7 veces justicia x los 7

Desde el Enredando las Mañanas del martes 27 de junio nos comunicamos con Alejandro Cabrera Britos para hablar de la que será la séptima marcha reclamando por justicia por la Masacre de Pergamino.

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El 2 de marzo de este año, siete jóvenes murieron asfixiados y quemados tras un incendio en la Comisaría 1ª de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. “7 jóvenes -podemos leer en la página Justicia x los 7- que les cortaron todos sus sueños, proyectos, 7 historias de vidas (…), 7 familias destrozadas, muchos niños sin padres, madres sin hijos, esposas sin sus compañeros, hermanos desconsolados, amigos desgarrados, no queda nada más que dolor. Y un solo grito VERDAD – JUSTICIA y CASTIGO”.

Por este brutal hecho se encuentran detenidos los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas, todos de la policía bonaerense y se encuentra prófugo Alberto Sebastián Donza, el comisario a cargo de la Comisaría 1ª en el momento del hecho.

El próximo domingo 2 de julio a las 15 hs. se llevará a cabo la séptima marcha exigiendo justicia en la ciudad de Pergamino y para hablar de esto nos comunicamos en el Enredando las Mañanas con Alejandro Cabrera Britos.

Cabrera recuerda en primer lugar el nombre de quienes perdieron la vida en la comisaría, «fueron siete jóvenes, Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Carlos, «Noni» Cabrera y Fernando Latorre» para a continuación denunciar que «se puede decir claramente que se trató de un homicidio múltiple premeditado, donde la policía bonaerense, como estado presente en ese momento, dejó que quedaran sin vida estos jóvenes luego de ser torturados, los dejó incinerarse en los calabozos, donde interrumpió el suministro de agua de las duchas y fueron los que, si bien parte de los relatos dicen que se inició un foco ígneo por parte de los jóvenes, también hay relatos que dicen que los policías de imaginaria tiraban restos de colchones encendidos a los calabozos«.

La situación que el defensor de DDHH relata es escalofriante: «la temperatura de uno de los calabozos el 1, superó los 500 grados, a tal punto que se torcieron los barrotes y entre las barbaridades que argumentan los policías, dicen que no encontraban las llaves. En la reconstrucción del hecho con 19 personas, se constató que de los tres calabozos del primer los gritos se escuchaban perfectamente en la parte administrativa de la comisaría, y después se encendió humo y se pudo ver que, a pesar de que muchos de los policías decían que no se podía observar el humo, éste se observaba a casi una cuadra«. De este modo, continúa, «un montón de pruebas falsas que presentaron los policías se caen solas«.

Además de los cinco policías detenidxs en la causa, se encuentra aún prófugo Alberto Sebastián Donza, el comisario a cargo quien, denuncia Cabrera, «está protegido por la misma bonaerense que lo viene financiando, y aparentemente se dice que había un pacto con [el ministro de Seguridad provincial Cristian] Ritondo, que lo tiene guardado por un pacto no sé de qué clase, pero mafioso seguramente«. Parte de esa protección se activó un mes después de los hechos, cuando se dictó el encarcelamiento de los policías, y el comisario «tuvo el aviso para poder fugarse«. Mientras tanto, los otros cinco efectivos policiales permanecen detenidos en una comisaría de la ciudad de Rojas a pesar que tendrían que haber sido trasladados a unidades penitenciarias cuando se dictó la prisión preventiva.

«No es un policía, es toda la institución»

Cabrera relaciona las irregularidades presentes en la causa y la campaña policial de amedrentamiento con el resto de la fuerza policial, a la que califica como “una corporación que sigue protegiendo las actitudes más sanguinarias de la bonaerense con el manual de Camps en la mano”. Esto se plasma en los sistemáticos y diversos intentos de amedrentamiento que han sufrido personas cercanas a las víctimas, ya que, relata, “la DDI de Pergamino funciona como un grupo de tareas y viene amedrentando, amenazando, pinchando teléfonos de los familiares en forma ilegal”. Por otro lado, “el GAD, Grupo de Apoyo Departamental, está hostigando a los jóvenes en los barrios precarizados, que tienen algún nexo parental” y, finalmente, en las unidades 49 y 19 de Junín del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde hay parientes de los chicos, “han intentado asesinar a jóvenes, adonde también la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura están informados y se han librado habeas corpus para estos chicos”.

Las expresiones de esta corporación policial son múltiples. “Hay cosas gravísimas -explica Cabrera-, hubo secuestro de testigos por parte de la DDI de Pergamino que tuvieron que irse de Pergamino porque fueron amenazados de muerte, hubo amenazas en mensajes a familiares, y también mensajes mafiosos (…) El abogado de los policías es [Jorge Alberto] Ingrata, que también es socio de otro abogado que lamentablemente son abogados policiales, que han tenido la defensa de otros asesinos, como en el caso de [Lucas] Rotella de Baradero y de otros casos”.

Rodeando a esta policía, afirma Cabrera Britos, “hay una parte de la sociedad pergaminense que tiene un discurso reaccionario que intenta también justificar la muerte de los jóvenes porque supuestamente eran lacras, eran siete ‘chorros’ menos, también es necesario desculturalizar una postura que es fuerte en los lugares conservadores. Pensamos que esta séptima marcha tiene que ser ‘la’ marcha (…) por un montón de cuestiones y por un expediente con casi 2300 hojas que tiene que seguir caminando. El juez Solá y el fiscal Néstor Mastorchio tienen que seguir profundizando la investigación. Habría que haber secuestrado teléfonos de policías de Pergamino, Junín, Rojas y Salto que tienen muchísima información, habría que diligenciar otras cuestiones que no están puestas a la dinámica del caso y de la gravedad del caso”.

Lugar aparte merece en el análisis del defensor de DDHH el lugar de los medios hegemónicos de comunicación que “silencian este caso, (…) en este curso más silencioso de la causa, afortunadamente tenemos los medios que siempre acompañan a todos los casos como los medios alternativos que nos ayudan a denunciar”.

Para Alejandro, este silencio no es casual, sino que, por el contrario, hay una sistematicidad que se relaciona con “una campaña política para ocultar lo que está sucediendo acá, porque si empezamos a hilar la Masacre de Ramallo con esto, con el caso de Carlitos que es un chico asesinado en Pergamino hace unos años por la policía, con casos del conurbano y del Gran Buenos Aires, empiezan a saltar nombres de policías que han tenido traslados, y que han sido ascendidos y premiados en diferentes cuestiones donde estuvieron involucrados en asesinatos de personas”. El entrevistado denuncia que “esto habla de que el ministerio de seguridad, hoy a cargo del ministro Ritondo (…) simplemente hace una campaña para mejorar la imagen policial y encubrir al accionar de la bonaerense ya conocido desde hace años, pero no precisamente por limpiar la institución aguantadero, sino para ver quién se queda con el botín más grande de esta repartija gigante de lo que recauda la bonaerense en red de trata, en narconegocio, en zonas liberadas, en secuestros extorsivos, en alquiler de armas, en reclutamiento de pibes para afanar”. Cabrera afirma que el Ministro no puede ignorar esta información, ya que “viene de los servicios de inteligencia y tiene asesoramiento de servicios privados de inteligencia, la tiene al dedillo, con nombre y apellido actualizados en su despacho y no tiene la voluntad política, o no la tiene o es socio de las acciones o tiene una postura ideológica muy acorde a la mano dura”.