Mineras: Contra el Tabú de la Propiedad Privada Capitalista

Escrito por el 21/02/2012

El punto en discusión NO debe ser si las empresas cumplen con todas las normas legales y regulaciones ambientales. Permanecer en esa discusión, que ya tiene a muchos, es un error. Hay que superar el debate: ¡Minería ecológica sí, Minería contaminante no!, antes de que sea tarde y las billeteras compren voluntades.

Como consecuencia, los nombres de los responsables, en carne y hueso, están en la clandestinidad. Se sabe que la riqueza minera tiene su origen en la tierra, por eso las burguesías regionales, en la Reforma constitucional de 1994, insistieron en algunos agregados; lo fundamental de la reforma quedó expresado de la siguiente manera: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Los financiamientos de la Minera Alumbrera, o Agua Rica, ambas ubicadas en Catamarca, provienen de empresas trasnacionales: Yamana gold y Goldcorp Inc (Canadá) y  Xstrata Plc (Suiza). Pero quien articula los intereses capitalistas en Argentina es la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Presidida por Dr. Manuel C. Benítez, YMAD es una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca (la actual Gobernadora se llama Lucía Benigna Corpacci), la Universidad Nacional de Tucumán (rector Juan Alberto Cerisola)  y el gobierno nacional (presidenta Cristina Fernández de Kirchner). Dicha asociación tiene los derechos de exploración y explotación. ¿Por qué no les exigimos hacer empresas nacionales con administración y gestión de cooperativas de trabajo y de servicio?
Greenpace, las ONG, asociaciones vecinales, pobladores, trabajadores y trabajadoras, deberían desarrollar y difundir un proyecto de empresas públicas nacionales y/o provinciales que se hicieran cargo de la producción ¿o sólo las empresas capitalistas extranjeras y nacionales pueden hacerlo?
Algunos dirán con su clásica muletilla que la empresa privada es más eficiente y moderna. Bien, pues que se entregue la producción y explotación a empresas privadas bajo la figura de asociaciones cooperativas integradas por trabajadores mineros, y hasta con alguna participación estatal nacional y/o provincial, pero dirigidas y administradas por los propios interesados en cada provincia, en este caso también se asegurarían todos aquellos requisitos anteriores. Sin embargo, parece que hablar de propiedad privada capitalista es mencionar un tabú imposible de cambiar.

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