“La comunicación comunitaria, alternativa y popular no solo no es un delito sino que es un derecho humano”

Cynthia Ottaviano es la titular de la Defensoría del Púbico. Este organismo, creado como ente autárquico por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para defender los derechos de las audiencias, se presentó como Amicus Curiae en la causa penal abierta contra Martín Sande, integrante de  Antena Negra TV. Para conocer en detalle cuáles fueron los fundamentos de esta presentación conversamos con ella durante la emisión de Enredando las Mañanas del jueves 24 de setiembre. La  titular de la Defensoría también opinó sobre lo sucedido el viernes 4 de setiembre en los estudios de Antena,  sobre la participación de la AFSCA en el expediente  y sobre sus expectativas respecto a que la causa salga de la esfera penal y pase al ámbito administrativo.

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Durante varios pasajes de la entrevista con Enredando las mañanas, Cynthia Ottaviano hizo hincapié en la gravedad de que en la Justicia Federal Penal haya un expediente vinculado con la comunicación comunitaria, alternativa y popular.

Además, fue tajante respecto a la ocupación del canal 20 por parte de la empresa Prosegur: “con la entrada en vigencia del decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mediados de diciembre de 2014, allí, en esa frecuencia del espectro radioeléctrico no debía haber absolutamente ninguna empresa que estuviera ofreciendo ningún tipo de servicio vinculado con las telecomunicaciones. (…)  Allí se debería estar viendo la televisión”.

 

Enredando las mañanas: ¿Por qué tanta preocupación desde la Defensoría en este caso, el de Antena Negra TV, a diferencia de otros en los que también estuvieron involucrados medios integrantes de la RNMA?

Cynthia Ottaviano: Cuando se perjudica la comunicación comunitaria alternativa y popular se nos perjudica a todos independientemente del rol social que ocupemos y de si participamos o no en un proyecto comunitario.

Ottaviano explicó luego qué es la Defensoría del Público y su rol de representar a las audiencias frente a vulneraciones de sus derechos: “cuando no se está cumpliendo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenés varios caminos, uno que tiene que ver con la enunciación de la queja  y el otro que tiene que ver con el reclamo en, por ejemplo,  la Defensoría del Público para que podamos trabajar con mecanismos de diálogo, la pedagogía  y el encuentro, en la plena aplicación”.

En el caso de Antena Negra, la Defensoría del Público tomó intervención ante la denuncia que el canal comunitario realizó por internet la misma mañana del operativo policial. “Inmediatamente nos pusieron al tanto de la situación que estaban viviendo, de los mas de 40 efectivos que estaban entrando y llevándose los equipos. Entonces directamente el director de Capacitación, Ernesto Lamas, fue hasta el lugar. Después, con el paso de los días pudieron venir los representantes de Antena Negra hasta la Defensoría del Público y acercarnos la documentación. Nos interiorizamos acerca de lo que estaba ocurriendo en un expediente judicial del que no teníamos conocimiento”, detalló Ottaviano.

A través de esta vía la Defensoría supo que en diciembre del año pasado la presidente Cristina Fernández de Kirchner había firmado un decreto que, según las palabras de Ottaviano, “estableció una recuperación histórica de parte del espectro radioeléctrico”: “recordemos que estamos en migración del sistema analógico de televisión al sistema digital y que a partir de ese decreto se decía claramente que la frecuencia número 20, ese espacio del espectro, ya no tenía que ser para las telecomunicaciones, es decir, que ya no tenía que ser para ninguna empresa bajo ninguna condición, sino que tenía que empezar a ser, desde la entrada en vigencia de ese decreto (que fue a mediados de diciembre del año pasado) , para los servicios de comunicación audiovisual”.

