Prisión y pandemia en Neuquén

La sola existencia de grupos de personas hacinadas y privadas de la mayoría de sus derechos, vulneradas en todas sus libertades, ya es grave; pero si a esta realidad –que transitan más de 100.000 personas entre cárceles federales y provinciales, más las que están encerradas en otros sitios de encierro- se le suma el contexto de una pandemia mundial y, a este panorama, una campaña fascista que proclama sin nombrarla la pena de muerte para quienes cometieron actos “por fuera de la ley” como contracara de propuestas disfrazadas de garantistas, la situación es más que alarmante.

 La prisión funciona ideológicamente como un sitio abstracto en el cual se depositan lxs indeseables, aliviándonos de la responsabilidad de pensar en los verdaderos problemas que afligen a aquellas comunidades de las que se extraen prisionerxs en números tan desproporcionados. Este es el trabajo ideológico que realiza la prisión: nos exime de la responsabilidad de comprometernos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente aquellos producidos por el racismo y, cada vez más, por el capitalismo global.

(Ángela Davis, “¿Son obsoletas las prisiones?”)

Mientras todos los organismos internacionales se encuentran recomendando disminuir la población carcelaria aplicando “medidas alternativas”, esto es, prisiones domiciliarias y, en los casos que “según la ley” correspondiere, libertades condicionales y ceses de prisiones preventivas, los medios de comunicación hegemónicos en Argentina seleccionan y utilizan de manera exitosa casos que “conmueven a la opinión pública” para multiplicar el odio.

Los medios de Neuquén no son una excepción a lo que viene sucediendo desde la revuelta en la cárcel de Devoto: los noticieros más vistos no paran de exhibir testimonios de familiares de “víctimas” cuyos “victimarios” podrían ser “liberados” y los medios gráficos apuntan más alto: nombres, apellidos y hechos por los que fueron condenadas las personas que acceden a derechos -a los que llaman adrede “beneficios”- para que no queden dudas de a quién hay que ir a linchar cuando sea necesario.

Así, llegamos a escuchar hace algunas noches cacerolas pidiendo que no salga nadie. Que no se salve ni unx. Que se pudran en la cárcel. Que ni siquiera salgan lxs presxs a lxs que ya les había llegado la hora de salir y justo les coincidió con esta coyuntura. Porque a lxs presxs se lxs odia. Porque son lo que sobra, lo que no debe verse. Y esto, aunque la información se manipule una y otra vez, poco tiene que ver con el “delito” que cometió la persona privada de su libertad.

¿Quiénes están presxs?

En el caso particular de Neuquén, hay 541 presxs de la provincia  que se encuentran encerradxs en diez unidades carcelarias ubicadas en la capital, en Cutral Co, en Zapala, en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes,  en Chos Malal y en diferentes comisarías. Según datos de la Asociación Pensamiento Penal, la sobrepoblación promedio de todos los edificios alcanza el 7,3%, pero hay casos puntuales como los de las unidades de Zapala, la de San Martín de los Andes y la de Junín de los Andes que aprisionan entre un 58,3% y un 146,1% más de personas de las que están habilitadas para aprisionar. La unidad de detención N°11, la más grande de la provincia, impide su libertad a 248 personas, de las cuales 9 exceden la capacidad del edificio. Neuquén es una de las provincias “privilegiadas” por la escasa población presa que lo está “por las dudas”, es decir, procesada y sin condena.

Por su parte, la cárcel de Senillosa encierra a 536 personas de las 14.066 que están presas en cárceles del sistema penitenciario federal. Supera en 155 presos su capacidad. En este caso, 19 de los internos de esa prisión continúan encerrados en esta coyuntura estando solo procesados.

El sociólogo Nils Christie, en Los límites del dolor, explica que “el delito no es una ‘cosa’”, sino que es “un concepto aplicable en ciertas situaciones sociales donde es posible cometerlo y cuando a una o varias partes les interesa que se aplique” -y concluye: “podemos crear el delito creando sistemas que requieran esa palabra. Podemos extinguirlo creando los tipos opuestos de sistema”-. La mayoría de lxs presxs en todo el país, lo está por comisión o sospecha de comisión de delitos contra la propiedad o vinculados al consumo o venta minoritaria de drogas. Pobrxs, sintéticamente.

Cuando en el marco de esta oleada anti derechos –una más- surgió el interrogante de “¿y dónde están las feministas ahora?”, sin dudarlo, muchas –de tendencia liberal- adhirieron al reclamo en relación a los presos por los delitos contra el/los género/s. Lo cierto es que ni la mayoría de lxs presxs son femicidas y violadores ni la mayoría de las personas que ejerce violencias sexuales y de género(s) está presa: solo lo están –predominantemente- quienes además son; el resto, comparte la mesa familiar del domingo mientras las personas de las que abusa se indigestan el secreto que sostiene la institución patriarcal por excelencia. Pero también hay otro debate abierto, a las izquierdas de esos feminismos que buscan castigos en mamá/papá estado explotando las –legítimas- inseguridades colectivas, en el que se niega la utilidad del sistema carcelario frente a las violencias machistas y se pone en tensión si es de la mano de esa cultura represiva con su aparato punitivo/patriarcal que habrá “salvación”, al tiempo que se construyen nuevas herramientas.

