Organismos de derechos humanos de Neuquén se oponen al proyecto de Gerez

El proyecto de ley del fiscal general del Ministerio Público Fiscal de Neuquén José Gerez para extender las prisiones preventivas de personas acusadas de cometer delitos continúa avanzando con el objetivo de instalarse. Desde El Zumbido, hablamos con los diferentes organismos de derechos humanos de Neuquén, quienes en concordancia rechazan la avanzada represiva.

A principios de mayo, el fiscal José Gerez presentó un proyecto de ley en el que plantea que, por la situación de emergencia sanitara y la imposibilidad de realizar juicios orales y públicos, es necesario extender el ya extenso plazo de prisión preventiva (que actualmente es de un año) por un año más.

El miércoles, la legislatura de Neuquén invitó al debate a diferentes sectores, entre quienes no estuvieron los organismos de derechos humanos, que sí expusieron su punto de vista en diálogo con El Zumbido.

Federico Egea, de la Asociación Zainuco, expresó que el pedido “resulta inconstitucional desde donde se lo analice”. Remarcó que “las cárceles no cumplen con la finalidad legal, esto es la resocialización de las personas privadas de la libertad, sino que además la prisión preventiva como instituto no puede ser prorrogada” ya que es una “violación a lo que es la presunción de inocencia”.

Egea subrayó que “una persona con prisión preventiva no tiene condena firme, por lo tanto no hay una declaración jurisdiccional definitiva respecto de su culpabilidad en la comisión de  un delito y esto supone que en principio deba trasuntar todo lo que es el proceso penal en libertad”, aunque “si existe algún riesgo procesal, este principio se puede morigerar por el instituto de prisión preventiva, pero debe ser acotado a los plazos mínimos y razonables que sean necesarios para llevar adelante el juicio”.

“Ni la pandemia, ni la deficiencia en la investigación o en la tramitación de los juicios son extremos que justifiquen privar a una persona de la libertad”, aseguró el abogado de Zainuco: “creemos que tanto el ministerio público fiscal como el poder judicial tiene que enfocar todos sus esfuerzos en tratar de ser más eficientes y no en sacrificar derechos de las personas”.

Enfatizó en que “si tienen problemas para instrumentar un juicio, vean la forma de la que los funcionarios trabajen mejor, o que los sistemas informáticos estén más actualizados, o que se investigue con mayor eficacia, pero si no pueden garantizar eso, no pueden compensar su ineficiencia con la libertad de personas que gozan de la presunción de inocencia, no tiene ningún sentido” y cuestionó “la maximización de la ineficiencia del poder judicial como institución trasladada a expensas o a la carga de personas que constitucional y legalmente son inocentes hasta que una sentencia penal definitiva modifique esa situación”. El integrante de Zainuco insistió en que “más que pedir la prórroga de la pena de prisión preventiva, lo que habría que hacer es trabajar sobre la mejora de la institución carcelaria desde todos los aspectos, sobre todo el aspecto represivo y de las condiciones de detención, y trabajar sobre lo que es la eficiencia del funcionamiento del poder judicial en relación a la infraestructura y el recurso humano” y concluyó que para ese organismo “la prisión preventiva no es un remedio para esa situación”.

Natalia Hormazabal, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, dijo que el proyecto “encubre la intención de avanzar en una nueva reforma procesal penal regresiva, como ya ocurriera en el año 2016”. Aseguró que “con la excusa de la pandemia, lo que se busca es suspender todas las garantías y el derecho a la libertad e imponer una nueva reforma del código procesal penal para dar mayor poder punitivo al estado”.

La abogada del Ceprodh remarcó que “este proyecto deja a la luz la propia ineficacia de la fiscalía, porque habiendo otras alternativas a la prisión preventiva y a la extensión no se buscan” e indicó que  “teniendo en cuenta cómo se ha flexibilizado la cuarentena en las últimas semanas, pero sobre todo en los últimos días y la perspectiva para las próximas semanas” no habría impedimentos “para poder realizar juicios orales con los resguardos y protocolos necesarios”.

“Queda en evidencia que lo que se busca es avanzar e introducirse en un debate que ha sido parte en estos 70 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es el problema de las cárceles y de una avanzada de la derecha en todos los órdenes”, resaltó y dijo que va en contra de “los derechos a la salud y de la vida de las población carcelaria, que no se despoja de esos derechos justamente cuando ingresa a estos lugares”.

Hormazabal dijo que desde el Ceprodh consideran que “este proyecto y esta avanzada no es inocente, sino que se trata de una utilización política ideológica de un debate muy actual para intentar construir un enemigo público” y “lo que se pretende es desviar el malestar de la población en una situación muy grave en la economía, donde quienes más los sufren son las grandes mayorías populares, intentando tapar esta realidad hacia una política punitivista contra los marginados de este sistema”. Para el organismo, “lo que hay es una avanzada en interrumpir garantías y derechos de quienes se encuentran en condición de inocencia hasta que haya una sentencia que determine lo contrario” y “no tiene que proceder este proyecto” porque “desde distintas miradas se ha planteado aquí en la provincia cuál es la verdadera intencionalidad que intenta una reforma procesal punitivista y regresiva”.

Marina López Dorigoni, del grupo por la memoria y el compromiso con las Madres y los 30.000, repudió el proyecto “porque la prisión preventiva está contemplada como una medida excepcional hasta tanto se resuelva en un juicio la situación procesal de una persona”. Remarcó que “el extenderla es inconstitucional en función de que sería extender la limitación de la libertad de alguien que no está todavía condenada”. También cuestionó “lo que son las cárceles, lo que significan y quiénes llenan las cárceles argentinas, que son en su mayoría pobres y jóvenes, donde nunca llegan los ladrones de guantes blancos”.

Desde el Grupo de apoyo a las madres, Dorigoni aseguró que “el mal funcionamiento de la justicia o la dilación en las cuestiones procesales no puede resolverse con extender la prisión preventiva”.

Nerea Montes, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, contó que el organismo se opone al proyecto “porque creemos que es absolutamente inconstitucional lo pretendido por el doctor Gerez”. Definió que “es querer hacer pagar a las personas que hasta que se demuestre lo contrario se consideran inocentes una situación de emergencia, sin pensar en que si está pendiente el juicio hay formas, sobre todo con la tecnología actual, de hacerlo por alguna otra manera”.

“Se habla de los derechos de la víctima y es muy válido y creemos que la víctima tiene derecho a tener una justicia rápida sobre todo, de manera que adelantando el juicio a través de otros medios que no sean presenciales y con protocolos correspondientes, se satisfacen también los derechos de la víctima”, subrayó Montes, quien además destacó que “se quiere asustar a las personas como si de pronto salieran asesinos y violadores a tropel de las cárceles y no es así” y dijo que “en cada caso los jueces tendrán que analizarlo, pero la extensión más allá del plazo legal de la prisión preventiva sin buscar otras alternativas posibles, es un disparate porque es contrario al orden constitucional, a la legislación, así que la APDH también se opone enfáticamente a este proyecto”.

Todos los organismos coinciden en rechazar el proyecto, porque es absolutamente violatorio de los derechos humanos. La cárcel de por sí es un instrumento de tortura, más aún el encierro “preventivo”, pero todavía más cuando los plazos que ya de por sí son eternos y los padecen quienes además padecen todas las injusticias del sistema, pretenden seguir extendiéndose. En este contexto en particular, las prisiones deberían estar cada vez más vacías para prevenir la propagación del virus que tanto preocupa, en lugar de retener por períodos mayores a personas que ni siquiera fueron juzgadas.

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