Voces en la Plaza: madres con el dolor del gatillo fácil

Gloria, mamá de Carlos Abregú; Cristina, mamá de Cristian «Tino» Farías; Mariela, mamá de Pablo Rocha y Julia, mamá de Christopher Damián Torres, compartieron durante la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, las historias de sus hijos. Nos dijeron por qué estaban allí en la Plaza de Mayo acompañando la entrega de los Archivos anuales de casos de represión estatal el viernes 28 de noviembre.

Gloria, mamá de Carlos Abregú: “la policía está entrenada para matar y torturar a nuestros hijos”

Durante la transmisión especial de la RNMA por el Informe Anual de CORREPI, también dialogamos con Gloria, la mamá de Carlitos Abregú, que a los 17 años fue fusilado por el policía federal Alejandro Aguirrez Manzur en marzo de 2013.
“A mi hijo y al amigo (Emanuel Ojeda) los asesinaron por la espalda, los chicos estaban desarmados, ellos argumentaron que los chicos los quisieron robar, que hubo un enfrentamiento, pero solo se encontraron vainas de la 9 milímetros de Manzur. Sé que se hizo la reconstrucción del hecho, pero no nos avisaron. La versión del policía se cayó enseguida, pero tampoco le daban la detención inmediata. El que estaba a cargo de la causa era (el fiscal) Pontecorvo y después se excusó. Después de un año y dos meses de lucha con la gente de Correpi logramos la detención de Manzur y ahora estamos esperando la elevación a juicio”, relató Gloria.
Tras ser baleado por la espalda, Abregú estuvo internado agonizando dos meses y 17 días en el Hospital de Moreno. Durante los primeros días, el pasillo de terapia intensiva permaneció repleto de policías que ingresaban a la habitación, cuando su familia se retiraba, para encadenarlo a pesar de que el joven no podía hablar y estaba con respirador: “Nos hicieron una tortura psicológica desde el momento en que él pisó el hospital hasta que intervino la jueza de menores y sacó la policía de ahí, que supuestamente no estaba enterada. Ahora Pontecorvo tiene una denuncia por eso. Después yo me contacté con Correpi y gracias al doctor (Ismael) Jalil y a la lucha que ponemos día a día todos los familiares se logró la detención”, afirmó Gloria y agregó: “La policía está entrenada para matar y torturar a nuestros hijos. Mi hijo era un estudiante que se iba a divertir a la zona del dique, desde los 11 años, primero con caballos, después con la moto, pero todos los domingos se iba a divertir, todos los conocían y lamentablemente se cruzó con estos tres individuos que impunemente lo asesinaron. El que disparó fue Aguirrez Manzur pero estaba acompañado por otros dos policías que intervinieron pero están libres”. 
Al finalizar el contacto con la transmisión especial de la RNMA, Gloria aseveró: “No confío en la justicia y tampoco me devuelven nada por más que Aguirrez Manzur esté preso, la vida de mi hijo ya no está, pero tengo que seguir de pie y luchando por los chicos que están para que esto no vuelva a pasar y para que por lo menos nuestras voces se escuchen”.

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Cristina, mamá de Cristian «Tino» Farías: “Hay muchos culpables, no solamente los que iban en el patrullero”

