Persecución político sindical en Cipolletti: “el daño agravado que nos imputan es haber escrito las paredes con marcador”

El pasado 13 de septiembre, varixs trabajadorxs nucleadxs en ATE se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social de Cipolletti (Río Negro) para denunciar el vaciamiento de políticas sociales y la precariedad laboral a la que son sometidxs. Tras este episodio, dos manifestantes y un trabajador que ni siquiera estaba en el lugar fueron denunciados por agresiones y roturas de mobiliario. En el Enredando las Mañanas del jueves 20 dialogamos con Mauricio Vidal, uno de los judicalizados, antes de que ingresara a la audiencia indagatoria. Al cierre de la edición gráfica de la nota, volvimos a comunicarnos con él para que actualice la situación.

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Vidal comenzó relatando que el hecho por el que están siendo perseguidos judicialmente se enmarca en un paro provincial al que llamó la CTA, cuando se movilizaron todos los gremios en Cipolletti. “Seguía habiendo reivindicaciones del tipo salarial, pero también estaba citado ese mismo día Rodolfo Aguiar a declarar y varios trabajadores y trabajadoras de Contralmirante Cordero por un corte de ruta por el que fueron judicializados”, explicó en referencia a las causas abiertas por una protesta que duró más de 70 días en la mencionada localidad rionegrina, que alcanzaron, entre otrxs, al Secretario General de ATE provincial. “Luego de la actividad que se llevó adelante frente al juzgado, varios trabajadores y trabajadoras de las distintas delegaciones del Alto Valle nos dirigimos a una de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social a manifestar nuestro reclamo”, remarcó el trabajador: “contra la precariedad laboral y la falta de recursos histórica”.

“En esa coyuntura había aproximadamente 30 talleristas en toda la provincia que hacía cinco meses que no cobraban, en nuestro caso alcanzaba a dos compañeras”, señaló el trabajador social. “La oficina que queda en la calle Córdoba es un lugar donde además de funcionarios hay punteros partidarios y lo que nos llamó la atención es que a los 10 minutos de que nos fuimos del lugar ya estaba el fiscal –el mismo que viene haciendo causas a varios luchadores y luchadoras de la región- y un escenario montado en el que supuestamente habíamos roto computadoras y demás, y a partir de ahí es que se hace una denuncia penal y ahora nos citan a indagatoria”.

“En el lugar estuvimos dos compañeros, Miguel (Ángel Quiroga) y yo, pero Ariel (Ríos Garcés) ni siquiera había participado de la instancia; es más, él fue amenazado telefónicamente por un puntero”, remarcó Vidal y en relación a esto: “nosotros lo que creemos es que hay una utilización de datos, porque en Cipolletti continuamente hacemos gestiones en esa oficina para obtener los recursos para ejecutar las políticas sociales; ni siquiera tomaron el recaudo de verificar quiénes habíamos estado y quiénes no, sacaron la información de las notas que nosotros hemos presentado”.

“Hoy (jueves 20) nos citaron a indagatoria, vamos a declarar, porque no hicimos nada de lo que se nos está imputando”, enfatizó el trabajador judicializado: “el daño agravado que se nos imputa es haber escrito las paredes con marcador y pegado afiches”.

“Esto es una persecución política sindical que esta vez se extralimitó de la institución, porque tenemos varios intentos de inicios de sumarios, pero hemos quedado absueltos de todos”, finalizó.

Al cierre de esta edición, el mismo trabajador confirmó que pudieron declarar y que “las pruebas que había no nos involucraban, tienen fotos y recortes de diarios en las que en ningún momento aparecemos nosotros”. También aseguró que “es todo muy desprolijo con un evidente direccionamiento persecutorio”.

“Lo que hicimos fue declarar haciendo cargo a la funcionaria del gobierno del vaciamiento de políticas sociales y de la persecución política”, concluyó y remarcó que “la causa no debería avanzar, pero en este contexto donde se ha desatado una  persecución política hay que ver qué va a pasar”.

Por su parte, la abogada de la causa Victoria Naffa, dijo que pedirá el sobreseimiento de los tres trabajadores porque “no hay pruebas que acrediten el hecho” y al mismo tiempo “el hecho es insignificante para persecución penal”.