¿Nunca más a la Deuda?

Fumata. Humo blanco desde el Ministerio de Economía. El horario: 3:01 a.m. de la madrugada del 4 de agosto. A esa hora, vía Twitter, el Ministerio avisó haber logrado arribar a un acuerdo con tres de los principales grupos de acreedores, los cuales podían bloquear cualquier tipo de acuerdo por sus tenencias. La analogía papal no es casual, dado que Alberto Fernandez nombró al papa como uno de los principales apoyos para lograr el acuerdo, que legalmente deberá cerrarse a principios de septiembre, ya habiéndose anunciado el 31 de agosto por la tarde que los bonistas aceptaron mayoritariamente el canje propuesto por el gobierno.

Los festejos arrancaron ya el mismo 4 de agosto. Hubo en ese momento festejos tanto dentro del oficialismo (con aplausos incluidos para Guzmán por parte del resto del gabinete nacional) como por parte de algunos sujetos de la oposición (con Luis Caputo, ex-ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, principalmente célebre por emitir un bono de deuda a 100 años). Una de las promesas de campaña de Alberto Fernandez fue cumplida, pero, ¿qué implica este acuerdo para el pueblo? ¿Qué deuda se negoció? ¿Es el fin de la deuda eterna o la llave de apertura para acceder a dólares con más deuda?

En primer lugar, en este acuerdo se negoció un quinto (⅕) del total de la deuda de Argentina (alrededor de 66 mil millones de dólares), toda la que se encuentra bajo legislación extranjera, exceptuando al FMI y otros préstamos menores. En otra nota explicamos que el arreglo con los fondos buitres por parte de Macri fue el puntapié inicial para un proceso acelerado de toma de deuda pública con el objetivo de obtener dólares para financiar la famosa “bicicleta financiera” y sostener la fuga de capitales. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó un informe confirmando, con números, conclusiones como la precedente. Por su parte, Horacio Verbitsky en una nota para El Cohete a la Luna, señaló a los protagonistas de esta fuga de capitales (entre quienes están empresas como Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía, Aceitera General Deheza, Fiat, Telefónica, por solo nombrar algunas) aunque, lamentablemente, el gobierno no decidió tomar acciones contra estos actores dado que estos contaban la estructura legal dispuesta por el macrismo para realizar este tipo de operaciones (no así para explicar el origen de los fondos). 

¿Qué tiene que ver todo esto con el acuerdo de deuda? En primer lugar, el arreglo evita discutir la legitimidad de la deuda, cuando esta podría encuadrarse dentro de la categoría de deuda odiosa, en línea con las propuestas de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e Investigación de la deuda. Para ser declarada odiosa, una deuda debe cumplir con dos requisitos: que esta haya sido tomada en perjuicio del pueblo (o en contra de beneficios para el pueblo) y que los acreedores hayan prestado a sabiendas de la difícil, por no decir imposible, devolución de la misma, siendo cómplices de la estafa. Aunque muchxs agregan una tercera condición y es que la deuda haya sido tomada por un gobierno de facto. A pesar de esta posibilidad, Argentina siempre reconoció la deuda externa, problema que se sigue arrastrando desde el 76, a pesar del fallo Olmos (en honor al periodista Alejandro Olmos que impulsó el juicio) donde se comprobaron 477 delitos cometidos por la dictadura y realizados a favor de los grandes grupos económicos durante ese primer ciclo de endeudamiento externo y bicicleta financiera.

Sobre el acuerdo en sí mismo, si la reducción de los pagos de amortización y principalmente de intereses, y su nuevo cronograma de pagos, si es “bueno” o es “malo”, es más una cuestión de quién lo mire; lo importante es lo que está detrás, o sea, qué es lo que se prioriza para cumplir este acuerdo (en los próximos años) y qué no. Es innegable la reducción de pagos (lease, salida de dólares por deuda) para los próximos años, lo que le dará la posibilidad a este gobierno y al próximo cierta flexibilidad en el manejo de la política económica. Hablar del “ahorro” que hizo el gobierno, haciendo la diferencia entre lo que habría que haber pagado y lo que se va a pagar tras el acuerdo es un tanto relativo, dado que es sabido de antemano que no contábamos (y por ende la necesidad de renegociar) con los recursos necesarios para afrontar esos futuros pagos. 

