Jubilados argentinos camino a la pobreza

Escrito por el 14/03/2009

El fuerte debate generado a raíz de la decisión del gobierno nacional de ‘unificar’ el sistema previsional, ocupó gran parte de los espacios de los medios de comunicación. Sin embargo, la cantidad de información (noticias, opiniones, comentarios, etc) no contribuyó para nada en clarificar la situación. Más bien, se produjo un enfrentamiento entre dos bandos que pugnaban por el ‘botín’ de los fondos previsionales, pero se olvidaban de lo más importante: la situación de los jubilados.

Es muy difícil entender la decisión de pasar al sistema estatal a los aportantes de las AFJP (con sus respectivos aportes), sin considerar la ley de (in)movilidad previsional, que sancionó el Congreso Nacional algunas semanas antes con el masivo apoyo de los legisladores oficialistas. Esa norma dispone no sólo la forma en que los haberes previsionales se han de ajustar en forma semestral, sino también cómo se realiza el promedio de los últimos diez años de las remuneraciones para el cálculo inicial  del haber.

  A pesar de lo dispuesto por la Constitución Nacional (artículo 14 bis) y de los dos fallos de la Suprema Corte de Justicia por el ‘Caso Badaro’, la ley 26417 define un criterio de actualización que va en contra de ambos. Incluye una fórmula tramposa y perversa que pone topes a la eventual movilidad de los haberes, de manera que semestre a semestre los jubilados van perdiendo parte de su poder adquisitivo (y alejándose más y más del salario que tenían en actividad), hasta llegar al piso del haber mínimo.

   Y si hoy el 76 % de los jubilados nacionales perciben ese monto mínimo, con esta disposición serán cada vez más los que queden en tal situación, aún cuando los fondos de la ANSES sean suficientes para mantener un ingreso promedio mucho más elevado.

  Como ejemplo concreto, podemos ver lo sucedido con el primer ‘ajuste’ que acaba de anunciar el gobierno. A pesar de que el salario creció alrededor del 24 % anual, el aumento que surgiría de la aplicación de la fórmula sólo llega al 11,7%. Quiere decir que en el primer semestre de aplicación el jubilado ya pierde más de un 12 %, y no lo recuperará nunca más. A pesar del superávit del ANSES y de la existencia de fondos cercanos a los 100 mil millones de pesos (que hoy usa el Estado para pagar deuda, otorgar subsidios con fines electorales y financiar otros gastos corrientes).

  Pero el panorama es mucho más grave, dado que la fórmula mencionada también se aplicará en la determinación de haber inicial. Recordemos que la ley que reglamentó la movilidad jubilatoria (según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional) en el año 1958, disponía un haber inicial igual al 82 % del sueldo en actividad, según remuneración promedio de los últimos años, actualizada por variación salarial. Una ley posterior puso un margen de entre el 70 y el 82 % de ese haber promedio, que luego se actualizaría según varíen los salarios.

  ¿Qué pasó a partir del año 1995 con Menem y Cavallo (ley 24.463)? Con la denominada ley de ‘solidaridad previsional’ se rompe con el criterio de los ajustes automáticos y la relación del haber con el salario en actividad, y el cálculo del haber inicial determina un monto del 52 % del sueldo que tenía en actividad el futuro jubilado. Para determinar ese sueldo se toma el promedio de los últimos diez años anteriores al servicio, actualizado por un índice que era el de la variación de las remuneraciones del personal en actividad.

  Si la disminución del haber inicial a apenas el 52 % del sueldo que se cobraba en actividad ya era un retroceso brutal, que llevaba a una fuerte caída en el nivel de ingresos de quien había trabajado y aportado toda su vida, el tema ahora es mucho más grave. La ley impuesta por el actual gobierno dispone que el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años se actualizará utilizando la fórmula tramposa y perversa que estamos comentando.

  En los hechos esto quiere decir que el haber inicial de los futuros jubilados no llegará nunca al 52 % de la remuneración que estaba cobrando. Porque esa fórmula aplicada durante diez años (es decir veinte semestres), achicará el sueldo a actualizar a valores irrisorios. Y entonces no será el 52 % sobre el último salario, sino sobre un sueldo mucho menor.

   Ello daría una cifra que puede llegar (según el período concreto) a ser inferior al 30 % de la remuneración que percibía el que se va a jubilar. Y luego seguirá bajando semestre a semestre.

  ANSES RICA CON JUBILADOS EMPOBRECIDOS

  En síntesis, al pasar los aportantes al sistema de las AFJP al sistema estatal, eso trae como resultado que más de nueve millones de trabajadores se suman a los varios millones que hoy están condenados a la pobreza, por la ley que impuso el Justicialismo en el gobierno.

   Pero significará también que llegarán a las arcas del Estado un fondo acumulado de casi 80 mil millones de pesos (más aportes anuales por casi 15 mil millones), que no podrán ser usados para mejorar los pulverizados haberes previsionales.

  Se dará la paradoja de tener una ANSES multimillonaria, pero con millones de ‘beneficiarios’ empobrecidos.

  Y mientras las AFJP (y sus bancos propietarios) hacían una campaña para defender el saqueo que significa quedarse (como lo hacían) con la tercera parte del aporte jubilatorio de los trabajadores; y el Gobierno nacional hacía su campaña para tomar esos fondos millonarios para destinarlos a fines reprochables; ninguno se preocupaba por la vida miserable de los jubilados.

   Sólo una modificación a la inconstitucional, criminal y perversa ley de (in) movilidad previsional, puede traer alguna esperanza y justicia a los trabajadores y a los jubilados argentinos. Y esto se logrará con la lucha unitaria y persistente de los sectores populares.

   No obstante, parece que la tendencia no fuera de frenar este atropello sobre los derechos legítimos de los jubilados nacionales, sino por el contrario (y de acuerdo al convenio de armonización firmado por el gobernador Urribarri con la Nación), se intentará modificar la legislación entrerriana para adaptarla a la criminal normativa nacional. De todos nosotros dependerá de que ello no suceda…


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