Dilates, retrocesos, avivadas, delicias de la justicia argentina

Utilizando como antecedente el fallo “Díaz Bessone”, la Justicia excarcela a represores de distintas zonas del país. Mientras tanto la causa por la desaparición de Julio López cambia de juez y es como si todo volviera a empezar.

Argentina

En octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal dictó el fallo plenario “Díaz Bessone” (por el ex comandante del II Cuerpo de Ejército, general Ramón Genaro Díaz Bessone) en el que se limitaron los alcances de la prisión preventiva. De esta manera, se dictaminó que todos aquellos que se encuentren procesados bajo esta modalidad poseen el derecho de gozar de libertad durante el proceso, siempre y cuando no entorpezcan la investigación, y no habiendo peligro de fuga. Este “derecho” puede concederse en todo tipo de delitos, sin importar gravedad, ni la escala penal correspondiente.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denuncian que a través de este fallo represores detenidos por distintos delitos y causas de lesa humanidad piden cotidianamente su excarcelación. Tanto es así que ya se produjeron liberaciones en La Plata (Caso Pozo de Arana), Formosa, Mendoza, entre otros. “Si esto no se modifica para fines de marzo o abril habrá más de cien represores excarcelados”, explican desde el organismo de derechos humanos.
Esta situación está relacionada además con la dilación en los juicios por crímenes de lesa humanidad. A la lentitud para elevar las causas a juicio, se suma que los que finalmente llegan a proceso son parciales: se juzga a pocos represores y sólo por algunas de las muchas imputaciones que acumulan. Por esta razón, distintos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Serpaj, entre otros, reclaman la elaboración de una “estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”. En este sentido, han mantenido diversos encuentros con integrantes de la Corte Suprema, e incluso con Cristina Fernández con el objetivo de lograr un compromiso concreto para el desarrollo de políticas que apunten al avance en el juzgamiento de genocidas.
Pero existen otras investigaciones que también se dilatan constantemente. Tal es el caso de la causa por la desaparición de Jorge Julio López.
Tal como lo denuncia Justicia Ya!, el juez federal Manuel Blanco resolvió esta semana hacerse cargo de la causa luego de que el juez Arnaldo Corazza resolviera abandonar la investigación, a la que le aportó poco y nada. De esta manera, Blanco sacó la causa del ámbito de la Secretaría Especial (que se dedica exclusivamente a causas relativas al genocidio) y la envió a la Secretaría 3 de su juzgado a cargo de la Dra. María Cristina Grau (actualmente de vacaciones y sin conocimiento puntual del caso).
“Blanco tiene en trámite desde hace cinco años las causas donde se investiga a los genocidas que actuaron en la Unidad 9, en La Cacha, en la Brigada de Infantería de 1 y 60, en la Comisaría 8va. de La Plata, con el sorprendente resultado de ningún procesado”, explican desde el organismo y denuncian que se está ante un nuevo paso hacia la impunidad. Exigen además que se revoque la decisión de sacar la causa de la Secretaría Especial.
Y así mientras la Justicia se toma su tiempo para ir y venir en las investigaciones, aparecen ciertos hechos vergonzosos como lo ocurrido en San Miguel de Tucumán, en donde destruyeron la placa de homenaje al atleta tucumano Miguel Sánchez, desaparecido en 1977. El viernes pasado fue arrancada