ANTICARCELARIA/ CABA : denuncian casos de coronavirus y falta de protocolos en institutos penales juveniles

 (Por ANRed) Trabajadores y trabajadoras de los dispositivos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ) de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo de alrededor de 200 jóvenes en centros socioeducativos) denuncian la falta de políticas y protocolos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante la emergencia sanitaria, que pone en riesgo a los jóvenes, sus familias, los y las trabajadoras. “Hasta el momento hay cinco casos positivos confirmados y tres a la espera de resultado. No se ha hisopado a ninguna persona más hasta la fecha. No sabemos si hay o no más casos positivos”, remarcan. Denuncian “la falta total de protocolos de acción centralizados y acordes para prevenir el contagio”, la “discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones y criterios”, que la “información que circula en los medios de comunicación es mayormente falsa”, la “falta de elementos adecuados de biohigiene y limpieza”, la falta de “un espacio de consulta, ni de informes centralizados frente a la pandemia”, y que “cuando se exige información a las autoridades se producen aprietes y amedrentamientos”, entre otras denuncias.

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En su portal el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) define a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DGRPJ) como el espacio gubernamental que “se encarga de asistir a la Presidencia del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la instrumentación de los programas y servicios esenciales para la implementación de las políticas públicas relativas a la temática de Responsabilidad Penal Juvenil”.

El DGRPJ tiene a cargo alrededor de 200 jóvenes en los centros socioeducativos de régimen cerrado, las residencias socioeducativas de libertad restringida, el programa de cumplimiento de medida en territorio (PAIAS), más una buena cantidad que circulan en el Centro de Atención y Derivación (CAD).

Sin embargo, los y las trabajadoras del organismo denuncian que, en este contexto de emergencia sanitaria, social y económica por la expansión mundial del nuevo coronavirus (Covid-19), el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene políticas ni protocolos adecuados para protegere a la población penal juvenil ni a quienes trabajan allí.

En un comunicado publicado el 21 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención y Derivación (CAD), el Inchausti, los Centros de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, Agote, Roca y San Martín, las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringidas (Almafuerte, Simon Rodríguez, Juana Azurduy) y el programa de cumplimiento de medida en territorio (PAIAS), destacan: “nos hemos reunido frente al avance de los casos positivos de COVID-19 en nuestros dispositivos (casos positivos confirmados en todos los centros cerrados y se siguen sumando diariamente), la falsa información que circula en medios de comunicación por estos días y la conducta negligente sostenida de las autoridades, para decir basta”.

Asimismo, remarcan: “denunciamos y hacemos responsable a las autoridades y a cada Dirección Operativa (DO) de las consecuencias que sus acciones tengan ahora y a futuro sobre nuestra salud, la de nuestras familiasy la de la población con la que trabajamos, y exigimos se revierta esta conducta, dando lugar a nuestras exigencias en lo inmediato, dado que la emergencia sanitaria continuará”.

Difundimos la denuncia de los y las trabajadoras:

“Denunciamos:

1- Hasta el momento hay 5 casos positivos confirmados y 3 a la espera de resultado en la DGRPJ. Más allá de la alarmante situación y las indicaciones de la OMS y autoridades en el tema en todos los niveles para lugares convivenciales, no se ha hisopado a ninguna persona más hasta la fecha (y si se hizo fue por gestión propia de cada trabajador con su obra social o gestor de salud de manera informal). Por lo mismo, no sabemos si hay o no más casos positivos. Hasta el momento hay sólo 32 personas aisladas preventivamente aproximadamente. 28 en elCAD (no 54), quienes además no fueron provistas de lugar para aislarse en el caso de necesitarlo (lxs trabajadores tuvieron que organizarse para conseguir lugares frente a la fallida oferta de hoteles) y en algunos casos se procedió a indicar informalmente (vía Whatsapp), que 48 horas después de estar aisladxs debían volver a trabajar porque resulta que no estuvieron en “contacto estrecho” (CAD).

2- La falta total de protocolos de acción centralizados y acordes para prevenir el contagio y para proceder ante un caso positivo, avalados por organismos competentes e informados y trabajados oportunamente con trabajadores y población de los distintos dispositivos desde la definición de la pandemia. Las autoridades mienten cuando informan a la prensa que el Ministerio de Salud intervino en todos los casos.

3- Discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones y criterios adoptados por parte de las autoridades. El ejemplo más claro fue cuando frente a los casos positivos las direcciones transmitieron al menos 3 definiciones distintas de “contacto estrecho” para decidir a quien se aislaba y a quien no. Finalmente consensuaron que esto era contacto por más de media hora, sin protección, a menos de 70 cm. Esta definición, a la que arribaron muy desprolijamente, fue informadatelefónicamente y con matices a lxs trabajadorxs amparándose en que es la que indica el Ministeriode Salud de CABA, sin ofrecer respaldo de dicha definición. Alarmamos sobre la gravedad de este proceder, ya que justamente determina o no la posibilidad de seguir propagando el virus. Hasta el día de la fecha la definición de contacto estrecho que ofrece el Ministerio de Salud de Nación para los centros convivenciales (aplica a nuestros dispositivos) es para el caso de “barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada”: toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19 y toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos)”, tal cual figura en la página https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.