El canal 20 es donde estaba saliendo al aire en digital Antena NegraTV.  “A decir verdad ahí tendría que estar o Canal 9 o la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con una resolución dela AFSCA. Pero en primera instancia lo que plantea la Defensoría es que quien no tenía que esta ahí es Prosegur o la empresa que trabaje con Prosegur, brinde o no un servicio de seguridad, porque ese espacio no era para las telecomunicaciones. De manera que si ellos no podían estar ahí mal podían ser interferidos”, argumentó la Defensora ante la acusación de interferencias que presentó Prosegur contra el canal comunitario.

 

El por qué del  Amicus

Teniendo en cuenta todos estos elementos es que la Defensoría realizó un escrito y se presentó ante el juzgado. “Recordemos que en el marco de un expediente penal, son las partes las que tienen derecho, es decir, quien acusa y quien es acusado. En este caso es una empresa que trabaja con Prosegur que a su vez brinda servicios de seguridad bancaria – yo no lo llamaría exactamente público sino un servicio privado que tiene vínculos con determinados organismos o instituciones que pueden ser públicas – y Antena Negra a la que le decían que los estaba interfiriendo”, relató Ottaviano.

Sin ser parte de la causa es que asumió el rol de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae) ante el mandato que la ley le otorga a la Defensoría de jugar un rol activo en la defensa del derecho humano a la comunicación en nombre de las audiencias: “obviamente también la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en cuanto esté a nuestro alcance. Porque la Defensoría tiene como mandato la amplificación de las cuotas de las audiencias y el diálogo con el resto de los organismos. Si bien el espectro radioeléctrico no lo podemos ordenar nosotros,  sí podemos impulsar su ordenamiento”, agregó.

Esta figura del Amicus Curaie permite que sin ser parte de la causa, se puedan acercar elementos al juez si se tiene un interés legítimo en el desarrollo de la misma y si se pueden aportar desde la especificidad dela temática. “Justamente en el  caso de la Defensoría del Público, defiende el derecho humano a la comunicación y lo que ocurriera en ese expediente  afecta  al derecho humano a la comunicación. El otro punto que importa es que tengas un conocimiento especial y que le puedas aportar al juez, que le puedas dar al Tribunal, una perspectiva que en el expediente no estaba”, explicó Ottaviano mientras recordaba su presentación como Amicus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando Clarín intentó que se declare inconstitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El acceso de la Defensoría al desarrollo dela causa penal contra el Martín Sande les dejó ver en qué término el juez ponía a la comunicación: “la estaba manejando como si estuviéramos en el siglo pasado, es decir como si todavía tuvieras el decreto firmado por (el dictador Jorge Rafael) Videla , porque se hablaba de la comunicación como un negocio, porque la perspectiva que estaba allí puesta era la tipificación de un artículo que es un delito del código penal , porque se hablaba de clandestinidad, es decir se hacía mención de que había una comunicación clandestina y claramente el que había presentado la denuncia decía que la comunicación era un accionar delictivo”, detalló Ottaviano.

 

Lo que dijeron en su escrito del Amicus

En primer lugar le explicaron al juez que la comunicación no es un accionar delictivo, “menos la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que no sólo no es un delito sino que es un derecho humano”.  Pero además agregaron que esta comunicación “es una de las expresiones más genuinas que pueden tener los pueblos en la construcción de un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos”.

“Le explicamos entonces que ya no se podía hablar de clandestinidad porque la comunicación comunitaria no puede ser clandestina, que en todo caso se podría llegar a utilizar, frente a determinadas conflictividades, la palabra ilegalidad pero que tampoco era para estar usándola  así, tan rápidamente. En todo caso si había una situación de ilegalidad esta tenía que ser (declarada) a través de un trámite administrativos en el marco la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) con las posibilidades, por supuesto, de defensa y de expresión de quienes están llevando adelante esa preocupación por la regularización y en todo caso terminar con una resolución del Directorio de esa autoridad. Con lo cual no se puede hablar tan livianamente de ilegalidad”, argumentó Ottaviano.

