“El 51% del paquete accionario de YPF es del Estado argentino, así que el contrato (con Chevron) se tiene que mostrar”

El acuerdo secreto entre YPF, una empresa con 51% de capital de propiedad estatal, y Chevron permanece secreto a pesar de fallos judiciales que obligaban a hacerlo público. Desde el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) realizaron un informe sobre algunos aspectos del convenio. En la emisión del martes 29 de marzo de Enredando las mañanas conversamos con el economista Gustavo García, investigador del CONICET e integrante del Taller, para que nos realice un resumen de este trabajo que busca desencriptar el contenido del acuerdo.

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“Por lo que sabemos, el contrato tiene atrás un entramado de estructuras offshore, o sea son estructuras jurídicas creadas en paraísos fiscales, lo que ya le da un grado de opacidad al contrato bastante grande. El contrato de YPF con Chevron tiene 9 secciones, de las cuales 4 hablan sobre todo este entramado entre las empresas constituidas en paraísos fiscales, así que es urgente que se pueda conocer su contenido y qué más está escondiendo, cuáles son las funciones que cumple cada una de estas estructuras offshore, cómo Chevron adquiere las utilidades que no figuran en ningún lado, son todas preguntas que hay que responder y todavía no conocemos”, afirmó el economista Gustavo García en el inicio de la charla con Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
El Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista realizaron un informe a partir de diversa documentación pública. A través de este trabajo descubrieron la creación de un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales y que aplica como marco jurídico el del Estado de Nueva York, con el arbitraje además de la Cámara de Comercio Internacional de París. Al respecto, García señaló: “si en un futuro inmediato un argentino le quiere realizar un juicio a Chevron tiene que ir hasta Nueva York, cosa que es ridícula porque la actividad se desarrolla en Argentina. Incluso es muy probable que cualquiera que levante un litigio contra Chevron lo pierda porque Chevron no tiene ningún activo que esté vinculado a la actividad petrolera, sino que tiene un contrato prendario, que es un préstamo en el que tiene una garantía sobre un activo, en este caso el activo es del 50% de Loma Campana que está adjudicada en partes iguales entre YPF y una SRL que se denomina Compañía Hidrocarburo No Convencional y es la garante del contrato prendario entre YPF y Chevron, todo firmado en paraísos fiscales. Las firmantes del contrato son todas estructuras offshore, lo que le da nuevamente un grado de opacidad muy grande a la actividad”.
“Esta SRL – continuó García – está controlada por un estructura offshore en el Estado de Delaware que queda en Estados Unidos, es considerado un paraíso fiscal y se lo reconoce de esta forma porque tiene más personas jurídicas habitando el Estado que personas físicas, así que todas las empresas y compañías quieren fijar su sede allí o quieren constituir estructuras allí. A su vez, se firmó el contrato prendario con una estructura de Chevron en las Islas Bermudas, así que la plata va a parar a Delaware y desde ahí a las Islas Bermudas que es donde Chevron tiene unas cuantas subsidarias. Todo este circuito hace el capital de los beneficios de Chevron”.
En efecto, si un individuo u organización de Argentina se siente afectado por la actividad de fracking que se va a desarrollar a partir de este acuerdo debe ir a litigar a Nueva York: “esto es siempre y cuando quieran demandar a Chevron, porque YPF tiene actividades en Argentina. Siempre y cuando se quiera alterar el contrato de Chevron-YPF, la resolución del litigio se lleva a cabo en una corte del Estado de Nueva York. Chevron tiene subsidiaria en Argentina, que se llama Chevron Argentina SRL, pero no interviene en ninguna documentación del contrato con YPF, lo que es rarísimo porque si tiene una subsidiaria por qué no la utiliza, bueno, porque no quiere aparecer en ningún lado, ni el nombre de Chevron, ni el de ninguna de sus estructuras. Entonces armaron todas estas estructuras offshore, SRL que se crean en Argentina, todos entramados para que Chevron no se haga cargo de absolutamente ningún litigio que se le quiera armar”, explicó el economista.
El contrato entre YPF y Chevron fue firmado el 16 de julio de 2013 y desde entonces su contenido permanece oculto. A partir de una causa iniciada por el ex senador, hoy diputado por Santa Fe, Rubén Giustiniani, la Corte Suprema de Justicia había ordenado en diciembre pasado que se difundiera el acuerdo entre las petroleras. Y así fue como la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal  María Cristina Carrión de Lorenzo le solicitó a YPF que entregara la documentación requerida. Sin embargo, la petrolera estatal apeló esta decisión, medida que fue finalmente aceptada por la propia magistrada. “Falló la Suprema Corte de Justicia diciendo que el contrato se tendría que mostrar sin ningún veto de ningún tipo, o sea que no esté tachoneado por ningún lado, sin que sea confidencial ninguna de las partes, entonces YPF lo que hizo fue apelar ante la jueza diciendo que el contrato tiene que ser confidencial por cuestiones de competitividad y de puros problemas con Chevron, entonces la jueza le dio a Chevron un changüí de días pero al final terminó fallando que el contrato se tenía que mostrar tal cual fue firmado. YPF volvió a apelar diciendo que se veía afectado y nuevamente la jueza avaló esta resolución, entonces el contrato no se muestra. Todo ese recorrido fue más que contradictorio porque incluso YPF entregó un escrito muy interesante la primera vez en el que contaba por qué era confidencial el contrato y para contar por qué lo era tenía que decir qué contenía el contrato, entonces da unas cuantas pistas de todo este entramado. Por eso obviamente en un futuro el contrato se tendría que mostrar porque hay un fallo de la Suprema Corte, volver a la Corte parece un poco una cargada pero es así cómo se maneja la justicia. El contrato que entregaron a la jueza, además de este escrito, estaba con tachaduras, lo único que no tenía (tachaduras) era el anexo de la norma ambiental, o sea que lo que entregó YPF a la jueza fueron las normas ambientales que todo el mundo ya conoce”, detalló García.
Cabe remarcar que hasta el momento, la presentación efectuada por el socialista Giustiniani es la única realizada ante la justicia.
El integrante del Taller Ecologista remarcó además que YPF es una empresa que cuenta con mayoría de capitales estatales, el 51%, y que justamente el fallo de la Corte apuntaba a que la petrolera debía regirse por las regulaciones correspondientes a una sociedad del Estado argentino: “lo que dice YPF es que ellos le rinden a sus accionistas, como si fueran algo totalmente uniformes, sin nombre, pero en realidad el 51% del paquete accionario de YPF es del Estado, así que el contrato se tiene que mostrar”, cerró García.