Este nuevo cronograma de pagos no incluye la deuda con el FMI, que llegó a prestarle a la Argentina unos 44 mil millones de dólares, a devolver rápidamente. Alberto Fernandez ya confirmó que el programa que había firmado Macri está caído y habrá que negociar un nuevo acuerdo con el Fondo para resolver esa otra deuda. Esta renegociación está próxima a iniciarse y habrá que prestar atención a las condiciones que proponga el organismo, más allá de que pretende recuperar cada dólar prestado. La forma y tiempo que adopten estos pagos presionarán sobre la sostenibilidad de la deuda, de la que tanto se viene hablando.  

En términos generales, la sostenibilidad (o no) de la deuda es un cálculo efectuado sobre variables futuras, un dato que surge de proyectar los ingresos de dólares que va a tener el país menos los egresos de dólares que tendrá. En lo anterior suponemos que la deuda en pesos siempre es pagable, dado que es el mismo gobierno quien tiene la potestad de imprimir pesos, no así dólares. Y tanto la cantidad de dólares que tiene la Argentina, como las reservas internacionales que tiene el BCRA, siempre son variables claves para analizar la economía argentina. ¿Y esto por qué? Argentina, históricamente, tiene una estructura económica dual donde exporta commodities (la soja es la principal) y depende de importar bienes (insumos industriales, maquinarias, entre otras cosas) para sostener su actividad industrial, y, por lo tanto, todo el empleo asociado a la industria. De quedarse la economía sin dólares, eventualmente las industrias no podrían trabajar, aumentaría el desempleo y tampoco podríamos importar, por dar un ejemplo, celulares. 

¿Y de qué depende tener dólares? Para responder a esta pregunta primero explicaremos que es el superavit (o deficit) comercial. El superávit o déficit comercial es el resultado de la suma de todos los dólares (y otras monedas extranjeras) cobrados por exportaciones menos todos los dólares destinados a importaciones. Por ejemplo, según datos del Indec, en los primeros seis meses del 2020, Argentina exportó bienes por 27 mil millones de dólares e importó bienes por 19 mil millones de dólares, dando como resultado un superávit de 8 mil millones de dólares. Si hay superávit comercial habrá dólares que pasan a incrementar las reservas del BCRA y pueden destinarse para las personas compren dólares para ahorrar o gastar en un viaje en el extranjero, para que las empresas transfieran sus ganancias al exterior y también para pagar deuda, entre otros usos. Pero ¿qué pasa si hay déficit comercial? Los dólares faltantes deberán cubrirse de algún lado, primero para intentar cerrar la brecha comercial, y las opciones para cubrirlo son recibir una “lluvia de inversiones” como la que había prometido Macri (pero que nunca llegó), que vengan una multitud de turistas a visitar el país o tomar deuda extranjera de forma de cubrir tal necesidad de dólares. A la vez, esto último convive con las otras salidas de dólares que nombramos antes. 

Ya dijimos que es la sostenibilidad de la deuda es un cálculo sobre variables futuras. La gran pregunta es qué es lo que vamos a hacer para recibir en el futuro (más) dólares que los que deban salir. Sin cambios estructurales, y entiendo a estos como cambios en la estructura impositiva, en la estructura laboral, en la matriz productiva, en la concentración-extranjerización y tenencia de la tierra, en el desarrollo científico-tecnológico, en la discusión de la ganancia empresaria, entre otros, la opción más sencilla (lamentablemente) es la apuesta por más extractivismo. Varias acciones del gobierno nos muestran que esta es una de la direcciones: reuniones con el flamante Consejo Agroindustrial (donde el agronegocio ocupa un lugar preponderante) y donde se habla de la explotación de la Vaca Viva (haciendo una analogía con Vaca Muerta, otra de las apuestas para explotar y exportar), la instalación de fábricas de cerdos para garantizar el alimento para China, la promoción de la “minería sustentable”, el litio del norte, entre otras opciones. Nuevamente, con muchas de estas intenciones-decisiones, se menosprecian los costos socio-ambientales, que son parte de la deuda nunca resuelta con el pueblo. 

