Hablemos de terrorismo

A principios de julio de 2007, luego de pasar velozmente por las dos cámaras del Congreso Nacional y por las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue promulgada la llamada “Ley Antiterrorista”. La 26.268 modificó el Código Penal incorporando la confusa figura de  “asociación ilícita terrorista”. A partir de su sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobres sus organismos.

Tras el fusilamiento por la espalda del joven mapuce Rafael Nahuel, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó públicamente a las fuerzas de seguridad en su tarea represiva y fundamentó por qué pueden incluso pasar por sobre la decisión de un juez. “El Juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, respondió a un periodista durante la conferencia de prensa realizada este lunes.

Para que quede en claro que su Ministerio y el gobierno nacional están por sobre cualquier otro poder, afirmó: “las fuerzas de seguridad federales no van a aceptar ninguna orden individual ni antijurídica que invierta el rol, que significa que un lugar pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a la fuerza de seguridad, que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley, y que intenta convertirse en este poder fáctico y tomar un territorio e imponer una ley distinta a la que tienen todos los ciudadanos argentinos”.

Bullrich agregó que “esto es muy importante porque ya lo hemos vivido los argentinos; esto es una decisión muy de fondo porque implica tener muy en claro dónde está la ley, y qué tiene que hacer cada una de las fuerzas federales que están bajo la conducción de nuestro Ministerio” y expresó: “si un juez da una orden legal, nosotros, como establece el artículo 19 de la Constitución -‘ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’– (decimos que) ningún miembro de las fuerzas federales va a hacer lo que no manda la ley”.

La Ministra no menciona que el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 17, manda «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

“Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación pero que quiera resolver los problema en el marco de la ley, y no va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley”, dijo, sin mencionar que fue un integrante de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad que su Ministerio lidera, quien asesinó por la espalda al joven de 22 años, Rafael Nahuel.

En la misma línea, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, manifestó que “lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión como una forma de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al estado de derecho” y continuó con la estigmatización del Pueblo Nación Mapuce: “la existencia de estos grupos que señalaba la ministra de Seguridad, que no reconocen al Estado, que no respetan la ley, es algo que tenemos que tomarlo en cuenta y creo que en esto es importante también el accionar de la Justicia. Nosotros vamos a acompañar a los jueces, al juez que está interviniendo, a la fiscal, en todas aquellas gestiones que hagan al pleno respeto del ejercicio de la ley en todo nuestro país y específicamente en esta zona de Parques Nacionales que fueron tomadas y que motivaron estos trágicos incidentes”.

Germán Garavano, en una suerte de sutil justificación del accionar represivo, envió las condolencias a la familias de Nahuel y  de las personas heridas pero, dijo,  “me parece que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos, que la violencia es algo que ningún argentino quiere y que debe ser repudiada por todos y el Estado debe ejercer su rol en una sociedad”.

Una hora después de la conferencia de prensa, Isabel Hualas, madre de Facundo Jones Huala, respondió a los dichos de Bullrich y Garavano en Enredando las Mañanas, el programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí expresó que la “ministra de inseguridad y de represión” brindó un discurso “barato y violento” porque “ellos mismos dicen que los violentos somos nosotros, pero no matamos gente: hasta ahora no hemos matado a nadie, ellos sí tienen una desaparición forzada y el asesinato de Rafael Nahuel, así que tenemos mucho que repensar de las palabras de la ministra”.

 

(Ya no) queremos preguntar (tanto)

Las preguntas del periodismo (in)dependiente fueron claramente cómodas para ambos ministros. Medios del grupo Clarín (Radio Mitre, Todo N, diario Clarín, Radio Cadena 3), Radio Continental y la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires le pusieron la pelota en los pies frente a una valla sin arquero.

Consultado sobre “si el gobierno tiene dilucidado y acreditado de dónde viene y cuáles son las intenciones” de las acciones de recuperación y resistencia del Pueblo Nación Mapuce, Garavano respondió que “más allá de las caracterizaciones generales, es importante detenerse, como lo señalaba la Ministra Bullrich, en que hubo más de setenta hechos violentos identificados; cada uno de estos hechos motiva causas penales en donde investiga una fiscal, en donde hay un juez interviniendo y corresponde a ellos en este momento, frente a cada hecho, establecer quiénes violaron la ley, quiénes son los responsables de esa violación de la ley y cuáles son las consecuencias de esa conducta”.