Además le aportaron al juez su lectura del momento actual al que la Defensoría define como un proceso donde conviven dos leyes “la nueva ley de telecomunicaciones, que es muy nuevita en Argentina, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está pronta a cumplir 6 años pero que en términos legislativos y de desarrollo y cumplimiento de una ley tampoco es mucho tiempo. Y que entonces tenían que convivir esos dos marcos legislativos con dos autoridades de aplicación: una la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la información y las Comunicaciones) y la otra la AFSCA.  Y que claramente en la perspectiva de la Defensoría no se puede criminalizar la comunicación y que desde nuestro punto de vista tampoco es necesario judicializar”.

Volviendo sobre el tema de la causa penal, Ottaviano reafirmó su posición acerca de la necesidad de que abandone ese fuero para encontrar salida en el marco administrativo: “como Defensora desde el comienzo he dicho que estoy en contra de la judicialización de la comunicación y de los paradigmas punitivistas de la comunicación porque creo que la comunicación se construye con diálogo”.

“Conflictos  en el marco de la comunicación audiovisual habrá siempre. El tema es que se generen las condiciones para poder resolverlos con un Estado con vocación de resolver esos conflictos como lo ha demostrado (este Estado), desde mi punto de vista y la Defensoría del Público. Y es lo que conversábamos con los representantes de Antena Negra. Nosotros somos el Estado Nacional; este es un organismo autónomo que tiene dependencia orgánica de una comisión bicameral del Congreso a quien le rinde cuentas pero que ha sido fruto de las luchas populares y es una conquista también, porque la Defensoría surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es la que se debería haber planteado en este caso y no la de Telecomunicaciones,  como estaba corriendo en el expediente”, agregó.

 

ELM: ¿Por qué este discurso que estás teniendo no es el mismo que el de las autoridades que tienen que aplicar la ley? En esta causa en la que ustedes se presentaron han sido llamados a declarar, antes del secuestro de los equipos, tres altos funcionarios de la AFSCA y también funcionarios de la AFTIC y ninguno dijo nada, ni siquiera parecido a lo que vos estás diciendo.

Cynthia Ottaviano: Me parece interesante que puedan dialogar con quienes han ido a declarar en el expediente y preguntarles en qué circunstancias dieron esas testimoniales y qué grado de aporte se podía tener. Yo soy responsable dela Defensoría del Público y cuando recibimos la denuncia trabajamos de inmediato porque tenemos una convicción muy profunda del derecho humano a la comunicación y que no es discursiva. La Defensoría del Público permanentemente hace acciones que construyen ese concepto que tenemos en el campo más ideológico en el sentido de la construcción en torno a la comunicación, acciones muy precisas y por eso la presentación allí ante el juez.  Nosotros lo que vimos es que era necesario aportar esa perspectiva y con esa claridad. Comparto con que hasta allí no había habido tanta claridad con respecto a poner las cosas en su lugar en el sentido que un accionar delictivo desde mi punto de vista fue, por ejemplo, la apropiación de Papel Prensa en el campo de la comunicación y ese sí tiene que estar en la Justicia Federal Penal pero no la comunicación comunitaria. Entonces, si querés, frente a esa ausencia es que la Defensoría del Público se expresa. También me consta que ha habido expresiones de la AFSCA en el sentido de la defensa del derecho humano a la comunicación. De todas maneras, las valoraciones de las distintas presentaciones son libres. Cada cual puede pensar y justificar ese pensamiento de distintas formas. Yo tengo la tranquilidad de saber que he sido elegida para estar en un lugar en el que, en determinado momento como ocurrió, se atacó la comunicación comunitaria de una forma que desde mi punto de vista no debe ocurrir a esta altura de la democracia. Lo hemos dejado en escrito y haremos todo lo que este a nuestro alcance.

