¿De qué hablamos cuando hablamos de tarifas?

En cada casa, en cada departamento, hay algo que atraviesa nuestro día a día y que regula la economía de nuestros hogares: luz, gas, agua, celular, internet, “el cable”. La lista depende de cada persona, pero hay un concepto que unifica a estos elementos: tarifas. Siempre, pero siempre, un tema en discusión. Pero, la cuestión es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tarifas? ¿Por qué es tan central la discusión de los aumentos y qué es lo que está en juego en cada uno de ellos?

Antes de ensayar una respuesta a estas preguntas, primero creemos que es necesario un raconto de la trayectoria del sistema de servicios públicos en Argentina, arrancando por lo sucedido en la década de los 90. Por ello, empezaremos por las privatizaciones durante el menemismo; el “congelamiento” tarifario y las tensiones que esto generaba durante el ciclo kirchnerista entre 2003-2015; los posteriores tarifazos del macrismo y la nueva situación abierta a partir del gobierno de Alberto Fernandez, iniciado en 2019, con la situación económica heredada (ahora sí una real pesada herencia) a lo que se suma la pandemia del covid-19.

Una historia de retrocesos y avances, de avances y retrocesos

Durante el menemismo, las empresas de servicios públicos fueron víctima de esa famosa frase «Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” del Gerente de Privatizaciones (Ministro de Obras y Servicios Públicos) de ese momento, Roberto Dromi. YPF así como las empresas de luz, gas, agua, teléfono, transporte, entre muchas otras, fueron privatizadas a lo largo de toda la década. 

El resultado sobre el sistema energético está a la vista: un sistema descentralizado para una misma región (sería el caso del AMBA, donde tenemos varias empresas de electricidad), que no planifica a largo plazo dado que su foco en la mera obtención de ganancias inmediatas, que retacea inversiones según las condiciones político-económicas, y que constantemente realiza lobby para incrementar las tarifas, entre otras cuestiones. 

Tras la crisis del 2001, y con la sanción de la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Monetario el 6 de enero de 2002, se “congelaron” las tarifas de todos los servicios públicos, permitiéndose renegociar los contratos con las prestadoras de los servicios públicos. Dado que para ese momento muchas de estas empresas eran propiedad de capitales extranjeros, las presiones durante los siguientes años por aumentos de tarifas fueron tanto internas como externas, desde otros gobiernos hasta del propio FMI. Por estas razones, es que se iniciaron un sinfín de juicios internacionales contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal ligado al Banco Mundial. 

Con la llegada al gobierno de Nestor Kirchner en el 2003 y los subsiguientes gobiernos de Cristina Fernandez, la cuestión tarifaria no fue un tema menor, dada la constante presión política-mediática, que continuamente los medios de (in)comunicación hegemónicos generaban retomando la agenda de las privatizadas. Gaston Varesi, miembro del CONICET, explica en una investigación que el gobierno de Nestor Kirchner persiguió tres estrategias diferenciadas: en primer lugar, mantener las tarifas en un nivel acorde a la producción industrial, en segundo lugar, aumentar/recuperar la influencia del Estado en determinadas áreas y en tercer lugar, desmantelar los juicios millonarios iniciados en el CIADI. El gobierno decidió cubrir con subsidios a las empresas los mayores costos operativos para mantener los servicios e incluso ampliarlos. Con el tiempo, el crecimiento del peso de los subsidios dentro del presupuesto empezó a ser un tema relevante a nivel fiscal, lo que llevó al gobierno a tomar ciertas acciones (como por ejemplo, el renunciamiento voluntario a recibir subsidios por parte de los sectores más pudientes económicamente), pero sin modificar el núcleo de la estrategia tarifaria.

El “congelamiento” de tarifas supuso un ventaja para apuntalar la recuperación económica y promover el crecimiento industrial. Por el lado de los hogares, en la medida que las tarifas quedaban retrasadas por la inflación (que a partir de 2010 empezó a ser superior a los dos dígitos), estas cada vez insumían un porcentaje más pequeño de los ingresos de las personas. De esta forma, el menor nivel de tarifas permitía un mayor consumo de otros bienes y servicios, consumo que representaba motor de la economía durante esos años, siguiendo la versión oficialista. 

