Fin de año con festejos y temas pendientes

Mientras se celebra la primera sentencia en Santa Fe por delitos de lesa humanidad, muchos crímenes aún permanecen impunes y sus causas paralizadas

Argentina 

El Tribunal Oral de Santa Fe condenó ayer al ex Juez Federal de la Nación Víctor Brusa a 21 años de cárcel efectiva, por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura. Además sentenció a cuatro ex policías, Héctor Colombini y Eduardo Ramos a 23 años, Juan Calixto Perizzotti a 22, Mario Facino a 20,  y a la ex carcelera María Eva Aebi a 19.
Tanto el juicio como el fallo son pioneros. Se trata de la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en la provincia; es la primera vez que se condena a un ex juez y a una mujer por crímenes cometidos durante la última dictadura.
Otro dato positivo es que el Tribunal condenó a todos los acusados que quedaron en la causa, aunque cabe remarcar que el caso se inició en 2002 y que al Juicio Oral habían llegado otros tres represores (militares). Dos de ellos fallecieron antes de la sentencia, y el tercero fue declarado al comienzo del proceso incapacitado físicamente para ser juzgado.
Los integrantes del Tribunal ordenaron que se abran más de veinte causas solicitadas por la querella y la fiscalía. Entre ellas, figura una contra un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, quien fue señalado durante el juicio por una de las víctimas como colaborador de los grupos de tareas.
Aunque las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti, desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre consideraron que “el monto de la pena y la inscripción de los delitos en un plan de exterminio, como fundamento del monto máximo de las penas previsto por el Código Penal en todos los casos, configuran un duro golpe a la impunidad santafecina que parecía inconmovible”. La Liga había pedido que se consideraran los delitos cometidos como parte de un Genocidio, solicitud que no fue aceptada por el Tribunal, sus razones se conocerán el 15 de febrero de 2010 cuando se hagan públicos los fundamentos del fallo.
José Ernesto Schulman, querellante y secretario nacional de la Liga, calificó a las condenas como inéditas y al juicio como “un gran golpe a la impunidad”, a pesar de que no se trataron durante el juicio ningún homicidio, ni ninguna de las desapariciones que ocurrieron en el Centro Clandestino de Detención, de la Comisaría Cuarta, en donde Schulman estuvo secuestrado y fue torturado.
Entre lo que aún queda pendiente, Schulman afirmó que ahora el ex gobernador y actual senador santafesino Carlos Reutemann deberá explicar en futuros juicios por qué propuso a Brusa de juez. “Y el otro es (el ex gobernador Jorge) Obeid, que ha pasado de ser jefe montonero a menemista, kirchnerista, súper kirchnerista y ahora es reutemannista de vuelta, y tuvo durante su gobierno en la provincia de Santa Fe en la Secretaría de Seguridad a un represor que ahora va a ser juzgado por crímenes de Estado”, manifestó.
El juicio contra Brusa y cinco ex policías no ha sido el único durante este 2009. En estos momentos, se llevan adelante las audiencias por los delitos cometidos en la ESMA, Campo de Mayo, y en el circuito represivo Atlético – Banco – Olimpo, en el marco del Primer Cuerpo del Ejército. Además de la nueva condena contra Luciano Benjamín Menéndez, y la sentencia a los asesinos de Floreal “El Negrito” Avellaneda, entre otros. Pero también hay que señalar que son muchas las causas que aún están demoradas y paralizadas.
Tal es lo que denuncian, por ejemplo, integrantes de organizaciones de derechos humanos de la provincia de Catamarca (como Madres de Plaza de Mayo y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, además de abogados querellantes). En un escrito manifestaron su preocupación por el desarrollo de las causas que lleva adelante el Juzgado Federal de Catamarca, especialmente la investigación relacionada con los secuestros y desapariciones forzadas de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos Ponce y de Nelly Yolanda Borda.
Aseguran que esta causa lleva casi 10 años instruyéndose en el Juzgado, que se benefició al represor Alberto Carlos Lucena con prisión domiciliaria, que se liberó a represores imputados, y que se dictó la Falta de Mérito del genocida Rodolfo Sergio Mújica contrariando elementos probatorios. Además de denunciar el trato de total cordialidad y benevolencia con los represores imputados en el marco de las audiencias indagatorias. Es por esto que exigen la inmediata detención y cárcel común para todos los imputados (Menéndez; Lucena, Santulario, Gallardo, Otero Aran, Ripoll Del Pino, Swendsen, Rauzzino, Ruíz, Mujica, Basso, entre otros).
En tanto, en La Plata, organismos y querellantes nucleados en el colectivo Justicia Ya! presentaron el viernes pasado (al cumplirse 39 meses de la desaparición de Jorge Julio López) una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, por mal desempeño. Afirman que existen graves irregularidades en causas por delitos de lesa humanidad radicadas en su juzgado.
Entre los casos señalados se encuentra el de la Unidad Penitenciaria Nº 9. Allí Blanco sobreseyó definitivamente a varios represores a pesar de que la Cámara le había ordenado recabar más pruebas contra ellos. A partir de la apelación presentada por Justicia YA!, los sobreseimientos fueron revocados, pero cuatro meses después los testigos siguen sin ser convocados.
En la causa por el CCD La Cacha no hay ningún indagado ni procesado a pesar de los numerosos pedidos de las querellas y de fiscalía en los que se identifica a centenares de responsables.
Las causas por los hechos ocurridos en la Comisaría Octava, el Cementerio de La Plata, y el Centro Clandestino que funcionó en las calles 1 y 60, se encuentran paralizadas desde el momento en que se abrieron en  marzo de 2003.
En cuanto a la causa por la desaparición de Jorge López, que Blanco tiene a su cargo desde febrero de este año, tampoco hay novedades. Según relata el documento de Justicia Ya! “en un principio (Blanco) optó por radicar la causa en una Secretaría común de su juzgado que la desconocía por completo, y luego la delegó en el fiscal Franco quien la rechazó una y otra vez. Todo concluyó varios meses después, con el apartamiento del fiscal de la causa, y sin que ninguna actividad útil se haya realizado en ese lapso”.
Por todos estos motivos (más las irregularidades en la Causa Nº 15274 y la Causa Triple A), el colectivo de querellantes y organismos le solicita al Consejo de la Magistratura que intervenga inmediatamente para que el juez sea “sometido al proceso de acusación pertinente a los fines de la remoción del cargo que ostenta”.

Fuente: Entrevista con José Schulman, en “Los Locos de Buenos Aires” (FM La Tribu)