#Anticarcelaria Los gobiernos rehúyen a decretar la conmutación de penas

(Por Oscar Castelnovo/Agencia para la Libertad) Ante la presión fascista de los medios hegemónicos y otros lobbys de la muerte el presidente y los gobernadores rehúyen a decretar la conmutación de penas para evitar un genocidio.

Desde que comenzó la pandemia muchas voces se alzaron para prevenir el contagio masivo y sus consecuencias en las 300 cárceles argentinas superpobladas e inmundas, producto del punitivismo electoralero, entre otros factores. Eran necesarias entonces las libertades anticipadas, morigeraciones, arrestos domiciliarios y/o conmutación de penas, analizando caso por caso. Y hoy también lo son, pero con más urgencia todavía. Dado que la inmensa mayoría de los que habitan el encierro no son genocidas de la dictadura, ni violadores, ni feminicidas, sino que padecen tras las rejas por delitos contra la propiedad o la infracción a la ley de drogas, y casi el 60% se halla en prisión preventiva, esta Agencia propuso poner el foco sobre esa mayoría y en quienes están a punto de cumplir condena o ya lo hicieron, enfermos de tuberculosis, asma, diabetes y otras afecciones; mujeres embarazadas, madres con hijos prisionizados, madres con hijos en su casa y otrxs vulnerables. No hubo libertades masivas en la Argentina, pero el periodismo parapolicial «informó» que sí sucedía tal cosa, formateando las conciencias hacia el fascismo. En sentido contrario a las recomendaciones de la ONU, la OMS y tantos organismos internacionales, que tomaron numerosos países porque no quieren ser responsables de un genocidio, la Argentina aún dilata la solución y hace equilibrio al borde del precipicio.

Por su lado, la manipulación mediática logró sacar de foco a la mayoría que reclamó esta Agencia, entre tantos otros, y se empeña en quitar el tema de la agenda política, acumular consenso social y así dejar morir por Covid-19 a los privados de libertad. Y se sabe, dejar morir es matar. Y para ello retumbaron las cacerolas junto a las bocinas de los patrulleros con aliento de Clarín, La Nación e Infobae, entre otros adalides del terror y el negociado carcelario.

Lo que parecen ignorar estos lobbys de la muerte es que si el virus arrasa las cárceles, miles de camas serán ocupadas por «los feos, sucios y malos» en los hospitales y colapsará el sistema sanitario también para los vecinos políticamente correctos, quienes serán contagiados -si ya no lo están- por los penitenciarios que entran y salen de las mazmorras.

LA LEY BLUMBERG Y LA LEY SEPULTURA

El problema no nació con la pandemia sino con la existencia misma de la cárcel. Pero alejándonos de tiempos remotos y yendo al período constitucional argentino, fue permanente crecimiento de presxs que tantos votos y adhesión brindó a los partidos políticos en pugna por habitar la Casa Rosada. Por caso, Néstor Kirchner asumió con 46.600 privados de libertad y se fue del Gobierno con 52 mil al asumir Cristina Kirchner. Cuando la exmandataria dejó su segunda gestión había 70 mil enjauladxs. Y el tándem Macri-Bullrich dejó 100 mil seres humanos en los campos de concentración Siglo XXI y abogó por los fusilamientos en las barriadas cada día de su gobierno.

Unos de momentos claves sucedió en abril de 2004 con las mal llamadas «Leyes Blumberg», que impuso penas draconianas a lxs presxs al clamor que despertó el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg por el crimen de su hijo. Una impactante y masiva movilización se realizó ante el Congreso por entonces. Pero en ambas Cámaras había mayoría kirchnerista, por lo tanto no son «Leyes Blumberg». Los resultados están a la vista: a más punitivismo más delitos, más terror, más negocios y mayor disciplinamiento disvalioso en la sociedad.

El otro turno decisivo fue la Reforma a la Ley 24660, en 2017, llamada popularmente «Ley Sepultura», que votaron conjuntamente el macrismo y el peronismo. Así, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 27375, modificatoria de la 24660, y extendió las condenas hasta 50 años, limitó las salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para liberación de lxs detenidxs. De ese modo, crearon más penales, más rigor represivo, los colmaron y acrecentaron la devastación humana junto a la inseguridad. Porque, se sabe, ningún país de la tierra bajó el delito con punitivismo. En cambio, naciones que no recurrieron al encierro como elemento disciplinador sí lograron el descenso de la inseguridad que, entre otras causas, provoca la brutal desigualdad y regentean las policías en el territorio.

EL MUNDO

Ante las recomendaciones -futuros problemas internacionales si no se cumplen-, de las Naciones Unidas y otros organismos, Nueva York ordenó la domiciliaria para 1.100 presos; California liberó a 3.500, Irán a 85.000; Turquía 45.000; Indonesia 30.000; Brasil ; 30.000; Francia 10.000; Reino Unido, 4.000; México 6.200; Chile 1.700; Colombia 4.000 y España 8.000. Todas estas cifras ya fueron superadas porque siguieron las libertades y/o morigeraciones. Y también se agregaron más países porque el Covid-19 avanza y no repara en ventajas políticas.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que los estados deben atender a lxs privadxs de libertad y recomendaron la prisión domiciliaria o las pulseras electrónicas.

LA VIDA Y LA LIBERTAD

Dada la lentitud de los magistrados, quienes cuidan más a su perrito (que goza de peluquero, alimento especial y hasta psicólogo), que a un morocho y pobre de La Matanza enjaulado en la mugre, se impone la actuación de los poderes ejecutivos. Sucede que tal como lo confesó la ministra de Seguridad Sabina Frederic las fuerzas federales realizan un “ciberpatrullaje” en las redes sociales con el objetivo de “detectar el humor social”.

Y, lamentablemente, el «humor social», no favorece la decisión de salvar vidas, y quienes deberían actuar en ese sentido, prefieren hacer cálculos políticos y patear la pelota hacía otra cancha. Esa es la actitud, hasta el momento, del presidente Alberto Fernández y la de todos los gobernadores de las provincias del país. A ellos faculta la Ley para decretar la salida más rápida y humanitaria: La conmutación de penas.

La derrota moral, axiológica, que sufrió nuestro pueblo con la dictadura cívico-militar arrasó las consciencias de vastos sectores de la sociedad y la dirigencia política con posibilidades de llegar al Gobierno, actúa en consecuencia. Pero estos cálculos electoraleros no siempre dan «buenos» resultados. Será mucho más grave la responsabilidad de un genocidio de seres humanos tras los muros, que garantizar la libertad y la vida fuera de ellos.