4- Vulneración al derecho a la información para lxs jóvenes cumpliendo medida penal, sus familias y el conjunto de lxs trabajadores de la DG (y del CNNYA en general). Nunca desde el inicio del ASPO se nos informó de manera formal (hay comunicaciones formales en el ámbito de la administración pública de CABA), ni protocolos, ni procedimientos, ni adecuación de la modalidad de trabajo ni estado de situación de la DG completa, menos aún a lxs jóvenes o sus familias, lo cual es una situación angustiante y violenta. Hasta el día de hoy, la información a la que accedemos lxs trabajadorxs es a través de otrxs trabajadorxs, mientras que la información que circula en los medios de comunicación es mayormente falsa, agravando la situación. Cuando se exige información a las autoridades se producen aprietes y amedrentamientos. Para ejemplo sirve la situación que se denunció oportunamente en redes por lxs propios trabajadores de residencia: frente a un caso sospechoso se envió a tres jóvenes a sus domicilios con sus familias sin testeo previ o(arriesgando la propagación en sus hogares y comunidad), sin la explicación debida ni a ellos ni a sus familias y cerrando al institución no por aislamiento sino por “no tener jóvenes alojados”, diciendo que “no pueden extender certificado por aislamiento preventivo”. El agravante en esta situación es que no se licenció a los empleados de seguridad destinándolos a prestar servicio en otro dispositivo.

5- Falta de elementos adecuados de biohigiene y limpieza y deficiente estructura para trabajar de manera remota. Recién frente a los casos confirmados aparecieron algunos insumos más de manera improvisada y desigual por dispositivos. Hasta hoy se sigue sin proveer a lxs trabajadorxsde datos para internet o dispositivos electrónicos, en caso de necesitarlos, para realizar el trabajo remoto. Por supuesto seguimos utilizando nuestros celulares personales para trabajar. Cabe aclarar que sin estos recursos todos puestos por lxs trabajadores, quienes cobramos salarios por debajo de la línea de la pobreza, el trabajo esencial que reza el DNU 147/20, no podría llevarse adelante. Es decir, lxs jóvenes con disposición penal en CABA no podrían ser asistidxs en el contexto de la pandemia.

6- No utilización del criterio epidemiológico indicado por autoridades pertinentes: guardias mínimas y mínima circulación. Para ejemplificar el caso de lxs compañerxs que realizan talleres para los jóvenes, siguen yendo de un dispositivo a otro por requerimiento de las autoridades. Otroejemplo son lxs trabajadorxs del PAIAS, quienes son obligadxs a prestar servicio en el parador ROCA2 a pesar de estar cumpliendo tareas esenciales – remotas y presenciales – con la población delprograma (el PAIAS asiste a más de 90 jóvenes). Lxs mismxs trabajadorxs van luego a villas y asentamientos de la ciudad circulando por lugares de alto riesgo innecesariamente.

7- Falta de una comisión especializada con referencia sanitaria y de lxs trabajadorxs. Hasta hoy no hay un espacio de consulta, ni de informes centralizados frente a la pandemia.

8- Ningún organismo de control se ha hecho presente en los dispositivos. Al menos no nos consta a lxs trabajadorxs.

Todas estas decisiones y conductas de las autoridades producen:

– Creciente violencia laboral sobre trabajadorxs sin distinción de prestación presencial o remota. Hasta hoy lxs laburantxs hemos sufrido aprietes, flexibilización horaria, exposición en absoluta desprotecciónal virus repetidas veces, angustia, trabajo a destajo, desorganización de la tarea, etc.

– Que se viole el derecho de lxs NNyA a cargo de la DG, de sus familias y de lxs trabajadorxs a la información clara, a la salud y a la accecibilidad de recursos.

– Que el CNNYA se convierta de hecho en un organismo que colabora con la propagación del virus, lejos de mitigarlo como es responsabilidad de cualquier organismo público

en este contexto

EXIGIMOS

1- Comité de crisis del consejo ya conformado por expertxs y representación de trabajadorxs . Basta de arbitrariedades y definiciones improvisadas que nadie supervisa y arriesgan a lxs pibxs, sus familias y a lxs trabajadorxs.

2- Acceso a la información para jóvenes, familias y trabajadorxs cotidianamente. Basta de informalidad en la comunicación.

3- Protocolos de actuación actualizados y conforme a normativa del Ministerio de Salud Nacional, frentea casos positivos de covid-19 ya. Basta de discrecionalidad. Exigimos el testeo y el derecho alaislamiento de todxs lxs trabajadorxs y adolescentes/jóvenes.

4- Elementos adecuados para personal esencial. Convivimos con el virus. Si no están los elementos nollevamos adelante las tareas.

5- Respeto de la normativa vigente: mínima e imprescindible circulación: guardias mínimas, bancarización y aumento de las DASES y dinero mensual para que además las familias puedan elegir que alimentos consumir, en lugar de entrega de bolsón.

6- El trabajo no puede ser a costa de la salud mental y física de lxs trabajadorxs. Basta de violencia laboral y abusos. Normativa urgente del trabajo remoto que respete los derechos laborales conquistados, garantía de condiciones integrales para desempeñar las tareas. Suspensión de todatarea innecesaria.

7- La presencia de organismos externos de protección de derechos humanos de adolescentes privadosde libertad.

8- Frente al evidente brote en el Centro Belgrano testeo inmediato de toda la población y medidas urgentes para frenar la expansión allí. Testeo rápido ya para lxs adolescentes y lxs trabajadores que estuvieron en contacto con otro par o personal con COVID19 positivo.

9- Egreso de adolescentes que se encuentran dentro del grupo de riesgo.

10- Los sindicatos deben estar a la altura, pedimos que nos acompañen en estos reclamos. La Salud es un Derecho fundamental que como Trabajadorxs del Consejo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estamos obligadxs a proteger y garantizar, tanto la de la población como la nuestra.

Trabajadorxs de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil en ALERTA!!!

-CAD- INCHAUSTI-CSRC Belgrano-CSRC AGOTE-ROCA-CSRC SAN MARTIN-Residencias Socioeducativas de Libertad Restriongidas ( Almafuerte , Simon Rodriguez, Juana Azurduy)-PAIAS

Contactanos: trabajadorxsdgrpjenalerta@gmail.com