No al procesamiento de los compañeros de FUBA

El martes se realizó la conferencia de prensa en el marco de la campaña por el desprocesamiento de los 10 dirigentes estudiantiles de FUBA acusados por movilizarse el 28 de mayo al Consejo superior de la UBA en el marco de la lucha contra el cierre del CBC de Merlo.

Huele a persecución, a revancha y a disciplinamiento. El cargo suena, ya de por sí, desmesurado. Y no pueden obviarse las connotaciones políticas del procesamiento: como tantas veces, se intenta judicializar la protesta social para “poner en caja” la movilización y la lucha, tenga esta el carácter que tenga.
Al iniciarse las clases en el mes de marzo, docentes y estudiantes del CBC de Merlo se encontraron con la noticia de que la sede del oeste sería cerrada, a instancias del intendente de esa localidad, Raúl Otacehé. Se inició entonces una movilización importantísima, por parte de docentes, alumnos,  no-docentes y padres de estudiantes, para impedir el cierre de la unidad académica a la que asisten 3500 estudiantes, muchos de ellos –no es un dato menor- de bajos recursos. Mientras el intendente y el rector de la UBA Rubén Hallú se pasaban la pelota, la comunidad del CBC de Merlo ocupó pacíficamente la sede, con el fin de garantizar las clases y las fuentes de trabajo.  Frente a la desidia de las autoridades del municipio y de la universidad, sin luz, ni guardia de seguridad y organizando la limpieza de las instalaciones, la ocupación se extendió por 3 meses. EL proceso fue acompañado por organizaciones sociales y el movimiento estudiantil-docente de la UBA.
El 28 de mayo, una movilización de estudiantes y docentes ingresó y ocupó la sede del Rectorado de la UBA para exigir al Consejo Superior el cumplimiento de la resolución Nº3830 -dictada por el propio CS un mes antes- que garantizaba la normalización y continuidad de las clases y comprometía la existencia de una Sede universitaria de la UBA en el oeste del Gran Buenos Aires.
La lucha del CBC de Merlo resultó victoriosa, en el marco de los ataques sistemáticos contra la educación pública, y del ahogo presupuestario en que se encuentra sumida la Universidad de Buenos Aires. Pero el Juzgado nacional en lo criminal y correccional federal Nº9, a cargo del juez Lamadrid, dictó el procesamiento de 10 dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria de Buenos Aires por “secuestro coactivo agravado por el número de participantes", por los hechos ocurridos el 28 de mayo. El cargo por el que se los imputa tiene prevista una pena de entre 10 y 25 años, siendo no excarcelable. Conjuntamente con esto se les ha dictado un embargo por $10.000 y la prohibición de salir del país.
El comunicado emitido conjuntamente por la FUBA, 9 Centros de estudiantes y más de 30 agrupaciones políticas de la universidad, sostiene que “se los juzga no por sus actos sino por ocupar cargos de responsabilidad en las organizaciones estudiantiles. Se trata, por lo tanto, de una persecución lisa y llana y de esa manera debe ser denunciada”.
Frente a este avance contra la organización del movimiento estudiantil, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el marco de la campaña por el desprocesamiento, con la presencia de los 10 dirigentes acusados, de organismos sociales, de Derechos Humanos, dirigentes políticos y sindicales, docentes y estudiantes.  Entre los procesados, -Cristian Henkel, María Damasseno, Mariela Solesio, Santiago Gima, Agustín Vanella, Juan Pablo Rodríguez, Leonardo Perna, Laura Casal, Alejandro Raia y David Fridman- se encuentran 2 de los 3 actuales copresidentes de la FUBA, 3 ex presidentes de la misma, 1 Consejera Superior, presidentes de centros de estudiantes y Consejeros Directivos de varias facultades.
Los dirigentes enmarcaron la causa en una “persecución política”, “por haber defendido una lucha ejemplar”, tal como señaló Cristian Henkel, co-presidente de la FUBA.
“Acá lo que se está intentando es terminar con la protesta, con la movilización y la defensa de la educación pública” manifestó María Damasseno, copresidenta también de la FUBA.
También estuvo presente Fernando Greno, militante de la agrupación estudiantil Plan B, procesado por realizar una pintada exigiendo la aparición con vida de Julio López, en mayo del 2007. El juicio a Greno se inició esta semana.
La campaña por el desprocesamiento ya sumó varios centenares de firmas entre legisladores, dirigentes políticos y gremiales, movimientos sociales, organismos de DD.HH, docentes y estudiantes,  condenando la criminalización de la protesta social, en un contexto en el que los derechos más básicos  -entre ellos la educación- son avasallados sistemática y cotidianamente.

Reproducimos a continuación el pedido de adhesiones, que pueden enviar a desprocesamientoya@yahoo.com.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ar

NINGUN ESTUDIANTE PRESO
Los abajo firmantes nos pronunciamos por el inmediato desprocesamiento de los 10 dirigentes estudiantiles de la UBA, procesados por defender la continuidad de una sede del CBC de Merlo, la sede oeste del conourbano. Se pretende juzgar por "secuestro coactivo agravado", que tiene previsto una pena entre 10 y 25 años siendo no excarcelable, atentando claramente contra el derecho democrático de movilizarse pacíficamente en Defensa de la Educación, conjuntamente con esto se les ha dictado un embargo por $10.000 y la prohibición de salida del país.
 Consideramos que la causa en contra de los 10 dirigentes de la UBA representa un avasallamiento de las libertades democráticas y de organización no sólo de los estudiantes sino del conjunto del movimiento popular.
Reclamamos el inmediato desprocesamiento de los 10 dirigentes de la UBA y contra todo intento de criminalizar la protesta socia