Paraguay entre la esperanza y la difícil realidad

Hoy viernes 15 asume como presidente de Paraguay el ex obispo Fernando Lugo, cerrando la continuidad de más de 60 años de gobiernos del partido Colorado, incluyendo la larga dictadura del General Alfredo Stroessner. En este artículo es analizada la situción que deberá enfrentar y si podrá cumplir sus compromisos.

Durante sus años como obispo de la región de San Pedro, mantuvo un fuerte vínculo con los movimientos sociales, y en particular con el campesinado paraguayo.  De allí nació la base de su movimiento Tekojoja, del cual surgió la propuesta de postular al religioso como candidato presidencial.  Lugo renunció entonces a su función eclesial sin esperar el consentimiento vaticano que no llegaba y aceptó la candidatura.  Se formó la Alianza Patriótica por el Cambio, una coalición de más de una veintena de corrientes que incluye a liberales, a la Democracia Cristiana, o al Partido Comunista Paraguayo.  En ese conglomerado destaca el Partido Liberal, (PLRA) individualmente el más estructurado y el que obtuvo mayor representación parlamentaria.  Pero esta coalición tan diversa y el peculiar personalismo de Lugo, han entorpecido la gestación del nuevo gobierno y han generado dudas sobre su inmediato futuro.
Lugo obtuvo el pasado 20 de abril aproximadamente el 42 % de los votos.  Pero sus rivales inmediatos, Blanca Ovelar del Partido Colorado y el ex General Lino Oviedo (que proviene también de las filas coloradas) sumaron con sus respectivas candidaturas (32% y 22 % respectivamente) más de la mitad de los votos depositados por los ciudadanos paraguayos.  En el Parlamento la orfandad de las fuerzas propias de Lugo es muy grande.  En diputados los colorados tienen casi el 38 por ciento de las bancas, contra casi el 34 de liberales y un 19 por ciento de la UNACE, el partido del ex general Oviedo.  En senadores los colorados tienen un tercio de las bancas, y las otras dos fuerzas un reparto similar al de la cámara alta.  Las leyes que quiera impulsar Lugo, tendrán que contar con el respaldo de la principal fuerza política de su coalición, los liberales, algo que no siempre será fácil.  Y aún así para tener posibilidades tendrán que negociar con alguna de las dos fuerzas con peso en el parlamento.  Hasta ahora los contactos y aproximaciones han sido con el UNACE del ex golpista y derechista Lino Oviedo.

Lo que le espera

El nuevo presidente tendrá que afrontar diversos retos importantes en los primeros meses de gestión.  Sabe que su anunciada «batalla contra la pobreza» requerirá recursos y por eso anticipó que deberá diseñar una nueva política de impuestos que reemplace la actual, débil e ineficiente.  «Solo así – afirmó hace unos dias – se podrá saldar la deuda social acumulada por décadas de indiferencia y corrupción».  Actualmente, un millón cien mil de los seis millones de habitantes del país se encuentran en pobreza extrema, o sea que sobreviven con menos de un dólar diario.  Y otro millón de personas en pobreza no extrema.  Las escasas estructuras educativas y asistenciales están concentradas en Asunción, y son mínimas en el interior del país.
Otra cuestión fundamental, será renegociar con Brasil los términos del acuerdo de 1973 sobre la presa hidroeléctrica de Itaipú, que fijaba en partes iguales el derecho a la energía generada.  Pero Paraguay, con su escaso desarrollo, solo utiliza el 17 del 50 por ciento que le corresponde.  El resto de la energía producida por Itaipú, lo vende a Brasil, un gigante que sí lo necesita, pero a un precio que es considerado insuficiente.  Algo similar a lo que ocurría con el gas que Bolivia provee a Brasil y Argentina y que determinó nuevos acuerdos y precios más justos cuando asumió Evo Morales en ese país.

