“La comunidad pudo volver a su territorio ancestral y rearmar sus viviendas”

Desde el Enredando las mañanas, dialogamos con Seila Pérez, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y colaboradora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Tartagal, sobre el violento desalojo a la comunidad wichí Yokwespehen en Tartagal el pasado miércoles 21 de octubre, la posterior lucha para volver a sus territorios y la situación actual.

La comunidad Wichí Yokwespehen está situada en el Km 20 de la Ruta Nacional 86, cerca de la ciudad de Tartagal, en el departamento General San Martín, Provincia de Salta. En comunicación con Radio Pueblo en Jujuy, Seila relató el violento accionar de la policía y la connivencia con los otros poderes que resultaron en el desalojo. La causa está en la Fiscalía Penal N° 2 de esa ciudad norteña, a cargo de Rafael Medina, y el Juzgado de Garantías 1, bajo el mando de Nelson Aramayo.

Seila relató que la comunidad está conformada por 15 hogares donde hay 26 familias. Las casas fueron construidas con sus manos y subsisten con un sistema de economía autónoma y comunitaria. Todo eso fue violetamente destruido por alrededor de 200 policías y 4 varones que como afirmó Seila son enviados de la parte denunciante, Jorge Panayotidis.

“La policía fue de forma violenta, se metió al territorio a amedrentar y exigir a las autoridades de la comunidad a firmar una notificación de desalojo”, dijo Seila quien además agregó que el papel era irregular, no tenía firma de un juez. Tras no tener éxito, la policía, decidida a que se firme el papel hostigó a un joven: “Lo rodean como 20 policías 200 efectivos motorizados”, denunció Seila.

Acto seguido las mujeres policías obligaron a las mujeres a levantar todo maltratándolas, mientras que el resto destruyó todos los bienes de la comunidad dejándolos a un lado de la ruta.

Justamente ese día la comunidad tenía pautada una reunión con la municipalidad por otro tema: una carta dirigida a Victoria Donda la titular del INADI, y otros organismos correspondientes, llegando hasta el Presidente de la Nación. En ella, denuncian la grave situación que están viviendo en este contexto y la “segregación racial, étnica, cultural, política, lingüística y sanitaria.”

“En esa reunión suplicamos que intervengan en este desalojo”, comentó Seila. Quien además agregó que a los días llegaron a un acuerdo porque intervino la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. La compañera recalcó que fue gracias a las organizaciones de Derechos Humanos que lograron recuperar las tierras: “los organismos brillaron por su ausencia”, sentenció.

Además, organizaciones como la Unión de Trabajadores de tierra ayudaron a solucionar el problema de la alimentación para las niñas, niños y adolescentes de la comunidad, mientras que otras personas, como una médica y su equipo, se encargaron de revisar a todas las personas para constatar su estado de salud luego del hecho. “¿Quién lo tendría que haber hecho? Las autoridades y no lo hicieron”, reclamó la compañera.

En la actualidad, Seila comentó que no han cesado las amenazas y que cuando trataron de realizar las denuncias correspondientes no fueron tomadas por la policía. Ante los maltratos y amenazas de un sobrino de Panayotidis, quisieron erradicar una denuncia de violencia de género pero “lamentablemente la justicia esta para los poderosos”, expresó Seila quien además comentó que no le tomaron ni esa denuncia ni la de daños y perjuicios, por la destrucción de todas sus cosas.