La ley de la Soja

Comunidades originarias de Jujuy reclaman la protección de sus derechos ante la falta de políticas claras por parte del estado provincial luego de un desalojo llevado a cabo la semana pasada Los guaraníes de la zona de Jujuy continúan con los reclamos iniciados la semana pasada tras el violento desalojo de las familias de la comunidad Guaraní Jase Endi Guasu de “El Talar” producido el 28 de julio pasado.
Reclaman el cumplimiento en la entrega de once mil hectáreas pactada entre el gobierno y las comunidades. A su vez, Diego de la comunidad El Talar comentó a Red Eco que este viernes se reunirán con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Elizabeth Eisemberg y el sábado volverán a convocar a una asamblea de la que participaría también el Vice gobernador Pedro Segura.
Además los integrantes de las comunidades reclaman la restitución de las tierras a la comunidad Guaraní Jase Endi Guasu en El Talar, y la destitución del juez Argentino Juárez por fallar desconociendo la ley de Propiedad Ancestral.
El 28 de julio este Juez ordenó el desalojo de la comunidad asentada desde hace muchos años en uno de los pocos lotes de bosque nativo que aun existen en la provincia.
El año pasado Colonización cedió las tierras fiscales utilizadas por la comunidad a nombre de los finqueros Stresich, Francini y Farfan, haciéndolos poseedores del acta de adjudicación, pasando por encima de la ley 26.160 de propiedad ancestral. También consiguieron los finqueros permiso para desmontar más de 2000 hectáreas infringiendo la ley 26.331de bosques nativos.
Stresich posee tierras en Salta y Jujuy y se dedica al cultivo de soja. Luego de obtener la adjudicación, amenazó de distintas maneras a la gente de la comunidad para que desocupen la tierra. Por ejemplo, durante la noche grupos armados se introducían en las tierras para amedrentar a sus habitantes y matar animales, así y todo la comunidad no se fue. Hace dos meses intentaron comenzar el desmonte y la comunidad los frenó nuevamente.
El operativo del lunes 28 movilizó a 40 efectivos, desalojó a más de 20 familias, sus casas fueron destruidas por topadoras y luego incendiadas. A sus habitantes los trasladaron en camiones hasta el pueblo El Talar y desde entonces se encuentran bloqueando la ruta 37 a 15 Km. de El Talar.
Los reclamos de las comunidades se centran en el incumplimiento por parte del Gobierno y la Justicia provincial de leyes nacionales. La Ley nacional 26160 prohíbe los desalojos en territorios ocupados por pueblos originarios y la Ley 26331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos, paraliza los desmontes durante un año hasta tanto cada provincia no realice un ordenamiento territorial participativo.
A su vez, los miembros de las comunidades manifiestan su preocupación ante la ausencia de políticas claras por parte del estado provincial, para respaldar y proteger los intereses de los pueblos originarios.
El sábado en su asamblea, evaluarán los resultados de las conversaciones mantenidas con los funcionarios y decidirán los pasos a seguir.
Fuentes: Programa Piedra Libre del 2/08/2008 Radio La Colectiva –
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