Atacaron a miembros de la Asamblea Popular por el Agua

El miércoles, la Legislatura mendocina trataba un proyecto de ley por el cual se le daría un subsidio a la empresa Vale, para poner en funcionamiento el proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe, al sur de Mendoza. A pocos días del informe presentado por la Asamblea Popular por el Agua, acerca del consumo de gas de este emprendimiento, fueron atacados tres asambleístas por parte de un grupo de la UOCRA.

Con el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura el 1º de mayo, por parte del gobernador Celso Jaque, también se dio inicio a una nueva embestida por el ingreso de la megaminería en la provincia de Mendoza. Con Carlos Bianchinelli a la cabeza de las negociaciones, el bloque oficialista del Frente para la Victoria, busca desde hace dos semanas destrabar la aprobación de un proyecto, por el cual se le entregaría 12 millones de dólares a la empresa brasileña Vale, para que inicie la fase de construcción de la planta del proyecto Potasio Río Colorado (PRC). Se trata de un convenio entre el Gobierno de Mendoza y la empresa Vale, por la cual la empresa transnacional recibiría como adelanto de futuras regalías.

 

La Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA), desde la semana pasada sostenía reclamos por los puestos de trabajo que daría PCR, a la vez que exigen que la mano de obra que se genere sea mayoritariamente mendocina y no se continúe con la contratación de obreros neuquinos. Integrante de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), la UOCRA con la excusa de crear trabajo para la provincia, solapa una disputa gremial planteada en el plano de las afiliaciones de los nuevos trabajadores que generaría la empresa. Los volantes repartidos por parte del sindicato en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, esquina donde se encuentra la Legislatura, decían que PRC generará 3000 puestos de trabajo directos y 12000 indirectos. La semana pasada murió un trabajador de la construcción en el sur debido a los fuertes enfrentamientos entre los gremios de Mendoza y Neuquén.

Según las presentaciones por parte de la misma Vale, los puestos de trabajo real que generará son muy diferentes a lo planteado por la UOCRA. El informe de la minera dice que, en la fase de construcción, serían 500 los puestos directos en la planta mientras 1170 en toda la Argentina. Pasada esta etapa pasaría a la etapa de explotación, la cual generará 386 puestos directos en la planta y 850 puestos a nivel nacional. El 9 de mayo pasado, el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, presentó la “Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista”, espacio que intenta ser un apoyo al proyecto de gobierno de Cristina de Kirchner y de la cual formó parte la UOCRA. El acto se llevó a cabo en la Asociación Mendocina de Box y contó con la presencia de Luis Miranda, intendente de Las Heras, y Carlos Adaro, Secretario de Gobierno de Jaque. Este último ha sido una de las voces más fuertes a favor de la megaminería, junto a Miranda que es quien impulsa el proyecto San Jorge, el cual viola la ley provincial 7722.

 

El día 11 pasado, la UOCRA se movilizó a la Legislatura en reclamo de una rápida aprobación de este subsidio, para luego marchar hasta las puertas de las oficinas de la Vale, las cuales se ubican frente a plaza España, en la capital mendocina. La llegada de la UOCRA a las instalaciones de la Vale vino de la mano de la violencia anticipatorio de lo que vendría una semana después. Vidrios rotos y violencia generalizada, marcaron una jornada de protesta que buscó crear un ámbito de hostilidad, a la vez de presionar a los legisladores opositores a votar favorablemente. Discurso similar al planteado por el pasacalle que se puede ver en Legislatura: “Señores legisladores, eviten la violencia. Aprueben Potasio Río Colorado”. El ministro Adaro se ha mantenido en silencio, mientras la lógica del gobierno nacional y provincial es propiciar el enfrentamiento entre trabajadores y trabajadoras.

