Desalojo y represión, ¿patrimonios de la humanidad?

55 familias de la localidad jujeña de Purmamarca en lucha para conseguir un lugar donde vivir, en tierras que originariamente les pertenecen.

Jujuy
En julio de 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró Patrimonio de la Humanidad a la Quebrada de Humahuaca. A partir de ese momento el valor de las tierras de esta zona de Jujuy aumentó indiscriminadamente, volviendo imposible su acceso para los habitantes originarios.
La situación continuó empeorando con el correr de los años: “El negocio inmobiliario aprovechado por empresarios, funcionarios del Estado provincial, y terratenientes de la provincia ha profundizado el histórico conflicto por la tierra, despojando a nuestras familias de la posibilidad de acceder a una parcela y a una vivienda digna. En Purmamarca la tierra es utilizada para construir hoteles donde nuestro rol es limpiar y servir a turistas adinerados”, afirman en un comunicado Familias Unidas de Purmamarca, un grupo de 55 familias que ante la falta de viviendas, y cansadas de que los gobiernos no hicieran nada por ellos, decidieron ocupar unos terrenos.
El 27 de marzo pasado se asentaron en unos predios, ubicados a la vera del arrollo Coquena, que figuraban en los planos como “tierras fiscales”. Ya desde el día siguiente, las familias fueron amenazas por sus supuestos dueños, hasta que el 8 de abril se presentaron en el lugar fuerzas policiales con una orden de desalojo del Juez de instrucción Jorge Álvarez Prado.
Como es habitual en estos casos el desalojo fue violento. No sólo se les secuestró todas sus pertenencias, sino que fueron golpeados con palos, balas de goma y gases lacrimógenos. Producto de esta represión, dos mujeres embarazadas debieron ser internadas en el hospital de la cercana localidad de Maimará.
Ante lo ocurrido, las Familias Unidas de Purmamarca efectuaron un corte en el cruce de las rutas 9 y 52, que duró hasta que autoridades provinciales se hicieron presentes en el lugar. Allí se acordó la realización de una reunión para encontrar una solución a la falta de vivienda. A cambio, y como muestra de voluntad de diálogo, las familias levantaron el corte.
El encuentro se produjo finalmente el lunes pasado. Según relató a Red Eco, Hernán, integrante de una de las familias, allí las autoridades les prometieron que les conseguirían terrenos. Para ello, las familias deben conseguir a los posibles vendedores, para luego presentárselos al gobierno provincial, que se encargará de elegir y comprar los espacios y cedérselos a las familias. Vueltas extrañas del sistema, el gobierno comprará y cederá tierras que originalmente les pertenece a estas familias y que les fueron quitadas con el objetivo de construir y generar riqueza material para unos pocos.
Hoy, mientras las familias buscan vendedores, continúan viviendo a la vera de la ruta. Las autoridades habían prometido conseguirles un lugar provisorio hasta que se produzcan las “transacciones”, que pueden demorar entre tres y cuatro meses, con suerte. Pero pasaron cuatro días y las familias siguen viviendo en carpas, en el cruce de las rutas 9 y 52. Las familias esperan, pero las expectativas no son muchas: “En todos estos años, nadie hizo nada por nosotros”, aseguró Hernán.