Neuquén: ensañamiento judicial contra la lucha mapuche

En el contexto de la judicialización de la resistencia mapuche contra el avance petrolero en sus territorios, se llevó adelante el pasado 13 de abril una audiencia de reformulación de cargos en la causa contra los dirigentes mapuches Relmu Ñamku  y  Martín Maliqueo, de la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Raín, de la comunidad  Wiñoy Folil. En el programa Enredando las Mañanas del jueves 16 de abril, conversamos largamente con Relmu para interiorizarnos de las circunstancias acaecidas y del desigual comportamiento del sistema judicial.

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La causa remite a una situación que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2012, cuando, en el contexto de un intento de desalojo de la comunidad, termina herida una oficial de justicia que intervenía en el procedimiento. Por este hecho se encuentra procesada Relmu Ñamku, referente de su comunidad.

El conflicto -en el que se enmarca el desalojo y la denuncia-, tiene que ver con la resistencia de la comunidad Winkul Newen a la apertura en su territorio de 40 nuevos pozos petroleros de la empresa Apache (recientemente vendida a Yacimientos del Sur, filial de YPF). En la actualidad, son nueve los pozos de petróleo y gas que se encuentran operativos.

Sobre lo que implica para la comunidad el procesamiento de sus tres referentes, Relmu señaló: “es un momento de mucha presión, pero como parte del pueblo mapuche de Neuquén, nuestra comunidad viene resistiendo hace más de quince años el avance de las empresas petroleras y hemos pasado por distintos procesos. Este es uno más, dentro de un estado que no garantiza nuestros derechos, sino que lo que hace es brindarle todas las garantías jurídicas a las empresas petroleras y si eso implica tener que violar todos los tratados internacionales, las constituciones, el marco legal vigente que tiene Argentina hoy para resguardar los derechos de los pueblos originarios, lo hace”.

La referente mapuche detalló a continuación el asedio que sufrieron durante ese año, en plena avanzada de la petrolera, que ya venía causando “un montón de contaminación, constantes pinchaduras de caños, lluvias de petróleo, fugas de gas, piletas a cielo abierto, es decir, una cuestión ambiental imposible de aceptar”. La decisión de la comunidad fue enfrentar esta situación y hacer las denuncias correspondientes antes de tomar acciones –explicó Relmu-, esperando una respuesta del estado provincial. La reacción estatal fue insuficiente: “la autoridad de aplicación de la provincia se trasladó a la comunidad, constató cada una de nuestras denuncias, hizo un llamado a la empresa para la reparación, para el saneamiento ambiental que corresponde en cada caso, pero la empresa nunca invirtió el dinero que tenía que invertir. Esto nos obligó a nosotros a iniciar otras acciones, acciones directas, puntualmente corte de los ingresos al yacimiento, que es donde nosotros vivimos”.

A partir de allí, la presión sobre la comunidad recrudeció: “ese año vivimos diferentes situaciones, como por ejemplo, la militarización constante del territorio de la comunidad, inspecciones oculares a las 3 de la mañana que terminaban con que la policía se volvía a instalar dentro del territorio de la comunidad, desalojos que nosotras como mujeres frenábamos rociándonos con combustible y amenazando a la policía de que si ingresaban nos íbamos a prender fuego. Toda una situación muy violenta. Antes de los hechos ocurridos el 28 de diciembre, por el cual tenemos esta causa, integrantes de la comunidad, ingresando al territorio de la comunidad fueron interceptados por una patota petrolera, y golpeados salvajemente. A un menor de edad le pegaron un tiro, a la anciana autoridad filosófica de la comunidad le dieron una golpiza terrible, le dejaron la cara deformada, a una mujer embarazada también la golpearon salvajemente, y esto hoy no se sabe nada, no se ha investigado”, afirmó Relmu.

