuestión: requiere un abordaje con especialistas interdisciplinarios, personas entrenadas para arrimar soluciones, para proponer vías distintas, no pensando al delito desde lo simbólico como una agresión al Estado, sino pensándolo como un conflicto intersubjetivo, entre dos personas de carne y hueso que pueden admitir esas vías de exploración. Personalmente creo que todos los conflictos admiten esa posibilidad. Se trata de encontrar otro tipo de soluciones que no sean una sentencia y la cárcel.

El ejemplo más directo es la reparación económica, material. Por supuesto que la clientela del sistema penal en general no está en condiciones de responder económicamente. Esto podría generar ciertos desequilibrios y desigualdades, donde sería una herramienta para aquellas personas que cuentan con recursos económicos y se verían quizás excluidas las que no cuentan con ellos. Hay estados que tienen fondos específicos para este tema. Y existen muchas formas en las que la víctima podría verse satisfecha, por ejemplo, trabajos para la comunidad, para alguna entidad con la cual el afectado se encuentre particularmente vinculado. Se me ocurre la Cruz Roja, un jardín de infantes, un centro de salud con el cual la víctima tenga un particular interés y se pudiera llegar a una reparación en este sentido. Hace un tiempo vi algo que sucedió no sé si en Irak o en Irán. Estaban llevando a un señor a la horca y, pocos metros antes, vino la madre de la víctima, le pegó una bofetada al agresor y pidió que no lo ejecutaran y no lo hicieron. Me parece que las víctimas, genéricamente hablando –es una categoría un poco dificultosa–, pueden encontrar una resignificación de su conflicto en el encuentro con el agresor. La posibilidad de verse cara a cara con la persona que lo agredió permitiría a quienes sufren la experiencia de graves trastornos, encontrar explicaciones que nosotros en el sistema judicial no se las podemos dar. Es muy factible que en ese encuentro aparezcan nuevos horizontes para dar satisfacción a los interrogantes, de esa maneta, permitir a los damnificados seguir viviendo de otro modo.