El martes 29 de setiembre, a las 9.00 en los tribunales de Comodoro Py, Martín Sande fue citado a declarar en la causa penal que tiene abierta. Volviendo sobre este tema la Defensora dijo que no deben estar asociadas nunca las palabras “comunicador” con “imputación”: “un comunicador con una imputación no son propias de la democracia en que estamos viviendo y eso lo hemos expresado. Podría equivocarme, eso es cierto, pero así como tenía muchas esperanzas en las audiencias por el reclamo para que sea realmente constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ante la embestida judicial de Clarín contra la ley), yo tenía también la firme convicción de que el aporte de la Defensoría del Público, en el sentido del derecho humano a la comunicación, era una luz que se estaba llevando a un expediente que era muy pertinente para las audiencias y que sin embargo nadie había llevado con esa claridad. Y finalmente la Corte falló de acuerdo con la perspectiva que tenía la Defensoría”.

Ottaviano manifestó además su  sensación respecto a que el juez Marcelo Martínez de Giorgi fallará en este sentido: “me parece un error muy grave que un juez siga adelante con una causa en el fuero Federal Penal y no permita que sean entonces los organismos administrativos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tanto la Defensoría que siempre ofrece sus buenos oficios como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes sigan adelante con la regularización. No sé si tuvieron oportunidad de leer la presentación pero hicimos todo un raconto desde la última dictadura cívico-militar hasta aquí, cuáles fueron las distintas instancias y que todavía tenemos  pendiente el ordenamiento del espectro radioeléctrico y que esa es una deuda que tenemos en la democracia y que estamos trabajando para que pueda ser solucionada.  Desde nuestro punto de vista es clave que eso resulte así”.

La Defensoría, a través del diálogo que entablaron con Antena Negra  TV, conoció que el canal comunitario había realizado un pedido de llamado a concurso. Al respecto, Ottaviano afirmó: “seguirá el diálogo en ese sentido – una vez que la prioridad, que es que la causa que se está llevando adelante se termine y se pase al fuero administrativo – para después facilitar el encuentro de manera que se puedan presentar a concurso”.

 

C5N y Antena Negra TV

ELM: La semana pasada el gobierno de la Ciudad clausuró los galpones del canal C5N. A todos los que integramos la RNMA nos ha indignado la diferencia de la cobertura mediática sobre un caso  y otro. Si bien el caso de Antena Negra trascendió en nuestros medios y varios medios tradicionales dieron cuenta de eso, sucedió que algunos medios en particular, los que están mas asociados al gobierno nacional, quizás no fueron tan duros con lo de Antena Negra TV o quizás no publicaron nada y sí cuando sucedió lo de C5N salieron con fuerza a repudiar, cosa entendible porque fue grave lo que sucedió…

Cynthia Ottaviano: Son dos casos totalmente distintos. En un caso estamos todavía en el Fuero Federal Penal, lo cual es muy grave. Y en el otro caso estamos con las maniobras que la Defensoría del Público viene poniendo en primerísimo primer plano desde su existencia y que no ha tenido la suerte de cobertura periodística. La verdad es que el gobernador de la provincia de Córdoba como algunos intendentes de esa provincia y quienes están al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están utilizando maniobras de carácter administrativo para impedir el desarrollo del derecho humano a la comunicación. Pero para nosotros no es una novedad.  Yo no seguí la cobertura de los dos casos y me parece injusto compararlas porque son dos casos totalmente diferentes que si bien atañen ambos al campo de la comunicación audiovisual, son mecanismos distintos en los que han operado circunstancias distintas. En cuanto a las coberturas periodísticas o no, yo salí por Radio Nacional comentando el Amicus por el tema Antena Negra, salí por Radio Nacional Zapala también, salí en algunas radios comunitarias, lo publicó Tiempo Argentino pero luego no vi que ningún diario lo publicara. Incluso el sitio de Antena Negra no había publicado el Amicus que nosotros habíamos presentado. Salió en algunos diarios nacionales cuando llegaron los 40 efectivos y yo celebro eso, ojalá hubiese salido en todos los diarios y no en algunos diarios nacionales, pero luego cuando la Defensoría del Público se presentó como Amicus y no lo publicaron,  entonces ¿cuál era el verdadero interés de la publicación?”.