 

La Asamblea Popular por el Agua, desde el año 2007, ha llevado adelante un seguimiento a las distintas presentaciones que realizara, en aquel momento, la transnacional Río Tinto. Denuncias como el alto consumo de gas o los plagios realizados en el Informe Impacto Ambiental, han sido aportes de importancia para la discusión racional de lo que significa este emprendimiento para Mendoza y el país. En el primer informe, Río Tinto, planteaba situaciones como un tsunami en Mendoza y no las consecuencias del viento zonda, viento característico que llega a tener ráfagas de más de 100 km/h. Esas observaciones llevaron a que la empresa tuviera que presentar un nuevo informe y, con ello, una dilación en la autorización final. El 2009 significó año de crisis mundial y con ello Río Tinto vende sus acciones a la Vale Rio Doce. Las etapas hacia la apertura de la megamina se aceleraron en los últimos meses, junto a la desestimación por parte del ejecutivo provincial del Informe Sectorial presentado por el Consejo Provincial del Ambiente, el cual rechazaba técnicamente el proyecto de sales de potasio en el sur mendocino. Al pedido de racionalidad que hiciera la nueva Secretaria de Minería de Mendoza, Adriana Blesa, la Asamblea Popular por el Agua y otras organizaciones e instituciones, han contestado con informes técnico-científicos que demuestran los impactos socio-ambientales de estos megaproyectos.

La jornada de ayer estuvo marcada por la violencia, escenario que intentan crear desde el ejecutivo provincial y las empresas para desestimar las argumentaciones de quienes se oponen a la gran minería. Cristina Fernández de Kirchner declaró de interés nacional a PRC, hecho que marcó una clara línea del nuevo modelo agro-minero extractivo que impulsan. Las continuas denuncias desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) han sido desoídas por el gobierno nacional y ha puesto en este proyecto las fichas de un nuevo Veladero o Pascua Lama en Mendoza. Hace unos días el mismo José Luis Gioja, gobernador de San Luis, expresó públicamente que “Mendoza no tiene pelotas para desarrollar la minería”. Las actitudes de violencia e irracionalidades se han multiplicado en las últimas semanas y giran alrededor de la megaminería. Las sospechas se multiplican: “son patotas enviadas por el gobierno provincial y el sindicato de la construcción”, denunció Luis Sánchez de la Asamblea Popular por el Agua, al hablar acerca de las agresiones de la UOCRA. El antecedente está latente, en el 2007 la Barrick Gold llevó en plena discusión de la ley 7722 varios micros con trabajadores de Minetti, quienes enfrentaron y golpearon a mujeres horticulturas de San Carlos y amenazaron a un compañero de la Asamblea. Esta misma empresa fue la denunciada de financiar la campaña electoral del actual gobernador mendocino.

 

Las agresiones en Legislatura

 

El rumor había corrido por los pasillos de la casa de las leyes el jueves de la semana pasada. Bianchinelli estaba en tratativas con el PD, la UCR y un sector del cobismo para dar vía libre al proyecto de sales de potasio. Mientras la UOCRA realizaba la concentración en Legislatura para plantear la urgente aprobación de la autorización al ejecutivo para destinar los 12 millones de dólares, las negociaciones concluyeron con una presentación sobre tablas en la Cámara de Diputados, por parte del bloque del Frente para la Victoria. Adentro, en los balcones de la Legislatura, personas que respondían a la UOCRA agitaban el tratamiento del proyecto de ley. Afuera, en las puertas que dan a la calle Patricias Mendocinas, un grupo de alrededor de 30 personas que llevaban banderas y cascos que identificaban con el gremio de la construcción.  Frente a las puertas principales, en la peatonal de la ciudad de Mendoza, los integrantes y las integrantes de la Asamblea Popular por el Agua exigían que frenen ya el proyecto.