Otra opción, que convive con la anterior, es suponer el rollover de los pagos de capital de la deuda, e ir refinanciando los vencimientos a intereses cada vez menores. El rollover significa que cada vez que se cancelaría la deuda, esta se renovará, y lo que podría estimar el gobierno es que esa nueva deuda tenga un interés menor al anterior. De esta manera, los servicios que se pagarían de deuda cada vez pesarían menos en el presupuesto, pero seguir esta dinámica implicaría siempre estar atado a la dinámica de la deuda. Una verdadera deuda eterna. 

Si volvemos a la primera opción, que por lo pronto pareciera que es a la que apuesta el gobierno, lo primero que pensamos es que seguir haciendo un paralelismo tan directo entre desarrollo y aumento de exportaciones es reduccionista. ¿Por qué? Aquí la cuestión es quién se beneficia con las exportaciones, quién se apropia de ese valor. En otras palabras, si con las exportaciones se benefician solo un par de empresas, como sucede con la soja y resto del complejo agroexportador, donde 10 empresas concentran el 90% de las exportaciones y más de la mitad de ellas son extranjeras, por más dólares que se consigan de esta forma, tarde o temprano estas empresas multinacionales (e incluso las nacionales, como ilustra el caso Vicentin), intentarán enviar (fugar) sus ganancias al extranjero. Gustavo Burachik, en su nota en el Cohete a la Luna, plantea que el mayor déficit de divisas para la región nuestramericana viene por ese lado y no tanto por el déficit comercial. 

¿Por qué en vez de pensar en exportar más para saldar la deuda financiera no empezamos por resolver la deuda social y luego discutimos la deuda financiera? Por dar un ejemplo de la vasta deuda social para con nuestro pueblo, tenemos el (triste, inaceptable) ejemplo del hambre. Las organizaciones populares campesinas vienen luchando desde sus territorios con una propuesta que podría solucionar el hambre en Argentina: la agroecología. Esta implica un total cambio de paradigma, una real propuesta de desarrollo: producir alimentos, no commodities, policultivos y basta de monocultivos, una agricultura que respeta la naturaleza y no utiliza venenos, arraigo rural y trabajo local en detrimento de grandes extensiones de tierra cultivadas sin agricultores. La agroecología es una propuesta diametralmente opuesta al agronegocio y su propuesta extractivista, y su faro es la construcción de la soberanía alimentaria, en vistas a solucionar el hambre en todo el país, produciendo alimentos sanos, seguros y soberanos. 

Una excusa habitual es que la Argentina depende si o si de estas actividades extractivas para “funcionar”. Pero este tipo de propuesta de la agricultura familiar campesina e indígena no se oponen a la posibilidad de exportar y traer dólares, pero a cambio exigen decisión política y cambios estructurales, como discutir la tenencia de la tierra. Por ejemplo, recientemente, las organizaciones que forman parte del Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular frente a lo que sabemos del acuerdo con China proponen que en vez de tener 25 criadores de 12 mil madres pensar en un esquema donde la agricultura familiar campesina e indígena produzca esa cantidad de cerdos de la mano de la agroecología, que integra producción agrícola y animal, armando un esquema de entre 3000 granjas de 100 madres cada una o de 5000 granjas con 60 madres cada una, generando miles de puestos de trabajo, aprovechando y afianzando el desarrollo tecnológico nacional, promoviendo la desconcentración urbana y el arraigo rural, además de evitar los problemas que implican estos mega-criaderos. Así como está, hay muchas propuestas que proponen un desarrollo compatible con el respeto de derechos sociales y ambientales fundamentales. 

Cualquier discusión sobre desarrollo debería contemplar el respeto de derechos sociales, ambientales, el aumento del margen de autonomía para decidir, con el foco puesto en la reproducción de la vida del conjunto del pueblo, de quienes salen todos los días a trabajar, ya sean parte de la economía formal, de cooperativas, de empresas recuperadas o de la economía popular. El reconocimiento de las tareas de cuidados como trabajo, efectuadas mayoritariamente por mujeres, también es un reclamo que no puede aplazarse más. Por último, la apuesta por la ciencia y técnica nacional debería acentuarse para buscar soluciones contemplando todo esto que venimos sosteniendo: que la primer deuda a resolver tiene que ser con el pueblo.