Beneficios para policías torturadores y más criminalización para familiares de Pablo Vera

La justicia rionegrina no deja de avanzar en materia represiva. Este jueves, el mismo juez que fue denunciado penalmente por su rol en las torturas a familiares y amigxs de Pablo Vera en noviembre del 2014, decidió archivar esa causa y avanzar con la que investiga a los jóvenes por “atentado a la autoridad, amenazas, resistencia a la autoridad, y daño agravado por rotura de vidrios en el edificio de Tribunales”.

El 28 de noviembre del 2014, dos meses después del asesinato policial de Pablo Vera en manos de Jorge Villegas –condenado a perpetua por abuso de su función en febrero de este año-, familiares y amigxs del joven se manifestaron frente al edificio de Tribunales en Fiske Menuko –Río Negro- contra la excarcelación del homicida. Cuando se retiraban del lugar fueron reprimidos por la policía provincial y 14 de ellas y ellos terminaron detenidos y siendo torturados en comisarías. Entre las víctimas había menores de edad y una mujer embarazada. Permanecieron tres días en esa situación.

A partir de esa jornada surgieron tres causas: una, contra las y los familiares y amigos de Pablo, endilgándoles los delitos de atentado a la autoridad, amenazas, resistencia a la autoridad y daño agravado; otra por las detenciones ilegales y las torturas que sufrieron en las comisarías 21 y 3 de Fiske Menuko, y finalmente una tercera contra el juez Maximiliano Camarda por rechazar el habeas corpus presentado para proteger a las víctimas y por encubrir los hechos, promoviendo la continuidad del cautiverio y los apremios.

Ese mismo juez, que la semana pasada fue escrachado en la Universidad Nacional del Comahue donde ejerce como docente de derecho penal, sigue decidiendo avanzar contra familiares y amigxs de Pablo Vera y proteger a policías torturadores.

Desde la Coordinadora 13 de enero, denuncian que Camarda criminaliza la lucha de justicia para Pablo Vera “en el marco de una estrategia persecutoria del poder judicial que se vincula con otras muchas acciones que ha sostenido contra quienes se organizan para cuestionar su supuesta neutralidad poniendo a la vista las arbitrariedades e intereses que defiende el sistema judicial”.

También aseguran que “la situación es de extrema gravedad toda vez que las únicas declaraciones a las que el juez le dio credibilidad son las de la decena de policías que declararon en estos dos años; policías que intervinieron en la detención y represión de lxs manifestantes (entre ellxs niños y niñas, jóvenes, y una mujer embarazada de ocho meses)” y exigen la destitución de Maximiliano Camarda como juez de instrucción n° 8 “por ser responsable y encubridor de violaciones a los Derechos Humanos”, además del “desprocesamiento de todxs lxs amigxs y familiares de Pablo Vera” y el cese de la criminalización y judicialización de la lucha social.

(Foto: Reina Momo)