Represión y destrucción en cárceles

Este jueves 5 de noviembre familiares, amigxs y detenidxs de todo el país realizarán una jornada nacional de lucha, con una movilización al Consejo de la Magistratura de La Plata y batucadas en distintas cárceles del país. Reclaman por las condiciones inhumanas de detención, contra la represión del último fin de semana por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que incluyó la quema de centros universitarios dentro de los penales, y por que se cumplan los plazos y garantías procesales. 

Durante el fin de semana hubo reclamos y protestas en diferentes cárceles bonaerenses, que se originaron luego de que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informara el reinicio de las visitas tras 8 meses de aislamiento por coronavirus y un día antes diera marcha atrás con la medida. También motivaron las protestas la nula respuesta judicial frente a reclamos y pedidos de las personas detenidas, la demora en resolver morigeraciones y libertades, la suspensión de salidas transitorias y laborales, la falta de atención sanitaria y de medidas adecuadas de prevención ante la pandemia por COVID-19.

La respuesta del Servicio Penitenciario Bonaerense a los reclamos fue la represión tanto de los detenidos como de sus familiares, que desde el viernes a la noche y madrugada del sábado estaban en las puertas de los penales para poder visitar a sus seres queridos. Hubo balas de goma, golpes, traslados y gases.

La primera toma fue en el penal de Florencia Varela, y se expandió a Campana, Melchor Romero, Lomas de Zamora y San Martín.

Como parte de la represión el Centro Universitario de San Martín (CUSAM) y el Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 31 de Florencio Varela, que depende de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fueron saqueados e incendiados.

En una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, el Programa de Acompañamiento Universitario en Cárceles, el CUSAM, y los programas de Educación en Contextos de Encierro, Educación Superior en Contextos de Encierro, y de Acompañamiento a Estudiantes Privados/as de la Libertad pidieron su urgente intervención y describieron lo sucedido en los centros universitarios. En la Unidad 31 de Florencio Varela sufrieron lesiones de suma gravedad integrantes del pabellón universitario que forman parte de la nómina de estudiantes de la UNLP, y se registraron daños materiales sobre el espacio físico en el que se encuentra el Centro de Estudiantes. “Entre los daños materiales, hemos podido comprobar que el Centro Universitario Juan M. Scatolini ha sido destruido en su totalidad: se ha perdido el material de estudio, las computadoras, los espacios se han vuelto inhabitables e incluso la estructura ha cedido – instalaciones de agua, luz, etc. Respecto de los estudiantes, se han producido traslados compulsivos, tanto dentro del Radio de intervención de esta UNLP como por fuera”.

En cuanto al CUSAM, se ha perdido material de estudio, computadoras, fotocopiadoras, instrumentos musicales, proyectores, televisores plasmas, y los espacios quedaron inhabitables.

Los trabajadores del CUSAM reclaman el esclarecimiento de estos repudiables hechos y piden donaciones de materiales, insumos y dinero para reparar su espacio como trabajadores, docentes y estudiantes.

Ante la represión, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó habeas corpus colectivos por los hechos ocurridos en las unidades penitenciarias 1, 9, 10, 24, 31, 37, 40, 45 y 48. También se presentaron centenares de habeas corpus individuales y denuncias penales, dando cuenta de las torturas, malos tratos y graves lesiones que provocaron discapacidades temporales y permanentes.

Incluso, luego de controladas las situaciones en los penales, hubo golpizas gravísimas y se iniciaron traslados violentos.

Como consecuencia de la represión penitenciaria hubo decenas de heridos graves, ya que los agentes disparaban con postas de goma a quemarropa y a partes vitales del cuerpo, incumpliendo los protocolos que prohíben disparar a menos de 10 metros de la persona. Los penitenciarios también utilizaron “facas” o cuchillos carcelarios para agredir a detenidos e intentar disimular su responsabilidad en los hechos.

Para la CPM, “todo lo ocurrido durante estos días es consecuencia de un sistema penal que provoca graves violaciones de derechos humanos, sistemáticas y estructurales, incumpliendo la Constitución Nacional y las leyes vigentes”: “Los jueces penales deben actuar conforme a la ley y otorgar las medidas morigeratorias de la pena y libertades que corresponden, y no guiarse por los discursos hegemónicos de los medios masivos de comunicación. Con estos reclamos y la crítica situación de sobrepoblación y hacinamiento, se han iniciado huelgas de hambre en distintos penales provinciales. Hacemos un llamado para que las mismas sean pacíficas y respetadas por las autoridades penitenciarias”.

En este sentido, solicitaron al gobierno provincial que se tramiten estos reclamos en el marco del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas y se suspendan los traslados compulsivos sin autorización judicial, promoviendo el diálogo para la resolución de los conflictos. “También los jueces provinciales deben resolver las morigeraciones y libertades solicitadas apegándose a la ley. Gran parte de la responsabilidad debe atribuirse a jueces que no contemplan la grave crisis que se vive en los lugares de encierro al momento de resolver. La práctica sistemática de la tortura, las condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo, son elementos que los jueces deben considerar en sus resoluciones. Las penas no respetan el precepto constitucional de que ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpia para seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas, y toda media que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice’. Es la hora de los jueces, que deben asumir sus responsabilidades legales”, agregaron.

En tanto, familiares, amigxs y detenidxs de todo el país realizarán este jueves 5 de noviembre una jornada nacional de lucha, con una movilización al Consejo de la Magistratura de La Plata y batucadas en distintas cárceles del país.