Cristian Tino Farías (26), mecánico, pintor y albañil fue asesinado el 20 de septiembre a la madrugada. Volvía a su casa en moto, junto con un vecino, cuando efectivos de la policía comenzaron a perseguirlos a los tiros. Uno de los móviles encerró la moto, lo que causó que se estrellara. La versión oficial fue que intentaron robar una motocicleta junto a otras personas.
“Tenemos testigos que cuentan que les disparan y los empiezan a correr. A mi hijo lo persiguen tres kilómetros a los tiros. Con el patrullero lo encerraron y le provocan el accidente. Le pegaron, lo patearon para que se levante y al no responder lo dejaron morir, agonizando más de 40 minutos. No llamaron a la ambulancia para tratar de salvarle la vida. El médico forense dice que murió en el acto pero después por escrito dice que murió por un paro cardio-respiratorio.
Ninguna autoridad policial vino a avisarnos. Nos enteramos ocho horas después. Fuimos de comisaría en comisaría preguntando hasta saber lo que había pasado. La 45 estaba rodeada de policías. Entonces, si fue un accidente como ellos dicen, ¿por qué estaba rodeada la comisaría? ¿por qué no nos vinieron a avisar? Hemos pedido la realización de una nueva autopsia: queremos saber si él estaba baleado por la policía porque el amigo sí lo estaba. Pero todos los pedidos que hace nuestro abogado son denegados por el juez Moreno.
Mancharon su nombre. Mi hijo no tiene antecedentes, jamás pisó una comisaría e iba en su propia moto. Hay muchos culpables aquí, no solamente los que iban en el patrullero.
Pedimos que investigue otro que no sea la policía. El juez está como encubriendo todo porque la causa no avanza. En Santiago del Estero nos cerraron todos los medios, no nos ayudaron a difundir el caso. Pedimos audiencia con la gobernadora (Claudia Ledesma Abdala), pero no nos recibió”

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Mariela, mamá de Pablo Rocha: “Todo lo que no se puede hacer con un menor, se lo hicieron a mi hijo”

En 2008, Pablo Rocha, un pibe de 15 años del pueblo bonaerense de Ranchos (Partido de Chascomús), salía de su clase de música cuando fue interceptado por la policía. Lo amenazaron, golpearon y detuvieron. Una mujer policía dio cobertura a la situación, denunciando que Pablo le quiso robar el arma. Fue puesto en libertad por ser inimputable, pero sus padres decidieron dar la pelea para demostrar lo que pasó. Cuatro policías debieron enfrentar un juicio oral y fueron condenados, acusados por falsa denuncia y falsedad de instrumento público. Hoy Pablo tiene 21 años y está a punto de recibirse de profesor de música.
“A mi hijo lo agarran en la calle, lo detienen, le cometen apremios ilegales, lo revientan contra el suelo. Gracias a un periodista que filmó la detención tenemos esas imágenes. Le quitaron hasta el celular. Esa es la inseguridad que nosotros tenemos con la policía. No lo dejaron llamar. En el video se escucha como grita ‘llamen a mi mamá que me está esperando’ y la policía le quita el teléfono y no nos notifica. Estuvimos 4 horas buscándolo. Al final, con el papá entramos desesperados a la comisaría de Ranchos, gritando que saliera la policía a buscar a mi hijo que lo teníamos desaparecido. Ahí nos dicen que está detenido en Chascomús. Ellos violaron la Convención de los Derechos del Niño, no me notificaron y lo metieron en un calabozo. Todo lo que no se puede hacer, a él se lo hicieron y, cuando ven que es menor de edad, arman la causa.
Tuve que recurrir a Correpi, que fueron los que me ayudaron porque los primeros fiscales querían defender a la policía y archivar la causa. La jueza de menores me decía que dejara todo quieto porque mi hijo era inimputable. Yo quería que mi hijo quedara limpio pero no por ser menor de edad e inimputable sino porque era inocente. En el juicio se supo que era falsa la denuncia. La causa está ahora en Casación para que quede firme la condena.
Los fiscales dicen que no hay apremios ilegales por eso sigo con esta lucha. Están condenados pero no por apremios ilegales. Los fiscales no quieren ver lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. No solo pienso en mi hijo sino también en otros chicos. En Argentina se violan los derechos del niño y los derechos humanos”.