“Ustedes recordarán que en ocasión del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado incluso fue agredido el secretario de Derechos Humanos y un asesor del Ministerio de Justicia por alguno de estos grupos, entonces me parece que es importante que ante cada uno de estos hechos delictivos la Justicia sea la que avance y asigne las responsabilidades a cada una de las personas que violaron la ley. Ese es el camino que nos tiene que conducir a recobrar la paz y a marcar que aquellas personas que violan la ley tienen consecuencias”, agregó.

Las preguntas del periodismo mostraron el absoluto acatamiento a la clara línea del gobierno de erigir a los mapuce como el nuevo enemigo interno.

Uno de ellos quiso saber si “existe algún elemento probatorio concreto, y por concreto me refiero a una bala, una imagen, algún rastro más allá de los testimonios, para acreditar que se produjo un enfrentamiento y que hubo un ataque por parte de este grupo violento hacia los efectivos de la Prefectura que estaban trabajando ahí”.

La Ministra fue contundente: “en primer lugar, decirles que el Juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”.

No “necesitar elementos probatorios” incluye la pérdida del derecho al “debido proceso” -uno de los principios generales del derecho en un estado de democracia-, aunque en la práctica es un derecho que se viola permanentemente sobre el pueblo pobre que habita más del 60% de las cárceles de nuestro país sin haber sido juzgado.

“El gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad ya han definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial, emanada del juez Gustavo Villanueva; la Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”, continuó Bullrich, pasando por encima prácticamente todas los tratados de Derechos Humanos habidos y por haber: “nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina, el carácter de verdad, creemos que el Estado es el juez, es el gobierno nacional, es el Ministerio de Seguridad y es la Prefectura Naval Argentina que fue a enfrentarse con un grupo violento: en este sentido el juez podrá buscar las pruebas que quiera”.

El periodista también quiso compartir con la ministra su indignación y le pidió una reflexión “para poder entender por qué un juez en la República Argentina no puede ingresar a un territorio argentino; puede ingresar a su casa, a la mía, a un local comercial, a la Casa de Gobierno, pero no puede ingresar a un territorio supuestamente perteneciente a una comunidad mapuce; insisto en algo, en la República Argentina el Congreso sancionó la Ley de Flagrancia donde se avala el accionar de la fuerza cuando se percibe la  comisión del delito, ¿qué pasa que un juez no puede participar de un allanamiento u ordenar un allanamiento cuando está viendo que se está cometiendo un delito?”

La respuesta remitió a lo que ya había dicho al principio de la conferencia de prensa:  “si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte de territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra Constitución, entonces no vamos a aceptar ningún tipo de orden que haga que se den vuelta los valores que tenemos como Estado de derecho” y aseguró que “si las fuerzas de seguridad están frente a un delito tienen que actuar” y que “la Ley de Flagrancia les da un procedimiento especialísimo para (actuar) y por lo tanto está absolutamente claro cuáles son los procedimientos y si alguien quiere invertirlos nosotros no vamos a acatar que se invierta la ley en Argentina”. Finalizó esta respuesta con una frase que nos dejó perplejxs: “ya nos costó mucho cuando se invirtió la ley en Argentina”.

Otro de los periodistas, afirmó que el juez Otranto (quien intervino en parte de la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado) había dicho que su no ingreso al territorio para hacer el allanamiento tenía que ver con la falta de efectivos necesarios para que no se genere mayor violencia. “Quería consultarles si el Ministerio de Seguridad puede poner a disposición del Juez Villanueva la cantidad de efectivos necesarios para efectuar un eventual allanamiento y qué órdenes recibieron del juez Villanueva en las últimas horas y si están buscando a los prófugos, que se sabe de los heridos”, preguntó

La Ministra le respondió que “el Ministerio de Seguridad tiene todas las condiciones para entrar a cualquier lugar que le ordene el juez y ya lo hemos demostrado en distintas acciones, en ese sentido tiene todas las fuerzas a su disposición necesarias para hacer cumplir la ley”.

 

 

“Hay una tergiversación maliciosa de la información para seguir legitimando el plan de exterminio a los pueblos originarios” 

Claudia Huircan es abogada y parte de la Coordinadora del área de justicia misionera Claretiana. En el Enredando las Mañanas de este lunes amplió el panorama sobre el manto de desinformación que cubre al asesinato de Rafael Nahuel en particular y a toda la lucha del Pueblo Nación Mapuce en general: “uno de los principales roles que están cumpliendo los medios hegemónicos de comunicación es instalar que hay un enemigo interno que está amenazando los intereses de la patria y el Estado consolidado; un Estado apostado sobre tierras originarias que habitaron pobladores preexistentes que son los que hoy se están reclamando”.