 

Hoy en Mendoza hay 600 mil personas sin gas natural y problemas sin solución para acceder a una garrafa. Particularmente en el departamento de Malargüe la situación llegó a tal gravedad que, semanas atrás, se planteó el cierre de una fábrica por falta de energía. Según el estudio realizado por los técnicos y las técnicas de la Asamblea, estiman que el consumo de gas que realizará PRC por mes será el equivalente a la totalidad de garrafas de 10 y 15 kg consumidas por año por toda la provincia de Mendoza. Incluso en la jornada de ayer hubo un piquete de vecinos y vecinas en el Algarrobal, en el departamento de Las Heras porque las garrafas no llegaban a los lugares de venta. El invierno comenzó a tornarse más crudo desde ayer y el gobierno provincial no resuelve los múltiples problemas de acceso al gas. A su vez, la Asamblea, denunció que no son tal cantidad de puestos de trabajo, como plantean públicamente los lobbistas de la empresa y la UOCRA. A la vez que “denunciamos los acuerdos entre los grandes empresarios, el poder político y algunos sindicatos”, planteó Luis Sánchez.

En ese contexto, tres integrantes de la Asamblea se acercaron a la calle de Patricias Mendocinas, donde estaban apostados los grupos del sindicato, ya que desde la seguridad de la misma Legislatura habían cerrado las puertas principales de calle Sarmiento. Cuando arribaron a la puerta, dos policías les dijeron que debían consultar para permitirles el ingreso. En ese momento comenzaron las provocaciones y las agresiones. Claudio Compagny, Sergio Onofrio y Mariano Nadalich; fueron las víctimas. “Sabíamos que se iba a tratar en la sesión de diputados la ratificación del convenio por el proyecto Potasio Río Colorado. En el momento que inicia la sesión, ingresan 20 integrantes de la UOCRA y nosotros solicitamos pudieran ingresar al menos dos integrantes de la Comisión Provincial del Ambiente, para hubiese presencia de la otra posición, ya que la UOCRA está empujando para que se apruebe el convenio. En ese momento entre que esperamos que el policía ingrese y pida la autorización para que entráramos, nos desalojaron a patadas miembros de la UOCRA que estaban ahí parados”, relató Claudio Compagny.

 

Los golpes fueron generalizados, a punto tal que a Nadalich lo acorralaron contra un taxi estacionado y lo golpearon hasta que llegaron a abollar el vehículo, quien narra que “intentábamos ingresar solamente tres personas de las que estábamos y cuando pedíamos la autorización a los policías de la entrada nos empezaron a cantar la barra brava de la UOCRA: tomátela, tomátela. Acto seguido, sin mediar palabras, empezaron a pegar piñas y patadas en la cara, por todos lados. Nos corrieron más de una cuadra pegándonos”. Mariano Nadalich  ya había sabido de la violencia de estos grupos vinculados a sindicatos. En el 2007, mientras se trataba en la Legislatura la ley provincial 7722/07 fue amenazado por un hombre encapuchado sindicado con AOMA, sindicato minero integrante de la CGT y ligado a los sectores empresariales. El mismo Nadalich, cuenta que “nos confirmaron policías en ese momento que eran barras bravas que vinieron con casquitos de minero a amenazarnos que desistiéramos de nuestra actitud de defender el agua y nuestros bienes comunes”.

 

Sergio Onofrio también fue uno de los golpeados y aclara “no fue un enfrentamiento como se dice por ahí sino que es un ataque. Cuando queríamos entrar y vieron que éramos de la Asamblea, nos agarraron a bollos, a patadas. A mi me tiraron al piso, me pegaron entre todos. Son las formas de lo que llamo ‘oroterrorismo’, donde la búsqueda de rentabilidad vale más que cualquier cosa. Donde los funcionarios creen que pueden ser dueños de las empresas o sindicatos que creen que se van a salvar comprando espejitos de colores”.Esta búsqueda de subsidiar la etapa inicial del proyecto, por parte del Gobierno provincial, sería compensada con un aumento de un 1% en las regalía, lo que las llevaría del 3% al 4%, del valor del mineral a boca de pozo; mientras que al exportarlas desde puertos patagónicos el estado nacional les restituye un 5% del valor declarado a precio de embarque, el cual siempre es mayor al valor anterior. Por lo tanto, la lógica de saqueo sigue vigente y asegura una mayor rentabilidad a la empresa.