Para los medios hegemónicos, este congelamiento daba lugar a comportamientos inadecuados y un uso excesivo por parte de las personas, de allí la famosa frase de Macri en Julio de 2016: “Si están en sus casas en remera y en patas, es porque están consumiendo energía de más». Cabe destacar que, de acuerdo a datos de FUNDELEC (Fundación para el Desarrollo Eléctrico), dicho uso excesivo no tuvo un reflejo estadístico verificable, dado que la demanda eléctrica (comparada contra el año anterior) solo cayó en el 2017 un 0,5% y en 2019 un 2,8%, mayormente asociada a la destrucción industrial durante esos años.  

De esta forma, según el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata, para el caso de la electricidad de un hogar urbano, haciendo un promedio entre EDENOR y EDESUR por ejemplo, el aumento rondó los 4395,7%, mientras que los salarios, las jubilaciones y la AUH ni siquiera alcanzaron a la inflación promedio del periodo, de alrededor de 250%. Las tarifas de gas también fueron parte del “sinceramiento” y no se quedaron atrás: los aumentos promediaron el 1829,6%. 

En línea con estos aumentos, el informe cuenta que el sector gasífero multiplicó sus ganancias entre 2015 y 2019 ¡por 15 veces! Pero, EDENOR y EDESUR, dos de las principales eléctricas, para esos mismos años, multiplicaron su facturación ¡por 20 veces! La excusa para justificar estos aumentos por parte del gobierno de Macri era que estas ganancias pasarían a invertirse para mejorar el servicio, ¿pero realmente se vieron estas mejoras? 

Tras un análisis de los reclamos de usuarios, el informe de la UNLP señala que de ninguna manera estas ganancias tienen un reflejo en mejoras de los servicios. Donde se figuran varias de estas empresas son dentro del listado de las cien empresas que más fugaron dólares en esos años, publicado por Horacio Verbitsky en el Cohete a la Luna (incluso, Pampa Energía, dueña de EDENOR, ocupa el puesto nº 2).

En 2021, el gobierno, tras el “affaire” entre el secretario de Energía, Federico Basualdo y el ministro de Economía, Martin Guzman, por la segmentación de usuarios para diferenciar aumentos, finalmente se decidió un aumento de las tarifas de luz por un 9% y del gas un 6%. Estos aumentos, al ubicarse por detrás de la inflación, implicarían una menor erogación para las personas con respecto a otras necesidades, pero viendo el cuadro completo, donde aún no se ha superado la pandemia ni sus efectos económicos y donde la tasa de desempleo sigue ubicada en 2 dígitos, pareciera que hasta estos aumentos pueden ser difíciles de sostenerse. Por el lado de las empresas, la reciente compra de Daniel Vila (dueño del canal América, entre otros medios) de EDENOR trajo consigo su comentario acerca de que seguramente habrá un nuevo aumento de las tarifas de acá a fin de año.

Un párrafo aparte y que no queremos dejar de mencionar, es acerca de los servicios de internet, telefonía móvil y fija y TV por cable. Tras el anuncio de nuevos aumentos a mediados del año pasado por parte de Cablevisión (Clarín), el gobierno dispuso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que estos tres servicios pasaban a considerarse esenciales y que los aumentos debían ser convalidados previamente por el gobierno. Hay que tener en cuenta aquí que Clarín tiene una posición más o menos dominante en los tres servicios, por lo que, pasando por encima al DNU y al ENACOM (ente que regula las telecomunicaciones), realizó los aumentos de todas formas y consiguió que la justicia federal suspendiera el DNU. Actualmente, el ENACOM se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esta suspensión. 

La disputa es por la ganancia y no solo por el precio

La discusión y disputa actual por el precio de las tarifas, no es casual. La presión que ejercen las empresas prestadoras, sobre un servicio monopólico, siempre están presentes. Además, tras el tarifazo macrista, el precio de los servicios públicos volvió a ocupar el centro de la economía hogareña. Muchxs analistas coinciden en postular a las tarifas como uno de los precios claves de toda política económica, junto al tipo de cambio, los salarios y jubilaciones y la tasa de interés. En diciembre de 2020, en un discurso en la ciudad de La Plata, Cristina Fernandez, actual vicepresidenta, comentaba en línea con la idea anterior, que el gobierno durante el 2021 debía “alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. 

