Urge frenar el abuso y el maltrato hacia los Adultos Mayores

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para volver a prorrogar, esta vez por 180 días, la movilidad jubilatoria y seguir aplicando ajustes de haberes por decreto. Hasta setiembre no habría aumentos y el próximo llegaría en diciembre. En un contexto económico agravado por la pandemia y a poco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato del Adulto/a Mayor, esta medida significa un nuevo agravio a la vejez.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato del Adulto/a Mayor. Expresa mundialmente la indiscutible realidad de los abusos y sufrimientos a que se somete a este sector de la población.
El “abuso y maltrato al Adulto Mayor” se lo puede definir como las diversas formas de maltrato que causan daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo.
Enfrentar esta cruda realidad requiere medidas que aseguren las condiciones necesarias y suficientes para disponer de un ingreso que cubra la subsistencia, el acceso a la salud, vivienda, educación, cultura, recreación para garantizar la autonomía y dignidad en esta etapa de la vida.
En el contexto de la pandemia, este abuso y maltrato se expresa en forma trágica en la cantidad de muertes que se están produciendo en los geriátricos. En Argentina el 30% de los fallecidos por el coronavirus reside en estos establecimientos.

Un comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados plantea: “La base material de la violencia y maltrato se ejerce con un haber jubilatorio mínimo que solo cubre el 36% de la Canasta Básica de un Adulto Mayor y con más del 70% de los haberes jubilatorios por debajo de esas necesidades básicas, con un PAMI intervenido con graves falencias y con situaciones de emergencia habitacional, que tienen su origen en el tradicional despojo de nuestros aportes – por las distintas conducciones políticas – tanto en ANSES, a la que aportamos durante toda nuestra vida laboral, como en el INSSJP (PAMI), que lo financiamos desde que comenzamos a trabajar y hasta el fin de nuestras vidas”.
Esta situación se agrava con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para prorrogar la Ley 27.541 que dejó sin efecto la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria (art. 32 Ley 24.241, sus complementarias y modificatorias) de ajuste trimestral de haberes, reemplazándola por la fijación por decreto del Ejecutivo, de la cuantía de los ajustes.

“El proyecto suspende por 180 días más (hasta diciembre de este año) la movilidad y autoriza al Presidente a fijar por vía de decreto, discrecionalmente y sin ningún parámetro objetivo, dos aumentos en los meses de septiembre y diciembre. Si se obtiene la aprobación del proyecto se traslada al Ejecutivo, las facultades legislativas que la Constitución otorga al Congreso. Así pues, el Poder Ejecutivo Nacional será quien determinará por decreto el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241”, afirma en un comunicado la CTA Autónoma.

Esta medida alcanza a 18 millones de trabajadores jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, de Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios no contributivos.
Si bien en los considerandos del proyecto se habla sobre la “necesidad de atenuar los efectos negativos de la recesión económica provocada por el Covid 19, con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y a las beneficiarias de menores ingresos”, es difícil asumir que, por ejemplo con el último ajuste de 31 pesos diarios, se pueda lograr ese objetivo.
“Es urgente un aumento de emergencia -proporcional en todas las escalas- y que el haber mínimo cubra una Canasta Básica del Adulto Mayor de 45.020 pesos y sobre esa base, se calcule la movilidad correspondiente”, reitera la Mesa Coordinadora.

“Desde la CTA Autónoma pregonamos la necesidad de una reforma estructural que dé real respuesta a la grave situación de emergencia social en que se encuentran los trabajadores jubilados y pensionados y la totalidad de los beneficiarios del sistema. Abogamos reconstruir un sistema previsional orientado a garantizar beneficios que aseguren un nivel de vida digno y donde cada jubilado y jubilada pueda desarrollarse plenamente. Reclamamos el tratamiento de una ley integral, que restituya la movilidad en los términos expuestos basado en criterios de igualdad, justicia y de redistribución de la riqueza. Destacamos que una política de seguridad social, orientada por principios de justicia social, no puede realizarse en forma efectiva sin una defensa firme del trabajo con protección social, con aportes y contribuciones y una política fiscal que establezca impuestos progresivos y redistributivos para sostenerlo”, señalan desde la central sindical.

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