Pero no hay duda que el tema de mayor trascendencia es el de la distribución de la tierra.  Además de ser un problema antiguo, Lugo prometió durante su campaña electoral llevar adelante una Reforma Agraria Integral que modifique la situación actual en la que unos 12 millones de hectáreas que constituyen los mejores recursos naturales del país, están en manos de unas pocas familias y consorcios.  Las estadísticas señalan que Paraguay tiene la más desigual distribución de la tierra de América Latina.  Cientos de miles de campesinos luchan desde hace décadas por acceder a parcelas y a mejorar sus condiciones de vida.  Los propietarios siempre han contado con la complicidad policial y gubernamental para reprimir a los movimientos rurales.  Más de un centenar de dirigentes y líderes campesinos han sido asesinados en los últimos 20 años.  La casi totalidad de estos crímenes han quedado en total impunidad, sin responsables ni condenas.
Se estima que poco más de 500 familias poseen el 90 por ciento de las tierras, mientras otras 350.000 familias carecen de ellas.  Esta situación ha incidido en que en los últimos 20 años, la población rural pasara del 67 al 30 por ciento.  La migración interna ha significado un desplazamiento de la pobreza y la miseria a los barrios de Asunción y de algunas otras ciudades.  Martín Almada, luchador social, Premio Nobel Alternativo de la Paz, y descubridor de los «Archivos del Terror» del Plan Cóndor, afirma que el problema de la tenencia de la tierra en su país comenzó realmente cuando Argentina, Brasil y Uruguay se prestaron a los intereses del imperio de turno -Inglaterra- y comenzó la llamada «Guerra de la Triple Alianza» (1865-1870) «porque en Paraguay se repartía la riqueza y no la pobreza, un mal ejemplo para la región».  Añade que como consecuencia de aquella guerra y otra provocada por Estados Unidos años más tarde (Paraguay contra Bolivia en 1935), la estratificación social quedó con 5 por ciento de ricos (propietarios de las tierras fértiles), 10 por ciento de clase media y entre el 75 al 80 por ciento de pobres.» La investigadora paraguaya Mirta Barreto añade que luego vino la masiva privatización en la década del 50 del siglo pasado, con la dictadura de Stroessner.  Agrega «que durante más de un siglo confluyeron voraces factores externos que contribuyeron a expulsar de sus tierras a los campesinos y a los dueños originarios».  A todo esto y en tiempo más reciente, se añade el modelo monocultivo sojero, que agravó el conflicto al lanzar a miles de familias a los caminos y ser fuente directa de desempleo, marginalidad, pobreza y emigración.  En fuentes oficiales se estima que seiscientos mil campesinos fueron expulsados de sus tierras por el agresivo cultivo de la soja, y en los últimos siete años, más de 180.000 paraguayos emigraron a Argentina.

El Movimiento Campesino Paraguayo cree y tiene razones para ello, que por fin ha llegado el tiempo de la justicia.  Fueron parte fundamental de la base electoral que permitió el triunfo de la Alianza para el Cambio.  Esta misma semana, unos tres mil campesinos de Coordinadora de lucha por la Tierra y la Soberanía, ocuparon una finca arrendada por un ciudadano brasileño en San Pedro, la región de la cual fue obispo Fernando Lugo.  El dirigente de los Sin Tierra paraguayos, Elvio Benítez afirmó que esa ocupación » es un claro mensaje para quienes tendrán la responsabilidad de gobernar nuestro país en beneficio de todos».  Los campesinos también impulsan que el estado elabore un catastro nacional sobre la distribución de tierras para contar con datos fidedignos sobre propietarios y cantidad de hectáreas que tiene cada uno.  Eso permitiría conocer quiénes son los dueños de las propiedades, especialmente de los latifundios, y también saber sus extensiones reales.  El sociólogo Tomás Palau estima que en Paraguay cada ganadero cuenta con un promedio de 2,7 hectáreas por vaca, y los cultivos de soja transgénica, cubren más de 2, 5 millones de hectáreas, cuya siembra mecanizada y cuidado no requiere de muchos trabajadores rurales.  Pero esas medidas encontrarán una fuerte resistencia por parte de los latifundistas y grandes propietarios.  Claudia Russer, de la Asociación de Productores de Soja ya pidió que el nuevo gobierno se defina frente a «la inseguridad» y exigió garantías para la propiedad privada.
El nuevo gobierno se encontrará con la empresa Petropar, responsable de la distribución de combustibles, en quiebra virtual, con una deuda de más de 300 millones de dólares.

La empresa INC (Industria Nacional del Cemento) colapsada y con frecuentes paralizaciones por fallos y averías técnicas en su molino principal.  Y unos ferrocarriles abandonados que más representan un recuerdo que una realidad.

¿Querrá y podrá Lugo cumplir sus compromisos?

A las dificultades enumeradas, deben añadirse otras no menos importantes.  Es previsible que la convivencia de Lugo con el vicepresidente Julio César Franco, del Partido Liberal no resulte fácil.  Desde las filas de este grupo político, mayoritario en la Alianza, hay disconformidad por los nombramientos de ministros y cargos claves designados por Fernando Lugo.  Algunos dirigentes opinan que Franco está marginado o no tiene la relevancia que ellos creen que corresponde a su cargo de vicepresidente.

