Represión en campaña

El Gobierno de Mauricio Macri desalojó de forma violenta una huerta que funcionaba hace 7 años. Cuando sus integrantes se manifestaron, la Policía Federal a cargo del Gobierno Nacional los reprimió. Al mismo tiempo Macri insiste con obtener una especie de SIDE para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Más represión?

Los hechos se suceden de mal en peor y dando cuenta de una política represiva y excluyente de prácticas alternativas al sistema amarillo pulcro que quiere desperdigar el Pro en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras Mauricio Macri toma café con el empresario y candidato Francisco De Narváez y Felipe Solá para desmentir el quiebre de su alianza, su gestión avanza. La Unidad de Control de Espacio Público junto a la Policía Federal desalojó, el lunes 18 a la madrugada, la Huerga Orgázmica que hace 7 años funcionaba en terrenos linderos a las vías del Ferrocarril Sarmiento.
Ese lunes a las 4:30 de la mañana, 3 topadoras, varios camiones y más de 50 policías, bajo la supervisión de Marcelo Iambrich, director del CGP 6, arrasaron con todos los árboles, plantas medicinales y comestibles que los integrantes de la huerta y vecinos cultivaban en el predio recuperado.
Según explican los integrantes de la huerta Marcelo Iambrich (director del Centro de Gestión y Participación 6) “autorizó el desalojo de la Huerta, sin que mediara orden de desalojo, desocupando un predio que ni siquiera les pertenece, con el único argumento de que la Huerta podría llegar a ser un foco infeccioso de Dengue”. Sin embargo, el predio pertenece al Gobierno Nacional y el Dengue se controla en zonas cultivadas.
El gobierno de Macri ya había intentado dar fin a la huerta antes. Pero la Justicia intervino, dando razón a los vecinos, cuando en noviembre del 2007 el Juzgado Nacional en lo Correccional N°5 ordenó el archivo de la causa por “inexistencia del delito de usurpación”.
Pero esto no termina aquí. El martes 19, los integrantes de la Huerta Orgázmica realizaron una protesta frente al Centro de Gestión y Participación (CGP) nro  6, a cargo de Marcelo Iambrich. Pero al llegar se encontraron con 3 camiones hidrantes y un cordón de infantería. A los pocos minutos, los 30 manifestantes corrían por la Avenida Díaz Velez al 4500, seguidos por la Polícía Federal.
En una cacería de una intensidad impresionante, la policía se metió en el centro cultural La Sala sin orden judicial, para detener a los manifestantes que allí se resguardaban. Luego clausuró el lugar. Como resultado hubo 21 detenidos en la comisaría 11 y 2 heridos en el Durand.
Ante esta noticia el diario Clarín tituló: “Destrozos y 21 detenidos por una protesta tras un desalojo”. ¿Error? Los destrozos y los detenidos no fueron causa de la protesta, sino de la represión policial.
Los detenidos fueron liberados a la noche, luego de una manifestación frente a la comisaría que contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales.
Ahora, los integrantes de la Huerga Orgázmica siguen realizando actividades y acciones en la justicia para que se les permita volver a sembrar. Exigen  “la renuncia inmediata de su cargo del Director del CGP 6 Marcelo Iambrich; la restitución del terreno perdido de la Huerta Orgazmika; el desprocesamiento de las causas iniciadas a los detenidos durante el martes 19 y el desmantelamiento de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público). Las actividades actualizadas están en http://orgazmika.blogspot.com.

Planificando más represión

El macrismo insiste con la discusión para aprobar el proyecto de ley que crearía la Dirección de Inteligencia Criminal de la ciudad (Expediente 2851-D-2008), por medio del cual se crearía un organismo de inteligencia que recabaría información de manera secreta y confidencial “aún cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la justicia en el marco de una causa determinada o sea requerida por cualquier Organismo de control existente o a crearse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” (artículo 6) e incorpora la figura del espía o “informante”, como lo define el proyecto en el artículo 13, que gozaría de protección de identidad.
Según información que circula públicamente, el proyecto cuenta entre sus mentores a Raúl Rosa, agente de la SIDE durante del menemismo, vinculado con Luis Abelardo Patti.
El macrismo fundamenta su proyecto en las leyes de seguridad nacional y bajo el argumento de que “el Gobierno nacional” cuenta también con un ente similar, mostrando de esta forma por dónde se le acerca cuando pretende alejarse.
La iniciativa expone la voluntad política de la gestión, que pretende crear organismos de vigilancia aún sin haberse concretado el traslado de la policía o de la justicia, y cuya concreción significaría una inversión de fondos públicos para reforzar la persecución y la represión (como ocurrió con la inversión de más de 200 millones en la Polícia Metropolitana, en el mismo año en que el gobierno alegó “no tener plata” para salarios docentes).
El combo represivo se completa con la destrucción de Puerto Pibes para crear la escuela de policía. El muro que separará la escuela Nº 11 (a la que asisten los chicos de la Villa 31 bis) de la nueva institución de entrenamiento es el corolario perfecto del gesto simbólico.
Los escuadrones de la UCEP, la nueva policía y el proyecto de la Dirección de Inteligencia, dan cuenta de la -nada nueva- forma de una voluntad de panoptismo y control social, evidenciada también en el experimento del “mapa” de su aliado político Francisco De Narváez. Como queda expresado en el texto mismo de la fundamentación del proyecto: “La mutación de modos, los cambios de parámetros delictuales, los perfiles delincuenciales y actitudinales presentes en los criminales, todo ello debe ser estudiado, analizado, sabido para un mejor desarrollo de la tarea preventiva del delito. (…) Nadie puede negar hoy en día, que las políticas de seguridad eficaces se relacionan directamente con el desarrollo de tareas de inteligencia criminal frente a la complejidad de los delitos”
Quizás debiéramos discutir primero el concepto de seguridad. Y estudiar, analizar y prevenir delitos. Pero delitos como la violencia policial en el desalojo de un proyecto comunitario. O los de una gestión que mira siempre la parte del mapa del lado de los incluidos, de los que tienen y los que se pelean por repartir esos recursos. El lado amarillo PRO de esta ciudad.

Fuente: diario Página 12, AnRed, .