Elevaron a juicio la causa por el asesinato de Berta Cáceres. Hablamos con su hija, Berta Zúñiga Caceres

El pasado lunes 12 de junio se elevó a juicio oral y público la causa contra cuatro personas por el homicidio de Berta Cáceres, la referente del COPINH asesinada el 2 de marzo de 2016. Horas antes de esta resolución, en el Enredando las Mañanas entrevistamos a Berta Zuñiga Caceres, para saber cómo vienen desarrollándose las investigaciones.

Descargar audio.

Al respecto, la actual coordinadora de la organización hondureña, informaba que la audiencia constituye la terminación de la etapa intermedia del proceso legal contra cuatro de las ocho personas que han sido detenidas hasta el momento.

Los acusados son, detalla, “Sergio Rodríguez, que es el gerente técnico, ambiental y de comunicación de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que es la constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que se conoció en el mundo debido al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Luego está también Mariano Díaz Chávez, que es un mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público. También Douglas Murillo, el ex-jefe de seguridad de la empresa DESA, quien hizo bastantes amenazas contra mi mamá y otros miembros y miembras del COPINH y el último, Edilson Duarte, que se supone que es uno de los sicarios que están en el acto del asesinato del 2 de marzo”.

La familia de Berta Cáceres y la organización llegan a esta audiencia denunciando diversas irregularidades, explica Berta (h), “ya que no se ha respetado el debido proceso que el Ministerio Público debe ser el velador de que el proceso se desarrolle en debido orden y forma”.

Una de los señalamientos más claros es que existe una voluntad por parte de la justicia de limitar el alcance de las imputaciones, indica, “que casi llevan a pensar de que el asesinato fuera por interés particular de esa personas. Entonces en la audiencia lo que hizo nuestra representación legal es plantear una imputación más amplia, que incluye el delito, aparte del de homicidio en el caso de la compañera Berta Cáceres y tentativa de homicidio por el compañero Gustavo Castro, el delito de asociación ilícita, ya que se entiende que este asesinato realmente viene operando hace muchísimo tiempo atrás y que es parte de los planes de la empresa que se articula con agentes del Estado, con un aparataje sicarial que es el que finalmente realiza el asesinato”.

Desde el COPINH manifiestan su preocupación acerca de “la monopolización que el Ministerio Público tiene sobre el caso, ya que no nos ha permitido ser partes activas en el proceso y el hecho de que haya decretado la secretividad para gran parte de la investigación nos hace tener serias dudas de qué es lo que el Ministerio Público quiere hacer”. La contradicción, manifiestan, es que tienen la impresión de que “se está conduciendo a la total impunidad y de no estar presentes y haciendo presión y tratando de disputar dentro de ese proceso jurídico, se está garantizando la impunidad para las personas que ya están detenidas, pero aun más para la autoría intelectual contra el aparataje criminal que permite su asesinato”.

“Este caso no se resuelve únicamente por la vía legal”

Desde el COPINH, explica la coordinadora, entienden que “este caso no se va a resolver únicamente por la vía legal o jurídica, sino que tiene un componente de presión política bastante grande, a nivel nacional, a nivel internacional”. El asesinato de Berta Cáceres, quien desarrolló una importante tarea de solidaridad y de difusión internacional del trabajo y las luchas de la organización, despertó la indignación de organizaciones y movimientos en todo el mundo que siguen con atención las instancias de este juicio.

“Muchos de los defensores de las personas acusadas -indica Berta- manifestaron su incomodidad por las protestas que estaban justamente afuera del juzgado donde se estaba realizando la audiencia, y también por la presencia internacional que había dentro de la audiencia, más toda la atención que hay sobre el mismo juicio. Nosotros creemos que eso es algo fundamental y que en el momento en que eso se pierda, podemos decir que le estamos entregando el caso a la impunidad, a esas instituciones que no tienen la intención realmente de llegar a la justicia”.

Es por eso que la decisión del COPINH es que en la etapa del juicio oral y público es, “donde se tienen que presentar todas las pruebas, todas las evidencias, tratar de que haya presión internacional, de que haya presencia incluso, si se pudiese, de jueces internacionales, de organizaciones, que de manera diaria haya comunicación hacia toda la comunidad nacional e internacional que está expentante del caso”.

Incluso, añade, “más allá del proceso jurídico como tal, también están las investigaciones que está realizando el grupo de apoyo internacional de personas expertas que esperamos de aquí a unos dos meses ya tenga un primer informe en el que se empiezan a manejar otras líneas de investigación que el Ministerio Público no ha manejado”. Estas líneas de investigación apuntan a la responsabilidad de las empresas, de los bancos, y la omisión a la protección que tenía asignada Berta y tienen que ver con tiene que ver con los esfuerzos sistemáticos de desarticular el trabajo del COPINH.

Apuntando al COPINH

La muerte de Berta Cáceres visibilizó a nivel internacional la resistencia de la comunidad lenca a los proyectos extractivistas de las trasnacionales en esa región del oeste de Honduras. Sin embargo, la Coordinadora explica: “hay un reconocimiento internacional bastante grande del COPINH, de su labor en defensa de los territorios, una vigilancia permanente contra cada uno de los actos de represión, pero a nivel nacional el clima de impunidad es muy alto, hay unas campañas de estigmatización que se han mantenido que dirigen justamente los grupos económicos que se sienten afectados con el trabajo del COPINH, que se sentían afectados con el trabajo de Berta Cáceres. Entonces, hay un clima de hostilidad bastante grande, siempre de amenaza, de judicialización contra muchas personas que son parte del COPINH y no hay ninguna acción por parte del estado de Honduras para, por ejemplo, cancelar la concesión al proyecto hidroeléctroco Agua Zarca cuando claramente se ha demostrado que es un proyecto violador de los derechos de las comunidades indígenas, relacionado y vinculado ya a varios asesinatos que han violentado el derecho a la consulta previa libre e informada”.

Sin embargo, señala, también ha habido pasos positivos durante el último año, “en el marco de la asamblea general del COPINH hubo un proceso de debate interesante, se plantearon nuevas líneas estratégicas y una revitalización de las estructuras organizativas que nosotras creemos que van a ser bastante positivas y que nos hemos planteado justamente el recuperar el trabajo que venía haciendo nuestra compañera y guía Berta Cáceres y caminar hacia concretarlo, hacia organizar mejor a las comunidades, y hacia trabajar en todos esos ejes estratégicos”.