Néstor Piedrahita, diputado de la bancada del ARI expresó que “la semana pasada también estuvieron presentes de la UOCRA en Legislatura e incluso destrozaron las instalaciones de la Vale, a punto que tuvieron que intervenir los bomberos. También agredieron al diputado Blanco dentro del recinto por oponerse al proyecto de Potasio Río Colorado”. Ayer jueves, cerca de la una del mediodía, integrantes de la Asamblea y otras organizaciones quisieron hacer una presentación en la Comisión de Derechos y Garantías de la misma Legislatura, en particular ante el diputado Ricardo Puga, quien no los atendió, además de rechazarles la nota por no seguir el formato reglametario de la comisión. En la nota que intentaron presentar, la Asamblea responsabiliza al Secretario General de la UOCRA Mendoza, Néstor Romero; a la vez que denuncian una vez más el millón de metros cúbicos que consumirá PRC por día de gas, lo cual es equivalente al consumo diario provincial. Vale recordar que el sindicalista Néstor Romero ha sido denunciado en más de una oportunidad por tener varias propiedades en barrios privados y varias camionetas 4×4; mientras la situación de los trabajadores de la construcción son de los más precarios en la Argentina. Si bien intentamos conectarnos con el líder del gremio, no quiso hacer declaraciones. “Desde la asamblea siempre hemos rechazado este tipo de proyectos con muchos fundamentos y datos técnicos. Por eso repudiamos este tipo de actos de violencia, el cual es fruto de la voracidad económica y muestra de lo que se viene”, concluyó Nadalich.

 

La posición del gobierno provincial

 

Guillermo Carmona, Secretario de Ambiente de la provincia, se encontraba en el mismo edificio de diputados, mientras la Asamblea intentaba presentar la nota ante la comisión de Derechos y Garantías. Carmona presentaba el Plan de Desarrollo de Mendoza, el cual está vinculado a la polémica Ley de Uso de Suelo. Esta ley creó el Consejo de Estado el año pasado, espacio del cual participaba la Asamblea, aunque también organizaciones como la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), Fundación Cuyunche u Oikos Red Ambiental. Sin embargo, la Asamblea por el Agua se retiró hace 15 días con una fuerte denuncia a Carmona y al gobierno provincial, ya que planteó que se juega a la participación y se privilegia a los sectores empresariales exclusivamente. Al entrevistar a Carmona respecto a lo sucedido dijo que “el gobierno provincial aspira a un tratamiento de la temática que sea en condiciones de respeto y armonía. Respetando la libertad de los legisladores y rechazamos cualquier tipo de actitud violenta, sea del sector que sea, sea de donde provenga”. Al ser consultado acerca de la cantidad de puestos de trabajo que generaría PRC, esquivó la respuesta y planteó que las cifras están en los informes impacto ambiental que presentó la empresa. Cifras que comentamos anteriormente y que distan mucho de los 3000 puestos de trabajo que declaran funcionarios, legisladores y sindicalistas; particularmente en la etapa de construcción de la planta.

 

Los policías que actúa en las puertas de ingreso de Legislatura son parte de la Policía de Mendoza, la cual depende del Ministerio de Seguridad. Carmona, respondió acerca de cómo interviene o intervendrá el gobierno ante hechos de violencia: “nosotros ponemos énfasis en que esta temática sea tratada en condiciones adecuadas para que los legisladores puedan decidir con total libertad de acción. El gobierno provincial tiene el deber de garantizar la seguridad en cualquier situación, no solamente cuando se discute un tema en la legislatura. En efecto, el gobierno provincial garantizará la seguridad para un tratamiento pacífico de estos temas”. Sin embargo, la policía liberó la zona y solo miró mientras eran atacados los asambleístas. En cuanto al pedido del sindicato, de un 75% de mano de obra de Mendoza, el Secretario de Ambiente dijo: “la aprobación por parte de la Legislatura del acta acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa va a permitir exigir que se respete el cupo establecido de mano de obra local. Por eso consideramos tan importante que la Legislatura lo trate y lo apruebe. A los efectos de contar con un instrumento legal más, en función que ese emprendimiento sea favorable para la generación de mano de obra local”