Todos contra la UCEP

Pedidos de disolución de la Unidad de Control del Espacio Público, reclamos de dimisión de ministros, movilizaciones, allanamientos de la justicia; días moviditos para la fuerza de choque de Mauricio Macri

Ciudad de Buenos Aires 

Aunque hace ya varios meses que vecinos y algunos pocos medios vienen denunciando los atropellos realizados por la UCEP, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, recién este mediodía se produjo el primer allanamiento por parte de la Justicia.
Lo poco que se sabe del operativo que duró dos horas y que estuvo a cargo del juez en lo Contencioso Administrativo, Roberto Gallardo, es que se revisaron las oficinas de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) , ubicadas en el quinto piso de Carlos Pellegrini 291, y que se secuestró documentación.
La intervención de la justicia porteña se produjo tras un pedido del asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, luego de que Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos, denunciara haber sido golpeada, manoseada y amenazada durante un desalojo que la UCEP realizó los primeros días de octubre en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo. En el ataque, Carla recibió un golpe en la panza que le provocó un desplazamiento de la placenta, tal como lo demuestran estudios realizados posteriormente en el Hospital Ramos Mejía.
Carla y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes en una causa contra la Unidad de Control, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14. Los delitos que se le imputan son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años. Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP.
Pero el caso de Carla y Graciela no es el único, desde hace varios meses los violentos desalojos de personas que viven en situación de calle son un modus operandi diario de este “grupo de tareas” macrista. Así lo demuestra un informe presentado por el propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tras un pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Allí se admite que en sólo siete meses, la Unidad de Control del Espacio Público realizó 444 desalojos en la vía pública. Un promedio de casi dos operativos por día.
En el informe además se explica que la fuerza funciona entre las once de la noche y las seis de la mañana, con 26 empleados. “Stock de procedimientos realizados”, es el título que encabeza el listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 asegura que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a  ´limpiar pobres´”. Ávila afirma que si ya no se ven tantas personas durmiendo en la calle en zonas céntricas de la ciudad se debe a que se han mudado a otros barrios, más periféricos, donde la UCEP no tiene tanta llegada.
Lo concreto es que el accionar de la UCEP ha generado diversas denuncias y repudios públicos. Mañana a las 16 en la Manzana de las Luces (Perú 222), familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, junto a Memoria Activa, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, HIJOS, CELS, APDH, y organizaciones sociales, sindicales y políticas, exigirán en conferencia de prensa la dimisión de los ministros Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro (por el caso de las escuchas ilegales y la persecución a docentes) y de Juan Pablo Piccardo, por las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle, hostigadas y desalojadas por las patotas de la UCEP. Además, señalarán a Mauricio Macri como el principal responsable de la implementación en su gestión de prácticas represivas y discriminatorias que violan los derechos humanos.
Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no se ha pronunciado abiertamente sobre las denuncias recibidas por la UCEP, pero qué se puede esperar de esta gestión si el ministro Piccardo, responsable de la fuerza, asegura que las tareas que le corresponden a esta Unidad de Control son la remoción de carteles o la incautación de productos de venta ilegal.