“Mi título, mi derecho”

En las últimas semanas, instituciones de educación especial de Córdoba recibieron la notificación de la Resolución 0081, en la que se anunciaba la decisión provincial de dejar de emitir títulos de educación secundaria con validez nacional para estas escuelas, así como para lxs niñxs integrados en la escuela común. Finalmente, se dio marcha atrás con esta iniciativa, gracias a la movilización y presión de las familias y los establecimientos educativos. Sin embargo, esta situación dejó al descubierto que esta resolución descansaba sobre una anterior pero del ámbito nacional. En el Enredando las mañanas del miércoles 17 de junio, conversamos con Evelyn Genovese, madre de un estudiante del Instituto Divina Providencia de Córdoba, para interiorizarnos sobre esta compleja problemática y las posibles derivaciones de lo sucedido en los últimos días.

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En el programa Enredando las Mañanas #313 abordamos un tema que trascendió durante las últimas semanas y que puso en jaque los discursos políticamente correctos sobre la inclusión en el ámbito educativo.
En particular, el conflicto se desató al llegar a las instituciones de educación especial la notificación de la Resolución Número 0081, en la que se anunciaba la decisión provincial de dejar de emitir títulos de educación secundaria con validez nacional para estas escuelas, así como para lxs niñxs integrados en la escuela común. Gracias a la movilización y presión de las familias de lxs niñxs y de las escuelas, el martes 16 por la noche  se dio a conocer la decisión de dar marcha atrás con esta resolución. En horas de la madrugada del miércoles 17, el grupo de Facebook Mi título, mi derecho, publicaba con satisfacción: “El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba firmó hoy ante un grupo de padres delegados la resolución 712/2015, dejando sin efecto la 0081, aprobada el 29 de Abril del 2015”.
Sin embargo, este conflicto a nivel provincial dejó al descubierto que le decisión cuestionada descansa sobre una resolución anterior del ámbito nacional, y dejó en evidencia la situación de vulnerabilidad y la ignorancia en torno a este régimen educativo.
“Nuestro título es nuestro derecho, y hoy nuestra nueva lucha. No existe razón para negarlo, más que la absurda DISCRIMINACIÓN”, con esta frase termina el video donde lxs estudiantes del Instituto Divina Providencia hicieron público su reclamo.

Para interiorizarnos de esta compleja problemática y las posibles derivaciones de lo sucedido en los últimos días, conversamos con Evelyn Genovese, madre de un estudiante del Instituto Divina Providencia de Córdoba.

Evelyn explicó cómo fue que se originó este proceso de movilizaciones en defensa de los derechos de los niños y niñas con necesidades educativas especiales: “Esto venía siendo un rumor desde hace tres años, pero se oficializó mediante una nota que llegó a nuestro colegio, hace aproximadamente un mes, en donde nos notificaban que mediante la resolución 008/31 se dejaba sin efecto una resolución anterior que permitía la entrega de títulos oficiales a los alumnos que finalizaran sus estudios en escuelas especiales. Esto nos cayó  como un balde de agua fría, empezamos a ahondar tanto en la institución como con los padres, y a movilizarnos”.

A raíz de la investigación que iniciaron, encontraron que las raíces de esta discriminación calaban más hondo: “nos enteramos que en realidad eso proviene de la Resolución 155 del 2011 del Consejo Federal de Educación de la Nación que se dicta en el marco de la ley 26.206 de Educación y  a la cual la provincia de Córdoba había adherido. Entonces, nosotros primero necesitábamos que se nos escuchara acá, o sea, que nuestros representantes, nuestros gobernantes nos escucharan, y que vieran que esa resolución 0081 sea revocada. En eso estuvimos trabajando a través del video que fue tan popular, en donde nos dirigimos a todas las autoridades que refieren a la educación en nuestra provincia”.