Letra viva / letra muerta

Lo que está existiendo en la práctica y en la actualidad, por fuera de los medios hegemónicos, redes sociales y cacerolas, son pedidos de prisiones domiciliarias –que nada tienen que ver con la “libertad”- para personas en situación de riesgo –por edad o enfermedades previas-, y algunas de ellas se están concediendo. Muy pocas de estas características. Solo 9 en la provincia de Neuquén, de las 20 pedidas por defensorxs, frente a los 36 casos de riesgo relevados por la defensa pública. En el caso de la cárcel federal en la provincia, solo un preso consiguió que le otorguen la domiciliaria por haber sufrido un accidente.

El resto de las personas que accedieron a derechos vinculados con salidas de cárceles neuquinas lo hicieron habiendo cumplido sus condenas: dos bajo libertad asistida y seis bajo libertad condicional.

Esta semana, sobre el tema, el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén Germán Busamia dio una entrevista radial. En la misma, además de referirse permanentemente a los derechos como “beneficios”, aseguró que  pese a que “hay una irritación social generalizada de que los detenidos no deberían acceder a beneficios” eso “no es lo que la ley nacional de ejecución penal dice”. Explicó también que “para que un juez de ejecución penal tome la decisión de una prisión domiciliara, tiene que haber previamente, además del pedido de su defensor, una serie de informes”, aunque omitió que son esxs juecxs y lxs de garantías lxs que rechazan estos pedidos y lo que se consigue es recién en instancia de impugnación, pasos que demoran muchísimo los procesos, que deberían resolverse con urgencia. Tampoco se refirió a la cantidad de presxs que no tienen informes por no haber estado funcionando el Gabinete Técnico Criminológico –que ahora está presentando a cuentagotas, habeas corpus mediante- y estarían en condiciones de acceder a libertades asistidas y condicionales, pero ese derecho se les está cercenando arbitrariamente.

Caldo de presxs

En otra cuestión que fue impreciso Busamia en su entrevista, fue en relación a la limpieza de las unidades de detención y al acceso a la higiene por parte de lxs internxs. Aseguró que “se hace un seguimiento de los elementos que se han entregado y se han reforzado para limpieza de la unidad, hay elementos de higiene personal para los internos y  hay elementos de limpieza” y se mostró conforme diciendo que “las medidas que se están poniendo a disposición de las unidades de detención son razonables para la situación que estamos atravesando”. Estas medidas consisten en la entrega de un jabón por presx y un litro de lavandina por pabellón en el que conviven entre 10 y 20 personas. Antes de la declaración de la cuarentena obligatoria, los elementos de higiene y limpieza -además de alimentos- eran entregados a lxs presxs por sus visitas, ahora nulas.

Si bien la aceptación del aislamiento preventivo –el dejar de recibir visitas- en la provincia fue voluntario por parte de la mayoría de lxs presxs con el objetivo de evitar el ingreso del virus al otro lado de los muros y la salida a sus familias si ya estuviera instalado, han resignado el contacto con los afectos pero no dejaron de rozarse forzosamente con los represores que entran y salen todos los días de las cárceles. Aunque el vocal del TSJ también se refirió a este punto asegurando que  “se minimiza el contacto porque (lxs presxs) tienen mucho temor al contagio y se alteran mucho”, la realidad es que ellxs continúan reclamando porque los uniformados siguen entrando a hacer requisas sin barbijos y les revuelven todo sin ningún tipo de medida sanitaria.

Acceder a las “recomendaciones generales para la prevención de infecciones respiratorias” sí es un beneficio, al que por supuesto ninguna persona del otro lado de los muros tiene acceso.

Todx presx es políticx

Mientras los gobernantes hablan de salud, de cuidados, de vida, queda claro que lxs presxs están absolutamente excluidxs del discurso. El porcentaje de personas a las que se les está permitiendo cumplir sus condenas con medidas alternativas no llega al 5% en todo el país, al tiempo que en algunas cárceles la sobrepoblación es del 200%. En gran parte de los pabellones, la “distancia prudente” que exigen las campañas de concientización sobre el covid-19 directamente no es posible.

La activista Ángela Davis define que “es como si la cárcel fuera un hecho inevitable de la vida, como el nacimiento y la muerte”, algo incuestionable, que tiene que estar ahí, existir, permanecer, porque alguien dijo alguna vez que hacía falta; entonces el riesgo se puede minimizar, pero por ahí nomás: una puesta en tensión demagógica, que no tenga demasiado costo político y sirva para hacer de cuenta que se están haciendo las cosas bien. En contraposición, el sector que ni siquiera es capaz de entender que no existe pena de muerte en Argentina y que las condenas se terminan, entonces grita y exige y cacerolea: que se mueran en la cárcel, que se violen, que se enfermen, que les inyecten el virus, que les reviente la cabeza. Eso sí: que el cerco no permita ver el espectáculo completo, que sugiera pero no muestre.

La realidad hoy refleja más de 100.000 personas encerradas en 300 lugares a lo largo y ancho del país. Sin acceso a productos de higiene y limpieza. Malnutridas. Golpeadas. Desvinculadas de sus afectos de “el otro lado”. Cuando el virus, que ya está adentro de algunas prisiones, se siga multiplicando, no va a ser una tragedia, no va a ser la pandemia, ni la “irresponsabilidad” de individuxs a su propio riesgo. Va a ser el resultado de una decisión política. Un crimen social. Una masacre.

 

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