Golpe popular a la política represiva de Macri

Tras resistir durante más dos meses  – desde la impunidad y el apoyo de la derecha política toda, tanto en su versión del funcionariado de la ciudad como en su versión mediática-  el ex comisario de la Federal, Jorge “Fino” Palacios, debió dar “un paso al costado” y renunciar al frente de la nueva policía porteña.
El uniformado; vinculado estrechamente a una serie de delitos que van desde el encubrimiento de la investigación por la voladura de la AMIA al secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004, pasando por la salvaje represión que se cobrara seis vidas en Plaza de Mayo en diciembre de 2001; fue rechazado por organizaciones políticas y sociales de todo tipo que actúan en la ciudad de Buenos Aires desde el momento mismo en que su designación se hizo pública.

Ciudad de Buenos Aires
La renuncia del “Fino” fue valorada por estas organizaciones como un triunfo de la lucha popular que con unidad y organización pudieron torcerle el brazo a la intención represiva de la política de Macri.
Toda la oposición porteña, desde la Coalición Cívica y las agrupaciones kirchneristas hasta la izquierda – el Partido Comunista, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otros – pasando por la Central de Trabajadores Argentinos y todo el espectro de cooperativas y organizaciones sociales territoriales habían levantado su voz contra la designación del polémico personaje al frente del nuevo cuerpo represivo, que a su vez ya había merecido críticas por la forma en que se creó y la naturaleza de sus funciones.
Varios representantes de los organismos de Derechos Humanos dejaron en claro en un primer momento que la intención de la nueva Policía Metropolitana es frenar con represión el conflicto social creciente en la ciudad y “rehabilitar” peces gordos de la Federal con nefastos antecedentes. Tal es el caso del propio Palacios.
El nivel de coincidencia en tan amplio abanico político, no habitual por otro lado, permitió a las distintas organizaciones, con el movimiento de Derechos Humanos a la cabeza, comenzar en julio una fuerte campaña contra la participación de Palacios al frente de la fuerza recientemente creada. Así, más de cien agrupaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles llevaron a cabo en las últimas semanas una junta de firmas para evitar que Palacios ocupe las funciones que le había destinado Macri.
Cerca se estuvo de juntar las cien mil firmas necesarias para impedir que con la designación del Fino se perpetúen “autoritarismo, represión e impunidad”, como bien señalaba la consigna central de la campaña.
Durante estos dos meses, en que se pusieron mesas en distintas esquinas y eventos llevados a cabo en la Capital, pudo verse más de una vez largas colas de gente dispuesta a firmar. Palacios y la cúpula del macrismo finalmente no soportaron tanta presión popular, y el funcionario designado debió abandonar el cargo antes de ocupar el sillón que le tenían preparado.
Con la misma tozudez y necedad con que habían resistido a los reclamos de los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, a los organismos de Derechos Humanos y al grueso de la ciudadanía que repudió siempre a Palacios, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, informaron el martes pasado en conferencia de prensa la renuncia de Palacios al cargo. Así como en su oportunidad habían provocado risas en los militantes de derechos humanos cuando dijeron una y otra vez que “Palacios es el mejor hombre para el puesto”, esta vez intentaron echarle la culpa a la “política” y aseguraron que la renuncia se produce porque el tema “se politizó”.
En esto último no se equivocaban porque la campaña –que involucró la junta de firmas, pero también distintas marchas y movilizaciones, pintadas y volanteadas de difusión-  fue una organizada y vigorosa respuesta política del campo popular a la derecha macrista y a la decisión del poder de generar una policía dispuesta a “limpiar de piquetes y protestas sociales” las calles porteñas en la línea de ciudad turística y criminalización del conflicto y el descontento que encabeza Macri. Y el hecho de que hayan tenido que “recular” en ese sentido, es sin dudas un triunfo político de quienes se le oponen consecuentemente.
El abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), Gerardo Etcheverry señaló que “es un triunfo que hay que festejar, porque una porción importante de la población supo identificar al represor y luchar contra su designación”.  Por su parte, para la diputada del Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda, la renuncia de Palacios “fue un triunfo de la movilización popular, encabezada por los organismos de DDHH y también por organizaciones sociales que realizaron una profunda campaña de concientización en el conjunto de la sociedad”. Coincidiendo con el enfoque Edgardo “Manú” Álvarez, de la dirección del PC capitalino, aseguró que “este triunfo hay que ampliarlo con nuevas embestidas populares que le paralicen al macrismo sus planes mas siniestros en materia de salud, vivienda, educación, trabajo, presupuesto y medio ambiente”.
En reemplazo de Palacios asumirá quien era hasta el martes su segundo, Osvaldo Horacio Chamorro quien comparte con “el Fino” no solo una trayectoria común: ambos fueron pasados forzosamente a retiro, ambos ingresaron en la Policía en tiempos de la dictadura genocida, haciendo negocios en el cuestionado y poco claro mundo de la “seguridad privada” ya que ambos son parte de la empresa Strategic Security Consultant. Como bien dijo la Correpi en un comunicado: “Resulta muy natural que (Chamorro) fuera designado subjefe de la Policía Metropolitana en el mismo decreto que nombró a su mentor como jefe” y ahora jefe en su lugar. Esto último obliga al conjunto de la sociedad y sobre todo a los sectores populares que lograron la renuncia del Fino, a estar atentos y mantenerse unidos y organizados para enfrentar los posibles embates represivos.

Fotos: Natalia Pastor