Martín Almada expresa sus dudas de que Lugo pueda llevar adelante su compromiso de impulsar la Reforma Agraria y recuerda que el nuevo presidente «tendrá en vigor leyes burguesas, un Parlamento retrógrado, una justicia corrupta y fuerzas armadas con la mentalidad impuesta por la Doctrina de la Seguridad Nacional norteamericana que considera al pueblo como enemigo».  Más aún, estima que en las condiciones objetivas actuales, Lugo se limitará a administrar la pobreza que recibirá como herencia de más de 60 años de gobiernos colorados, a menos que organice y movilice a esa mayoría silenciosa: los excluidos sociales».
Pero también ante esta posibilidad hay dudas.  Hace pocas horas, Belarmino Balbuena, uno de los dirigentes del movimiento campesino y aliado de Lugo en los comicios del pasado 20 de Abril, manifestó su contrariedad por la forma utilizada por el futuro gobierno para movilizar a sus partidarios en actos recientes.  Acusó concretamente a quien será el jefe de gabinete de Lugo – Miguel López Perito – de «ordenar» concentraciones al estilo del Partido Colorado, porque para ello se han destinado fondos que no salen de las organizaciones sociales.  Balbuena, que además pertenece al Frente Social y Popular, dijo que esas son «malas señales» del nuevo gobierno.

Dentro del complejo panorama, hay que añadir que los resultados electorales no modifican la relación de fuerzas de poderosos intereses políticos y económicos, que intentarán que continúen sus privilegios, sus regalías, y el disfrute de concesiones otorgadas por mecanismos amañados.  Será difícil desterrar esos métodos, donde la coima y la corrupción son parte de la «normalidad» administrativa.  La concentración de poder económico ha permitido comprar funcionarios, ganar licitaciones y sobornar jueces y fiscales.  Para que eso cambie, será necesaria una actitud firme y disponer de los cuadros necesarios para dirigir y supervisar la transparencia y la honestidad.  Gran parte de la actividad privada ha estado vinculada inescrupulosamente a los presupuestos del estado, en particular las grandes obras.  Según los sectores de oposición, todas ellas se han realizado con un sobreprecio, y en algunos casos incumpliendo los compromisos de la licitación.
Dentro de las batallas administrativas para imponer un funcionamiento normal y acorde con las leyes, estará la del contrabando.  Nadie arriesga cifras, pero muchos estiman que son millones de dólares los que mueve esa actividad ilícita, férreamente asentada en el país desde hace muchos años.  Y también se conoce el poder de los grupos que controlan el contrabando.  Si no podemos cuantificar su magnitud, si podemos imaginarla con un dato: el propio presidente Lugo admitió que nadie quiere aceptar el cargo de Director de Aduana.  El Ingeniero Juan Max Rejalaga, candidato designado, desistió por «falta de garantías para su vida».  Horas antes había recibido amenazas de muerte de la mafia que controla el contrabando.  El mensaje es claro: quieren que todo siga como está.  Y ese será uno de los graves escollos para las aspiraciones de cambio, y no solo en las aduanas.

Aunque durante la campaña electoral el ex obispo se mostró próximo a los gobiernos que en el continente se han distanciado (en distinto grado) de la tradicional influencia norteamericana, hay quienes ponen en duda el rumbo de su futuro gobierno.  Dentro de las propias filas de la Alianza, hay críticas por la presencia de ex funcionarios de la dictadura de Stroessner en el círculo de allegados al futuro presidente.  Más aún, hay quienes le asignan contactos con James Cason, el embajador norteamericano en La Paz, delegación diplomática que ha tenido decisiva ascendencia sobre los gobiernos paraguayos en los últimos 60 años.  Los hay incluso quienes recelan que el pasado 30 de julio, en forma sorpresiva, el Papa Benedicto le otorgó la dispensa que hasta ahora le había negado, lo que al parecer es un hecho inédito en El Vaticano.  Sus partidarios rebaten estas críticas argumentando que como Lugo tendrá apoyos minoritarios tanto en Diputados como en el Senado tiene que actuar pragmáticamente si quiere gobernar.  Y recuerdan que también tendrá que afrontar una estructura administrativa hostil a cualquier transformación.
Todo esto es cierto, pero no lo es menos que gran parte del pueblo paraguayo, esa mayoría que le votó, confía en que deje atrás las formas autoritarias, el clientelismo, las injusticias y los vínculos de provecho común con los grandes grupos económicos, entre ellos los propietarios de tierras.  Para ello tendrá que poner todo su empeño en romper esa imagen que pintaba Martín Almada cuando parafraseando a Josué de Castro, intelectual brasileño, describía a Paraguay como un país «donde los ricos no pueden dormir de noche porque tienen miedo de los pobres y los pobres no pueden dormir de noche porque tienen hambre…  y añadía finalmente: «en Paraguay hay una pobreza explosiva».

A partir de las próximas semanas las dudas comenzarán a disiparse, cuando Lugo tome sus primeras decisiones.

– Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.