Desalojo

“Llegamos al 28 de diciembre de 2012 –recordó la dirigente mapuche – con una nueva orden de desalojo. Nosotros estábamos en el velatorio de un bebé que nació y falleció pocas horas después producto de la contaminación. Estábamos dentro de nuestra ceremonia tradicional cuando advertimos que llega nuevamente la empresa, con las topadoras, policía, camionetas. Lamentablemente nos acercamos al lugar a ver qué era lo que ocurría y resistimos, no dejamos ingresar a la empresa. Había una mujer, Verónica Pelayes, que es la que finalmente resulta herida en toda esta situación, que nosotros no conocíamos, pensábamos que era una escribana de la empresa. Discutimos con ella, en ningún momento la pudimos identificar como una oficial de justicia y en el momento en el que le da la orden a la topadora para que ingrese y arrase con lo que teníamos ahí y con nosotros, decidimos resistir y lamentablemente ella quedó herida con una piedra”.

Lejos de reivindicar esta situación, al día siguiente la comunidad sacó un pedido de disculpas puntualmente hacia ella: “en ningún momento la comunidad quiso dañarla, o quiso lastimarla, la comunidad explicó claramente que Verónica Pelayes es una víctima más de toda esta situación en donde el estado nos sigue dando la espalda, en donde el gobierno provincial sabía muy bien la situación en la que estábamos, y sin embargo, en esta realidad, en estas circunstancias, mandó un desalojo, y ella lamentablemente en todo este contexto que estoy tratando de relatar, quedó herida. Ella al principio hace una denuncia, después la fue cambiando, hoy la carátula quedó constituida como tentativa de homicidio, cuando en su inicio era por lesiones graves”, aseveró Relmu en diálogo con Enredando las mañanas.

Ñanku evitó calificar a Pelayes, pero explicó: “ella se ha manifestado claramente contra el pueblo mapuche, no sólo contra nuestra comunidad. Si ustedes miran su facebook, van a ver el tono racista que tiene esta señora contra el pueblo mapuche. Ella no debería tenerlo, en todo caso, si tuviera bronca o cualquiera sea su sentir, debería ser puntualmente hacia nuestra comunidad, pero ella lamentablemente avanzó contra todos”. Entre otras cosas, impulsando una página que se llamaba «Mapuche go home». Por otro lado, explicó Relmu, “el abogado de Verónica Pelayes, Julián Álvarez, es abogado de otras tantas causas contra comunidades donde están involucrados estancieros y petroleras. Patrocina también a Pedro Laurentino Duarte, que es un juez de la dictadura militar”.

Este es el entramado de relaciones y contexto político que explica lo que pasa en la justicia neuquina “las denuncias fueron cambiando. Desde la primera a la última, hay una transformación total. Al principio ella construyó en su denuncia la carátula de lesiones graves. Después, construyeron, con su abogado, la caratula de tentativa de homicidio. Para eso, tuvieron que ir transformando totalmente el relato de cómo fueron los hechos ese día”. 

Una justicia que, como dice Relmu, mide con distinta vara a la hora de intervenir en causas relacionadas con la población mapuche: “nosotros denunciamos al Ministerio Público Fiscal porque creemos que hay una discriminación total a la hora de tomar causas indígenas, o en este caso puntual, que lleven a un integrante de un pueblo mapuche a una instancia judicial”. La velocidad del sistema parece desaparecer cuando las denuncias provienen de las comunidades. “Cuando nosotros hemos denunciado hechos de violencia, de golpizas, como el tiro en una pierna a un menor de edad, eso está a punto de prescribir porque no hay ningún culpable, y es la misma fiscalía, la misma persona que nos lleva por tentativa de homicidio la que deja prescribir la causa en la que la comunidad es víctima”. Para esta justicia, dice Relmu, “el único mapuche bueno es el que está tras las rejas”.

