Informe Especial ¡Arde Córdoba! Parte 2 Los intereses y responsabilidades en juego detrás de los incendios

En casi dos décadas, las sierras se quemaron en una superficie equivalente a 12 veces el tamaño de la ciudad de Córdoba, según datos del Informe de investigación del Instituto Gulich (UNC-Conae). 

Entre 2004 y 2017, el Plan Provincial de Manejo del Fuego se financió con un impuesto creado con ese fin, aportado por todos los cordobeses con la facturación de energía eléctrica. En 2017, el Gobierno resolvió eliminarlo y anunció que destinaría en su lugar recursos de su presupuesto general. Pero el cuerpo de bomberos de la provincia se compone principalmente con voluntarixs y aproximadamente sólo el 10% del presupuesto se destina a equipamiento y a los operativos. 

Ante los reclamos por la falta de planificación y medidas de prevención y de acción temprana se le suma otro interrogante: ¿podemos explicar el crimen ambiental, el ecocidio, solo por estos hechos? La provincia atraviesa una sequía que arrastra desde el año pasado. Pero no es posible cerrar allí la causa de los incendios. Desde lxs vecinxs organizadxs, asambleas ambientalistas así como expertos de la academia denuncian que la causa de los incendios es siempre la misma: la intencionalidad que esconde intereses de desmonte para el avance del negocio inmobiliario y el agronegocio.

Algunos proyectos en puerta. 

El 23 de septiembre se publicó en el boletín oficial la Resolución Nro. 227 de la Secretaría de Ambiente y Cambio climático de la provincia de Córdoba, en simultáneo a la segunda ola de incendios en la provincia. La misma otorga autorización a vialidad para no respetar el ordenamiento territorial de la Ley de Bosques provincial. Al respecto, Marcela Fernández, abogada de la Asociación de Amigos del Río San Antonio(ADARSA), señala: “En esa resolución le dan a vialidad una atribución exclusiva de no cumplir las leyes de bosques, que en estos casos son de presupuestos mínimos, si o si se deben cumplir. Son de orden público.”

La referente en materia de derecho ambiental compartió que la resolución argumenta la necesidad de limpiar banquinas antes los incendios pero en el artículo 4 habilitan esa atribución a vialidad en lo que calificó como “un caballo de troya, donde hablan de caminos nuevos. ¿Y qué van a hacer con esto? Y bueno, en todas esas zonas de bosques rojos donde tenemos ya consolidado ecosistemas van a querer abrir calles, sin cumplir con la ley. Es decir, de una manera arbitraria lo van a hacer para, cuestiones turísticas, mineras. Esto es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para legislar”. 

Además, Marcela aprovechó para aclarar un punto de mucha controversia en los últimos días, aunque el monte se haya quemado, sigue conservando su clasificación de área protegida. En sus palabras: “el cambio de uso del suelo está prohibido tanto por la ley nacional, que es de presupuestos mínimos, como por la ley provincial. Y a su vez, ratificado por la ley nacional de manejo del fuego, en el artículo 22 bis, también lo dice expresamente. No cambia el incendio el uso del suelo ni la categoría de protección”. No obstante, en conocimiento de los constantes atropellos a la ley, fue contundente: “el no cumplimiento de las leyes habla de otra falencia a nivel institucional, a nivel del poder judicial, pero esos son otros debates. Habrá que hacer los juris, habrá que hacer juicios políticos, habrá que seguir movilizándose y que visibilicemos estos incumplimientos”, resumió.

Pero las maniobras ofensivas sobre las áreas protegidas no sólo son de la provincia. En los últimos días se encendió una alarma entre las organización ambientalistas sobre un proyecto de modificación de la Ley nacional de Protección de los bosques nativos por parte del Ministro de Ambiente y desarrollo sostenible de la Nación, que dirige Cabandié, que según denuncian, apunta a flexibilizar la protección. 

Al respecto, Cristian Schneider nos explicó: “es la ley madre de todos los ordenamientos territoriales de las provincias, y es la ley que siempre hemos defendido y que en el 2007 obtuvimos después de años y años de lucha”. Aquella Ley que fue construida desde distintas organizaciones ambientales de base así como incorpora la participación ciudadana en los Ordenamientos Territoriales, nos explicó el biólogo, “hoy en día unilateralmente se la quiere modificar”. Desde las organizaciones ambientalistas iniciaron una campaña bajo las consignas “la ley de bosques no se toca” que ya está en las redes sociales. 

Este intento de modificación de la Ley nacional tras bambalinas es un conocido reclamo de los gobiernos provinciales así como de los sectores del agronegocio y la especulación inmobiliaria y turística. Nos detalló Cristian: “significa responder claramente a las intenciones de los gobiernos provinciales de tener menos seguimiento en la implementación de esa ley a nivel provincial, en lo que significa flexibilizar la zona roja y amarilla, maximizar el aprovechamiento, encubierto seguramente bajo un montón de etiquetas de manejo del bosque”.

Sobre los argumentos que intentan etiquetar la reforma de la Ley bajo un supuesto interés en frenar los desmontes, Cristian compartió que “sí realmente hay un espíritu de no desmontar, del desmonte cero: no utilicen la categoría verde. Porque la categoría verde es la que promueve el cambio de uso de suelo, la que permite el desmonte. Y no modificar la ley nacional. Porque al modificar la ley nacional justamente lo que las provincias están queriendo es bajar el estándar de protección”. Finalmente, nos agregó un dato clave para entender la magnitud de la desidia estatal en su rol de garante de la protección de las áreas de bosque nativo: “la estadística del Ministerio Nacional habla que entre el 2008 y el 2018 hubo un 70% de desmonte en zonas rojas, en zonas amarillas y en zonas sin categoría”.

A contramano de los intentos del Estado provincial y nacional, desde el bloque del Frente de Izquierda ingresaron en la legislatura un proyecto de Ley que establece la prohibición de cambio de uso de suelo en zonas incendiadas. Sobre este punto conversamos con la legisladora provincial del Partido Obrero, Soledad Díaz, que nos amplió que: “lo que establecimos con el proyecto es un mecanismo, una herramienta, para concentrar la lucha en un punto central que es la de prohibir el cambio del uso y el destino de los suelos que en los últimos 5 años han sido arrasados por el fuego. Establecer un plan de remediación que nosotros fijamos en 20 años pero que puede ser extensible por el tiempo que sea necesario”.

Además, remarcó lo que considera “el punto central” del proyecto que refiere a que las asambleas ambientalistas y populares tengan poder de veto y de decisión. Al respecto, nos amplió que es algo “esencial porque entendemos que existen otras leyes que sistemáticamente se han violado, por ejemplo la ley de bosques nacional o la ley de ordenamiento territorial”.