“La mayor punitividad no resuelve el problema de la violencia”

Este viernes, la legislatura neuquina aprobó en general la extensión de los períodos de prisiones preventivas en el plazo de nueve meses. Con el argumento del avance de la pandemia y la supuesta imposibilidad de hacer juicios, la campaña mediática a favor de la avanzada contra derechos constitucionales se realizó abusando de un reclamo por demás legítimo vinculado a las causas por violencias de género. Sin embargo, ni las víctimas de estas violencias ni quienes las acompañan fueron escuchadas por quienes votaron. La abogada feminista Gisella Moreira aseguró que “esta ley se usó en nombre de las víctimas de violencia, pero su única intencionalidad era aumentar el poder punitivo del estado”.

El proyecto de ley para extender los períodos de las prisiones preventivas, que hasta el momento tenían un máximo de duración de un año, por el plazo de nueve meses más –tres menos de lo que proponía la redacción original- fue aprobado en general este viernes por 22 votos de legisladorxs del Movimiento Popular Neuquino y sus aliadxs. Si bien en dos semanas será debatido en particular, establece que las personas que no puedan haber sido juzgadas por motivo de la pandemia deben seguir detenidas, aunque no se sepa si son culpables o no, pasándose por encima el principio de inocencia. Los organismos de derechos humanos de la región ya habían manifestado su repudio a este medio y tampoco fueron invitados a debatir.

En diálogo con El Zumbido, la abogada Gisella Moreira, que entre otras causas representó la querella por el doble femicidio de Las Ovejas -que se cobró la vida de Karina Apablaza y su hija Valentina de 11 años en 2018- y por el femicidio de Noemí Maliqueo en el barrio Los Hornos de Neuquén en 2015, repudió la nueva norma y cuestionó que ninguna víctima de violencias machistas ni sus acompañantes haya sido invitada al debate de la legislatura.

“Siempre el argumento que sostenía José Gerez –el fiscal redactor e impulsor del proyecto- fue que era para acelerar los procesos donde había víctimas de violencia de género, entre ellos el supuesto femicida de Cielo López que cumplía con su prisión preventiva de un año en el mes de julio”, explicó Moreira: “quieren poner en palabras de las víctimas algo que en realidad quiere el Ministerio Público Fiscal para seguir extendiendo la prisión de personas que pueden llegar a ser inocentes, violentando garantías constitucionales y no estando con los parámetros de derechos humanos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La letrada denunció que “este pedido se hizo en nombre de víctimas de violencia de género, cuando pudimos advertir que en la legislatura de Neuquén no se llamó a una sola víctima” y remarcó que únicamente el abogado querellante en el caso del femicidio de Cielo López –asesinada en 2019-, Marcelo Hertzriken Velasco, fue invitado “a hablar a favor de este pedido que se estaba haciendo”. Dijo que “en ningún momento llamaron a organizaciones de mujeres u organizaciones que acompañen a víctimas de violencia de género durante todo el proceso judicial, que en general es bastante engorroso y le cuesta mucho a la víctima poder atravesarlo”.

Moreira afirmó que para ella esto fue “todo parte de una interna judicial, porque por un lado el fiscal Gerez decía que esto se hacía por el contexto de pandemia, por no poder realizarse los juicios, y por su lado, Oscar Massei –presidente del Tribunal Superior de Justicia- había dictado un decreto el día lunes que manifestaba que se iban a establecer los protocolos para que todos los juicios orales con jurado y con jueces se realizaran”, e incluso “salió la noticia de que ya está fijada la audiencia preparatoria para el juicio por jurado por el caso de cielo López”.

“Esto fue un logro para endurecer aún más el código de procedimientos y para aplicar la prisión preventiva aumentándole nueve meses del año que ya tienen”, afirmó la letrada. “Desde las organizaciones de mujeres y desde el feminismo, consideramos que la mayor punitividad no va a resolver el problema de la violencia, de hecho la pena más alta de femicidio se estableció en el año 2012 y sin embargo, y al contrario, ni la violencia ni los femicidios han disminuido, por ende es una norma que no contramotiva la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer o las prácticas machistas que los hombres tienen sobre las mujeres”, aseguró: “el aumento de las penas no infiere siquiera en el resultado final de la cantidad de femicidios que existen en nuestro país”.

Gisella Moreira también señaló que “el estado siempre llega de forma tardía a intervenir judicialmente, si bien es cierto que tanto el año pasado a fuerza del reclamo de muchas familias se han modificado algunas cuestiones de acompañamiento, lo cierto es que todavía falta mucho, porque las ayudas económicas que se les brinda a las mujeres son de $8000 y todo el mundo sabe que con esa plata no se puede vivir, por lo tanto consideramos que ese presupuesto es escaso”. Expuso que “el gobernador había prometido asistencia jurídica gratuita para las mujeres”, pero “hay una sola abogada y se le impide la posibilidad también a que la víctima pueda elegir una abogada propia según su criterio y no una abogada que le imponga el mismo estado al que puede llegar a denunciar, porque muchas veces el estado también es responsable de las violencias a las mujeres, como ocurrió en el caso de Karina y Valentina, porque el estado era el que no las había protegido”.

“Para disminuir la violencia de género esta reforma no va a servir, no va a traer más justicia y también se le está dando un tiempo más al Ministerio Público Fiscal que tiene el deber de investigar y con celeridad los legajos en que existan algún tipo de violencia porque eso es lo que muchas veces ocurre”, dijo la abogada: “ahora los juicios se van a realizar para respetar la garantía de las víctimas de ser oídas y tener la celeridad de su procesos, pero también para respetar la garantía de los imputados”.

“Obviamente si las víctimas eligen denunciar lo hacen porque eligen que todo su hecho padecido tenga una sentencia con jueces que la dicten, si no optarían directamente por usar la violencia para obtener justicia por mano propia y claramente la mayoría de las víctimas no opta por esto, pudiendo hacerlo”, reflexionó Moreira. “Es falsa la dicotomía que se ponía sobre la mesa de que si no se aumentaba el plazo de las prisiones preventivas se iba en contra de las víctimas de violencia, porque no queda demostrado que eso  vaya a inferir en la disminución de la violencia”, dijo.

La abogada feminista expuso finalmente que “faltan más asistencias profesionales a las víctimas de violencia de género, falta presupuesto para transitar todo ese proceso, falta asistencia psicológica y la que hay es escasa, faltan casas refugio o presupuesto necesario para aquellas mujeres que hoy se encuentran sin un techo y atravesando una situación de violencia”. Concluyó que “esta ley se usó en nombre de las víctimas de violencia, pero su única intencionalidad era aumentar el poder punitivo del estado”.

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