Piden elevar a juicio la causa por el asesinato de Lucas Verón

Lo hizo la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, además de requerir la prisión preventiva de los agentes de la Policía de Buenos Aires Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, imputados como coautores del homicidio agravado de Lucas y en tentativa de su amigo. Desde Correpi denunciaron que hasta el 9 de agosto, 86 personas fueron asesinadas por el Estado desde el inicio del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Este lunes se cumplió un mes del asesinato de Lucas Verón de 18 años. Sus familiares, amigas y amigos marcharon reclamando justicia.

En la madrugada del 10 de julio pasado, en el día de su cumpleaños, Lucas y su amigo Marcos iban en moto a comprar gaseosas a un quiosco del Barrio Villa Scasso – en el conurbano bonaerense – cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, con las luces y sirenas apagadas. El patrullero los embistió por detrás y los jóvenes cayeron al suelo. Intentaron alejarse corriendo, pero el policía bonaerense Ezequiel Benítez disparó al menos dos veces. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Los agentes huyeron del lugar sin dar aviso de lo sucedido.

La causa se dividió en dos expedientes. Uno investiga el ataque policial y se tramita en la Fiscalía Temática de Homicidios, que ya requirió su elevación a juicio. Los fiscales Claudio Fornaro y Marcos Borghi solicitaron además la prisión preventiva de los agentes de la Policía de Buenos Aires, ya desafectados, Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, imputados como coautores del homicidio agravado por ser funcionarios policiales y por el uso de arma de fuego de Lucas y en tentativa de su amigo Marcos. Ahora es la titular del Juzgado de Garantías Nº1 de La Matanza, Mary Castillo, quien debe decidir sobre la requisitoria.

El segundo expediente abarca la investigación sobre las responsabilidades de funcionarios policiales y judiciales en las maniobras de encubrimiento posteriores, y aún no hubo mayores avances.

Según indican desde la Comisión Provincial por la Memoria, que representa a la familia Verón y al joven que sobrevivió, “con el aval del fiscal Juan Pablo Tahtagian presente en la comisaría, que fue recusado y desplazado de la causa, los mismos compañeros de fuerza de Benítez y Duarte tomaron declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial. Allí amenazaron a Marcos, que fue obligado a declarar que venían de robar, para justificar así la persecución policial. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años. Tanto el joven como su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas mientras lo amenazaban para que su sobrino se autoincrimine”.

Este expediente se tramita en la Ayudantía Fiscal de Gravedad Institucional, a cargo de Fernando Amador López y María Julia Panzonni, y hasta el momento solo cuenta con constancias y copias certificadas de las actuaciones producidas en la causa central y dos declaraciones testimoniales en la sede de la fiscalía.

La CPM presentó una nota ante la Fiscalía General de La Matanza y pidió que se tomen las medidas necesarias para revertir esta situación y avanzar con ambas causas de manera asociada: “La íntima vinculación entre el hecho principal y las acciones posteriores de otros funcionarios que tendían a ocultar la verdad de lo ocurrido genera la necesidad de realizar un abordaje integral de las investigaciones de modo tal que permitan contextualizar los hechos”.

“El pedido de avanzar conjuntamente con los dos expedientes no sólo se justifica en la necesidad de abordar de manera integral el hecho, sino que obedece también a un precepto jurídico que debe garantizarse en los casos de graves violaciones a los derechos humanos: el cuidado de las víctimas y la obligación de no exponerlos a una revictimización innecesaria durante la tramitación del proceso judicial”, afirmaron desde la Comisión.

A su vez, en los últimos días un importante testigo para la causa fue detenido de manera poco clara cuando se dirigía de su casa al almacén de la esquina. Un patrullero, de la misma comisaría donde se montó el encubrimiento policial tras el asesinato de Lucas, se detuvo abruptamente, lo subieron y lo llevaron acusándolo de un robo que según su familia no cometió.

Datos de la represión en pandemia

En respuesta a las cifras sobre hechos represivos brindadas por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la Correpi difundió la actualización de su archivo de casos hasta el 9 de agosto.

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, el 20 de marzo, 86 personas fueron asesinadas por el Estado. 40 de esas muertes se produjeron bajo custodia, 33 fueron casos de gatillo fácil, 4 femicidios y femicidios relacionados, 3 desapariciones forzosas, 2 consecuencia de otros delitos policiales, 2 intrafuerza y 2 con otras modalidades como uso del patrullero como arma y uso de arma blanca.

48 asesinatos fueron cometidos por agentes de la policía provincial, 23 por integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, 7 por Policía de la Ciudad, 4 por Policía Federal, 2 por Gendarmería Nacional y 2 por Servicio Penitenciario Federal.

40 casos ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, 10 en Santa Fe, 6 en San Luis, 5 en Córdoba, 4 en Jujuy y Tucumán, 3 en la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Santa Cruz, y 1 en Chaco, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero.

Si el archivo se extiende al inicio de la gestión de Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, las personas asesinadas por el Estado suman 150, mientras que si se abarca solo la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni como ministro de Seguridad, son 67 las personas asesinadas, siendo el gatillo fácil la modalidad con más víctimas registradas: 24.

“Estos números -que son personas, que son proyectos de vida truncos y familias devastadas- obligan a redoblar el reclamo del cumplimiento de la agenda antirrepresiva mínima que venimos exigiendo desde CORREPI, que cualquier gobierno con algo de voluntad política podría implementar para reducir un poco la sistemática letalidad de las fuerzas de seguridad, sin perjuicio de que la solución de fondo dependa de una profunda transformación del sistema social imperante”, afirman desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.

Imagen: Comisión Provincial por la Memoria