En la actualidad, a estas necesidades básicas podrían sumárseles internet y el celular, ya extendidamente utilizados con anterioridad a la pandemia, pero con ella pasando a ser totalmente indispensables para afrontar las dificultades de la nueva realidad. Cuestión reconocida por el gobierno a través del DNU que comentamos antes. Aquí dejamos por fuera de la discusión al costo de los alquileres, en una sociedad cada vez inquilinizada y aún a la espera de los efectos de la reciente ley de alquileres. Por fuera de los hogares, las tarifas también implican uno de los costos mínimos de producción de casi cualquier bien, desde los alimentos hasta muebles, juguetes, productos electrónicos…o sea, casi cualquier otra cosa que se nos ocurra. 

Como dijimos, la discusión de tarifas es central, en tanto discutimos la sostenibilidad de nuestra vida, o al menos, de la vida urbana, en un país donde más del 90% de su población vive en ciudades. En todo caso, ¿nos imaginamos una vida sencilla sin luz? ¿sin gas? Incluso, con la pandemia encima, ¿podemos estar mucho tiempo sin celular o sin internet? 

Cuanto más desreguladas y mayor porcentaje de gasto impliquen de nuestros ingresos, de lo que obtenemos a partir de nuestros trabajos, más bajos serán los ingresos que podemos destinar a otras cosas, y en consecuencia, menor será nuestro nivel de vida. Además, es por demás dificultoso esquivar el pago de los servicios, dado que estamos siempre frente a monopolios u oligopolios (pocas empresas que ofrecen los servicios). Justamente, en este lugar, es cuando empieza a jugar su rol el Estado: ya sea siendo él mismo quien provee el servicio o en todo caso, regulando a las empresas que los prestan. 

Durante la pandemia, se prohibieron los cortes de suministro de distintos servicios, pero nunca se decidió discutir el pago o no de dichos servicios, por lo que miles de usuarixs acumularon deudas durante buena parte del 2020. Lo que queremos mostrar con esto es que más allá del valor de las tarifas y de los aumentos, lo que nunca no se discute, o al menos, no se hace el debido foco, es en el nivel de ganancias de estas empresas ni cuánto representa para estas empresas dichos aumentos. 

Discutir las ganancias y las tarifas, en este caso, las eléctricas, significa apuntar necesariamente la discusión hacia el modelo energético, que salvo por la presencia de YPF, en la actualidad está dominado por empresas privadas, tanto al inicio de la cadena (extracción) como en la distribución final hacia lxs usuarixs. Discutir el modelo energético, es discutir la soberanía energética y el futuro del país. Entonces el quid de la cuestión radica no sólo en las ganancias de las empresas, sino que junto con el modelo energético se encadena toda la problemática socioambiental. Para decirlo con otras palabras, hoy en día mantener o incluso producir más energía, implica seguir profundizando el extractivismo. 

Y acá la última pregunta que traemos, ¿más energía para qué? Constantemente circula en los discursos públicos sobre lo al límite que se encuentra la matriz energética argentina, pero pocas veces se cuestiona a donde va a parar toda la energía que se produce*. Discutir el modelo productivo-energético es un poco encontrar esos “para qué” que tanto apremian a la hora de destinar recursos y dinero, tanto del Estado como del que sale cada mes de los bolsillos de cada persona de nuestro país. Esto último también aplica cuando ampliamos la idea de tarifas para incluir a los servicios de internet y celular, donde claramente la pandemia obligó a una discusión que venía siendo necesaria hace tiempo acerca de la esencialidad de estos servicios para los tiempos que vivimos. En el fondo, podemos decir que la cuestión tarifas está ligada a una cuestión más amplia de producción, distribución y consumo, en la que urge poner en juego quienes son en realidad los “beneficiarios” de estos servicios y cuánto de este modelo estamos dispuestxs a transformar.  

* Este video del Observatorio Petrolero Sur permite ampliar esta cuestión: https://www.youtube.com/watch?v=7xqajLJM0nI

Nota originalmente publicada en Otro Viento Medio