Este video, que se multiplicó por las redes sociales y sensibilizó a gran parte de la población, junto a la organización y al anuncio de una manifestación pública para el 24 de junio, logró que el reclamo tuviera eco en el gobierno provincial: “después de idas y vueltas, fuimos escuchados por ellos, entendieron nuestros motivos. Nuestros planteos eran que se hacía una lectura muy general, se hablaba de que todas las escuelas especiales eran iguales, que ninguna escuela iba a poder recibir título, y ningún niño integrado en la escuela común tampoco iba a poder tener un título nacional si esta resolución se hacía efectiva. Entonces, primero, hay que aclarar que no todas las escuelas especiales titulan, solamente aquellas escuelas especiales que son para niños con discapacidades leves a moderadas. Dentro de las discapacidades hay distintos grados y hay distintas escuelas, y cada una aporta desde una problemática particular. Entonces, nos íbamos a quedar sin título este tipo de escuelas y aquellos niños integrados en la escuela común”.
La resolución, sostienen familiares y escuelas, es anticonstitucional: “Nosotros consideramos, primero, que esta resolución que es a nivel nacional, atenta contra la Convención de los Derechos Humanos, o sea, ya estábamos hablando de una resolución nacional que se había resuelto sobre un marco inconstitucional. A partir de ahí, nosotros tuvimos que explayarnos y tratar de hacernos conocer y mostrarles que estos niños que asisten a estas escuelas especiales son niños que en su gran mayoría han tenido un fracaso en la escuela común, no por mala voluntad de la escuela común, (…) depende mucho de la problemática particular de cada niño”.
Para ilustrar esta situación, Genovese habló de su propia realidad: “por ejemplo, mi hijo tiene ciertos problemas acústicos. En los lugares grandes o con demasiados niños, él es como que se bloquea, pero tenía posibilidades de aprendizaje si encontrábamos el marco de contención adecuado. Nosotros encontramos en esta escuela, Divina Providencia, un lugar ideal porque, por ejemplo en primer grado, son cinco compañeritos y su maestra, aparte de ser maestra, es psicopedagoga. Entonces él en estos meses ha avanzado muchísimo, ya escribe, está empezando a leer, reconoce números, un montón de cosas que nosotros pensábamos que no iba a poder alcanzar y que no eran en realidad por su discapacidad sino porque no estábamos encontrando el lugar adecuado que acentúe sus capacidades”.
Si algo expuso a la luz este conflicto, fue la indiferencia y la ignorancia de muchos estamentos estatales acerca de la propia educación especial: “estos niños que van a este tipo de escuelas, cumplen con una currícula adaptada. Esto no quiere decir que se le recorten todo tipo de conocimientos y que sean aulas taller. Son colegios convencionales, en el sentido de que tienen las mismas materias que el resto de los colegios, pero la adecuación se hace a nivel pedagógico”.
“Entonces –continúa Evelyn-, al ser grupos reducidos, las maestras pueden tener un acercamiento y adaptar de acuerdo a la dificultad de cada niño, la temática. En uno delos informes que se han pasado en estos días, se mostró por ejemplo el caso de una niña que tenía un problemita motriz en sus manos, y ahí en el colegio con sus terapeutas le diseñaron un sistema de sellos con los que ella pudo empezar a alfabetizarse y a escribir mediante estos sellos, pero sería algo que quizás en una escuela común no se podría haber realizado”.
Las razones son más que suficientes: “nosotros defendíamos esto, defendíamos la escuela especial para los chicos que necesitan este tipo de contención. Jamás atentamos contra la escuela común  ni contra las integraciones que se hacen en la escuela común, ya que sabemos que hay muchas que son exitosas, y que hay voluntad de los colegios (…) como somos una sociedad que está avanzando en esta temática también, vamos a poder ir ampliando esos cupos. Pero lo que no queríamos es que en esas escuelas especiales, para chicos con discapacidades leves y moderadas, que cumplen una currícula, que se les exigen sus notas correspondientes para pasar de año, que tienen capacitaciones laborales, pasantías, los chicos de 5° y 6° año, que llegaran a 6° año y no se les entregara un título nacional. Porque con eso les estábamos limitando las posibilidades de seguir un terciario, como tenemos tantos egresados que han seguido estudios terciarios, o que tuvieran un trabajo digno en el marco de la ley, que pudieran ganarse su sustento, aportar a la sociedad y no vivir de planes sociales teniendo todas las posibilidades de ser personas que pueden desarrollar una función en la sociedad y valerse por sí mismos”.
La defensa de los derechos de estxs niñxs descansa, en realidad, sobre la seguridad de que todxs lxs niñxs son y aprenden de maneras diversas. Al respecto, Genovese sostuvo: “nosotros lo que decíamos era que estábamos involucionando, porque en realidad pensamos que cada vez tendría que haber más alternativas, porque sabemos que todos somos distintos, hay niños que necesitan determinado tipo de atención, otros niños que a lo mejor van más rápido, en un mismo colegio común sabemos que tenemos los alumnos que entienden rápido, los alumnos que hay que explicarles un poco más despacio (…). Estamos hablando de una problemática general de educación. Hay mucho para regular dentro del marco de la educación”.
Sin embargo, el pasado martes 16 de junio ganaron una primera instancia de esta lucha concreta: “fuimos escuchados por el gobierno y dio de baja la resolución 0081, que era la que no permitía la titulación y ahora vamos a la Nación. Porque la provincia entendió nuestros motivos y consideró que estos niños tienen que tener una vez finalizados los estudios, ese título de validez nacional. Pero ahora, para que la provincia pueda hacer estos títulos nacionales, que extiende la Nación, se está trabajando en conjunto con el gobierno  de Córdoba para llevar este petitorio a la Nación para derogar esta resolución 155 que no solamente nos afecta a las escuelas de Córdoba, afecta a todas las escuelas especiales del país”.