“Los medios hegemónicos, más allá de la malicia y el cerco mediático, en esta situación particular de pueblos originarios resulta inaceptable el rol que están cumpliendo al pretender instalar sobre la sociedad desprevenida que no tiene acceso a otra información,  que se trata de enfrentamientos”.

Al respecto detalló que “hay mucha distancia entre la cantidad de personas y la dimensión del operativo que se montó: si la mayor parte de la ciudadanía pudiera despertar y darse cuenta que los  medios de comunicación están mintiendo lisa y llanamente -pero no inocentemente- porque responden a una política de opresión a pueblos originarios, me parece que la reacción popular sería aún más poderosa que lo que ha sido en las últimas horas”, reflexionó Huircan y opinó que no llamaría “cerco mediático” al fenómeno, sino “tergiversación maliciosa para generar una  opinión pública desfavorable a los pueblos originarios para seguir legitimando el plan de exterminio a los pueblos originarios”.

La abogada confirmó también que “los resultados de la autopsia hablan de un tiro por la espalda el que le dio la muerte al joven Rafael Nahuel, el día sábado por la tarde.

 

Dile  a la ministra que te explique la RAM

Consultados ambos funcionarios, durante la conferencia de prensa, acerca de si había algún tipo de “vinculación de este episodio ocurrido con el grupo RAM”, la  ministra respondió: “en primer lugar, RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente, podrán tener otros nombres pero los tenemos que separar total y absolutamente de la comunidad mapuce o de cualquier otra comunidad originaria de Argentina; es un grupo que, como dijimos, no reconoce a Argentina, no reconoce la ley, no reconoce la Constitución, no reconoce la bandera”.

Bullrich no sabe que no hay una “comunidad mapuce”, sino un Pueblo Nación que acoge diferentes comunidades, ¿o habrá que explicárselo en términos de países, provincias y ciudades, aunque ni siquiera se asemeje a eso?

“RAM es como un nombre, pero puede haber alguno que se llame de otra manera; en Chile se llaman CAM pero dentro hay varios grupos y esto es algo que ya empezamos a hablar con el gobierno chileno para tener una acción conjunta de trabajo en este sentido”, confesó: “no queremos poner un nombre único, se ponen en el RAM todo aquel grupo que no respeta la ley , que esta fuera de la ley”. Por aquí nos preguntamos si las fuerzas represivas son parte de “el” RAM –como le dicen desde el poder-, pero también observamos con absoluta preocupación la hermandad opresiva entre los gobiernos “democráticos”.

Aprobada la materia RAM 1, no respondió nada cuando, como parte de la misma pregunta, el periodista quiso saber si el Ministerio de Seguridad estaba en condiciones de tomar determinaciones acerca de este prefecto que disparó, el que asesinó a Nahuel.

 

Isabel Hualas dio su mirada sobre la soberanía y el patriotismo, cuando se habla de la propiedad de tierras del Estado

En la entrevista de Enredando las mañanas, al hablar de la situación de las tierras en la Patagonia, aseguró que “cada vez está peor porque los negociados que ellos firman se tienen que seguir sosteniendo, tenemos que darnos cuenta que están entregando todos los lugares con riqueza, tanto del subsuelo como en el suelo y en el aire, las aguas, las hidroeléctricas que quieren poner para abastecer a las mineras, y las mineras destruyen, contaminan y está comprobado en muchos lugares del mundo, incluso al norte de la República Argentina, no es casualidad  todos los discursos que salen a decir, desconociendo la preexistencia de los pueblos originarios dentro de su república, no es casualidad esta represión, esta arremetida y con discursos siempre acomodados hacia los negociados”.

En relación al derecho indígena, aseguró que “están vulnerando todos los derechos, están vulnerando sus mismas leyes, pasando sobre todas leyes que se han firmado en 130 años, en esta zona. Tenemos que ser claros y decir que la conquista del desierto es la que liberó los lugares no solo al mal llamado ‘progreso’, sino que a la muerte y al genocidio que cometieron a nuestro pueblo Mapuce” y que “hoy es una arremetida, porque la conquista no terminó, están volviendo a conquistar ahora para los intereses de las multinacionales”.

