Discapacidad y Dictadura: entre Ayer y Hoy

Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad recorrieron un largo camino en nuestro país, de la mano de militantes y de ciudadanos con discapacidad que, a 33 años del golpe de 1976, siguen siendo ninguneados por la sociedad e incumplidos por el Estado. Sin embargo, también ellas y ellos son desconocidos, inclusive para el propio colectivo.

Cuando el reconocimiento de derechos es una paradoja…

Muchas y muchos de quienes tuvieron, o tienen, algún tipo de discapacidad en su vida saben lo que significó transitar casi sin derechos por este mundo. Los que hoy día tienen alguna de las tantas clases de discapacidad son reconocidos por nuestro derecho, aunque ello se cumpla irregularmente y, en ocasiones, deba exigir su cumplimiento por la vía judicial gracias a alguna mano amiga más que a su propia capacidad económica para ello.

Sin dudas, los ciegos fueron pioneros en la búsqueda del reconocimiento jurídico de su propia condición, al igual que las personas con discapacidad motriz. Gran cantidad de la normativa destinada a ambos tipos surgió a partir de la década del `50 pero no incluía a otras discapacidades no tan visibles, como la hipoacusia, la sordera o la insuficiencia renal crónica…

En ese sentido, comenzó la acción de varios militantes en pos del definitivo reconocimiento para todos los tipos de discapacidades, junto con un conjunto de derechos destinados a compensar la desigualdad existente en materia socioeconómica. La década del `70 fue fructífera, gracias a ellos, porque se comenzaron a visibilizar algunos de los obstáculos que impedían su plena inclusión social.

La labor de José Liborio Poblete, persona con discapacidad motriz y militante de la Unión Nacional de Discapacitados y del Frente Nacional de Lisiados Peronistas, en materia laboral, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad es una de las más notorias, lo que le valió, junto a ser testigo de la desaparición de Claudia Inés Grumberg, estudiante de Sociología y con una artritis deformante que sufría, su posterior secuestro y asesinato a manos del Turco Julián. También es destacable la tarea social de Mónica Brull de Guillén, ciega, quien desarrollaba su acción con vecinos y otros integrantes de la comunidad no vidente del actual Servicio Nacional de Rehabilitación, ubicado en Ramsay y Echeverría de esta Ciudad y fuese secuestrada el 07 de diciembre de 1978 y liberada, junto a su esposo Juan Agustín Guillén, el 21 de diciembre de 1978.

Sin embargo, la sanción de la Ley Nº 22.431, en 1981, enmarcando los derechos del colectivo, no fue producto de estas luchas sino de situaciones particulares entre los genocidas. No podemos olvidar al hijo oligofrénico de Videla, Alejandro Eugenio, quien estuvo internado en la Colonia Montes de Oca y que fuese negado por sus propios padres, en principio, hasta la revelación de Página 12 (22/06/98) y existe la posibilidad que ello, a pesar de su negación pública, hiciera pensar al genocida, quien sancionó la norma mencionada.

Mientras el terror reinaba mediante los secuestros y las torturas que se sucedían en todo el país, la dictadura reconocía los derechos de las personas con discapacidad y ello constituyó la más cruel paradoja del período 1976/1983.

De la paradoja a la vigencia efectiva

La dictadura tuvo una mirada conservadora, de la mano de la Iglesia, hacia las personas con discapacidad pues no reconocía las capacidades diferentes e inclusive, no las consideraba útiles social y económicamente. Sin embargo, el Sistema Nacional de Protección a la Persona con Discapacidad, que estableció la norma sancionada por los genocidas, implicó la generación de nuevos derechos, como la eliminación de barreras arquitectónicas, el transporte gratuito aunque limitado a la educación y a la rehabilitación como también a las concesiones de pequeños comercios y el cupo laboral del 4% para la Administración Pública Nacional, que tuvieron un carácter formal pues nunca se hicieron efectivos y que solamente tomarían vuelo a partir de 1983.

La lucha de Poblete y de Brull de Guillén había provocado indirectamente el comienzo hacia la efectiva vigencia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, los que aún necesitan de un nuevo impulso en esta democracia renga, donde todavía todo un colectivo debe penar por sus derechos.

Sin embargo, la mirada conservadora varió demasiado poco en democracia, a pesar de la Reforma Constitucional de 1994 y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de 1995, para dar paso a la pesada herencia de la dictadura que se perpetúa sobre un colectivo ignorado socialmente y relegado desde el Estado.

Solamente se reconocen los derechos desde el discurso, en lugar de acciones concretas. Esa fue la idea de los genocidas que se perpetuó desde 1976 y es la que continúa imperando en nuestro país, a pesar de la reglamentación de viejas leyes y de la sanción de otras nuevas, siendo la principal consecuencia directa de la dictadura militar en materia de discapacidad, la cual sigue operando sustancialmente en toda la clase política con el apoyo sistemático de la Iglesia.

¿Qué dirían de todo esto José Poblete, Mónica Brull de Guillén, Juan Agustín Guillén, Claudia Inés Grumberg; el matrimonio Ravelo Vega, ciegos de Rosario, cuya casa hoy alberga la Casa de la Memoria y tantas otras y otros?. Posiblemente nos alentarían, y nos siguen alentando, a que continuemos la lucha por esos derechos por los cuales algunas y algunos dejaron la vida y otros pudieron sobrevivir al infierno. Y en eso estamos, sobreviviendo…