“Mi título, mi derecho”
La notificación de la Resolución 0081 generó un movimiento que avanzó en definiciones más amplias: “acá ha habido un grupo de abogados muy importante, tanto de parte de los padres, de los colegios que hemos convocado, porque Divina Providencia ha sido la punta pero se sumaron todos los colegios que titulaban de la provincia, y bueno, investigando y viendo bien, esta ley que dicta el Consejo Federal está basada en un hecho anticonstitucional, atenta contra el marco de la ley de educación. No es lo mismo dar un certificado de conocimientos o saberes, a dar una certificación de estudios (…). Nosotros podemos tener un certificado haciendo un taller de manualidades, un taller de danza, y acá estábamos hablando de algo que tiene que ver con conocimientos y con un recorrido por la escuela, un cursado desde primer grado hasta sexto año, con una currícula, con notas, que los chicos tienen que aprobar, esmerarse, esforzarse. El tema de la currícula adaptada que tanto se cuestionó, se expuso y se vio que es muy similar a la de la escuela común, que lo que varía son los contenidos pedagógicos, o sea, la forma de hacerles llegar a los chicos esas materias”, expresó Genovese.
Evelyn aclaró además que la educación especial no es la única que tiene un régimen particular: “las escuelas rurales, por ejemplo, las carcelarias, las domiciliarias, las hospitalarias, tienen planes de estudio acotados igual que los bachilleratos para adultos, y a todas esas instituciones se les dan títulos de validez nacional. Entonces ahí encontramos una doble discriminación, porque justamente estamos hablando de niños que son muy vulnerables, que están esforzándose por cumplimentar sus estudios de primero a sexto año, aprobando todas las materias”.
La mamá del estudiante del Instituto Divina Providencia destacó el trabajo que llevan adelante estas instituciones y el lugar de Córdoba como precursora: “un trabajo tan noble de parte de este tipo de instituciones (…) acá no cualquier maestra se pone al frente de este tipo de niños, tiene que tener un amor incondicional, una paciencia especial, entonces de pronto ver que todo este trabajo que se estaba haciendo y esta evolución que hay que decir que este tipo de colegios no están en todo el país, o sea, Córdoba es pionera en el desarrollo de este tipo de escuelas, que han sido  también avaladas por el gobierno de la provincia de Córdoba y a través de esa resolución en realidad estábamos retrocediendo”.
Estos fueron los argumentos que llevaron las familias e instituciones involucradas a las reuniones que mantuvieron con el ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, y su equipo. “Al principio, admito, fue aguerrida la conversación – relató Genovese a ELM –, pero poco a poco nos fueron entendiendo, empezaron a revisar también bien en qué se basaba esta resolución, porque hasta había cierto desconocimiento, no había una conciencia plena de lo que se había firmado. Lo cual también agradecemos la buena voluntad y apelamos en ese sentido al criterio humano del señor ministro, que retrocedió sobre pasos que se habían hecho y revocó la Resolución 0081 y nos ha pedido que lo acompañemos a la Nación para revocar esta ley que va a permitir que todos los chicos de escuelas especiales que tienen posibilidad de titular, no solamente en Córdoba sino en todo el país, tengan esa posibilidad. El primer paso ya fue dado, cuando el ministro firmó delante nuestro la revocación de la Resolución 0081 y donde firmó también delante nuestro el pedido que se está haciendo a la Nación por la revocación de esa ley, 155, del CFE, que se comprometió hoy mismo en enviarla y no vamos a parar hasta tener una resolución a nivel nacional porque (…) si nosotros no conseguimos esto de la Nación, no va a tener validez”.
Para finalizar, Genovese subrayó el lugar que ocuparon los medios: “agradecemos muchísimo a los medios porque la difusión que nos han dado ha sido de gran ayuda para poder haber llegado a esta mesa de negociación con el Ministerio de Educación”.