Juicio por jurado

A la complejidad de esta causa, se suma que el sistema penal neuquino está transitando hacia la instalación de los juicios por jurado, a partir de la aprobación de un nuevo Código Procesal. En este caso, señaló la referente, “al ser un juicio que tiene una característica, que incorpora al pueblo mapuche o que están imputando al pueblo mapuche, tiene que ser un jurado intercultural, por lo que si llegase a avanzar en esa línea, hay que ver cómo se construye la participación de los pueblos originarios dentro de un jurado”. Al respecto, Relmu agregó, “por ejemplo, logramos incorporar el intérprete en mapuche dentro de todas las audiencias, esto deja un antecedente para otras comunidades como parte de los derechos que tenemos a ser juzgados en nuestro idioma, a poder comprender claramente de qué se nos acusa. Si no, traemos a los estancieros, a las petroleras, y que con un Winchester directamente nos disparen ahí y listo”. En relación al desarrollo del juicio, Relmu aseveró: “creo que el espíritu fue hacer un proceso judicial mucho más justo para las víctimas pero también generar garantías en este caso para nosotros que también somos víctimas. A nosotros nos están llevando a un juicio, pero nosotros somos víctimas de esta situación. Somos víctimas del desoír del estado permanente, de la contaminación, somos víctimas por ser pobres,  por ser indígenas, la justicia no atiende nuestras causas”.

La resistencia continúa

Ñanku analizó además la situación actual de las comunidades originarias, pensándolas en clave de la conquista europea: “la conquista continúa de alguna manera, sólo que ahora es mucho más prolija, más camuflada, no es como antes… Hoy hay otra situación, es una lucha muy desigual, pero nosotros como pueblos originarios estamos convencidos, nos hemos levantado, seguimos fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad, y también nuestra propia política como pueblos originarios, la política indígena que hoy nos hace ver o sentir una unión con otros pueblos que están en la misma situación, como por ejemplo el hermano Félix Díaz, que también estuvo con hermanos de su pueblo, acompañándonos en esta situación. Porque tanto ellos como nosotros vivimos la misma realidad. El Estado te mata, o contaminando, o por desnutrición, o directamente como pasa en Formosa, aparece un supuesto accidente que mata a un dirigente indígena. Nosotros –subrayó– hoy estamos en un plan de lucha, estamos resistiendo y es la única forma que tenemos, porque en un estado que ya debería haber garantizado políticas públicas de reconocimiento real a nuestros derechos, de ejercicio real, hoy vemos que no es así. Nosotros vamos a ir hasta el final, vamos a denunciar a la provincia  de Neuquén, vamos a denunciar al estado argentino por esta situación, por esta discriminación con la cual se nos trata, como pueblos originarios”.

Audiencia

El resultado de la audiencia del 13 de abril fue la reducción de la carátula de tentativa de homicidio con alevosía a tentativa de homicidio en la que está involucrada Relmu Ñamku, y la ratificación de los procesamientos de Martín Maliqueo y Mauricio Raín. Al respecto, entrevistada por ELM, Gabriela Sepúlveda, integrante de la Asamblea Permanente de Comahue por el Agua que presenció la audiencia, expresó que ésta «culmina con la presentación de testigos, de pruebas y con la definición de la carátula de la causa. La defensa informa inmediatamente que va a hacer una apelación de estos cargos, por lo tanto ahora van a una instancia distinta, donde se presentarán para tratar de que se cambie esta carátula. Empieza una etapa nueva, donde va a llevar un tiempo hasta que se defina un juicio y que se trasladará seguramente a la instancia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y si es necesario, a la instancia judicial nacional».

La asambleísta analizó los intereses que se juegan en el sostenimiento de esta causa: «a la empresa [Apache] y al estado les sirve aleccionarnos como sociedad, tanto a la comunidad indígena como a las organizaciones que luchamos tratando de defender y denunciar el extractivismo, la contaminación. Es aleccionador esto para las luchas, esa es la intención del estado. Además, la compañera va a quedar criminalizada. No se los acusó a ninguno de los compañeros con esta carátula, sino que se acusa a una mujer que es líder en su comunidad, madre de tres niños, que vive en el territorio. Está orientado directamente a correrla a ella del territorio, a dejar ese lugar vacío, y además con las consecuencias que esto trae para los niños de esa familia, que han vivido la represión, que viven tener que enfrentarse cara a cara a la policía porque ellos viven allí. Por los derechos de estos niños, tampoco vela nadie.»