 

Armas invisibles, piedras «asesinas»

“¿Tienen  información si este grupo de personas que están ahora escondidas, están armadas y, en el caso que lo estén, sean los que están escondidos o los otros, con qué tipo de armas cuentan?”, espetó otro “colega”, abonando la estigmatización mediática de lxs mapuce. “De acuerdo a la información que nos brindó la Prefectura Naval Argentina que estuvo en el lugar, había armas de grueso calibre, una de la cuales cortó de cuajo un árbol de 20 centímetros, así que imagínese el calibre que puede tener” -¿menor o mayor que el que tenía el arma que fue disparada por la espada de Rafael Nahuel asesinándolo?- “En este momento las armas están ahí o las sacaron, porque no se pudo entrar más, porque ni bien la patrulla de Prefectura bajó fue desarmada; en consecuencia, en este momento todas las armas que se utilizaron en ese momento en contra de la Prefectura Naval están ahí o se las llevaron, seguramente se las han llevado”.

No satisfecho con la existencia descrita por Bullrich de armamento de grueso calibre el periodista repreguntó: “¿puede ser que tengan granadas?”, a lo que la Ministra dijo que “lo que describen los Albatros es que hubo estruendos muy fuertes y que eso se ve en el corte que tuvieron los árboles, ¿qué tipo de armas habían? Armas de puño, como se describen, pero eran como 15/20 que estaban en una formación tipo militar con lanzas, con cuchillos en las puntas, con máscaras antigás, con armas de puños y con armas blancas, tampoco pudieron ver a todos porque estaban como escondidos, porque eran 4 prefectos contra 15/20 personas que estaban en este grupo violento”. Luego apagó la película de Hollywood que estaba imaginando su cabeza y que seguramente tenía un final abierto porque no podía explicar por qué, si las armas las tenían los mapuce, ningún prefecto resultó muerto ni herido y si murió Nahuel y están heridos integrantes de la comunidad.

La última pregunta no pudo ser más atinada para seguir sembrando el terror contra lxs mapuce. El periodista quiso saber si “se esperan otros hechos similares y si se está hablando con el gobierno de Chile” para hacer “qué”. Bullrich dijo: “creemos que hace tiempo que está esta situación, que estaba muy tapada, y nuestro gobierno, cómo piensa que es fundamental poner la ley como centro de las relaciones sociales de nuestro país, hemos logrado que este problema se conozca y que lo que solo se sabía en el sur hoy lo conozcan todos los argentinos y que sepan que tienen un gobierno que los va a defender, que va a defender la ley y que no va a permitir ningún tipo de ilegalidad”. Agregó que “en consecuencia, nosotros vamos a tratar de evitar todo tipo de futuro acto violento, pero es un territorio muy amplio, muy grande en el  que es difícil de llegar a todos lados;  pero vamos a tener una presencia fuerte e importante junto a los gobiernos provinciales;  coordinando con los gobiernos provinciales una presencia para que la gente que vive en toda la zona, en la que ha habido atentados y muerte, sepan que los vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur y que se acabó el mundo del revés”.

Garavano finalizó: “la violación de la ley en Argentina tiene y va a tener consecuencias”.

 

 

Crónica de un accionar anunciado

En octubre pasado el diario La Nación publicó una nota donde se declaraba que «el ministro de Defensa, Oscar Aguad, viene trabajando en un ambicioso plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que promete quebrar la rutina de los cuarteles. Por un lado, analiza la posible reubicación geográfica de bases y unidades militares, algunas de las cuales podrían cerrarse; por otro, evalúa autorizar la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos eventuales ataques terroristas»

Hoy, trascendidos de diferentes medios indican que “el Ministerio de Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirles a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez (sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia policía)”(Página12).

Si bien aún no existe un anuncio oficial desde el Ministerio de Seguridad, está claro que los dichos de la ministra Bullrich de ayer no fueron al azar, consecuencia de lo sucedido el fin de semana, sino que aparentan ser una continuidad o un comienzo de la reestructuración mencionada por Aguad meses atrás.

Y como para que no quede duda alguna, el presidente Mauricio Macri dijo hoy que “hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse”. Respecto a esta frase, María del Carmen Verdú -abogada de Derechos Humanos y referente de Correpi- afirmó que “es sencillamente la orden al aparato represivo estatal de aplicar la Ley de Fugas sin disimulo; la orden de reprimir y fusilar sin límites; lo mismo que la vicepresidenta Michetti mencionó el domingo en la televisión donde nos había presentado su nueva tesis de, en caso de duda, a favor de los represores; y dijo algo muy claro: ‘es la decisión que hemos tomado como Estado’”.

Hablemos de terrorismo, pero del que el Estado pretende aplicar contra los sectores organizados, las luchas populares y la sociedad en general.