 

ELM: Es el caso por ejemplo del Diario Clarín que publicó en su momento el secuestro de los equipo de Antena Negra llamativamente interesado en la comunicación comunitaria. Los conocemos porque claramente con nuestros medios venimos en disputa con ellos desde antes de la sanción de la ley de medios. Sabemos que hay una utilización política clara y que después no publicaron lo del Amicus con la misma fuerza.

Ottaviano: Es que ni siquiera lo publicaron. Porque la Defensoría del Público viene siendo silenciada por todos los medios de comunicación hegemónicos muy claramente y muchas veces también batallamos en distintos medios de comunicación porque consideramos que las invisibilizaciones no son solo por la matriz económicas de los medios sino también por la matriz simbólica. Hay que volver a plantearse cuáles son los criterios de noticiabilidad, las jerarquizaciones periodísticas, porque hay que construir nuevas agendas. Y en esas nuevas agendas un organismo que fue creado por una ley, por una comunicación democrática, que representa a las audiencias, tiene que estar. Porque es necesario para la democracia y para que las audiencias sepan que cuentan con un espacio del Estado Nacional para representarlos.  En esta transición y en esta lucha, mas avanzada que en otros países de Latinoamérica, nos falta un montón. Estaremos un poco mejor el día que todas esta acciones tengan visibilidad, no por la Defensoría  sino para que la gente sepa cuáles son sus herramientas de defensa.

 

Decreto Presidencial  

“Desde la perspectiva de la Defensoría del Público, con la entrada en vigencia del decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mediados de diciembre de 2014, allí, en esa frecuencia del espectro radioeléctrico (el canal 20) no debía haber absolutamente ninguna empresa que estuviera ofreciendo ningún tipo de servicio vinculado con las telecomunicaciones. Tal como dice el decreto, con la entrada en vigencia debieron haber migrado y dejado ese espacio para los servicios de comunicación audiovisual.  De manera que allí, en ese espacio, debe estar brindando desde mediados de diciembre de 2014, servicios de comunicación audiovisual. Allí se debería estar viendo la televisión”, afirmó Ottaviano.

Luego hizo referencia a la resolución que la AFSCA firmó en febrero de este año por medio de la cual dio el canal 20 para que desde allí emitiera el Canal 9 y la Universidad de Buenos Aires: “Esa es la realidad que tiene que estar plasmada, de acuerdo con la perspectiva de la Defensoría  del Público, a la luz de las resoluciones, los decretos y también la legislación vigente y tratados internacionales que recuperan la necesidad de tener servicios de comunicación  audiovisual múltiple para esta comunicación democrática de la que estábamos hablando”.

Casi sobre el final de la entrevista, Ottaviano volvió sobre las palabras que repitió varias veces durante la charla: “El otro concepto muy claro que hay que seguir enunciando es que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un delito, no es un accionar delictivo, sino que es un derecho humano y es absolutamente necesaria para la construcción de la democracia y que, por supuesto, otro es el campo de la mercantilización y del uso de las frecuencias para brindar servicios que no tienen que ver con la comunicación audiovisual”.

Luego de invitarnos a seguir y a participar de las actividades que se realizarán desde la Defensoría en los próximos días en diversos puntos del país, nos expresó su deseo: “Esperemos que dentro de poco el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declare que no sigue adelante con esta acción penal y que le dé el pase al ámbito administrativo. Y no será un triunfo de la Defensoría del Público, sino de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Al terminar la charla, desde Enredando las mañanas la comprometimos al aire para que la próxima entrevista sea en el canal Antena Negra TV y ella, sin dejar de volver sobre los conceptos vertidos en la entrevista, aceptó el convite.