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Julia, mamá de Christopher Damián Torres: “Inicié esta lucha para demostrar que el gatillo fácil es una política de Estado”

Christopher tenía 17 años cuando el policía Luis Oscar Ayunta lo fusiló en el 2008 en el barrio La Victoria de Moreno. Como en la mayoría de los casos, la policía alegó un enfrentamiento que nunca existió. En el marco de la transmisión especial que realizó la RNMA, Julia contó cómo fueron los hechos:
“Se reconstruyó el momento del crimen de mi hijo y ahí se pudo demostrar que mi hijo estaba de espaldas y que Ayunta lo fusiló, y que en ningún momento Christopher representaba ningún perjuicio para él y para terceros. Mi hijo estaba parado yéndose para la casa de un amigo en el momento en que Ayunta de atrás le dispara, pero así y todo la fiscal Pontecorvo siguió avalando la mentira que este policía decía”.
Apenas ocurrido el asesinato de su hijo, Julia se unió a Correpi y juntos pudieron sentar en el banquillo al policía en 2010: “Le dieron una condena de 12 años de prisión pero por buen concepto de sus superiores nunca fue separado de la Fuerza. Es más cuando yo estaba luchando para que se haga justicia y tratando de concientizar a la gente, Luis Oscar Ayunta estaba en Cariló custodiando las mansiones de empresarios y de jueces. Llegó al juicio en marzo todo bronceado, apoyado por toda su camaradería que vinieron a declarar a favor de él. Se dio la sentencia en su contra pero salió por la misma puerta que salí yo. Ese día empezó otra lucha para tratar de que este asesino fuera preso y logramos eso en agosto de este año cuando se confirmó la sentencia por Casación  y la Corte Suprema. Pero los privilegios no se le terminaron porque él no está un penal sino que está detenido en la comisaría 5ta de Morón, donde tiene a sus vecinos conocidos porque en la cuadra donde él vivía son todos policías, es un barrio policial, y tiene conocidos que lo hicieron llevar hasta esa comisaría y sigue gozando de muchos privilegios”, dijo Julia. Este es el sexto año que Julia asiste al acto de presentación del archivo de casos que elabora Correpi. “Estar en la plaza cada año es hacer que no se olviden de mi hijo y hacerle saber al Estado que todos los chicos tienen nombre y apellido y que los asesinos también. Para nosotros, los familiares, es algo muy importante estar en la Plaza y tenemos una emoción muy grande que no sabemos describir si es bronca o qué es lo que nos pasa. Pero tenemos que estar acá, porque sino esto sigue pasando. Somos una pequeña cantidad de familiares que estamos denunciando porque lamentablemente hay 4300 casos de desaparecidos, torturados, de gatillo fácil, y acá no hay 4300 familiares reclamando para que se haga justicia por ellos. Una parte de esos familiares vendió la sangre de sus seres queridos al Estado; a otra parte lamentablemente y es muy entendible les ganó el dolor y la depresión; y los pocos que estamos acá, tenemos fuerza para seguir luchando y para seguir denunciando. No le vamos a dar el gusto al Estado que nos sacó a nuestros hijos, quedándonos en nuestra casa llorando. Nosotros vamos a seguir denunciando”, afirmó Julia, quien a su vez agregó: “inicié esta lucha para demostrar que el gatillo fácil es una política de Estado. Le vamos a demostrar al Estado que nuestros hijos no son un número, son personas que tienen nombre y apellido y una familia por detrás que no vamos a descansar nunca, que vamos a seguir peleando y denuncias hasta el día que estemos muertos”, señaló. 
Hacia el final de la participación de Julia en la transmisión especial de la RNMA, se le pidió que contara cómo era su hijo: “era un chico común de barrio, que trataba de salir adelante de la marginalidad que le daba la sociedad. Un pibe de 17 años que buscaba trabajo pero no estaba capacitado y además no tenía experiencia. Era un chico muy solidario y de corazón muy grande. No merecía cruzarse con este hijo de puta, no merecía morir de la forma que murió, pero caminando todos estos años en Correpi entendí que esto es una sistemática del Estado, así como fue Christopher son un montón de pibes de zona oeste del conurbano, tenemos más de 15 casos de fusilados por el aparato represivo del Estado. Si mi hijo estuviera vivo sería un luchador de sus ideales, de sus causas. Christopher era mi hijo preferido, él era mi negrito”.

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